El Supremo cita a Puigdemont para declarar por videoconferencia en el 'caso Tsunami'

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha procedido a la retirada de más de 1.000 objetos y elementos de carácter franquista de las distintas representaciones de España en el exterior en los últimos años.

Así lo ha hecho saber el departamento que dirige José Manuel Albares en una respuesta parlamentaria al PP, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que sin embargo no aclara el lapso de tiempo en que se ha producido esta retirada.

Los populares se habían interesado por conocer el número de embajadas y el número de objetos que habían sido retirados conforme a la instrucción dada por Albares en diciembre de 2022 a las distintas representaciones en el exterior para que se retirara cualquier vestigio del régimen franquista conforme a la Ley de Memoria Democrática.

Asimismo, en su respuesta el departamento que dirige Albares aclara que "esta actividad no ha supuesto la creación de una partida presupuestaria adicional para el Ministerio de Asuntos Exteriores", después de que el PP hubiera preguntado por el "coste del proceso".

El portavoz del PSOE en el Senado y líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha reivindicado la Ley de Amnistía como una medida "excepcional", a la vez que ha enmarcado en la propuesta de referéndum que ha lanzado el presidente catalán, Pere Aragonès, en la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado en la campaña de las elecciones del próximo 12 de mayo.

Así se ha pronunciado en su intervención en esta Comisión General de Comunidades Autónomas convocada por el PP para hablar sobre el contenido autonómico de la amnistía. Espadas ha sido la única voz socialista en este foro, ya que ningún presidente autonómico del PSOE ni el Gobierno central han acudido a esta cita,

En concreto, Espadas ha defendido que la amnistía se trata de una "iniciativa legislativa excepcional" para cerrar "definitivamente" la grave fractura producida en la sociedad catalana y española.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la decisión del Tribunal Supremo (TS) de confirmar la exclusión del exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, como candidato para las elecciones generales de noviembre de 2019.

Según ha informado este lunes la corte de garantías, los magistrados han desestimado la demanda de amparo que presentó el dirigente al entender que no se vulneró su derecho de sufragio pasivo porque el artículo 6.2 a) de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) fija que los condenados en sentencia firme a pena de prisión –como es el caso de Junqueras– son inelegibles.

En una sentencia –de la que ha sido ponente el presidente del TC, el magistrado Cándido Conde-Pumpido–, la Sala Primera ha descartado a su vez que se haya vulnerado su derecho a un recurso efectivo del demandante, porque su pretensión revisora fue examinada y recibió contestación respecto de su fondo tanto por la Junta Electoral Central (JEC) como por el Supremo. Además, ha concluido que tampoco se vulneró su derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales en sus propios términos.

Sumar, Podemos y IU han manifestado su apoyo a tramitar la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria de 500.000 migrantes en el Congreso y han demandado el apoyo mayoritario de la cámara a esta medida. En este sentido, los morados han advertido al PSOE que no intente bloquear la toma en consideración.

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha manifestado su respaldo firme a la iniciativa para acometer una regularización extraordinaria de extranjeros en situación irregular que mañana se someterá a su toma de consideración en el Pleno del Congreso.

"En Sumar siempre hemos apoyado (esta medida) y hoy queremos instar al conjunto de fuerzas políticas del Congreso a apoyar la toma en consideración de esa Iniciativa Legislativa Popular, que cuenta con más de 700.000 firmas y es una cuestión de justicia social", ha enfatizado.

Koldo García, quien fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión del juez instructor del 'caso Koldo' de no devolverle para su uso la motocicleta de la marca Suzuki y el vehículo propiedad de su mujer, un crossover modelo Kia Niro. Alega que los necesita para trabajar o llevar a su hija a clase.

En un escrito de su defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, se explica que fue en febrero de 2024 cuando el Juzgado Central de Instrucción número 2 acordó "la prohibición absoluta de vender, gravar, obligar o enajenar" respecto de determinados vehículos de la pareja. Y ahora, para tratar de que la Sala de lo Penal rectifique esta decisión del juez, recuerda que estos "son los medios de transporte de que disponen (...) para su día a día, esto es para poder trasladarse a sus trabajos, así como para poder llevar y recoger a su hija de cuatro años al colegio".

