El Ejecutivo de Ayuso adjudicó contratos por más de 200.000 euros a una empresa presidida por un investigado en 'Púnica'

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha adjudicado a lo largo de la pandemia diferentes contratos a una empresa liderada por uno de los investigados en el caso Púnica. En concreto, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha otorgado de forma directa dos licitaciones a Zertem Grupo de Comunicación SL, encargos por los que la firma percibirá 236.415,85 euros. La compañía, según los datos que constan tanto en el registro mercantil –consultados por infoLibre– como en su propia página web, está presidida por José Luis de Rojas Toribio, un empresario de la comunicación que figura actualmente como imputado en la pieza sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. "Se hizo por precio, la más económica de las ofertas", se limitan a decir desde el Gobierno madrileño.

La adjudicación más importante que consta en el Portal de la Contratación de la Comunidad de Madrid es de hace solo unas semanas. El 10 de noviembre, la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, suscribía una resolución por la que se adjudicaba por la vía de la emergencia un contrato a Zertem para la elaboración de una campaña sobre medidas preventivas frente al coronavirus. "[La] transmisión comunitaria representa por sí misma un grave riesgo, que se verá potenciado con la inminente llegada de las fiestas navideñas y el invierno. [...] En este escenario, cobra especial relevancia la concienciación de la población", recoge la memoria justificativa asociada a la adjudicación.

El encargo gira alrededor de tres objetivos: informar a la población de las nuevas medidas que deban adoptarse, concienciarla de la importancia de seguir manteniendo las actuaciones sanitarias básicas de prevención e incrementar la eficacia de la campaña de vacunación. Para ello, se prevé una acción a través de medios offline y online –material gráfico en prensa, cuñas en radio o espacios publicitarios de treinta segundos para su emisión en televisión y soportes digitales–. Por los trabajos, para los que se han valorado "tres propuestas diferentes", la adjudicataria va a cobrar de la administración regional 188.015,85 euros, impuestos incluidos.

No es el único encargo que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha hecho a Zertem Grupo de Comunicación. El 29 de mayo de 2020, también por la vía de emergencia, la Consejería de Sanidad le adjudicó un contrato de 48.400 euros, IVA incluido, para unas labores idénticas: elaborar una campaña de concienciación una vez superado el primer azote de la pandemia. "Se trata de una empresa que cuenta con solvencia suficiente para el desarrollo de este tipo de servicio", recogía la resolución, en la que, a diferencia de la primera, la directora general de Salud Pública no especificaba si se habían solicitado varias propuestas y presupuestos. Algo que, a preguntas de infoLibre, tampoco ha aclarado Sanidad. "Se hizo por precio, la más económica de las ofertas", se limitan a decir.

Carat España y Miguel Ángel Rodríguez

La firma que se hizo con ambas adjudicaciones echó a andar hace justo una década. En concreto, comenzó sus operaciones el 23 de noviembre de 2011, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Lo hizo con un capital de 483.249 euros. Y con el siguiente objeto social: "Las inversiones en sociedades que supongan cartera de control y la adquisición de valores mobiliarios, todo ello por cuenta propia". La compañía arrancó con un abogado del Estado al frente. Meses después es José Luis De Rojas Toribio quien entra como consejero. Ahora, este empresario ocupa el cargo de presidente, según la información mercantil consultada por este diario.

De Rojas Toribio, señala su biografía en la página web de la compañía, desarrolló su carrera profesional en el mundo de la consultoría tras un breve paso por la banca de inversión. Pero en el año 2000 dio un giro a su vida, reorientándola hacia el mundo de la comunicación. Hizo carrera en la firma de comunicación Carat España, donde llegó hasta lo más alto. "Pinche o no pinche la burbuja financiera, para nosotros va a ser un componente importante de nuestro negocio", decía sobre la compra de parte de Net-Think en mayo de 2001, cuando era ya consejero delegado de la compañía.

