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Galicia

Empresas que permitieron el juego a menores pidieron a la Xunta que cambiara la ley para multar a los niños

Extractos de la documentación de la Xunta sobre las sanciones a las empresas en virtud de la ley del juego, en una imagen de una máquina tragaperras.

El pasado mes de octubre, en el marco de la tramitación de la nueva Ley del Juego de Galicia, Praza.gal desveló que varias empresas del sector habían pedido a la Xunta que dejara de multarlas si permitían jugar a menores y que a partir de ahora empezaran a castigar solo a los menores. El Gobierno gallego rechazó la propuesta –"ni siquiera se puede plantear"– y la nueva ley, finalmente aprobada este mes de junio, mantiene en similares términos la prohibición del juego para menores.

Ahora, tras un largo proceso de solicitudes de transparencia iniciado en aquel momento, la Xunta ha facilitado a Praza.gal el detalle de las empresas sancionadas por esa infracción en la última década, datos que permiten comprobar qué firmas pidieron cambiar la ley para que no fueran multadas por dejar jugar a menores de edad.

Los datos obtenidos ahora con el aval de la Valedora do Pobo [equivalente al Defensor del Pueblo] permiten comprobar también que pese a la reincidencia de algunas empresas en las mismas infracciones, la Xunta siempre les ha impuesto la multa mínima, 18.001 euros, sin aplicar el agravante de reincidencia previsto por la ley. 

La anterior ley gallega de juegos de azar, de 1985 y todavía vigente a la espera de que la nueva entre en vigor dentro de un mes, regulaba en su artículo 28 las infracciones muy graves, entre las que se encontraba, en la letra e), "la autorización o permiso a menores para practicar juegos de azar, apuestas o apuestas". Infracciones que podrían ser sancionadas con multas de entre 18.000 y 100.000 euros, pero que la ley contemplaba que podrían elevarse hasta los 600.000 euros "en caso de reincidencia o en función de las cantidades jugadas, beneficios obtenidos o impacto social".

Tal y como informó este diario en octubre, varias empresas pidieron al Gobierno de una forma u otra durante el largo trámite de la nueva ley que no sólo eliminaran los controles de acceso a los locales o máquinas de juego sino que también las personas menores de edad, o que por su adicción estén registradas como personas que no pueden jugar, fueran multadas en el caso de que accediesen a estos negocios.

Así lo solicitaron, con una redacción u otra, y así lo expresó la Xunta en el expediente remitido al Parlamento, firmas como Sportium Apuestas Galicia, Luckia, Apuestas de Galicia (del grupo Kirol ) o la Asociación de Empresas Galegas de Xogos de Azar (Asega), impulsada por el Grupo Comar, que tiene máquinas de juego en toda la comunidad, entre otras instalaciones, el Casino Atlántico de A Coruña.

Tras la petición de transparencia de este diario para conocer el detalle de las sanciones por infracciones muy graves impuestas por la Xunta en la última década, el Gobierno gallego facilitó primero un resumen del número de infracciones en cada año, pero sin los nombres de las mismas, argumentando un supuesto derecho a la protección de datos. Estos datos permitieron saber que facilitar el juego a menores era la infracción muy grave más común (48 de las 120 sanciones muy graves impuestas en diez años) y que la Xunta siempre castigaba con la multa más pequeña posible.

Más tarde, tras una intervención inicial de la Valedora do Pobo, responsable de la Comisión de Transparencia de Galicia, que indicó que sólo las personas físicas están amparadas por ese derecho en el ámbito de la transparencia, la Xunta consultó a las personas jurídicas sancionadas por otros posibles obstáculos a la divulgación de los datos solicitados. Y ante el argumento de varias de ellas de que hacer públicas sus sanciones podría perjudicar sus "intereses económicos", la Xunta decidió facilitar sólo los nombres de aquellas que no habían puesto impedimentos. Esto hizo que se revelase que las empresas multadas por dejar jugar a menores fueron las que más se negaron a que se hicieran públicas sus sanciones, frente a otro tipo de infracciones como no tener autorización para los juegos (art. 28.a), entre las que abundaban las asociaciones o bares. 

Pero la Valedora do Pobo, en una última intervención en este caso, rechazó el argumento económico esgrimido por las empresas y asumido por la Xunta para mantener ocultas las multas. El responsable de Transparencia en Galicia concluyó que "al hacer públicas las sanciones a las empresas sancionadas por infracciones en el juego, no cabe duda de que coincide con el objetivo de la normativa [de transparencia], saber cómo toman decisiones los poderes públicos". Y que la potestad sancionadora de la Xunta "puede y debe estar sujeta a control por parte de la ciudadanía a través de los mecanismos que ofrece la normativa de Transparencia".

Los datos finalmente facilitados por la Xunta tras la última exigencia de transparencia permiten comprobar que la empresa más sancionada en la última década por permitir el juego a menores fue Codere Apuestas Galicia SLU, con 13 sanciones entre 2014 y 2017. Esta empresa no, pero por detrás, varias de las siguientes tienen relación de alguna manera u otra con firmas que argumentaron para cambiar la ley y multar a los menores y no a las empresas que los dejaban jugar. Sportium Apuestas Galicia SLU fue sancionada tres veces en 2016, Luckia Gaming Group SA dos veces en 2022 y otra en 2017, Luckia Retail SA dos veces en 2014, Comar Coruña SL dos veces en 2021 y una vez en 2017 y 2014, Comar Ourense SL una vez en 2021 y Apuestas de Galicia una vez en 2015.

Los datos que ahora se conocen también permiten comprobar que algunas empresas han sido sancionadas varias veces en un año o en los siguientes por la misma infracción, tanto por permitir el juego a menores como por otro tipo de infracciones, como falta de documentación (art. . 28.g) o exceder los límites de apuestas o premios (art. 28.i). Sin embargo, en todos los casos la multa impuesta fue la mínima posible por una infracción muy grave, 18.001 euros, aunque en algunos casos la Xunta previó 18.000,01. Es decir, la Xunta nunca ha aplicado al importe de las sanciones el agravante de reincidencia que prevé la ley y que permitiría multas de hasta 600.000 euros. 

En cualquier caso, la Xunta finalmente desestimó la petición de las empresas y la nueva ley sigue contemplando como infracción muy grave, ahora en el artículo 44, permitir "la práctica de actividades de juego a personas menores de edad". Los importes de las multas y su gradación siguen siendo los mismos.

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