"No podemos compartir la extrema dureza que supone para nuestros representados privarles de todo medio de transporte para su quehacer diario y poder continuar con sus labores profesionales, y, sobre todo, para permitir que la hija de mis patrocinados pueda seguir acudiendo al colegio y a sus actividades extraescolares", apunta.

Ante esta pretensión del que es uno de los principales investigados de la causa y de su mujer, el Ministerio Público señala que debe desestimarse dado que ambos vehículos fueron utilizados para asistir a reuniones y encuentros relacionados con los hechos investigados, tal y como consta en seguimientos y vigilancias realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Koldo García "ha utilizado el referido vehículo –la Suzuki– para asistir a las reuniones y encuentros con otros de los investigados, que integran la trama criminal investigada, así como con terceros que pudieran tener relación con los hechos investigados", señala el informe del fiscal Luis Pastor, al que también ha tenido acceso Europa Press.

El fiscal anticorrupción indica además que esta circunstancia es también predicable del vehículo de la mujer del exasesor, Patricia Uriz, y recuerda que no puede olvidarse que ambos "fueron adquiridos con posterioridad a los contratos investigados y de forma coetánea al notable incremento patrimonial experimentado por el investigado y su entorno familiar, como consecuencia de las dádivas recibidas por su intervención en la adjudicación de los contratos investigados a Soluciones de Gestión".

El PP ha llamado a comparecer al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales a la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', así como al expresidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) y exjefe de gabinete de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad, Víctor Francos.

Así figura en el listado que ha registrado el PP este lunes en el Senado de esta comisión de investigación, en el que aparece el nombre de Rubiales después de la información publicada por 'El Confidencial' de contactos entre el expresidente de la RFEF y figuras relacionadas con el 'caso Koldo'.

En la actualidad, Rubiales está en libertad a la espera de declarar como investigado ante la juez titular del juzgado de Majadahonda, después de que llegara a España el pasado miércoles procedente de República Dominicana.

Los 'populares' también citan a declarar a Víctor Francos, que fue jefe de gabinete de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad y posteriormente se convirtió en presidente del Consejo Superior de Deportes.

El PP ya registró hace unas semanas una batería de preguntas en el Congreso para que el Gobierno explicara si su relevo en Sanidad y luego en el CSD tuvo que ver con el 'caso Koldo', recordando que esa trama afectó a varios departamentos.

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha confirmado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no forma parte del primer listado de 56 comparecientes que propone el PP para que se sienten en la comisión de investigación del Senado sobre el llamado caso Koldo, en el que sí está incluido el exminstro de Sanidad y candidato del PSC a al Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa.

Además, los conservadores han planteado llamar a declarar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que fueron presidentes de Baleares y de Canarias, respectivamente, en la época que se encuentra bajo la lupa judicial.

La expresidenta balear y el exministro de Sanidad también forma parte de la lista de comparecientes que ha puesto sobre la mesa el grupo parlamentario que conforman ERC y Bildu en la Cámara Alta. Una relación de nombres en la que se ha incluido, además, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; a la exvicepresidenta Nadia Calviño; al exministro de Transportes José Luis Ábalos y la exministra de Sanidad Carolina Darias.

También quieren que comparezcan el exministro de Sanidad José Manuel Miñones, el responsable de Centro de Coordinación de Alertas y emergencias Sanitarias, Fernando Simón y la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. También los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, a la espera de juicio por su papel en la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid.

En su lista, también destacan las comparecencieas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; su predecesor, Pablo Casado; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como su hermano, Tomás Díaz-Ayuso, y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

"Los socialistas hemos sido tajantes: ni hay ni habrá referéndum". De esta manera rotunda la portavoz del PSOE, Esther Peña, ha mostrado la posición de la dirección del partido después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, insistiera en su comparecencia en el Senado en que una consulta de autodeterminación en Cataluña es "inevitable", informa Antonio R. Valdivia.

Peña, durante una rueda de prensa en Ferraz, remarcó que el PSOE está en contra de "fórmulas divisivas pertenecientes al pasado", por lo que apostó por trabajar "codo con codo" con el líder del PSC, Salvador Illa, para lograr "grandes acuerdos y la convivencia" para un futuro "mejor para España y para Cataluña".

