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El grupo parlamentario de Vox se ha quedado solo este martes en el pleno del Congreso en su defensa de volver al Código Penal anterior a la Ley del 'solo sí es sí', después de que el resto de grupos manifestase su rechazo a la toma en consideración de la proposición de ley, según han informado Europa Press.
La iniciativa, que se va a votar esta tarde, propone endurecer "la respuesta jurídico penal aparejada a la comisión de ciertos delitos contra la libertad e indemnidad sexuales", así como "retomar la diferenciación tipológica entre la agresión y el abuso sexual", dos conductas que, a su juicio, "son distintas y merecen un diferentes reproche penal".
Durante el debate, la diputada de Vox, Rocío De Meer, que ha defendido la propuesta, ha acusado al Gobierno de liberar a "violadores" y "pederastas" y ha señalado que la realidad en España es "demoledora" para las mujeres. "La realidad es demoledora para las mujeres en nuestro país. La realidad es que en 2023 ha sido el año más negro en asesinatos de mujeres desde el 2019. La realidad es que se denuncian ocho violaciones al día. La realidad es que las violaciones llevan creciendo de forma inminente", ha expuesto.
En esta línea, ha recalcado que las mujeres son "un negocio" para el Gobierno. "El negocio de los 570 millones del Ministerio de Igualdad, el negocio de los 20.000 millones de euros del plan estratégico de los próximos cinco años. El negocio que tras 20.000 millones de euros, que es lo equivalente a 10 veces el Ministerio de Sanidad, no ha salvado ni una sola vida", ha destacado.
También ha aludido a las personas extranjeras, a las que, según aseguró, "es una irresponsabilidad" traerlas "masivamente" a España.
La Plataforma de Afectados por la ampliación de la Línea 7B de Metro ha denunciado este martes que la Comunidad de Madrid llevará a cabo dos nuevos derribos de viviendas en San Fernando de Henares afectadas por las obras y ha convocado una concentración de protesta ante la "política de parches" por parte del Gobierno regional.
En concreto, los derribos se producirán en los próximos meses en las viviendas ubicadas en los portales 3 y 4 del número 7 de la calle Rafael Alberti y en el número 9 de la misma calle y afectarán a una veintena de familias, que actualmente están desalojadas de las casas, según han indicado los afectados tras una reunión con la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Vivienda, Transporte e Infraestructuras.
En concreto, los técnicos han comunicado a los vecinos que el estado de las viviendas es de ruina urbanística legal. Fuentes de la Consejería que dirige Jorge Rodrigo han indicado a Europa Press que esta decisión se trasladará también al Ayuntamiento, que tiene la competencia "o bien para declarar la ruina urbanística legal, que conlleva la demolición del edificio y el abono de indemnización por parte de la Comunidad, o bien de desestimarla y que el Gobierno regional rehabilite esas casas".
Según han indicado desde la Asociación de Afectados, en enero se solicitará al Ayuntamiento la declaración de ruina de los portales 3 y 4 del número 7 de la calle Rafael Alberti con la intención de comenzar el derribo en febrero o principios de marzo, unos trabajos que se espera se prolonguen durante un mes o mes y medio. La Orden de Emergencia para la totalidad del edificio de esta calle que termina en marzo de 2024 se ampliará así sin determinar la duración, que en cualquier caso sería no menos de seis meses.
Una vez efectuado el derribo, se volverá a inyectar mortero en la zona para consolidar todo el solar y las calles adyacentes y se ampliará la monitorización del entorno para volver a ver la estabilidad de los portales 1 y 2 de dicha calle. En caso de que todo se desarrolle con normalidad, los vecinos de estos dos últimos portales podrán regresar a sus viviendas. Una vez finalizada la rehabilitación de las viviendas, se entregará un certificado en el que se garantizará su seguridad en ese momento.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de ser el "único" que convierte las incidencias en la red de Cercanías en "un conflicto político", achacándolo al "afán enfermizo de su presidenta, su afición por la mentira y a su habilidad por escurrir el bulto".
"Cumplan con sus competencias, mientan menos y tengan un poco menos de afán de protagonismo porque en dos semanas que llevo en el Ministerio he tenido dos conflictos por ahí con ella, uno por las Cercanías y otro porque no le invité a una inauguración a 400 kilómetros de la Comunidad de Madrid", ha replicado Puente a una pregunta del senador del PP y 'número dos' del PP de Madrid, Alfonso Serrano.
En concreto, Alfonso Serrano ha pedido explicaciones al ministro de los últimos incidentes en la red de Cercanías de la Comunidad de Madrid, ironizando con el uso que hace de la red social 'X' y sus bloqueos a dirigentes madrileños, según recoge Europa Press.
Ante esto, Puente ha reivindicado la dotación del Plan de Cercanías de Madrid con una cuantía de 7.000 millones de euros, admitiendo que la renovación de la flota que se está produciendo y las obras en las dos estaciones más importantes de Madrid "causan problemas".
