La educación concertada sigue ganando terreno en Bachillerato

Los conciertos educativos avanzan en Bachillerato. A pesar de ser una enseñanza no obligatoria –a diferencia de Primaria y ESO–, los promotores de la educación concertada insisten en que el Estado cubra con financiación pública esta etapa educativa preuniversitaria también en la educación privada. Y la propuesta se abre camino. De hecho, pone de acuerdo sin fisuras a los tres partidos conservadores de ámbito estatal: PP, Ciudadanos y Vox. El mejor ejemplo está en Andalucía, que hasta la fecha ha tenido por bandera restringir el crecimiento del trozo de la tarta de la concertada.

El compromiso número 72 del acuerdo de Gobierno de PP y Cs para Andalucía señala: "Habilitaremos progresivamente la implantación del Bachillerato concertado". Es un punto en el que los partidos del presidente Juanma Moreno (PP) y el vicepresidente Juan Marín (Cs) se pusieron de acuerdo sin dificultad. Además la concertación del Bachillerato está también incluida en el acuerdo de legislatura del PP con Vox. Es decir, tiene garantizada tanto su mayoría parlamentaria como su impulso ejecutivo desde el Gobierno.

Más elíptico es otro punto del acuerdo PP-Cs, que afirma: "Protegeremos los dos modelos educativos sostenidos con fondos públicos basados en la libre elección de centros que debe tener la familia, ya sea en el ámbito de la educación pública o la educación concertada". Javier Imbroda, nuevo consejero de Educación del nuevo Gobierno, ha afirmado ya que cree compatible la defensa de la educación pública con una apuesta por la concertada. En declaraciones a 7TV, el que fuera seleccionador nacional de baloncesto dijo que es partidario de que "las familias tengan libertad para elegir su centro", una afirmación en línea con el discurso de promoción de la concertada, singularmente el que mantiene la Conferencia Episcopal.

Otras comunidades ya han tomado la delantera en la carrera hacia la concertación del Bachillerato, el área en la que la enseñanza privada financiada con fondos públicos se encuentra con más dificultades para progresar, dado su carácter no obligatorio. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, de Ángel Garrido (PP), retomando la línea de Esperanza Aguirre de políticas favorables al máximo a la educación concertada, anunció en septiembre un programa de cheques-formación por valor de 8 millones de euros para financiar los estudios de Bachillerato a 3.000 alumnos. En paralelo el Gobierno madrileño trabaja en un decreto que facilitará la financiación pública de Bachillerato y la Formación Profesional en los centros privados, según informo la cadena Ser. Marea Verde Madrid ha denunciado que con todo ello se pretende dar una vuelta de tuerca a más políticas de concertación masiva y cesión de suelo público a colegios privados.

Por su parte, la Generalitat de Valencia, actualmente gobernada por el PSPV y Compromís, mantiene una batalla judicial para reducir los conciertos al Bachillerato, que fueron introducidos por el PP. En otras comunidades como Región de Murcia hay planes en marcha para su ampliación.

Avance de la concertada

El avance de la concertada ha sido hasta ahora imparable. Y además ha crecido y dejado atrás la crisis a costa de la pública. El Bachillerato ha sido hasta la fecha, salvo excepciones, un freno para esta expansión. En 2016, último año del que hay datos oficiales, el total de inversión pública en educación alcanzó los 47.578,9 millones de euros. A los centros públicos se dedicaron 41.523,5 millones, lo cual supuso un incremento del 2,06% con respecto al año anterior (40.681,8 millones). La subida en el porcentaje para la concertada fue algo mayor: un 2,35%, de 5.915,9 a 6.055 millones.Por primera vez la concertada superó la marca de los 6.000 millones de euros, tras un crecimiento de su inversión que supera el 50% desde 2004. En cambio, la inversión en la pública sigue por debajo de los umbrales precrisis. Es en este contexto, de lenta recuperación de la inversión en la red pública y progreso a toda velocidad de la concertada, en el que hay que insertar este impulso a la financiación con dinero público de una etapa formativa no obligatoria, que ampliaría aún más la tarta del sector privado.

