Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este jueves 18 de mayo:
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El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha lamentado la aprobación de la nueva Ley de Vivienda y ha ironizado sobre ella al decir: "Acabarán entrando los okupas bajo palio en las casas, y con derecho a canapé". Así lo ha señalado en un mitin del PP en Salamanca, en el que también han participado el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el candidato de los populares a la Alcaldía de la ciudad, Carlos García Carbayo.
Tras destacar la labor desarrollada por García Carbayo en el Ayuntamiento de Salamanca, donde aspira a la reelección, también ha felicitado a Fernández Mañueco por su "gestión" al frente de la Junta de Castilla y León. En referencia a la actualidad autonómica, ha hecho alusión a las críticas de las ministras Nadia Calviño y Yolanda Díaz al actual Gobierno de la Junta en Castilla y León. Sobre ello, Mariano Rajoy ha lamentado que tengan "obsesión con Castilla y León".
A continuación, en referencia a este mismo asunto, ha aconsejado a ambas ministras "un poquito de finura porque esto no se arregla a estacazos" y les ha recordado que Castilla y León tiene "la fiscalidad más baja de su historia", es "líder" en atención a la dependencia, es la "quinta en menor cifra de paro", ha recuperado el Producto Interior Bruto previo a la pandemia y es "líder en educación", entre otras apreciaciones que ha enumerado en el acto político.
Asimismo, en el mismo mitin en Salamanca, ha confesado que siente preocupación por la inflación, la subida de las hipotecas, el aumento "desmesurado" del gasto público y de la deuda pública y que España se esté "alejando de Europa en renta per cápita".
El Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid ha citado a declarar como testigos a la coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, y a Enrique López Ventura, en calidad de director general de Emergencias del Consistorio madrileño, en el marco de la investigación abierta a raíz de una denuncia por presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid contra una empresa por la venta de un lote de mascarillas defectuosas.
En concreto, la estafa de unos 1,2 millones de euros se denunció el pasado mes de julio por parte de la Policía Municipal de Madrid tras la llegada de una partida defectuosa de medio millón de mascarillas compradas a un proveedor de Estados Unidos. La causa se dirige contra la empresa Sinclair and Wilde y su reapertura se produjo como consecuencia del informe ampliatorio que con fecha 12 de abril de 2022 se dirigió al juzgado y en el que se comunicó que el investigado, Philippe H. S., tiene su residencia en Inglaterra.
En este marco, el titular del juzgado, el magistrado Jorge Bartolomé, ha fijado la declaración como testigo de Elena Collado para el próximo 13 de julio a las 10 horas, mientras que Enrique López, quien figura como
denunciante en la documentación que obra en autos y manifestó que las mascarillas habían sido analizadas por personal responsable, pero sin especificar el mismo, tendrá que acudir el 20 de julio a las 10,30 horas.
El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha confirmado este jueves que el asesinato de una mujer registrado este miércoles en Málaga es un nuevo caso de violencia de género y ha elevado a 19 la cifra de víctimas mortales de esta lacra en 2023 y a 1.203 el histórico que se contabiliza desde 2003.
La víctima, de 28 años y con tres hijos menores, fue asesinada con un arma blanca por su pregunto agresor. Este contaba con antecedentes en el sistema Viogén pero por otras relaciones anteriores, mientras que ella también había entrado en el sistema, también por una pareja anterior.
En este caso, según ha confirmado Igualdad, la víctima no había interpuesto una denuncia por violencia de género contra su presunto agresor previamente al suceso.
El Tribunal Supremo (TS) ha absuelto a un hombre que fue condenado a seis meses de cárcel por un delito de desobediencia por salir a la calle en abril de 2020, saltándose así el primer confinamiento decretado para contener la pandemia de coronavirus, toda vez que el Tribunal Constitucional (TC) declaró que el estado de alarma que amparaba este tipo de restricciones vulneró la Carta Magna.
En una sentencia del pasado 8 de mayo, ponencia del magistrado Julián Sánchez Melgar, la Sala de lo Penal estima el recurso presentado por un vecino de Lugo que la noche del 17 de abril de 2020 fue sorprendido por la Policía Nacional en la calle en pleno confinamiento.
Según los hechos probados, los agentes le preguntaron si tenía alguna justificación para saltarse las restricciones fijadas por el artículo 7 del Real Decreto 463/20, de 14 de marzo, por el que se declaró el primer estado de alarma.
El hombre les contestó que "tenía perfecto derecho a estar en la calle" y que, a pesar de que ya le habían detenido varias veces por lo mismo, seguiría haciéndolo, augurando además que los agentes se cansarían antes de detenerlo que él de salir. "No tengo porqué ir a casa", les espetó.
Todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) --la mayoritaria de los jueces--, se muestran a favor de aceptar la oferta de 450 euros al mes que les ha hecho el Ministerio de Justicia para evitar la huelga. Está previsto que esta tarde, a las 16.30 horas, continúen con la negociación y cierren los "flecos" del acuerdo.
Este jueves, tras más de tres horas de reunión en el marco de la Mesa de Retribuciones, las siete asociaciones han comunicado a los ministerios de Justicia y de Hacienda su postura sobre la propuesta que les presentaron el pasado martes, en la que se contempla una aportación de 46,7 millones de euros para mejorar las retribuciones de jueces y fiscales.
