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Sanidad

La descoordinación entre comunidades sigue dificultando la atención sanitaria fluida a desplazados entre autonomías

Tarjeta de la sanidad catalana.

El periodo estival, cuando los desplazamientos por las vacaciones se multiplican, pone especialmente a prueba la coordinación entre comunidades autónomas en un ámbito esencial como es el sanitario, donde los pacientes todavía pueden encontrarse con dificultades para recibir una atención fluida o seguir sus tratamientos fuera de sus territorios de residencia habitual, lo que afecta principalmente a los que padecen dolencias crónicas. Aunque han transcurrido más de 16 años desde el fin de las transferencias sanitarias, hay huellas que todavía perduran. La descentralización trajo consigo, por ejemplo, la creación de sistemas informáticos no unificados entre comunidades. 

Según los resultados del último Barómetro Sanitario que preguntó por esta cuestión, el de 2014, un 16,5% de los 7.721 encuestados tuvieron que acudir a un centro sanitario público cuando se encontraban fuera de la comunidad en la que se residen habitualmente. Extrapolando estos datos al conjunto de la población, se puede estimar que el número de ciudadanos residentes en España que anualmente solicita atención sanitaria fuera de su territorio podría alcanzar los 7,7 millones. Además, en el estudio de 2017, el 7,6% de los participantes expresó que no pudo retirar medicamentos recetados por estar en una autonomía distinta a la suya. 

Aunque debería haberse completado en 2011, la interconexión de las recetas electrónicas, que permite que un ciudadano pueda obtener su medicación en cualquier farmacia del país independientemente del lugar donde le hayan realizado la prescripción, todavía no es una realidad al 100% en España. Por ejemplo, la receta electrónica interoperable no empezó a funcionar en Andalucía, donde reside el 18% de la población, hasta el pasado miércoles 18 de julio. En la Comunidad de Madrid y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tampoco está implantada, aunque esperan hacerlo en los próximos meses. En el resto de comunidades el sistema sí está operativo. 

Compartir datos clínicos

De más retraso, si cabe, adolece el otro gran ámbito fundamental en la comunicación entre comunidades en sanidad: la historia clínica digital. En 2009, el entonces Gobierno socialista anunció que el objetivo era que, en dos años, los médicos pudieran consultar el historial clínico de cualquier ciudadano de manera digital, aunque el paciente viviera y tuviera toda su información en otra comunidad. Después se atrasó a 2013. Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, correspondientes a octubre de 2017, el 77,9% de las personas con tarjeta sanitaria estaban cubiertas ya por la historia clínica electrónica, aunque sólo dentro de su comunidad.

En todo caso, según matizan en el Ministerio de Sanidad, el objetivo no es tanto permitir el acceso a la totalidad de la historia clínica, sino compartir conjuntos de datos relevantes que permitan ofrecer a los pacientes que deben ser atendidos fuera del ámbito geográfico donde su información se ha generado una atención más ágil, más segura y con mayores márgenes de eficiencia. Es decir, la información que es absolutamente imprescindible conocer cuando un profesional debe atender a un paciente por primera vez.

El doctor Vicente Caballero, coordinador del grupo de trabajo de Nuevas Tecnologías de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), señala que ahí está el gran reto en términos de salud digital. Asegura que la interoperabilidad de las recetas es una "garantía" para los pacientes, aunque es necesario dar muchos más pasos para fomentar el acceso a los datos clínicos, algo fundamental para dar una atención más eficaz especialmente a los pacientes crónicos; los que siguen tratamientos que requieren de controles constantes, como los anticoagulantes; o los que entran por las puertas de las Urgencias, en ocasiones sin poder siquiera advertir de sus antecedentes.  

Marciano Sánchez Bayle, médico jubilado y portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Publica (FADSP), coincide en que aunque en los últimos años se han hecho algunos avances, sigue habiendo "muchos problemas" para acceder a una atención sanitaria "completa" fuera de la comunidad autónoma de origen. "Hay obstáculos concretos para hacer seguimiento de tratamientos que necesitan un visado de inspección de servicios sanitarios, por ejemplo", detalla. 

