El PP acusa al PSOE de "humillar" a la democracia tras su "nueva cesión" a Junts con los delitos de terrorismo

La OTAN ha firmado este martes contratos militares conjuntos valorados en 1.200 millones de dólares (más de 1.100 millones de euros) para la fabricación de munición de 155 milímetros, que los aliados usarán para rellenar sus reservas y para enviar a Ucrania en el contexto de la invasión de Ucrania, según ha informado Europa Press.

Las compras se realizarán de forma mancomunada a través de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA, por sus siglas en inglés) y permitirá la producción de cientos de miles de proyectiles de artillería. Este paso, a ojos del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, demuestra que las adquisiciones conjuntas de la OTAN "está dando sus frutos".

"La guerra de Rusia en Ucrania se ha convertido en una batalla por la munición, por lo que es importante que los aliados repongan sus propias existencias, mientras seguimos apoyando a Ucrania", ha insistido el jefe político de la OTAN. La organización que calcula que desde que puso en marcha el plan de acción de la agencia, los aliados han agrupado contratos por valor de 10.000 millones.

Stoltenberg ha señalado las compras conjuntas como el camino a seguir, insistiendo en que aumentar la capacidad de producción de munición es una "necesidad absoluta" para continuar apoyando a Ucrania. Los plazos de entrega de los contratos firmados este martes es de 24 a 36 meses, según la capacidad de producción de las armerías.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha rechazado que el PP critique sus palabras cuestionando las "querencias" del juez García Castellón cuando el primer partido de la oposición mantiene "secuestrado" el Consejo del Poder Judicial bloqueando su renovación durante más de cinco años y cuando sus dirigentes hablan del Tribuna Constitucional como "un cáncer para el Estado de Derecho".

La pasada semana Ribera dijo que el juez García Castellón tiene "cierta querencia" a pronunciarse en "momentos políticos sensibles" y "siempre en la misma dirección", en referencia a su insistencia en apreciar indicios de terrorismo en la causa sobre 'Tsunami Democràtic', en la que investiga al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, por un presunto delito de terrorismo, según ha informado Europa Press.

Aprovechando su comparecencia en el Congreso, el PP instó a la vicepresidenta a dejar el Gobierno por esas declaraciones que considera "inconcebibles". "Usted debiera dimitir o haber sido cesada", proclamó el portavoz 'popular', Juan Diego Requena.

La banca europea se enfrenta a importantes riesgos financieros, legales y de reputación como consecuencia de su "desalineación" con el camino hacia la transición climática, según ha advertido el Banco Central Europeo (BCE) en un informe publicado este martes que ha recogido Europa Press.

El análisis de 95 entidades representativas de alrededor del 75% de los préstamos de la zona euro muestra que actualmente las carteras de crédito de los bancos están sustancialmente desalineadas con los objetivos del Acuerdo de París, "lo que genera elevados riesgos de transición para aproximadamente el 90% de estos bancos".

El estudio realizado por el BCE muestra que los riesgos de transición para los bancos se derivan en gran medida de la exposición a empresas del sector energético que se están quedando atrás en la descarbonización y que están retrasadas en el despliegue de la producción de energía renovable.

De este modo, alrededor del 5% del crédito a empresas no financieras se concede a los seis sectores en transición analizados, señala el supervisor bancario, advirtiendo de que las exposiciones de los bancos a contrapartes desalineadas puede aumentar en más del 50% si las líneas de crédito a estas contrapartes se utilizan en su totalidad.

Sobre la base de los seis sectores analizados, petróleo y gas, minería del carbón, generación de energía, automoción, acero y cemento, el BCE considera evidente la necesidad apremiante de una transformación significativa de la infraestructura productiva de la eurozona, financiada por los bancos de la región en términos alineados con los objetivos del Acuerdo de París.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado que el Gobierno activará un proceso de consulta con todos los actores del sector energético para llevar a cabo un despliegue "ordenado" de las energías renovables que repercuta en beneficio de los territorios.

