El diálogo sobre Cataluña

El deseo del Gobierno de reformar la rebelión y la sedición desata otra tormenta con las tres derechas

La vicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo.

Fernando Varela

El Gobierno se mantiene en sus trece y, a pesar de las virulenta oposición manifestada por PP, Vox y Ciudadanos, confirma su intención de promover una reforma del Código Penal que incluya la modificación, entre otros, de los artículos que regulan los delitos de rebelión y sedición en torno a los cuales giró la sentencia de los dirigentes independentistas condenados por el Tribunal Supremo y que dan soporte a las órdenes internacionales de detención dictadas contra los que huyeron de la acción de la justicia, entre ellos el expresident Carles Puigdemont.

Una eventual modificación a la baja de las penas previstas para el delito de sedición reduciría en la misma proporción las condenas de prisión dictadas por el Tribunal Supremo contra el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, y los demás condenados en la causa del procés en aplicación del artículo 2.2 del Código Penal, que garantiza que el derecho no es de aplicación retroactiva salvo que redunde en beneficio del reo.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, asumió este miércoles la defensa de la posición del Gobierno. En una entrevista en la Cadena Ser justificó la pretensión del Ejecutivo en “la necesidad” de corregir el Código después de ver que “algunos tipos penales de nuestro país no están a la altura del derecho comparado en Europa”. “Hay tipos penales que son anteriores a la Constitución, anteriores a nuestra democracia, se acompasan mal con acontecimientos nunca queridos”, indicó.

Aunque no figuraba en el programa electoral socialista, Calvo aseguró que esta reforma siempre ha sido un objetivo del PSOE “porque pensamos que hay que acompasar comportamientos democráticos asumidos en la vida democrática de España a tipos penales que ya alguna sentencia europea, como la alemana, nos advirtió que sonaban extraños”.

La vicepresidenta recordó que el Gobierno, “a través de la Abogacía General del Estado”, ya anticipó “lo que luego resultó ser la sentencia [del Tribunal Supremo] del 14 de octubre: que había tipos penales que se acompasaban poco con alguna situación de este país”.

“Tenemos el máximo respeto por nuestra justicia y por el Tribunal Supremo, pero hemos vivido una situación, también en Europa, que nos ha mandando un mensaje. Y la sentencia del 14 de octubre ya manda el mensaje de que ahí hay que hacer algo, hay que actualizar algo”, explicó.

Calvo defendió “el derecho” del Gobierno a impulsar sus proyectos legislativos. “Sentimos la obligación y la responsabilidad de hacerlo. Ha llegado el momento de tomar decisiones. Y lo vamos a hacer”. De hecho, explicó, ya están en ello, “armando este proyecto de reforma que vamos a llevar a la Cámara cuando podamos”.

Durante la entrevista, la vicepresidenta precisó que la reforma “no forma parte en absoluto de la mesa de diálogo” sobre Cataluña porque es competencia exclusiva del Congreso. “Allí cada grupo parlamentario se expresará, negociaremos, transaccionaremos e intentaremos alcanzar un acuerdo”.

La reforma del Código Penal exige mayoría absoluta, algo que PSOE y Unidas Podemos conseguirán sin problema si logran el apoyo de al menos 21 de los 37 diputados independentistas o nacionalistas representados en el Congreso, sin tener en cuenta lo que decidan votar los demás grupos.

Calvo enfatizó que el Gobierno tiene “perfectamente diagnosticado” el problema, Por eso, además de haber “diálogo político en Cataluña”, el Ejecutivo se propone “hacer reformas legislativas importantes en diferentes ámbitos, también en la legislación penal”.

No es, aseguró, ninguna injerencia en la justicia, porque la reforma penal es competencia del legislativo. “Es nuestra responsabilidad y la asumimos. Que eso tiene para el propio Tribunal y para la justicia española una deriva [la rebaja de penas a los condenados del procés] si se alcanza esta reforma es obvio”, reconoció, “pero no depende del Gobierno. Del Gobierno lo que depende es impulsar una reforma”.

