Delitos sexuales contra menores: ¿ampliar la prescripción o eliminarla por completo?

El pasado lunes 18 de junio un hombre fue detenido en Marbella por presuntos abusos sexuales contra su hijastra. La agresión se produjo cuando la víctima tenía catorce años, hace ahora cinco. La cuenta atrás para la prescripción del delito comenzó con la mayoría de edad de la joven, gracias a la reforma penal de 1999 que fijó la prescripción de este tipo de delitos, siempre que se produzcan siendo la víctima menor, entre cinco y diez años desde la mayoría de edad respecto a los abusos sexuales y entre diez y quince para las agresiones de esta índole. Para las organizaciones que velan por la protección de la infancia, no obstante, este lapso temporal es insuficiente. 

En enero de este mismo año, el Tribunal Supremo anuló la condena de siete años de prisión impuesta a un hombre por abusos sexuales continuos contra su hijastra cuando era menor de edad. El motivo, la prescripción del delito. El caso de los abusos y agresiones sexuales a alumnos del colegio los Maristas de Sants-Les Corts, en Barcelona, ya abrió en 2016 el melón de la prescripción, debido a que algunos de los hechos relatados habían prescrito. La misma dificultad a nivel judicial fue con la que se topó la gimnasta Gloria Viseras, que en el año 2012 denunció a su antiguo entrenador, Jesús Carballo, por trato vejatorio y abusos sexuales cuando era menor de edad. El caso quedó archivado debido a su prescripción. En marzo de 2017 la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Viseras por intromisión ilegítima en su honor, debido a la repercusión mediática del acontecimiento. Finalmente, en enero de 2018 el Tribunal Supremo falló a favor de la exgimnasta, revocando la sentencia que obligaba a indemnizar al entrenador. Son sólo algunos ejemplos de una tónica común: el peso de la prescripción respecto a los delitos sexuales contra menores y las complejidades jurídicas que entraña.

Eliminar la prescripción o ampliarla

Alexandra Membrive preside la Asociación El Mundo de los ASI contra el abuso sexual infantil. A su juicio, lo que diferencia a los delitos sexuales "de cualquier otro tipo de trauma" es la existencia de "una amnesia para poder sobrevivir". En estos casos, añade en conversación con infoLibre, "la niña o el niño lo que hace es borrar, sostiene todo ese trauma desde la soledad". Sólo a partir de un momento muy determinado, agrega, "una persona superviviente se hace consciente de lo vivido a través de flashback y recuerdos. Si lo vemos desde el punto de vista psicológico no le podemos poner tiempo, existen casos de gente que no lo ha revelado hasta los 50 o 60 años".

El problema, estima Membrive, radica en la forma de equiparar esa mirada psicológica con una perspectiva jurídica. "No se pueden hacer leyes sobre la infancia sin tener en cuante a los expertos, a los investigadores y a las asociaciones", señala. La ley, dice, "se tiene que humanizar un poco para poder sostener esta realidad". Una realidad que muestra "la alta prevalencia" de los abusos, con un 20% de personas que los han sufrido según un estudio de Save the Children y una ausencia de denuncia en el 85% de los casos. "Es muchísimo, por lo tanto hay que hacer este cambio de visión", insiste Membrive, quien pone sobre la mesa los ejemplos de Reino Unido, México, Argentina, o algunos estados de EEUU como países que han eliminado la prescripción para este tipo de delitos. "Sería lo justo para los supervivientes, no podemos cuantificar en tiempo cuándo una persona va a recordar", zanja.

La magistrada Carla Vallejo, miembro del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, admite la complejidad de eliminar la prescripción de la legislación española, incluso para este tipo de delitos. La tradición jurídica, recuerda, únicamente contempla como imprescriptibles aquellos delitos "relacionados con lesa humanidad o crímenes de guerra". En el caso de los delitos sexuales contra menores, estima, "los plazos son muy grandes" y resulta "relevante" además la modificación penal de 1999.

Vallejo sí valora la posibilidad de "empezar a contar la prescripción desde que la víctima, por su situación, está en condiciones de denunciar". Existen casos que, aun habiendo cumplido la mayoría de edad, la víctima "sigue en situación de sometimiento debido a la convivencia, por ejemplo". Podría ser positivo, en este sentido, tener en cuenta que la víctima se encuentre "libre de coacción o dependencia".

Almudena Olavide, especialista en políticas de infancia de Unicef España se muestra partidaria de una ampliación y pone sobre la mesa la edad de 30 años para empezar a contar. "Las entidades de infancia proponemos que prescriba a partir de que la víctima cumpla 30 años y no 18, porque hay estudios y psicólogos que fijan esa edad viendo que empiezan a tomar conciencia para poder hablar del asunto, cuando ya la persona se ha asentado". Olavide recuerda que ya existen comunidades autónomas, como la catalana y la andaluza, que se han mostrado partidarias de ampliar a 30 años el inicio de la prescripción.