En concreto, la idea es impulsar los objetivos de generación renovable hasta un 81% para 2030, acorde con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), cuya actualización Ribera confía en tener aprobado en los "próximos meses", según ha informado Europa Press.

Este es uno de los anuncios que la vicepresidenta ha hecho durante su comparecencia en el Congreso para detallar las líneas generales de su departamento en esta legislatura.

En su opinión, el impulso a las renovables requiere de una visión "ordenada y justa", de modo que se vele por que en el territorio las cosas "se hagan bien" y estas renovables aseguren una "adecuada redistribución de los beneficios".

Por eso, el Ejecutivo planea reunirse con los diferentes actores implicados en la industria para identificar las mejores "prácticas y cautelas" para conciliar los distintos objetivos en un despliegue "ordenado" de energías renovables. Así, se combinaría la zonificación y acceso a beneficios por parte de los territorios con mejoras y capacidad de gestión de la integración renovable.

Esquerra Republicana considera que, con las enmiendas incluidas en la proposición de Ley de Amnistía este martes a su paso por la Comisión de Justicia, la norma ya garantiza que serán amnistiados los miembros de los Comités de Defensa de la República y los encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democrátic tras la sentencia que condenó a los líderes del procés.

Así lo ha explicado en declaraciones en el Congreso la portavoz adjunta de ERC, Teresa Jordà. "Estamos satisfechos", ha reconocido, destacando que aunque su partido, y Junts, siguen defendiendo un texto "de máximos" han sido capaces de encontrar un "punto de encuentro" con el PSOE para que la ley sea "más robusta" y que beneficie a todos los colectivos que ellos querían.

"La ley ya incluye a todas las personas demócratas que trabajaron para tener un país mejor y en ningún caso hubo ningún tipo de delito como los que, desde algún estamento del Estado nos quieren hacer ver que existieron, pero no existieron", ha dicho Jordà.

Podemos ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asuma responsabilidades políticas y dé explicaciones tras declarar el Tribunal Supremo ilegal las devoluciones en caliente de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en 2021. Así lo ha trasladado la secretaria de Organización de la formación y diputada en el Congreso, Lilith Verstrynge, en declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso, para recalcar Sánchez es el principal responsable de la política migratoria del Ejecutivo y debe pronunciarse sobre la actuación del ministro, Fernando Grande Marlaska.

Verstrynge ha remarcado que ya en 2021 Podemos, que entonces compartía Gobierno de coalición con el PSOE, dirigió desde el Ministerio de Derechos Sociales, que lideraba entonces Ione Belarra, una carta al titular de Interior para poner de manifiesto las dudas de la legalidad de estas prácticas y rechazar dichas devoluciones en caliente.

"Hoy el Tribunal Supremo nos da la razón", ha enfatizado la 'número tres' de la formación morada, quien ha calificado también de cuanto menos "curioso" que la sentencia del alto tribunal llegue en la misma semana en la que el presidente "presume públicamente" de tener políticas migratorias en "términos humanistas".

La sociedad de la nieve de José Antonio Bayona ha cosechado dos nominaciones en los Oscar. La cinta está nominada a mejor película extranjera y también a mejor maquillaje y peluquería.

Robots dreams también competirá como mejor película de animación.

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado este martes que Israel no puede tener "derecho a veto" para la autodeterminación de Palestina, en un momento en el que la UE está decidida a avanzar en la solución de los dos Estados como medio para pacificar Oriente Próximo.

En declaraciones junto al ministro de Exteriores egipcio, Samé Shukri, el jefe de la diplomacia europea ha afirmado que la reunión de ministros de Exteriores de los Veintisiete con los países árabes de la región sirvió para dejar clara la voluntad de dar pasos en la solución de dos Estados, lo que se traduciría en la creación del Estado palestino y sobre la que Israel no debe tener la última palabra.

"Se puede decir de distintas formas, pero esta claro que Israel no puede tener el derecho de veto a la autodeterminación del pueblo palestino", ha recalcado Borrell, después de que defendiera este lunes que la comunidad internacional tiene la "obligación moral" de buscar una salida a la crisis en Oriente Próximo y que si Israel se opone a la solución de dos Estados, hay "elementos y condicionantes" para presionar al Estado hebreo.