Aragonès compareció este lunes por la mañana en la Comisión General de las Comunidades Autónomas convocada por el Partido Popular para debatir sobre la ley de amnistía. Para Peña, los populares han montado un "circo", pero "ha quedado bastante deslucido". "En esta sesión de hoy no se han guardado ni el decoro ni las formas", añadió, para a la vez ironizar de que los populares le han brindado una "plataforma electoral" al presidente catalán y candidato en las elecciones del 12 de mayo.

Asimismo, criticó que la Cámara Alta no debería ser una institución al servicio del Partido Popular, aunque repitió el efecto bumerán de este "pseudebate" para el PP, al que no ha acudido ningún representante del Gobierno ni de comunidades gobernadas por los socialistas. Además, recordó que en el informe de la Comisión de Venecia se recogía que la amnistía no vulnera ni la igualdad entre españoles ni la separación de poderes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno pondrá coto a los visados de residencia a cambio de inversión. "Vamos a iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada Golden Visa, que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de medio millón de euros en bienes inmuebles. Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo", ha señalado el líder del Ejecutivo.

Durante un acto en Dos Hermanas, Sánchez ha avanzado que el Consejo de Ministros estudiará mañana martes un informe elevado por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, para la modificación de la Ley 14/2013, aprobada por el PP hace más de una década y que permite obtener el visado de residencia si se hace, entre otras cosas, una inversión de vivienda en suelo español. una inveliminará la concesión anuncia que eliminará la concesión de la 'Golden visa' que permite obtener el visado de residencia cuando se invierte más de medio millón de euros en viviendas: "Medidas necesarias para que la vivienda sea un derecho, no un negocio especulativo"

Según datos del Gobierno, alrededor del 94% de estas Golden Visa están vinculados a inversiones inmobiliarias, con cerca de 10.000 autorizaciones. Ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Palma y Valencia son las más demandadas para este tipo de operaciones y, además, coinciden en ser las zonas más tensionadas.

"La prioridad del Gobierno en esta legislatura es garantizar el acceso a una vivienda asequible, para dar respuesta a la ciudadanía, que ningún ciudadano o ciudadana tenga que destinar más del 30% de sus ingresos para tener un hogar digno, adecuado y de calidad", han señalado fuentes gubernamentales.

El líder y candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha lamentado este lunes que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se haya perestado a un "intento del PP de poner al Senado en campaña en Cataluña" al participar en la Comisión General de las Comunidades Autónomas convocada por el PP para hablar sobre la proposición de ley de amnistía.

"Nadie entiende la presencia del señor Aragonès en el Senado, ni desde un punto de vista temático ni por el resultado que tendrá esto, que es cero", ha expresado en declaraciones a periodistas antes reunirse con el secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros, donde ha señalado que el objetivo del PP era 'trolear' a Cataluña y al propio Aragonès.

Preguntado por las palabras de Aragonès, que ha augurado que el referéndum dejará de ser inconstitucional e imposible como la amnistía, Illa ha reiterado su oposición al referéndum y ha dicho que "todo lo que sea divisivo para la sociedad catalana" no contará ni con su apoyo ni con el de su espacio político.

Illa ha afirmado que la amnistía "está descontada en Cataluña porque normaliza institucionalmente lo que ya estaba normalizado en la calle" y ha sostenido que da continuidad a medidas anteriores como los indultos o la actualización del Código Penal para --literalmente-- pasar página de una etapa muy desafortunada para Cataluña y para el resto de España.

"La amnistía es diferente en el sentido de que ayuda a cerrar heridas, que es la expresión de una democracia fuerte y sólida", ha añadido el primer secretario de los socialistas catalanes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha enmarcado este lunes la ley de amnistía en "un golpe contra la unidad nacional, la democracia y el Estado de derecho programado y por etapas" y ha alertado de que esta "rompe" a todos, incluido al PSOE.

"El Gobierno ha hecho bandera del frentismo, de la mentira y de traicionar el mandato de las urnas, las instituciones y la propia Constitución, la mejor de nuestra historia", ha denunciado durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, donde los barones autonómicos del PP han acudido a mostrar su rechazo a la propuesta que se está tramitando actualmente en la Cámara Alta.

