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Violencia machista

El Estado deja indefensos a los huérfanos del machismo: al menos 166 menores desde 2013

Los responsables del Fondo de Becas Soledad Cazorla Prieto, Marisa Soleto y Joaquín Tagar.

El Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto, que otorga ayudas a huérfanos de mujeres asesinadas por la violencia machistaviolencia machista, denuncia que estos hijos, muchos de ellos menores de edad, están "abandonados" por "toda institución pública". No hay ningún mecanismo estatal, aseguran, que les haga seguimiento, que se preocupe de su bienestar y que les otorgue ayudas económicas para sobrellevar la situación de indefensión en la que muchas veces se encuentran. El fondo, constituido por la familia de Cazorla Prieto –la primera mujer Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, fallecida en 2015–, ha presentado su primer informe sobre la situación de estos jóvenes, fruto de una labor en muchas ocasiones infructuosa de localizar a estas víctimas del terror machista.

Los recursos a los que tienen acceso son solo derivados de haber perdido a su madre, no son derivados del dolor, los problemas psicológicos y el rechazo social, entre otras dificultades, que muchas veces sufren. Los datos oficiales hablan de 166 menores de edad cuyas madres han fallecido en estas circunstancias entre enero de 2013 y febrero de 2017, hasta donde llega la contabilidad oficial. Otros 84 hijos e hijas mayores de edad han sido contados, también en este periodo.

La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, es la primera que se ocupa de estas personas. Por ejemplo, cuando sus madres mueren asesinadas por sus parejas, la consideración de huérfano pasa de ser parcial a absoluta. Pero no es suficiente, según la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, y Joaquín Tagar, del Fondo de Becas Soledad Cazorla Prieto. "No ha dado tiempo a que se desarrollen protocolos públicos de atención", afirmó Soleto. "Nadie les ha seguido la pista".

Desde la organización, explican, "están muy sorprendidos" porque les "ha desbordado" el análisis de los casos específicos: durante el primer año de vida del fondo, se han concedido un total de seis becas –con un importe total de 7.535,32 euros–, y las historias detrás de esas asignaciones son terribles. Familias maternas que acogían al hijo de la víctima y que se tuvieron que cambiar de pueblo porque al niño o niña se le consideraba el hijo del asesino en vez de el hijo de la asesinada en el colegio; seguimientos que han tenido que paralizarse porque, explican los responsables, "les estábamos matando" al recordar el horror; abuelos y abuelas que, al ser contactados por el fondo para ayudarles, les decían "por fin alguien me pregunta".

Varios de los problemas que plantea la legislación actual son relativos a, como argumentan desde la organización, no contar con un protocolo específico a nivel estatal. En primer lugar, la dependencia económica de sus madres que muchos de estos hijos tenían no les ha permitido continuar con sus estudios en la Universidad, y el fondo, al conceder la beca al tutor legal, hacía que superaran el umbral del IRPF establecido para recibir la ayuda del Ministerio de Educación. Tagar denunció la "poca colaboración de Hacienda para que las becas no sean una agravación".

Por otro lado, las familias que acogen a estas víctimas del machismo se encuentran con un "laberinto burocrático" para arreglar la situación cuando se acoge. "Los funcionarios no conocen el tema, y aportan lo que pueden aportar. No hay una ventanilla específica para ellos", afirma Soleto. Agravado, además, porque en muchas ocasiones el proceso judicial para condenar al agresor se alarga durante años.

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La principal y prácticamente única asignación monetaria que reciben estos jóvenes por parte del Estado es la pensión de orfandad. Al no haber pensión de viudedad al asesino machista, la cantidad de dinero que reciben aumenta. Pero, según critica este fondo de becas, hay casos de hijos e hijas de asesinadas que no reciben esta cuantía porque la mujer trabajaba en casa y no cotizaba.

Lo que propone el Fondo de Becas Soledad Cazorla Prieto es que a las víctimas de violencia de género se les trate igual que a las víctimas de terrorismo, en el sentido de que el Estado repare el daño producido y les pueda ayudar tanto económica como socialmente con independencia de los mecanismos que ya se ponen en marcha para ayudarles como una víctima de un delito más. Además, proponen "acelerar los procesos" de la filiación de los menores, que obtengan un nuevo tutor legal pronto, y que el sistema educativo actúe para cortar el acoso de raíz que muchos menores sufren por lo sucedido. “Son muy pocos, pero los colegios tienen que saber qué hacer. La inspección educativa tiene que saber qué hacer. Para que deje de pasar. Para que no pase", incidió Soleto.

El Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto ha recaudado un total de 94.547 euros, procedentes de la aportación de la familia de la jurista –de 25.000 euros–. También han participado varias empresas y el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha, otorgando el Premio Luisa de Medrano. El próximo lunes 6 de marzo se celebrarán unas jornadas parlamentarias sobre esta problemática, en la que familias con dificultades al acoger a huérfanos del machismo contarán sus experiencias y el fondo explicará al detalle sus propuestas para mejorar su situación-

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