"Una cosa fue clara ayer y es que tenemos que seguir hablando y discutiendo. Esto no ha acabado pero tuvimos oportunidad de escuchar a todos para encontrar formas de que se implemente una solución", ha reflexionado.

Junto a Borrell, el ministro egipcio ha apoyado el liderazgo del Alto Representante de quien ha aclamado su "claridad y visión" para abordar todas las dimensiones del conflicto en Gaza y su intención de resolverlo. "Es responsabilidad de la comunidad internacional poner fin al ciclo de violencia en la región y es hora de resolverlo, no de gestionarlo, posponerlo y crear una sensación falsa de tranquilidad", ha apuntado Shukri, señalando que hay un "consenso creciente" en la UE para poner fin al conflicto e impulsar la creación del Estado de Palestina.

El Partido Popular ha acusado este miércoles al PSOE de "humillarse" a sí mismo y a la democracia tras su "nueva cesión" a Junts con los delitos de terrorismo en la ley de amnistía. Es más, ha destacado que los socialistas están aceptando ahora algo que "hace tan solo cuatro días" él mismo estableció como una "línea roja infranqueable".

En concreto, PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts per Catalunya y Podemos ha acordado excluir del proyecto de ley de amnistía los delitos de terrorismo "siempre y cuando de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos", lo que permitiría amnistiar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y a los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democrátic que han sido investigados en la Audiencia Nacional.

En declaraciones a los medios en el Congreso, el portavoz parlamentario del Grupo Popular, Miguel Tellado, ha afirmado que asisten "una vez más a una nueva cesión del Partido Socialista frente a Junts". A su entender, un Gobierno que "ampara terroristas y que al mismo tiempo ataca a los jueces no tiene cabida en una democracia moderna" como la española.

Tras asegurar que la situación en España es "francamente dramática", Tellado ha recalcado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "se ha convertido en un auténtico problema". Por eso, ha exigido al PSOE que "suspenda" la tramitación de esta proposición de ley de amnistía, que ha tildado de "error histórico" para la democracia.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrado que la ley de amnistía "queda más blindada, fortalecida y con más rigor jurídico" con el acuerdo sobre las enmiendas al que han llegado ERC y Junts con el PSOE. Lo ha dicho en una comparecencia en el Palau de la Generalitat después de la reunión semanal del Consell Executiu, y que ha sustituido la rueda de prensa habitual de la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja.

"Hay enemigos muy poderosos que quieren impedir la aplicación" de la ley de amnistía, ha señalado Aragonès, que ha calificado de positivo el acuerdo con los socialistas para las enmiendas.

El presidente catalán ha sostenido que confiaba en que hubiese acuerdo, y ha añadido que el pacto se ha logrado gracias al buen trabajo de las personas implicadas, tras lo que ha deseado que continúe la tramitación para poder celebrar la aprobación definitiva de la ley. "Celebramos los acuerdos, que nos decían que eran imposibles. Vamos a hacer muchas cosas que ahora nos dicen que son imposibles", ha subrayado Aragonès.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha rechazado que el Gobierno haya cruzado una línea roja respecto a la consideración del delito de terrorismo en la ley de amnistía al pactar una enmienda con Junts que solo excluye este tipo penal de la ley cuando se produzcan violaciones graves de derechos humanos.

Por el contrario sostiene que este cambio en la norma aporta más seguridad jurídica. Asimismo, fuentes gubernamentales precisan que el cambio deja en manos de los jueces la decisión de si los delitos que se juzgan alcanzan ese nivel de gravedad que los excluye de la Amnistía.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes en La Moncloa, Bolaños ha sido cuestionado por este último cambio pactado con Junts, cuando desde el Gobierno venían sosteniendo que dejar fuera de la amnistía los delitos de terrorismo era una línea roja que no iban a pasar.