Ayuso, que ha criticado durantemente que el Gobierno no estuviese presente en el debate, ha denunciado que sean tiempos "de reescribir la ley a favor de delincuentes condenados, de mejorar sólo la vida de violadores y de que un prófugo de la Justicia dicte al Gobierno, desde Suiza o Bélgica, con mediador salvadoreño, cuál debe ser el rumbo de la Nación Española".

"No es normal, ni en España ni en ningún país democrático, que el Gobierno dependa de quienes tienen como objetivo declarado liquidar la nación", ha remarcado, al tiempo que ha insistido en que "no es normal que se amnistíe a delincuentes para mantenerse en el poder a cualquier precio, y menos aún que sean los delincuentes los que redacten los términos de esa norma de amnistía y lo hagan abierta e indisimuladamente, con sucesivas humillaciones públicas, para que quede claro quién manda".

La magistrada del Tribunal Supremo Susana Polo ha citado como investigado al expresidente catalán y eurodiputado de Junts Carles Puigdemont, así como al diputado en el Parlament Rubén Wagensberg, para que entre el 17 y el 21 de junio declaren de forma voluntaria vía videoconferencia en la causa abierta el pasado febrero por presuntos delitos de terrorismo en el denominado caso Tsunami Democràtic.

En un auto notificado este martes, la magistrada instructora indica que las declaraciones se llevarán a cabo a través de videoconferencia y que los investigados deberán asistir acompañados de abogado, una vez que se averigüe su paradero y domicilio. Para ello, la jueza ha cursado Orden Europea de Investigación (OEI) y/o Comisión Rogatoria Internacional en materia penal, a través de Eurojust.

La magistrada señala que esta citación se acuerda conforme a lo expuesto y dando expreso cumplimiento al auto dictado por la Sala de Admisión el pasado 29 de febrero cuando acordó abrir causa penal contra los dos aforados –Puigdemont y Wagensberg– por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en la causa.

El auto precisa que la fecha de las videoconferencias se ha fijado inicialmente en ese periodo –entre el 17 y 21 de junio–, pero también especifica que el día concreto se señalará con posterioridad, de común acuerdo entre el estado requirente y requerido.

La candidata de Comuns Sumar a las elecciones al Parlament, Jéssica Albiach, ha llamado este lunes a PSC, ERC y CUP a comprometerse a pactar "entre fuerzas progresistas" tras las elecciones catalanas del 12 de mayo.

"Emplazo a CUP, PSC y ERC a llegar a un acuerdo y a conjurarnos para decir que el próximo Govern que tenga Cataluña será progresista. Y será progresista por las fuerzas que lo compondrán y por las políticas que saquemos adelante", ha destacado en una entrevista en La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press.

Además, ha descartado facilitar un Govern con Junts pero evita pronunciarse sobre si facilitaría el apoyo de su formación a los socialistas y republicanos porque, a su juicio, defienden "un modelo bastante parecido".

Según Albiach, se está planteando una campaña a tres "como si se estuviera en los años 80 y 90", con lo que considera que se está negando la pluralidad y diversidad del Parlament y el hecho de que su partido será decisivo, ha dicho.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido este lunes la amnistía durante en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado. Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo catalán ha sostenido que la ley de olvido jurídico, que se está tramitando en estos momentos en la Cámara Alta, es la "vía para reparar gran parte del dolor causado por la represión". "Con ella se pone fin a la amenaza de opresión y a la legitimidad de la represión", ha sostenido Aragonès.

El líder del Gobierno catalán, no obstante, ha asegurado que no olvidarán "jamás la violencia policial y los años de exilio y de cárcel". Y dicho esto, se ha mostrado convencido de que, igual que pasó con la amnistía, el referéndum dejará de ser "inconstitucional" para el Gobierno de Pedro Sánchez.

"La amnistía, de la noche a la mañana, dejó de ser inconstitucional, dejó de ser imposible, como sucederá con el referéndum", ha manifestado, para añadir que "más tarde o más pronto, será aceptada como la vía para resolver el conflicto de soberanía entre Cataluña y el Estado".

Aragonès ha asegurado que, "en paralelo a la negociación del referéndum", tienen que "hacer posible un sistema de financiación singular para Cataluña". A su entender, "debe tener un sistema de financiación propio" en el que gestionen "directamente" los recursos y recauden todos los impuestos. "El actual sistema de financiación es una losa insoportable para Cataluña, obsoleto, opaco y, sobre todo, injusto" ha proclamado.