"Hagan ustedes la demagogia que quieran, pero todos los días se producen incidencias en todos los modos de transporte en España, pero el único sitio donde una incidencia se convierte en un conflicto político es en Madrid", ha apostillado.
El Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), órgano de interlocución entre el Ministerio de Defensa y las asociaciones profesionales del personal militar, presentará en su sesión plenaria de este miércoles una orden ministerial que apoya la movilidad geográfica del personal militar, incrementando en un 65% la dotación presupuestaria dedicada a la compensación económica por alquiler de vivienda para todas las escalas y agilizando su proceso de tramitación.
Además, en el que será el último pleno de 2023, el COPERFAS avanzará en el desarrollo reglamentario de la Ley de la carrera militar con la orden ministerial que establece las directrices de la formación necesaria para que todos los miembros de las Fuerzas Armadas puedan desarrollar una especialidad en el segundo tramo de su carrera militar, dotando de un marco de estabilidad a su trayectoria profesional.
Asimismo, se presentará también una orden ministerial con la que se inicia el proceso de revisión de los planes de estudio de la escala de oficiales con la implementación de un nuevo grado universitario en el ámbito del Ejército de Tierra, que comenzará a impartirse en el curso 2024/2025, en el que se definen las nuevas competencias profesionales y personales exigibles a los futuros oficiales del siglo XXI, según ha informado el Ministerio de Defensa y Europa Press.
Estas medidas se suman a otras aprobadas a lo largo de este año, entre las que destacan la eliminación de los límites de estatura y, en lo que respecta al acceso por promoción interna, se han eliminado las restricciones de edad.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha vuelto a evitar concretar una fecha concreta para la Conferencia de Presidentes autonómicos al ser preguntado por el asunto en el Senado, a la vez que ha acusado al PP, que gobierna en la mayoría de los comunidades, de querer adueñarse de este órgano multilateral y usarlo contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
El también expresidente de Canarias ha eludido responder al ser cuestionado en la Cámara Alta sobre cuándo se celebrará la reunión de líderes regionales, después de que los territorios del PP hayan urgido al Ejecutivo de Pedro Sánchez una Conferencia de Presidentes para mostrar su rechazo al acuerdo entre el PSOE y Junts en materia de financiación y amnistía, ha informado Europa Press.
"Lo que quieren no es que se convoque la Conferencia de Presidentes, lo que quieren es usarla para más cizaña, más enfrentamiento, más encontronazo, más separación. Y eso es justamente todo lo contrario de lo que es la Conferencia de Presidentes" ha explicado el titular de Política Territorial.
En este sentido, ha asegurado que le "entristece" que una organización política como el PP quiera "adueñarse" de un órgano como la Conferencia de Presidentes o la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), "donde hay representantes de distintos partidos" para ir "contra el Gobierno de España".
Por otra parte, Torres ha defendido que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "lleva de presidente 26 días", y que la Conferencia de Presidentes es un órgano cuyo reglamento estipula la celebración de dos reuniones al año.
Diversos dirigentes de Podemos han destacado que el cierre del caso Neurona pone fin a un "capítulo vergonzoso" y "antidemocrático" de "guerra judicial" contra la formación y se han preguntado quién va a reparar ahora el daño causado a nivel reputacional.
La líder de Podemos, Ione Belarra, ha manifestado en un mensaje en la red social 'X' que el archivo del caso se produce en medio del debate sobre la amnistía en el Congreso, para que "nadie se entere" al denunciar que el objetivo de esta causa siempre fue el "impacto mediático". "Mayúsculo entonces, mínimo ahora. Seguimos, con determinación porque sí se puede", ha zanjado.
La exministra de Igualdad, Irene Montero, también ha señalado también en esa red social que acaba "este capítulo de la antidemocrática guerra judicial contra Podemos", preguntaréndose que ahora quién repara el daño causado a Podemos y cómo se asegurará que no vuelve a suceder, según ha informado Europa Press.
"No vamos a olvidar lo aprendido: no nos temen por lo que ya hemos hecho sino por lo que somos capaces de hacer", ha zanjado la 'número dos' de la formación morada.
El exportavoz de Unidas Podemos en el Congreso Pablo Echenique ha criticado que nunca hubo pruebas contra la formación morada pero se "mantuvo el juicio fake abierto durante años como parte de una operación política para sacar a Podemos del Gobierno". "Conseguido su objetivo, lo cierra", ha lanzado sobre la actitud del juez Juan José Escalonilla que instruía la causa ya archivada.
Los Veintisiete han dedicado este martes menos de media hora a la petición española de reconocer el catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea, una cuestión que España llevó de nuevo a la mesa de los ministros europeos en la última cita bajo su presidencia rotatoria y que se ha despachado sin avances tras constatar que siguen sin tener los análisis jurídicos, prácticos y financieros que las capitales reclaman para examinar la cuestión a fondo.