En todo caso el ministro ha defendido que este límite no se ha traspasado porque a su juicio el terrorismo sigue exceptuado "cuando haya una violación grave de derechos humanos". "Esa era nuestra línea roja y así se ha pactado hoy en la Comisión de Justicia" del Congreso de los Diputados, ha defendido.

Afirma además que lo que se ha hecho es mejorar el artículo, "garantizar su seguridad jurídica" y adaptarlo "a los mejores estándares europeos", es decir la directiva europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, según trasladan.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado este martes que la actual consellera de Presidencia, Laura Vilagrá, será nombrada vicepresidenta del Govern.

Lo ha dicho en una comparecencia en el Palau de la Generalitat después de la reunión semanal del Consell Executiu, y que ha sustituido la tradicional rueda de prensa de la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja.

También ha anunciado que el actual director de la Oficina de Estrategia y Comunicación de la Presidencia y del Govern, Sergi Sabrià, será viceconseller de Estrategia y Comunicación del Govern.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido que el Gobierno actuó "siempre de buena fe" en la devolución de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 aunque ha afirmado que "acata y respeta" la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ha tildado de ilegal la expulsión. "Las autoridades competentes siempre actuaron de buena fe, conforme, lógicamente, a la legalidad vigente y protegiendo en todo momento el interés de los menores", ha aseverado la también ministra de Educación, FP y Deportes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

No obstante, Alegría ha asegurado que, "como no puede ser de otra manera", el Ejecutivo "acata y respeta" la sentencia del Tribunal Supremo, si bien ha insistido en defender la actuación tanto del Gobierno como de las autoridades ceutíes en la entrada de los migrantes en agosto de 2021.

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha "celebrado" que el Ejecutivo de coalición, del que forma parte por parte de Sumar, haya "expresado de forma muy clara su acatamiento y máximo respeto" por la sentencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, ha manifestado que, a su juicio, "cualquier intervención de cualquier poder del Estado debe atenerse estrictamente a la legalidad, al interés del menor y a un enfoque de derechos humanos".

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha justificado que los malos resultados de España en el Informe PISA, que han provocado que el Gobierno anuncie un plan de refuerzo en Matemáticas y comprensión lectora, "provienen de LOMCE, la ley del Partido Popular".

"Los alumnos que realizan esas pruebas son alumnos todavía con el sistema educativo del anterior Gobierno del Partido Popular", ha aclarado este martes la ministra durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En este contexto, ha ensalzado que el PSOE ha hecho una "inversión histórica" en materia de educación "tras unas épocas de recortes en materia educativa por parte del PP". "Esta es la realidad, veníamos de unas épocas de recortes en materia educativa por parte del Partido Popular y hemos pasado a una legislatura donde en educación se ha producido la mayor inversión histórica", ha sentenciado.

No obstante, Alegría ha reconocido que en el Gobierno no están "satisfechos" con los resultados de España en el Informe PISA, aunque ha matizado que tampoco van "a dar pábulo a ciertas lecturas absolutamente negativas y peyorativas sobre la calidad del sistema educativo" de España.

Así, ha recordado que en el Informe PISA España estaba en la posición 28 mientras que actualmente está en la posición 23, superando "a países tan importantes como Italia, Portugal y Noruega". "Y en este último informe estamos al mismo nivel que Alemania y que Francia", ha apostillado.

El grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona ha paralizado las conversaciones con el alcalde, Jaume Collboni, para formar gobierno, tras el "movimiento de piezas" con BComú y ERC, ha anunciado el portavoz de la formación, Jordi Martí, en rueda de prensa este martes.

Esta decisión se produce después de que el gobierno de Collboni haya intensificado las conversaciones con ERC, según apuntó la líder republicana, Elisenda Alamany, y la reunión con la líder de BComú, Ada Colau, el pasado sábado tras la que la exalcaldesa ve "inminente" un pacto entre PSC, BComú y ERC.