Con Pedro Sánchez en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), también el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, acudió en defensa del propósito del Gobierno. En su opinión, es necesario “contextualizar” determinadas figuras y tipos delictivos del Código Penal, para que respondan “a la realidad de cada momento”. Hay que “marcar claramente la diferencia entre diferentes tipos [penales] que ha tenido que ver mucho con la polémica que hemos vivido con razón de la sentencia del procés”.

La derecha, añadió, “tiene una visión del derecho penal muy basada en el escarmiento, pero eso es una concepción de antes del siglo XVIII”. “Estamos en el XXI y el derecho penal tiene otra finalidad que no es el escarmiento”, concluyó.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, se unió a este punto de vista. “Hay delitos como sedición y rebelión que, si uno hace derecho comparado en la Unión Europea ve, y muchos juristas así lo dicen, que necesita actualización y habrá que hacerlo con el máximo consenso democráticamente en el Congreso de los Diputados”, aseguró en TVE. “La ambigüedad que rodea a día de hoy a delitos como el de sedición permitiría que se aplique a gente que para un desahucio o a una huelga de mineros que en un momento dado corten una autopista”, justificó.

Este respaldo contrasta con la posición manifestada por algunos barones socialistas. El presidente de la Junta de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, pidió al Gobierno claridad a la hora de acometer la reforma para que no haya dudas de que lo que sucedió el 1 de octubre en Cataluña “fue un grave atentado contra el orden constitucional y los españoles”.

En parecidos términos se expresó el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, convencido de que la reforma anunciada no se abordará en beneficio de los líderes del 1-O condenados por el Tribunal Supremo, porque “los Códigos nunca se pueden cambiar con nombres y apellidos”. En su opinión, la reforma no se hace por ellos, sino que a lo largo del proceso judicial se ha visto que no se han podido aplicar algunos delitos descritos en el Código Penal “probablemente pensando en un Tejero”. “No se han podido aplicar a casos que a todos nos dolieron mucho y en algún caso hasta nos escandalizaron”, indicó.

La 'reforma Junqueras'

Las críticas llegaron, de nuevo, desde las filas de la derecha, arropadas además por algunas asociaciones de jueces y fiscales. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, acusó al Gobierno de querer “amnistiar” a los líderes independentistas “condenados por intentar un golpe al Estado”. La “reforma Junqueras”, como la ha bautizado, persigue según él devolver el escaño al presidente de ERC y lograr así el apoyo de esta formación al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020.

Esta reforma penal, aseguró, es el “precio” que tiene que pagar Sánchez para “seguir en Moncloa”, algo que el PP no va a permitir, denunciándolo tanto en el Parlamento como en la calle. “Llegaremos donde haga falta”, prometió.

En idéntico sentido se pronunció Vox, que consideró el proyecto del Gobierno como un pago de “facturas” a los “golpistas” de ERC a cambio de su abstención en la investidura. Así lo expresó la secretaria general del grupo parlamentario de los ultras en el Congreso, Macarena Olona, según la cual en lugar de reformar a la baja el delito de sedición lo que hay que hacer es volver a la redacción original del delito de rebelión para que no sea necesario acreditar el uso de la violencia y promover cambios para prohibir los “indultos a golpistas” y las “salidas de la cárcel por la puerta de atrás”.

Inés Arrimadas, líder in péctore de Ciudadanos, se expresó del mismo modo la víspera al denunciar que Sánchez trata de promover “un indulto por la puerta de atrás”.

Asociaciones de jueces y fiscales

Asociaciones de jueces y de fiscales consultadas por Europa Press se pronunciaron también sobre la propuesta de reforma, aunque gran parte de ellas evitan opinar a la espera de conocer el contenido. El Foro Judicial Independiente (FJI), sin embargo, ya avisa de que le parece “muy mal” porque a su juicio el Gobierno quiere legislar para un caso concreto y no porque una realidad social haya cambiado.

