El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma de Mallorca estaba en seguimiento por la Inspección judicial por sus reiterados retrasos desde 2019. Dos años después se nombró un juez sustituto para que asumiera la mitad del trabajo. Ese sustituto demostró un rendimiento muy superior al de su titular, el portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y decano de la capital balear, Alejandro González Mariscal de Gante que, pese al desastroso estado de su órgano judicial, encontraba tiempo para viajar al Parlamento Europeo y, de la mano del PP, acusar al Gobierno de socavar el Estado de derecho en España y atacar la independencia judicial. Mientras, en Palma, resolvía solo los procesos más simples para simular una carga de trabajo ficticia mientras los complejos se acumulaban. 96 estaban inconclusos, de los cuales, 10 están pendientes de sentencia desde 2018 y 2019.
Pese a esa situación, los cuatro vocales del sector conservador de la comisión disciplinaria –dos de los cuáles, José María Páez y José Carlos Orga, pertenecen también a la APM– lo liberaron de la suspensión de funciones por un mes que solicitaba el Promotor de la Acción Disciplinaria por una falta muy grave de desatención y decidieron dejarlo en una infracción leve e imponerle una multa de 500 euros. Los tres consejeros progresistas –José María Fernández Seijo, Ricardo Bodas y Lucía Avilés– sin embargo, consideran en su voto particular discrepante que la suspensión debía ser superior a la que reclamaba el instructor –tres meses– debido a que la conducta de González Mariscal de Gante era voluntaria y porque fue advertido por el Consejo en varias ocasiones sin que prestara a su órgano judicial mayor dedicación. Entre 2021 y 2024, la pendencia de sus casos aumentó un 40,3%.
El voto particular de los progresistas describe una inactividad y una escasez de rendimiento alarmante. En él, recuerdan que el año pasado, el Supremo avaló una sanción de seis meses de suspensión a otro magistrado con 52 sentencias pendientes, frente a las 96 de González Mariscal de Gante. "En algunos casos estamos hablando de una pendencia cercana a los tres años", dice el escrito del los vocales a propuesta del PSOE y Sumar. "La tardanza en resolver por más de dos años, que incluso en alguna anualidad no alcanza el mínimo exigible, evidencia la responsabilidad disciplinaria cuya depuración se propone", sostienen. No es que el portavoz de la APM tardara en redactar la sentencia, es que, en los procedimientos de mayor complejidad, ni siguiera dictaba la conclusión del caso, dejándolo en el cajón por meses e incluso años. La Inspección del Consejo, que monitoriza su juzgado desde hace siete años, le avisó de que no podía hacerlo así. Pero dio igual.
La actitud pasiva del expedientado se produjo también cuando se asignó para su juzgado un juez sustituto que asumió la mitad del trabajo. Desde ese momento, los asuntos a abordar por González Mariscal de Gante se situaban por debajo del indicador de entrada de nuevas causas, pero la resolución de asuntos pendientes no avanzaba. "Resulta difícil explicar a los ciudadanos afectados por las dilaciones [...] que un magistrado titular que asume el 50% de la carga de trabajo de su juzgado y, por tanto, no alcanza el mínimo de entrada [de asuntos] previsto, demore sus pronunciamientos más de dos años", sostienen los consejeros en su voto.
"Nada justifica que los procedimientos ordinarios", los más complejos, "de manera habitual, sistemática y reiterativa resulten postergados ya no meses, sino años", aseguran los consejeros progresistas, "mientras que al mismo tiempo se da salida a numerosos procedimientos abreviados con determinado objeto, de indudable menor dificultad (por regla general)". De esa manera obtenía unas cifras de rendimiento "que aparentan cierta laborosidad, pero que silencia las muy graves dilaciones que sufren aquellas causas que no son sentenciadas por la sola voluntad del titular". Es decir, que el portavoz de la APM obtenía sus datos de rendimiento "de forma irregular" recurriendo a "una conducta intencionada de tergiversación".
Por esa razón, los vocales consideran que "determinar la dedicación real del magistrado resulta complicado, pues su conducta [...] ha alterado los mecanismos de medición". "En cualquier caso, a efectos meramente dialécticos, llama la atención cómo su rendimiento se sitúa muy por debajo del juez sustituto con el que comparte funciones jurisdiccionales en el mismo órgano, vistos los porcentajes de rendimientos de uno y otro, así como de la comparativa de resoluciones dictadas por cada uno de ellos". Es decir, que su compañero, que no pertenece a la carrera judicial y trabaja en condiciones mucho más precarias y provisionales, saca adelante muchos más asuntos que él, el titular.
La mayoría conservadora, coincide básicamente en el análisis de los hechos de los progresistas, avalados también por la Inspección del Consejo y propio Promotor de la Acción Disciplinaria. Sin embargo rebajan la conducta del portavoz de la APM de muy grave a leve porque, según dicen, no aprecian que los procesos complejos que postergaba "tuvieran mayor trascendencia para el funcionamiento de la Administración de Justicia", que los más simples en los que concentraba su actividad. Además, aseguran que se desconoce "la incidencia en la demora de los asuntos que ya estuviera tramitando" o si los resueltos por el juez sustituto, más que los del portavoz de la APM, eran de similar complejidad técnica a los que llevaba el expedientado.
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma de Mallorca estaba en seguimiento por la Inspección judicial por sus reiterados retrasos desde 2019. Dos años después se nombró un juez sustituto para que asumiera la mitad del trabajo. Ese sustituto demostró un rendimiento muy superior al de su titular, el portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y decano de la capital balear, Alejandro González Mariscal de Gante que, pese al desastroso estado de su órgano judicial, encontraba tiempo para viajar al Parlamento Europeo y, de la mano del PP, acusar al Gobierno de socavar el Estado de derecho en España y atacar la independencia judicial. Mientras, en Palma, resolvía solo los procesos más simples para simular una carga de trabajo ficticia mientras los complejos se acumulaban. 96 estaban inconclusos, de los cuales, 10 están pendientes de sentencia desde 2018 y 2019.