Educación

Educación reclama la devolución de sus becas a más de 13.000 universitarios con escasos recursos

Manifestación contra la subida de las tasas en La Laguna.

Las primeras advertencias llegaron el pasado mayo, poco antes de los exámenes de fin de curso. A través de correo electrónico el Ministerio de Educación se dirigió a los universitarios que habían obtenido becas para recordarles que habían "cambiado las condiciones" para el mantenimiento de esas ayudas. Según una resolución del Ministerio de Educación del 2 de agosto de 2012, publicada en el BOE doce días después, los beneficiarios en el curso 2012-2013 de becas-salario o de movilidad tendrían que devolverlas si no superaban el 50% de los créditos matriculados o podían certificar haber asistido al 80% de las clases, fuera cual fuera la carrera y las circunstancias de cada alumno. Hasta el curso 2011-2012 la norma establecía que únicamente estaban abocados a perder con carácter retroactivo la beca quienes no se presentaran a los exámenes de un tercio de los créditos. 

Ahora, lo plasmado en ese texto ya se ha convertido en algo palpable para, al menos, 13.200 estudiantes universitarios. Sin embargo, la cifra será mayor. El Ministerio de Educación no ofrece información en este sentido e infoLibre ha intentado recabar datos de las 47 universidades públicas del país, si bien 12 de ellas –entre las que se encuentran algunas de las más grandes como la Autónoma de Barcelona o la Complutense de Madrid– no los han difundido aduciendo que todavía carecen de ellos. De hecho los datos de las universidades públicas madrileñas proceden de una estimación realizada por el sindicato CCOO, que asegura que serán 2.200 los estudiantes que se verán afectados por estas nuevas condiciones. 

La realidad es que el ministerio ya ha comenzado a notificar la revocación de las ayudas que concedió a algunos de estos alumnos, aunque el proceso es lento porque a veces las universidades, que son las que tienen que facilitar la información al ministerio, tardan más de un año en cerrar los expedientes. No obstante, se trata de las antiguas becas-salario, creadas precisamente para favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y que reciben las familias más humildes, y de las de movilidad para estudiantes con rentas bajas que tienen que trasladarse a estudiar fuera del domicilio familiar. La exención del pago de las tasas sí está libre de este requisito. Es decir, Educación, además de endurecer los requisitos académicos para que los alumnos con menos recursos accedan a becas también ha puesto en marcha condiciones más estrictas para los que no han cumplido con las expectativas generadas cuando se les adjudicó esa ayuda. 

Aunque la figura del reintegro ya existía, los nuevos requisitos han catapultado la cifra de afectados. Algunos ejemplos: en la Universidad de Extremadura, en el curso 2011-2012 fueron 51, sobre un total de 8.735 (es decir, un 0,6%), los alumnos a los que se les reclamó la beca. El pasado, los afectados fueron 456 sobre un total de 8.391 beneficiarios (5,4%). En la de Lleida, los estudiantes que tendrán que devolver las becas como consecuencia de los nuevos requisitos de devolución son un centenar sobre 4.044 becas concedidas (2,47%). En el curso 2011-2012 fueron 37 sobre un total de 3.520 (1,05%). 

Hacer una estimación de las cantidades reclamadas, es complicado. Las ayudas van desde los 429 a los 6.056 euros de los que obtienen beca compensatoria y de movilidad. La cifra se disparará hacia los varios millones de euros en algunas universidades como la de Sevilla, que cuenta con 1.399 alumnos afectados por el cambio en los requisitos de reintegro. En la de Salamanca, por ejemplo, se reclaman 900.000 euros a 303 estudiantes, según datos de la propia institución académica. 