Más datos que acreditan cómo la concertada come terreno a la pública. El techo de inversión en centros públicos de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas –sobre todo estas, que cargan con casi todo el peso inversor y las competencias– se alcanzó en 2009. La inversión en la pública llegó entonces a los 48.003,9 millones. Eso son 6.480,4 millones más que en 2016. El retroceso ha sido del 14,2%. La inversión de 2016 en la red pública también es menor que en 2008 (46.297,64 millones) y en 2007 (42.298,70 millones), todo ello según los datos de la serie estadística del Ministerio de Educación, que en su última actualización abarca de 1992 a 2016. En cambio, en el periodo 2009-2016 la inversión en concertada ha subido de 5.891,02 a 6.055 millones, lo que ha supuesto 2,78% puntos más. No obstante, el salto parte de más atrás. En 2004 la inversión en conciertos fue de 4.025 millones. Desde entonces el porcentaje ha crecido un 50,4%. Desde 1992, año en que arranca la serie y en el que se dedicaron 1.615,59 millones a la concertada, el porcentaje dedicado a la misma ha crecido en casi un 275%. La financiación de la educación pública ha subido bastante menos a lo largo de toda la serie, un 134,47% (de 17.709 a 41.523,5 millones).

Por comunidades autónomas, las que más financiación pública dedican a transferencias a la educación privada son Euskadi (24,4% del total del gasto público en educación), Navarra (21,1%), Madrid (19,6%), Baleares (19,3%) y Cataluña (17%) [ver aquí tabla con los datos de 2016, últimos disponibles, en la página 57]. Las que menos son Galicia (8%), Extremadura (8%), Canarias (8,1%), Cantabria (8,1%), Castilla La Mancha (9,1%) y Andalucía (10%). Está por ver si este porcentaje crece con el Gobierno PP-Cs, que además estará estrechamente vigilado por Vox, del que depende para sacar adelante su agenda en el Parlamento. El partido de Santiago Abascal pretende no sólo reforzar la concertada y ampliarla al Bachillerato, sino además blindar la financiación pública de la educación que diferencia por sexos, en buena parte en manos del Opus Dei.

La escasez de concertación en Bachillerato es una asignatura pendiente de los grupos de interés vinculados a la enseñanza privada, entre los que destacan la Iglesia católica y sus organizaciones, que controlan más del 60%. El último año del que hay desglose oficial de gasto público en enseñanza concertada por etapas es 2015. Entonces, de los 5.915 millones dedicados por las administraciones a conciertos, sólo 222,8 millones, un 3,8%, se dedicaron al Bachillerato [ver aquí, en la página 57]. Es un porcentaje bajo, todavía. Pero va en ascenso. El año anterior, 2014, fue de 182,4 millones. La subida es del 22,14%. Aún no hay datos oficiales cerrados de 2016. El Ministerio de Educación afirma que en sus series estadísticas no tiene pormenorizado el gasto en conciertos en Bachillerato por comunidades autónomas.

Extensión de la educación obligatoria

Pedro José Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), señala a las comunidades de Madrid, Valencia –hasta la llegada de PSPV y Compromís– y Murcia como las que más decididos pasos están dado por la concertación del Bachillerato. Y queda a la espera de lo que haga el nuevo Gobierno andaluz. "No queremos que haya alumnos que, terminado 4º de ESO, se tengan que cambiar [a un instituto público] por no poder pagar el Bachillerato [en un centro concertado]. A lo mejor incluso para irse a un centro que no comparte el pensamiento de la familia. Si la idea del Ministerio es aumentar la edad de educación obligatoria, la mejor forma es manteniendo a los alumnos en el mismo centro", señala. La Concapa defiende que la financiación pública del Bachillerato de la concertada vaya acompañada de una extensión de la obligatoriedad de la enseñanza de los 16 a los 18 años. Con ello, señala Caballero, no sólo se financiarían unidades de Bachillerato ya existentes, sino que colegios privados concertados que actualmente no ofrecen esta etapa lo empezarían a ofrecer. A juicio de Caballero, esta cuestión no debería quedar al albur de las comunidades sino ser regulada a nivel estatal.

Grupos como la Concapa y la Confederación de Padres de Alumnos (Cofapa) reclamaron en 2015 al Gobierno, concretamente al entonces ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, políticas de concertación del Bachillerato.

Debate ideológico

La reforma educativa que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) no aborda directamente la cuestión de la concertación del Bachillerato, pero la concepción del cambio normativo en ciernes va en contra de la idea. La ministra Isabel Celaá quiere eliminar el criterio de "demanda social" para definir la planificación de plazas, que ahora favorece a la concertada. Detrás de toda esta discusión hay un debate ideológico, aunque a menudo revestido de discursos equívocos o de apariencia inocente. El esquema de la educación en España es de doble red: existe una malla pública y una malla privada, católica en más de un 60%, también pagada por el Estado. La Iglesia cifra su número de alumnos en casi un millón y medio, en un total de 2.591 centros católicos. Aunque en teoría el modelo de concertación impulsado por Felipe González en 1985 era coyuntural, en la práctica se ha consolidado y ampliado. España es el cuarto Estado europeo donde menos escuela pública hay en Secundaria y el tercero en Primaria, según datos de Eurostat. La educación concertada supera el 20% de toda la oferta estatal. Y la flecha de la dinámica apunta hacia arriba. La media europea no alcanza el 15 por 100.