El Gobierno de Australia ha nombrado a un antiguo jefe de las Fuerzas Armadas como "asesor especial" para analizar la investigación llevada a cabo por Israel en torno al bombardeo ejecutado la semana pasada contra un convoy de la organización World Central Kitchen (WCK) en la Franja de Gaza, que se saldó con la muerte de siete personas.

El Ministerio de Exteriores australiano ha desvelado en un comunicado publicado en su página web que Mark Binskin ocupará el puesto de "asesor especial del Gobierno de Australia sobre la respuesta de Israel a los bombardeos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que mataron a Zomi Frankcom y otros seis colegas de WCK".

Así, ha recordado que Binskin, quien encabezó las Fuerzas Armadas australianas entre 2014 y 2018, está "absolutamente cualificado" para "dar consejo al Gobierno de Australia sobre la suficiencia y pertinencia de los pasos dados por el Gobierno israelí (tras los bombardeos)".

"Binskin contactará con Israel y las FDI en torno a la respuesta al ataque que mató a Zomi y a sus colegas. Australia ha dejado claro al Gobierno israelí que esperamos y confiamos en que estas interacciones serán facilitadas", ha manifestado el Ministerio de Exteriores australiano.

De esta forma, ha especificado que Binskin tendrá entre sus labores el "análisis" de "los acuerdos para investigar el incidente, las políticas y los procedimientos de las FDI para incidentes operativos, las medidas adoptadas para que los responsables rindan cuentas, si es necesaria una mayor investigación y las medidas adoptadas para evitar que estos incidentes se repitan".

El abogado de Rafael Amargo, el letrado Marcos García Montes, solicitará en el juicio la nulidad de las intervenciones telefónicas y los registros en los que se habrían incautado las sustancias estupefacientes que sostienen la acusación de la Fiscalía de Madrid por la presunta comisión de un delito contra la salud pública.

El juicio arrancará este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid contra el bailaor y otras dos personas por la supuesta venta de estupefacientes en el antiguo piso del artista ubicado en el barrio de Malasaña a terceras personas de manera "persistente" a cambio de dinero. El popular bailaor cumple prisión preventiva desde el pasado mes de diciembre a instancias de la Fiscalía de Madrid por incumplir las medidas cautelares impuestas en este procedimiento al no acudir a firmar las comparecencias quincenales ante el juzgado.

A su llegada, Marcos García Montes ha destacado que hay que respetar la presunción de inocencia de su cliente y ha recalcado que solo la Policía "habla" de la existencia de un supuesto grupo organizado mientras la fiscal no acusa de este delito. "Vamos a pedir la nulidad de las intervenciones y de los registros", ha recalcado el letrado en relación a las peticiones que alegarán durante la fase de cuestiones previas de la vista oral.

En el caso del bailaor, los agentes intervinieron tres botes conteniendo sustancia Popper (nitritos de alquilo), una bolsita conteniendo sustancia que resultó ser feniletilamina con un peso neto de 0,089 gramos y un frasco conteniendo 6 mililitros de GBL con un valor en el mercado de 314,19 euros en su venta por gramos.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ve "lamentable" que PP y Vox quieran utilizar el Senado como "un elemento de rechazo institucional" a la Ley de Amnistía, sobre la que se debate este lunes en la Comisión General de Comunidades Autónomas de la Cámara Alta con la presencia de seis barones autonómicos del Partido Popular y del presidente catalán, Pere Aragonès.

"Me da la impresión de que el Partido Popular y Vox quieren utilizar al Senado como un elemento de rechazo institucional, lo cual es bastante lamentable", ha dicho el dirigente socialista en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, indicando que la Comisión de Comunidades Autónomas "no es el medio" para plantear un debate sobre la medida de gracia pactada con los partidos independentistas catalanes.

Después de opinar que la Ley de Amnistía "debe seguir el trámite que siguen todas las leyes" en el Congreso y en el Senado, Planas ha señalado que acudió la semana pasada a la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta y ya pudo "percibir el ambiente" que existe "por parte de PP y Vox". "Eso no me parece desde un punto de vista institucional ni político aceptable", ha zanjado.