Sánchez Bayle recuerda que legislación española obliga a todas las comunidades a atender a las personas que tienen derecho a la atención sanitaria, independientemente de dónde residan habitualmente y de cómo el modelo de financiación les asigne fondos en razón de su población. No obstante, admite que la atención a los desplazados sigue generando unas tensiones que se incrementaron durante la época de los recortes, cuando algunas autonomías utilizaron la limitación de la asistencia o de la prestación farmacéutica como vía para disminuir el gasto. 

Precisamente para intentar limitar esas tensiones, explica Caballero, se creó en 2001 el Fondo de Cohesión Sanitaria, que permite compensar económicamente a las comunidades que atienden en sus hospitales a pacientes de otras autonomías, si bien deja fuera tanto la atención primaria como la prestación farmacéutica. Pero la financiación de este mecanismo también sufrió con la crisis y su asignación presupuestaria llegó a desparecer 2016, aunque se recuperó en 2017. Para 2018 cuenta con cuatro millones

Las restricciones económicas, señala este médico, también han influido en las inversiones en salud digital de los diferentes ejecutivos autonómicos, lo que le lleva a ser poco optimista sobre que la interconexión de las historias clínicas pueda ser una realidad a medio plazo. "Cada comunidad tiene su sistema informático propio, su modelo de gestión de historiales... y además cada una tiene una velocidad tecnológica diferente", explica. 

¿Una tarjeta única? 

El pasado 26 de junio el Congreso rechazó una proposición no de ley de Ciudadanos en la que, además de otra medidas relativas al copago, la libre elección de centro sanitario o la creación de una cartera única de servicios, se instaba al Gobierno a promover "la extensión la receta electrónica, la tarjeta sanitaria única y la historia clínica digital para que cualquier ciudadano pueda ser atendido y reciba sus medicamentos en cualquier punto de España".

La iniciativa sólo contó con el respaldo de la formación naranja, el PP, UPN y Foro Asturias. El resto de grupos afearon a los promotores su afán "recentralizador" e insistieron en que lo importante, más que hacer una tarjeta sanitaria única, era "hacer compatibles las existentes", como señaló la diputada de Compromís Marta Sorlí. Insistió en la misma cuestión el representante del PNV, Joseba Andoni Agirretxea, que respecto a la historia clínica digital dijo que lo importante es que "pueda ser compartida en los momentos necesarios". "El camino es la cooperación, no la confrontación", añadió, por su parte, el parlamentario de ERC Joan Baptista Olòriz

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Por otro lado, el diputado del PSOE Jesús Fernández acusó a Ciudadanos de hacer un discurso "ideológico lleno de prejuicios" y de proponer una solución "absolutamente inane". "Los problema de desigualdad que todavía persisten en el Sistema Nacional de Salud no se van a corregir con la interoperabilidad de los sistemas de información, que no son el problema fundamental", añadió. Y aseguró que, en términos de desigualdad, pesa más el barrio y la clase social donde se haya nacido que la comunidad autónoma.

Aunque eso no deje de ser cierto, también son una realidad las grandes diferencias territoriales en gasto sanitario por habitante, donde hay más de 500 euros de diferencia entre la que más invierte, el País Vasco, con 1.669 euros por habitante; y la que menos, Andalucía, con 1.110, según datos del Ministerio de Sanidad. "Es cierto que el Código Postal influye", dice Caballero, que añade que el empeño por buscar una tarjeta común, además del desembolso económico y las connotaciones políticas que tiene, puede contaminar el objetivo "primordial" que, a su juicio, debe ser la interconexión de los datos clínicos. 

Sánchez Bayle coincide en que el objetivo no es tanto crear una tarjeta sanitaria única, lo que podría generar tensiones identitarias innecesarias, como hacer "compatibles" los diferentes sistemas, algo que técnicamente sería factible con los medios tecnológicos existentes. Y pone el ejemplo de las diferentes redes que permiten sacar dinero de un cajero a usuarios de distintas entidades bancarias. "La situación en la que nos encontramos es consecuencia de la falta de interés por parte de las comunidades autónomas en  hacer que las cosas funcionen y de la absoluta indiferencia por parte del Ministerio de Sanidad", sentencia. 

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