Según la información mercantil, el empresario empezó a ocupar este cargo a comienzos de siglo. Por aquel entonces, la sociedad estaba presidida por Miguel Ángel Rodríguez, el todopoderoso jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Según consta en su biografía oficial, la que figura en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, quien fuera secretario de Estado de Comunicación durante la primera legislatura de José María Aznar llevó las riendas de la firma entre 1999 y 2006. De hecho, aterrizó en ella solo cuatro meses después de abandonar su puesto como portavoz del Ejecutivo conservador. Y lo hizo con el aval del Ministerio de Administraciones Públicas.

De Rojas Toribio forma parte de la larga lista de investigados en el marco de la operación Púnica. En concreto, en la novena pieza, en la que se indaga sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. El empresario, de hecho, se encuentra bajo la lupa de la justicia por el papel de Carat durante la campaña de la formación conservadora de cara a las autonómicas de 2011. Pero no solo eso. En el procedimiento judicial también se han escudriñado los trabajos de otra de las compañías que presidía durante aquellos años.

"Comida con Borja Sarasola y José Luis de Rojas"

En auto fechado el 2 de septiembre de 2019, el que consumó la entrada de la expresidenta Esperanza Aguirre en la relación de investigados en la causa, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional señalaba que los responsables del PP madrileño habían convenido con otra de las imputadas –María Luisa de Madariaga– que para la "emisión de los acrósticos" que debía realizar la empresa El Laboratorio de Almagro, dicha mercantil "realizase a su vez la compra de medios y espacios para su difusión" a la sociedad Carat, "cuyo administrador participaba en la estrategia pactada para ocultar el gasto por la contratación de publicidad electoral, al sobrepasar su coste el límite de gasto que en tal concepto recoge la Loreg".

"Así, la sociedad El Laboratorio de Almagro emitió con fecha 20 de marzo de 2011 la factura nº 31000165 al PPCM –PP de la Comunidad de Madrid– por importe de 118.000 euros, recogiendo como concepto la compra de medios, pero como periodo de la prestación, los meses de enero, febrero y primera semana de marzo de 2011, anteriores a la convocatoria de las elecciones, ocultando de esta forma la naturaleza de gasto de campaña, lo que de nuevo permitió su abono desde la propia cuenta de funcionamiento del partido", continúa la resolución judicial.

El relato de hechos sitúa al exconsejero madrileño Borja Sarasola como "interlocutor" con los directivos de Carat "en la contratación de los servicios y emisión de los acrósticos" preparados por la otra firma. "Entre dichos directivos se encontraba el investigado José Luís de Rojas Toribio, quien asistió junto a la investigada Mª Luisa Madariaga –a la que sitúan como consejera delegada de El Laboratorio de Almagro– y Borja Sarasola a las reuniones planificadas. Todos ellos acomodarían los pagos por los servicios electorales y la ocultación de su verdadera naturaleza, por sobrepasar el gasto el límite legal permitido", sentenciaba el auto.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado a la causa a comienzos de 2019 realiza esas conexiones en base a correos electrónicos extraídos del buzón corporativo de María Luisa de Madariaga. "Comida con Borja Sarasola y José Luis de Rojas", reza el asunto de uno de los mail recuperados por el Instituto Armado.

No es el único. En su informe, la Guardia Civil también recupera otro mensaje enviado por quien sitúan como director de servicios al cliente de El Laboratorio de Almagro, Ignacio Olazabal. "Buenas tardes, José Luis. Esta tarde he hablado con Borja Sarasola y me ha pedido organizar una comida entre tú, Marisa de Madariaga y él para cerrar temas de la campaña. Marisa me comenta que ella tiene su agenda libre el lunes 24 o martes 25 de la próxima semana. ¿Cómo te van esas fechas? Por favor, confírmame cuando puedas, y así cerramos también la agenda de Borja", reza el correo, enviado a las 18.18 horas del 19 de enero de 2011.