La firma centenaria de cosmética Puig ha anunciado este lunes su intención de salir a Bolsa para captar más de 2.500 millones de euros mediante una oferta pública de venta de acciones (OPV) de nueva emisión dirigida a inversores cualificados y otra oferta de venta de acciones ya existentes de mayor importe.

En concreto, Puig ha informado de que tiene intención de solicitar la admisión a cotización de sus acciones en las Bolsas de Valores de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia y su negociación en el mercado continuo.

La oferta consistirá en una OPV de acciones de nueva emisión con el objetivo de captar aproximadamente 1.250 millones de euros, y una oferta de acciones existentes de mayor importe que realizará el accionista mayoritario de la sociedad, Puig, controlada por Exea, la sociedad patrimonial de la familia Puig.

Tras la oferta, la familia Puig conservará una participación mayoritaria y la gran mayoría de los derechos de voto de la sociedad.

"El anuncio de hoy es un paso decisivo en los 110 años de historia de Puig (...) Creemos que el equilibrio de ser una compañía familiar que al mismo tiempo está sujeta a la responsabilidad del mercado nos permitirá competir mejor en el mercado internacional de la belleza durante la próxima fase de desarrollo de Puig. Además, creemos que convertirnos en una compañía cotizada alineará nuestra estructura corporativa con la de las mejores compañías familiares del sector de la Belleza Premium a escala mundial, nos ayudará a atraer y retener talento y respaldará la estrategia de crecimiento de nuestro porfolio y nuestras marcas", ha destacado Marc Puig, presidente ejecutivo de la compañía.

El Tribunal Constitucional (TC) estudiará en su Pleno de esta semana, que tiene previsto reunirse martes, miércoles y jueves, si admite a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez contra la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que la Mesa del Parlament aceptó tramitar a comienzos de febrero y que pide declarar la independencia de Cataluña. La admisión supondría la suspensión cautelar de la medida.

Asimismo, el tribunal tendrá que deliberar también sobre si admite a trámite los recursos que presentaron la Generalitat catalana y la Xunta de Galicia contra varios preceptos de la ley de vivienda al entender que el texto invade competencias autonómicas.

Los magistrados también deliberarán sobre el fondo de los recursos que el Gobierno central presentó contra varios preceptos de la ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia, y contra el artículo único de la ley foral 17/2021 de contratos públicos. Y abordarán el fondo del recurso de los diputados de Vox contra la ley 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Por otro lado, el Pleno estudiará también una cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Tribunal Supremo sobre financiación de partidos políticos. Además, está previsto que se delibere sobre el incidente de recusación que presentó el expresidente catalán huido Carles Puigdemont con la intención de apartar a los magistrados del ala conservadora Concepción Espejel y César Tolosa de varias deliberaciones relativas a sus recursos por la causa del procés.

Media docena de barones autonómicos del PP mostrarán este lunes en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado su rechazo a la proposición de ley de amnistía que se está tramitando actualmente en la Cámara Alta, en un foro en el que el único mandatario autonómico que defenderá esta norma será el presidente catalán, Pere Aragonès.

A la cita acudirán Isabel Díaz Ayuso (Madrid); Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León); Jorge Azcón (Aragón); Fernando López Miras (Murcia); Carlos Mazón (Comunidad Valenciana) y María Guardiola (Extremadura). En el resto de territorios controlados por los conservadores, los presidentes han delegado su presencia en los consejeros.

El único presidentes autonómico encargado de defender la amnistía en este foro será Aragonès. En esta cita en el Senado no estarán presentes ni el Gobierno ni los presidentes autonómicos socialistas. Moncloa delegó la presencia o ausencia a este foro en el Ministerio de Política Territorial que dirige Ángel Víctor Torres, pero fuentes ministeriales señalan que no han recibido invitación y que Torres, por lo tanto, no ha sido convocado.

Los tres presidentes autonómicos socialistas –Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Adrián Barbón (Asturias) y María Chivite (Navarra)– han justificado su ausencia denunciando un "uso partidista" del Senado por parte del PP.

Es decir, el único representante del PSOE en esta Comisión de Comunidades Autónomas será el portavoz de los socialistas en el Senado y líder del partido en Andalucía, Juan Espadas, que será el encargado de defender la postura de la formación sobre la proposición de ley de amnistía.