Esta medida no afecta a ningún estudiante de la Universidad del País Vasco porque la competencia sobre becas es exclusiva del Gobierno regional, que no dispone la devolución por no aprobar un número determinado de materias como condición. Sí hay 778 afectados en dos de las tres universidades públicas gallegas, 398 en la de Vigo y 380 en la de A Coruña. En la de Oviedo, los nuevos requisitos harán que un 7% de sus estudiantes becados, 460, tengan que devolver las ayudas. Otros centros de los que sí han facilitado datos sobre el número de alumnos afectados por esta medida son Zaragoza (417), La Rioja (58), Burgos (95), Salamanca (303), Valladolid (330), León (193), Alcalá (178), Miguel Hernández de Elche (295), Jaume I de Castellón (240), Politécnica de Valencia (331), València (451), Alicante (441), Almería (300), Cádiz (450), Granada (850), Huelva (315), Jaén (396), Málaga (835), Pablo de Olavide (79), Córdoba (353), Las Palmas de Gran Canaria (600) o La Laguna (522). 

Para atenuar el impacto de estas devoluciones forzosas y de otras medidas como el encarecimiento de las matrículas –ya sea por las subidas previstas para el próximo o por las experimentadas en el presente curso– varias universidades han puesto en marcha fondos de contención social. La Universidad de Alcalá, por ejemplo, habilitó el curso pasado una partida de 100.000 euros para casos de emergencia. En la de Vigo se ha habilitado un programa de bolsas propias para el alumnado con necesidades económicas sobrevenidas (desempleo, enfermedad, orfandad...) con una cuantía máxima de la ayuda por alumno de 2000 euros.

"Si me piden el dinero ahora, no lo tengo"

Pablo –prefiere omitir su apellido–, que el año pasado año cursó el segundo curso del grado de Filología Hispánica en la Complutense, es uno de los afectados. Tiene 26 años, y tras haber hecho un ciclo de FP en Comunicación Audiovisual, decidió lanzarse "a la aventura" de estudiar una carrera. Accedió a una beca general por la que el ministerio le otorgó 4.600 euros de ayuda. Los ingresos de sus padres, ambos autónomos y con un negocio al que le está costando sobrevivir en medio del vendaval de la crisis, no eran suficientes y tuvo que compaginar la carrera con un trabajo a tiempo parcial en la hostelería para financiar sus estudios, pero también otros gastos como la vivienda, la manutención o el ocio. Llegó incluso a trabajar en negro. "Era la única opción", se justifica. Se presentó a los exámenes de junio y no tuvo suerte. "No se me dieron bien. En septiembre ni me presenté. Sabía que iba a tener que devolver la beca y eso me presióno mucho. Sólo pensaba en buscar un contrato a jornada completa para ahorrar y poder pagar", señala. 

"Hay casos muy fastidiosos de gente con problemas laborales, familiares, psicológicos... a los que este decreto va a dejar en una situación de pobreza y que acabarán por dejar la Universidad. ¿Con deuda y sin beca y con unas tasas cada vez más altas quién va a seguir estudiando?", se pregunta José Antonio Gadea, coordinador del colectivo Estudiantes en Defensa de la Universidad (EDU), el mayoritario en la Universidad de Zaragoza. Pablo, por ejemplo, no seguirá. Por ahora ha "aparcado" su "sueño" de ser  profesor de español de extranjeros. "Mi prioridad es pagar la deuda y no sé cómo lo voy a hacer. Si me piden el dinero ahora, no lo tengo", lamenta.

Casos como el de Pablo ponen rostro a unas consecuencias que los colectivos de estudiantes llevan denunciando desde que se aprobó el decreto. "Esta medida no es un recorte porque la cantidad que se ahorra es mínima, es una forma de criminalizar a los estudiantes", añade Garea. Para Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes (SE), la situación en la que se encuentran estos alumnos es una consecuencia más de la política del PP en materia educativa. "Los jóvenes con peores situaciones económicas no sólo van a verse expulsados de la Universidad, sino con deudas de miles de euros. No es un ataque sólo a ellos, sino a todos los que venimos de familias normales y corrientes", culmina. 

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