Equmedia y la "deuda" de Alejandro de Pedro

El nombre del empresario de la comunicación también ha aparecido en el procedimiento en relación con los trabajos de la firma Equmedia XL. En concreto, el auto de septiembre de 2019 señalaba que el exconsejero de Presidencia Salvador Victoria y Sarasola solicitaron al presidente de dicha empresa y a su directora general, De Rojas y Celia Caño, respectivamente, que "a cargo del presupuesto" del contrato de 4,25 millones –IVA excluido– del Canal de Isabel II con el que se había hecho Equmedia "asumiesen el pago de parte de la deuda" que la Comunidad de Madrid "mantenía" con Alejandro de Pedro, quien fuera director general de Eico y quien se habría encargado de hacer trabajos de reputación online para altos cargos de la administración regional

"De esta forma, y de forma encubierta, serían los fondos públicos los que sufragarían parte de la deuda por los trabajos personales realizados por Eico a los dirigentes del PPCM, señalados anteriormente. José Luis de Rojas Toribio y Celia Caño, atendiendo la petición realizada, simularon, desde julio de 2012, la contratación de publicidad a la sociedad Madiva, relacionada con una campaña de la empresa Generali Seguros y con una campaña del Ministerio de Defensa. Con dichos conceptos, y bajo la ficción de la inserción de banners con la publicidad, en los periódicos de Madiva, los trabajadores de la sociedad Eico fueron presentando facturas a la mercantil Equmedia, hasta la cantidad total de 55.660 euros", sostenía el juez en el auto.

"Perfectamente justificados"

La defensa del empresario de la comunicación ha mantenido durante el procedimiento que "todos los hechos" que se le imputan "han sido explicados" y están "perfectamente justificados", no acreditándose "ilícito penal alguno". Así, en el caso de Carat, su representación letrada sostenía en un recurso de finales del año pasado que "no se encontraban" entre las funciones de De Rojas "la de facturar o acometer los trabajos contratados con Carat" y que durante el primer trimestre de 2011 –el periodo en el que se contemplan alguna de las reuniones referenciadas por la UCO– se encontraba en una situación médica delicada.

Sobre el caso de Equmedia, su abogado puso también sobre la mesa un informe pericial en el que se concluía que si la firma se hizo con la licitación del Canal de Isabel II fue por "ser la oferta económicamente más ventajosa". Además, el estudio apuntaba que no se habían detectado "entre los registros de proveedores relacionados" con los concursos "facturas recibidas" ni de Alejandro de Pedro ni de "sociedades vinculadas a él".

"Queda constatado que ni don Alejandro de Pedro ni compañías vinculadas por una relación de socio, administrador o directivo de las mismas, ni las personas físicas con una relación de socio, administrador o directivo en las mentadas compañías, han participado en los concursos públicos adjudicados a Equmedia en los ejercicios de 2012 y 2013 por el Canal de Isabel II y la CAM", sentenciaba el informe aportado, que recalcaba la "ausencia de criminalidad" en el actuar del investigado.

Por el momento, la instrucción de Púnica podrá continuar hasta finales del próximo mes de enero, aunque el Ministerio Público ya ha dejado caer que no pedirá que se alarguen más las pesquisas. En el último año, el juez ha decretado dos prórrogas de la instrucción. La primera, en verano y por un plazo de tres meses. La última, por un periodo similar, el pasado 27 de octubre. Lo ha hecho en contra de lo que solicitaban algunos de los investigados. Entre ellos, De Rojas Toribio, que en ambas ocasiones pidió el sobreseimiento de la causa frente a él.

Este diario se puso en contacto con el empresario de la publicidad. Sin embargo, rechazó pronunciarse al respecto por recomendación de su abogado. "No puedo hacer ningún comentario porque está sub iudice y en un momento delicado, al final de la instrucción", explica amablemente De Rojas Toribio al otro lado del teléfono.

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