De idéntica opinión es la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que cree que hay otras prioridades. “Resulta al menos curioso o sorprendente, motivo para estar vigilantes, porque si vamos a hacer un Código Penal a medida de las necesidades del Gobierno lo llevamos claro”, asegura un portavoz no identificado.

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpd), en cambio, recuerda que todos los gobiernos en democracia han dejado su impronta en el Código Penal y que en el caso de la rebelión no es la primera propuesta que se hace para su reforma: el PP en la pasada legislatura ya quiso introducir la posibilidad de la rebelión impropia sin necesidad de violencia.

La modificación de la rebelión y la sedición en el Código Penal ha sido defendida en el pasado por numerosos expertos en derecho penal, entre ellos el magistrado emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín. En un artículo publicado el pasado junio en la revista digital Ctxt aseguraba que, ante la “realidad incuestionable” de que todos los intentos hechos por el juez instructor para que diferentes países le entregasen a los políticos independentistas huídos al extranjero han fracasado, “ha llegado el momento de que los políticos transmitan a la sociedad que, al margen de la posición que mantengan sobre las posibilidades legales de la independencia de Cataluña, un Gobierno y la presidenta de un Parlamento no pueden cometer un delito de rebelión o de alta traición por el hecho de haber tomado decisiones, inequívocamente inconstitucionales, pero en la antípodas de un delito insurreccional”. “Si entre todos llegamos a esta convicción y se reduce la respuesta penal a su verdadera dimensión, sería un buen paso para restablecer los puentes e intentar, con la necesaria reflexión y rectificación de los independentistas catalanes, la reanudación de una convivencia que permita, en un futuro más o menos próximo, encontrar alguna vía para que, descartando absolutamente de referéndum unilateral, se pueda buscar una fórmula satisfactoria para todos”.

Es un razonamiento que comparte el Grupo de Estudios de Política Criminal, integrado por decenas de expertos entre los que se encuentra el propio Martín Pallín. Este colectivo viene defendiendo desde antes de la sentencia del procés la reforma de estos delitos en el Código Penal, como también el portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens, el primero en reivindicar esta fórmula, en plena campaña de las elecciones de abril, para reducir indirectamente las penas de los políticos independentistas que entonces estaban siendo juzgados y que ahora cumplen penas de prisión. A su lado se ha alineado también el líder de Units per Avançar, Ramón Espadaler, hoy miembro del grupo socialista en el Parlament de Cataluña, que ya reclamó en 2018 la revisión de los tipos de sedición y rebelión en el Código Penal. Al igual que Calvo, Espadaler subraya que esta fórmula respeta escrupulosamente la división de poderes porque la reforma es competencia exclusiva del legislador.

Más drástica es la posición de ERC, que en 2018 presentó una proposición de ley en el Congreso para suprimir los delitos de rebelión y sedición del Código Penal para quienes declararan la independencia de una parte del país o para quienes convocasen o promovieran referendos careciendo de competencia para ello.

Ese mismo año, meses después de la declaración unilateral de independencia y con la autonomía catalana intervenida a través del artículo 155, Pedro Sánchez, entonces líder de la oposición al Gobierno de Mariano Rajoy, defendió una modificación del Código Penal para “adecuar el delito de rebelión a la España del siglo XXI” y, más concretamente al intento, razonaba, de romper la unidad territorial saltándose la ley. 

“Tenemos que aprender de la experiencia vivida” y que “la Constitución es un bien jurídico que debe ser defendido”, dijo entonces en una entrevista en TVE en la que aseguró que el delito de rebelión está tipificado y vinculado desde el año 1975 a los golpes militares, y “ahora estamos ante un hecho completamente distinto, inimaginable hace años, y es que responsables políticos al frente de instituciones públicas se están valiendo de esa posición para, de manera subrepticia, conculcar el orden constitucional”. “Si el Gobierno plantea esta modificación, el PSOE la apoyará”, prometió, y “si no lo hace, será el Grupo Socialista quien lo lleve al Congreso de los Diputados” para su debate.

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