Ha sido la cuarta vez consecutiva en la que España, que durante este semestre ha decidido el orden del día de las reuniones, ha incluido la incorporación en el reglamento lingüístico europeo de las tres lenguas cooficiales en el Consejo de Asuntos Generales de la UE.
En un primer momento figuró como un punto para adopción, pero la evidente falta de apoyos para una modificación de las reglas comunes que requiere unanimidad, provocó que se limitara a un balance de la situación. La falta de resultados en el que era uno de los compromisos del PSOE con Junts de cara a la nueva legislatura ha enojado también al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, quien en las redes sociales ha considerado "insuficientes" las gestiones del Gobierno.
En este contexto, apenas siete delegaciones han tomado la palabra además del secretario de Estado para la UE, Pascual Navarro, que ha defendido la petición española, según han indicado a Europa Press distintas fuentes europeas.
Varias delegaciones lamentan que el asunto siga en el orden del día a pesar de la falta de avances y de no contar con la información precisa sobre el impacto legal, práctico y financiero necesario, a su juicio, para abordar una reflexión de fondo. Mientras desde uno de los países con más dudas apuntan que esperan que "este sea el último Consejo en una temporada en que tratamos este tema", desde otro socio inciden en que "no se tienen los datos necesarios para tomar una decisión".
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha echado en cara este martes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la condena a sus declaraciones sobre "colgar por los pies" a Pedro Sánchez cuando él, a pesar de las "exigencias", nunca se sumó al "linchamiento" por la fotografía del conservador con Marcial Dorado, condenado por narcotráfico.
"¿Sabe cuántas veces me han exigido en directo, en televisión, que condene una foto suya con una persona por la que de manera injusta le querían relacionar a usted con el narcotráfico y yo nunca me he sumado y nunca me sumaré en el futuro a esos linchamientos?", le ha preguntado Abascal a Feijóo durante el pleno.
Los cinco diputados de Podemos han pasado a estar ubicados en la cuarta fila del hemiciclo del Congreso tras abandonar Sumar para ingresar en el Grupo Mixto.
De esta forma, los representantes morados Ione Belarra, Martina Velarde, Javier Sánchez Serna, Noemí Santana y Lilith Verstrynge ocupan sus escaños al lado de la segunda fila de ERC y delante de diputados de Vox, según recoge Europa Press.
Además, los morados ya han visto tramitadas sus primeras iniciativas parlamentarias como miembros del Grupo Mixto, una serie de preguntas escritas al Gobierno sobre "las previsiones acerca de finalizar el comercio de armas con Israel", sobre "el incumplimiento del plazo para la constitución de un grupo de trabajo para avanzar en una propuesta normativa de regulación de los contratos de arrendamiento de uso distinto del de vivienda", y sobre "medidas previstas para frenar la proliferación de vivienda turística".
El BNG, Coalición Canaria y UPN ya tenían repartidas las portavocías del Grupo Mixto, pero con el desembarco de Podemos ahora deberá reorganizarse todo y aprobarse una relación definitiva de miembros del grupo en las comisiones parlamentarias. Y los morados, que tiene cinco de los ocho escaños del Mixto, asumirán un mayor protagonismo.
De entrada, los morados están interesados en tener presencia en Derechos Sociales, dado que en la pasada legislatura dirigieron ese ministerio. De hecho, Ione Belarra iba a ser la portavoz de Sumar en esa comisión y su compañera Noemí Santana iba a presidirla, pero perdieron sus puestos al romper con Sumar, dado que el grupo plurinacional procedió a darles de baja de todas las comisiones.
La ministra de Hacienda y vicepresidenta cuarta del Gobierno, María Jesús Montero, ha replicado a una pregunta del PP en el Senado que no le consta por el momento que ninguna formación política haya planteado al Ejecutivo de Pedro Sánchez la cesión del 100% de la recaudación de los impuestos a las comunidades autónomas.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Montero ha dado respuesta de esta manera a una pregunta de la senadora del PP María Salom, que pedía conocer el criterio del Ejecutivo de Sánchez "respecto a la posibilidad de ceder el 100% de los tributos a las comunidades de régimen común".
"Hasta donde yo sé, salvo que el PP me sorprenda en el día de hoy co una propuesta en este sentido, no conozco ninguna formación política que haya planteado la cesión del 100% de los tributos a las comunidades ", ha contestado Montero a la senadora 'popular', según informa Europa Press.
Sin embargo, la parlamentaria del PP le ha señalado que el 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán, firmó un acuerdo con Junts en el que se planteaba la reivindicación de las formaciones independentistas de recaudar todos los impuestos.
Al respecto, la ministra de Hacienda le ha instado a aclarar si es el PP el que está haciendo la propuesta de que algunas de sus comunidades autónomas puedan disponer del cien por cien de la recaudación de los impuestos.