Dicho modelo queda consagrado por la Lomce, que aporta seguridad a la renovación de conciertos, blindándolos ante posibles tentativas políticas de signo contrario. Además da cobertura al discurso de la "capacidad", el "mérito" y el "esfuerzo", conceptos santificados por las patronales de la concertada católica. La Ley Wert también incluye el principio de "demanda social" para programar las plazas, que deberán ser "suficientes", pero sin aclarar si de carácter público o concertado. El Gobierno quiere suprimir este punto. Este mero anuncio ha suscitado comunicados de alarma de la Conferencia Episcopal y de la Plataforma Concertada, que reúne a las organizaciones CECE, Cofapa y Escuelas Católicas. No es descartable una larga batalla judicial.

Relación causa-efecto

Ha ido avanzando –y con la Ley Wert se ha coronado– la primacía del principio de libre elección, que empuja al sistema educativo a la lógica del mercado, según el cual los colegios son empresas proveedoras de un servicio y, como tales, deben realizar una oferta atractiva. Todo debe regirse, según este principio, en función de la demanda en un mercado desregulado. El discurso tiene flecos sueltos, porque la concertada se sitúa mayoritariamente en zonas de renta superior a la media. Los promotores tienen pocos incentivos para ubicar un centro concertado en una zona rural dispersa o en un barrio marginal. Eso queda para la pública, lo cual –lógicamente– la encarece. Pero, en vez de dotarse cada vez de más recursos, lo que hace es dotar de cada vez más fondos a la concertada, que se sitúa en mejores zonas. Como el rendimiento educativo está determinado por el entorno socioeconómico, la Conferencia Episcopal y los grupos de interés educativo vinculados a la Iglesia pueden defender que los alumnos de sus centros obtienen mejores resultados, algo que atribuyen a que sus centros son mejores, invirtiendo la relación causa-efecto.

Los alumnos de entornos difíciles se concentran en la educación pública

Ver más

Los defensores de la concertada también afirman que esta supone "un ahorro al Estado", una afirmación discutible cuando en 2016 salieron de las arcas públicas para la educación concertada más de 6.000 millones. El supuesto "ahorro" al Estado es una lectura parcial del hecho de que una plaza en la educación concertada cuesta menos que en la pública. Pero no es más barata porque sí. Para asegurar el derecho universal a la educación en igualdad, la pública llega a todas las zonas y acoge a todo tipo de alumnado. Es decir, a la concertada no le interesan, a la hora de planificar su oferta, las áreas rurales dispersas. Esta diferencia repercute en la ratio de alumnos por aula y de docentes por grupo, variables decisivas para calcular el coste medio por plaza. Además el salario de los docentes de la pública es superior y la inversión en la pública incluye ámbitos que la concertada atiende menos, como la educación especial o la compensatoria. Los promotores de la concertada soslayan que este modelo tiene menos programas de diversificación, menos alumnos con necesidades especiales, cuya atención requiere de especialistas en pedagogía terapéutica, audición...

El supuesto ahorro

Otra de las afirmaciones frecuentes de la la CEE y los grupos de presión católicos es que la concertada también es gratuita, como la pública. En realidad los concertados realizan cobros informales, aprovechando la falta de controles para solicitar pagos extraordinarios. Se cobra por material escolar, por alquiler de equipos informáticos, por servicios de orientación, por "desgaste de patio" y por un amplio abanico de conceptos imprecisos: "donativo", "aportación de principio de curso", "derrama extra"... Además las familias se benefician de desgravaciones en sus aportaciones a las fundaciones de los colegios, creadas para dar cobertura a unos ingresos que sobre el papel son voluntarios, aunque en la práctica pocos padres se oponen. En muchas ocasiones porque no conocen que la normativa establece límites a este tipo de cobros. La Organización de Consumidores elaboró un estudio que concluye que más del 90% de los concertados cobra cuotas por la educación obligatoria. En suma, la concertada exige más esfuerzo económico a las familias. El margen que las familias pueden aportar es mayor cuanto más generoso es el concierto con la administración pública.