La especialista y activista coincide en que "en muchos casos el abusador ejerce autoridad sobre la víctima", de manera que "es muy difícil que cuando cumpla 18 lo diga", especialmente si "es parte de la familia y depende económica y emocionalmente de él". Los niños, además, cuando sufren este tipo de violencia "no son conscientes de que es un delito". También Olavide toma de ejemplo la reforma de 1999 para reconocer que ya entonces "se entendió que no podía prescribir como cualquier otro delito cuando la víctima era menor de edad". Ahora se trataría, agrega, "de ampliar de nuevo esa prescripción", algo que Unicef ya ha solicitado de cara a la nueva ley contra la violencia en la infancia que el anterior Gobierno prometió tramitar a finales de año.

Josep Maria Tamarit, catedrático en Derecho Penal e investigador del proyecto coordinado La victimización sexual de menores y su protección penal, recuerda que las peticiones de las organizaciones sociales "responden a un problema real que está muy claro, detectado e identificado". Aunque "no hay dos casos iguales" en lo que respecta a los abusos sexuales a menores, sí existen "unas tendencias, causas y frecuencias" que indican que "no se denuncian antes porque las víctimas tardan un tiempo" en ser conscientes de la agresión. Esta dificultad a la hora de denunciar, añade, llega hasta la edad adulta, especialmente cuando se trata de abuso intrafamiliar. "Las víctimas necesitan sacarse de encima la presión familiar que les impide denunciar", añade el jurista.

Los plazos de prescripción que contempla la reforma penal de finales de los noventa, entiende Tamarit, "no se ajustan mucho a la realidad", de modo que es "razonable que haya esta petición de ampliar". Pero, al mismo tiempo, "es también razonable que haya unos plazos" de la misma forma que los hay para otros "delitos graves como el homicidio o asesinato". La solución, a su juicio, "sería encontrar una vía intermedia entre lo actual y la imprescriptibilidad".

El paso, considera el experto, depende en esencia de "una decisión política", y recuerda que modelos como el de Alemania, Suiza o Austria ya hablan de prescripciones a partir de los 25 o 30 años de edad, lo que "sería una ampliación de los plazos importante". La fórmula es "tan simple como hacer una reforma del artículo 131 del Código Penal". Esta posible reforma de ampliación, además, no colisionaría con el principio de seguridad jurídica o reinserción social del individuo. "Sí lo haría una cadena perpetua o penas más largas, pero los plazos afectan a la prescripción del delito y el agresor sería juzgado" con todas las garantías sin que ello afecte a su posibilidad de reinserción.

Particularidades del delito

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La realidad de la que hablan los expertos revela particularidades especialmente sensibles en el caso de menores. "Ellos mismos no son conscientes del abuso, el abusador ha generado un clima de confianza que es muy difícil que el niño pueda romper, que luego deriva en abuso de poder hasta que al final llega a agresión sexual", explica Olavide. Si bien esta estructura de poder entre víctima y agresor se mantiene con los años, lo cierto es que "hay un clima de respaldo social" que ha ido reforzándose con el paso del tiempo. "Aunque sea muy doloroso para los adultos de alrededor pensar en denunciar a alguien del entorno, la gente sí es mucho más consciente y los mecanismos mucho mejores", señala la activista.

También Membrive coincide en que "no es lo mismo haber sido víctima de abusos sexuales en los ochenta que hace cuatro años o hace dos" porque "el contexto social es diferente", aunque, matiza, "venimos de una sociedad donde muchas veces el secreto se arma", especialmente cuando el abuso es intrafamiliar. No obstante, la experta admite cierto recelo respecto a los mecanismos oficiales de denuncia. Pasan los años y la víctima siente que está siendo revictimizada en su paso por los tribunales, explica. Ahí es donde Membrive sitúa un "problema de violencia institucional" que se ha manifestado de forma explícita en el caso de La Manada, un ejemplo "del día a día en los casos de abusos sexuales a menores".

El estigma a nivel social y los obstáculos judiciales se traducen en ocasiones en una serie de "abusos acumulativos". Según Membrive, "parte de las mujeres sobrevivientes ha sufrido agresiones sexuales en la adultez", mientras que los niños pueden ser víctimas de acoso escolar tras pasar por un trauma de estas características. Olavide también percibe que "cuando un niño sufre su comportamiento cambia" y experimenta "un retroceso en su lenguaje, en sus habilidades sociales y se vuelve más retraído", por lo que "puede ser blanco fácil para el bullying". Al fin y al cabo, reflexiona, se trata de niños que "han sido vulnerados y se vuelven mucho más vulnerables".