Según han informado varios portavoces de las asociaciones tras la sesión de esta mañana, la mayoría respaldará la oferta del Ministerio tras terminar de afinar esta tarde los detalles del acuerdo. De firmarse este pacto, se alejaría el escenario de huelga indefinida que estaba previsto a partir del 22 de mayo.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha rechazado este jueves la ley que propone Podemos el Congreso en el Congreso para perseguir penalmente e ilegalizar a 'Desokupa' y ha recalcado que el Código Penal "funciona" si hay un delito.
En concreto, Podemos ha registrado una proposición de ley para, mediante una reforma del Código Penal, perseguir a empresas de desokupación, como 'Desokupa', con penas de hasta cuatro años de cárcel.
De esta forma, el texto de los morados plantea castigar a personas y empresas que, movidos por el ánimo de lucro, "hostiguen, acosen, discriminen o intimiden" a personas en situación de vulnerabilidad, para lo cual se crearía un nuevo tipo penal que permitiría la disolución de organizaciones como Desokupa.
El Supremo ha rechazado el recurso presentado por Ignacio Palau, expareja del cantante Miguel Bosé, en el que pedía que los dos fueran reconocidos como padres de los cuatro hijos que tuvieron en su día por gestación subrogada, de los cuales dos eran hijos biológicos de uno y otros dos, del otro. El alto tribunal fija que los lazos afectivos no son suficientes para reconocer la paternidad de los dos sobre los cuatro menores, aclarando que para ello debían haber adoptado.
La Sala de lo Civil ha explicado que, "con independencia de las circunstancias del nacimiento de los hijos o del sexo de los progenitores, no es suficiente para establecer una filiación el mero vínculo socio-afectivo de los menores entre sí y con quien fue la pareja de su respectivo padre".
"El ordenamiento español establece para estas situaciones el cauce de la adopción que pudieron seguir las partes durante la convivencia y que, una vez rota la pareja, es inviable", indica la Sala Primera en una nota informativa.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que los servicios jurídicos del PP consideran que no se puede ilegalizar a Bildu con la actual Ley de Partidos como ha planteado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que pida a la Abogacía que se pronuncie para "resolver" esta cuestión y, de esta forma, "despejar cualquier tipo de duda".
Así se ha pronunciado después de que Ayuso haya asegurado --en un desayuno informativo organizado por Europa Press-- que ella es partidaria de instar la ilegalización de Bildu a través del artículo 11 de la Ley de Partidos. Pese a que la dirección del PP no contempla esa vía, la dirigente madrileña sostiene que se debería "intentar" porque la coalición abertzale no es "heredera de ETA" sino que "es ETA".
Al ser preguntada expresamente en varias ocasiones si la dirección del PP considera que ETA sigue viva y si considera que Bildu podría ser ilegalizada como plantea Ayuso, Gamarra ha admitido que han realizado consultas con sus "equipos jurídicos" y "consideran que no se incurriría en ese supuesto".
El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves tomar en consideración la proposición de ley del PP para cambiar el método de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En la votación, el PP ha sumado el apoyo de Vox, Ciudadanos y sus aliados de Foro Asturias y Navarra Suma, pero se ha impuesto la mayoría absoluta (176 votos) que han formado PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Bildu, Más País-Compromís, Junts y PDeCAT, entre otras formaciones.
En el debate de la iniciativa, que tuvo lugar el pasado martes, los partidos del Gobierno y sus socios parlamentarios ya anunciaron su rechazo a la reforma del PP tachándola de "electoralista, falsa y oportunista". "Es una tomadura de pelo", llegó a decir el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens.
Es más, recriminaron al PP el bloqueo de la renovación del órgano de gobierno de los jueces en vez de "empezar la casa por el tejado". "Son prisioneros de su miedo: quieren controlar la Justicia por si un día acaban en ella", resumió el diputado socialista Francisco Aranda.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado este jueves que el comité de huelga, compuesto por los convocantes CSIF, STAJ, CCOO y UGT, ha decidido abandonar la mesa de negociación de servicios mínimos dada la actitud del Ejecutivo: "Un Gobierno sordo y ciego ante una justicia que revienta por los cuatro costados".
En un comunicado del sindicato, recogido por Europa Press, se apunta que la cifra de juicios que han tenido que ser aplazados o suspendidos durante este primer mes de movilizaciones y paros de los 45.000 funcionarios de Justicia asciende al medio millón.
Añaden que a ese número de suspensiones hay que sumar más de 30 millones de actuaciones judiciales paralizadas. Lamentan al hilo que "a pesar del grave deterioro que esto ha causado en los ciudadanos, el Ministerio de Justicia no ha mostrado voluntad de sentarse a negociar una mejora de las condiciones laborales del colectivo de funcionarios, que supone el 93 por ciento de la plantilla".
Sobre el abandono de la mesa, desde CSIF indican que toman esta decisión porque entienden que la estrategia del Ministerio de Justicia "es alargar el conflicto de manera artificial a pesar del perjuicio causado a los ciudadanos, cuyos intereses dependen en muchos casos de una resolución judicial". Así, advierten de que la huelga se tornará en indefinida a partir del 22 de mayo.