Martí ha explicado que Collboni trasladó al líder de Junts, Xavier Trias, que "hay cierta reorientación de las prioridades" y que existen dificultades a la hora de llegar a posibles acuerdos con Junts, ha detallado.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha modificado el auto de apertura de juicio oral por la denominada Operación Kitchen acordando la exclusión de los delitos de secuestro y organización criminal.

En un auto de este martes, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 explica que en sus escritos de acusación el extesorero del PP Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, así como Podemos incluyeron respectivamente los delitos de secuestro y organización criminal, que el juez admitió en su auto de apertura de juicio oral. Se trató, sin embargo, de un error técnico.

En concreto, ahora el magistrado da la razón a la Fiscalía, que planteó en su recurso que estos delitos, en abstracto, contemplan penas superiores a los nueve años de prisión que es el tope para los tipos penales que se pueden investigar en el marco del procedimiento abreviado, como se tramitó esta pieza.

Junts ha explicado este martes en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que las enmiendas transaccionales pactadas con el PSOE a la ley de amnistía están dirigidas a evitar que el procés sea calificado de "terrorismo", al considerar que se trata de una "aberración jurídica".

El diputado de Junts Josep Maria Cervera ha señalado que uno de los objetivos de las enmiendas transaccionales es "cubrir todos los supuestos de uso fraudulento de los mecanismos jurídicos para impedir una efectiva, eficaz y rápida aplicación de esta ley". "Una amnistía diferida no es amnistía", ha dicho.

En concreto, ha apuntado que, "como dice Gonzalo Boye" -el abogado del ex presidente catalán Carles Puigdemont-, estos cambios responden a "la necesidad de superar la imaginación de algunos magistrados que quieren incardinar algunos hechos en unos tipos penales que todos sabemos que de ninguna manera lo son".

El Gobierno ha impulsado este martes, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, un nuevo modelo de tarjetas monedero para familias con hijos en situación de pobreza severa, que sustituye a las cestas de alimentos, "para que las familias no tengan que ir a las colas del hambre". Con este nuevo sistema, el Ejecutivo prevé llegar, a partir del próximo mes de abril de 2024, a unas 70.000 familias y a más de 100.000 personas.

"Hoy damos un paso decisivo para dignificar la protección social y que las familias con hijos e hijas a cargo no tengan que ir a las colas del hambre", ha subrayado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Para ello, el Gobierno ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, un Real Decreto que regulará una concesión directa, con carácter excepcional y por razones humanitarias, de una subvención a Cruz Roja Española para poner en marcha este programa de tarjetas monedero durante el año 2024.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que las autoridades competentes actuaron en 2021 preservando el "interés superior del menor" cuando procedieron a su devolución a Marruecos desde Ceuta en el verano de 2021, pese al fallo del Tribunal Supremo (TS) que ayer declaró ilegal este procedimiento.

En declaraciones a la prensa antes de comparecer en el Congreso, Grande-Marlaska ha señalado que "respeta" la resolución del Supremo, como hace con todas las decisiones judiciales, aunque acto seguido ha repetido que se acordó la devolución de menores migrantes desde Ceuta atendiendo al interés de estos niños y niñas.

"Las autoridades competentes en la materia actuaron en todo momento con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico y siempre bajo el principio del interés superior del menor", ha dicho en una breve declaración.

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes la petición realizada por el PP para que en la misma comparezcan expertos que puedan "asesorar" en relación a la proposición de ley de amnistía. La diputada conservador María Jesús Moro ha defendido la necesidad de estas comparecencias indicando que esta es "una de las leyes más discutidas, con más problemas, con más opacidad" y con "una autorredacción de los beneficiados" por la amnistía.

Por su parte, el diputado socialista Francisco Aranda ha rechazado este "intento filibustero del PP", misma posición que han manifestado Sumar, Podemos, Bildu, Junts y ERC.

Así, la diputada de Podemos Martina Velarde ha considerado que se trata de "un intento de retrasar la ley" de amnistía por parte del PP, mientras que su compañera de ERC Pilar Vallugera ha indicado que "ya ha habido suficientes posicionamientos públicos".