La sospecha de filtración de una oposición en el Gobierno de Ayuso levanta a sindicatos e interinos

Un escrito anónimo enviado a centros de atención social de Madrid sobre un examen para interinos ha disparado las sospechas de que el contenido de la prueba se filtró. Y de que la filtración –esa es la clave del escrito– ha favorecido a quien hasta ahora era presidente del comité de empresa de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), a su esposa y a otra empleada supuestamente cercana al presidente del tribunal, que a su vez ocupa un cargo en la estructura de los 13 centros especializados en personas con discapacidad intelectual. Se trata de una acusación pendiente de investigación, pero de hasta dónde ha llegado el volumen de las alarmas habla lo siguiente: no solo el que era presidente del comité de empresa de AMAS, D.S.M., ha dimitido, sino que su sindicato –CSIT, una escisión de CSIF y mayoritario en la agencia madrileña– ha lanzado un comunicado donde exige al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) que investigue el caso "de forma inmediata". El propio responsable del área de servicios sociales de CSIT, Javier González, no duda en afirmar durante una conversación telefónica con este medio que, aun estando por demostrar las supuestas irregularidades, "es innegable que la duda está sobre la mesa". El dimisionario, que se declara objeto de injurias y ofensas y promete defenderse por la vía legal, no ha podido ser localizado por infoLibre.

González (CSIT) agradece la dimisión de D.S.M. porque con ello se visualiza que "CSIT no tiene nada que ver" con este todavía misterioso episodio. CSIT no solo ha divulgado un comunicado sino que ha dirigido una carta a la Consejería de Hacienda. En ella se refiere al escrito anónimo, que menciona nombres y apellidos e introduce afirmaciones graves que, al menos por ahora, nadie ha confirmado.

Insertado en el llamado proceso de estabilización de personal temporal –los interinos–, en el examen se jugaban los aspirantes una de las 57 plazas convocadas para centros cuya plantilla oscila entre los 1.300 y 1.500 contratados. ¿Cuántos han aprobado? 131. Superarlo era el primer paso. Someterse luego a un análisis de los méritos acumulados será el segundo escalón. La primera de la lista de aprobados y cuya cercanía al presidente del tribunal destaca Javier González, alcanzó una puntuación de 19,60 sobre un máximo de 20, cifra que todos los consultados consideran por completo fuera de lo común dado que implicaría haber acertado 49 de las 50 preguntas. La segunda aspirante de la relación de aprobados, esposa del ya expresidente del comité, cosechó un 19,56. Y su marido, 18,24. A partir de ahí, todo lo más a lo que llegó la tabla fue a 16,92.

Movimientos sindicales

"La diferencia de puntuación es muy notable, en ningún examen de estabilización he visto una nota tan alta", señala una fuente de otro sindicato, el CSIF. Nacido como una central destinada a los funcionarios pero ahora operativa en otros sectores, CSIF también ha acudido a la vía del comunicado como aviso a navegantes. En este caso, quien dirige el barco es la Consejería de Hacienda, de la que depende la Dirección General de Función Pública. El sindicato entiende que no es posible interponer una denuncia como organización pero ha ofrecido ayuda jurídica a quienes "se consideren afectados". ¿Para qué? Para recorrer el camino hacia la recusación del tribunal y que se retire a sus miembros del trámite de valoración de méritos.

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La que asesta el golpe de mayor dureza en relación a este examen es la Coordinadora de Empleados Públicos Temporales. "Llevamos –dice uno de sus miembros, T.D.A, que pide no ser identificado por su nombre al completo– bastante tiempo denunciando todas las presuntas irregularidades en los falsos procesos de estabilización en la Comunidad de Madrid. Con el empecinamiento de la Administración autonómica en llevar adelante todos los procesos de estabilización al margen de toda normativa europea y estatal, cuya finalidad dista mucho de una estabilidad real, nos encontramos que dichos procesos son tan opacos como hace décadas, cuando se celebraban oposiciones de forma regular". La coordinadora también ha difundido entre los trabajadores de la Comunidad de Madrid un comunicado que da por cierta la filtración del examen.

En opinión de esta fuente, "el caso del proceso de estabilización de los educadores de personas con discapacidad intelectual es un ejemplo de que el vínculo de la Administración y los agentes sociales más representativos es tan estrecho que no se puede discernir quién es quién". Y añade: "Se reparten los mejores puestos con notas que rozan el pleno al quince, mientras que una minoría consigue aprobar por la mínima, con muchos esfuerzos, y que en nada refleja los muchos años de trabajo precario y de entrega al servicio público".

De momento, es CSIT el que le ha enviado su comunicado a la Consejería de Hacienda. Pero el departamento que en esta legislatura dirige Rocío Albert asegura que todavía nadie le ha hecho llegar el escrito anónimo que pone el acento en una supuesta filtración. La respuesta oficial de la Consejería es que "una vez se tenga constancia del presunto escrito al que hace referencia el sindicato CSIT en su carta remitida a la Dirección General de Función Pública, esta Dirección General derivará el mismo a dos funcionarios inspectores de servicio para que realicen las actuaciones pertinentes e investiguen si ha existido algún tipo de irregularidad durante el proceso".