Cambio climático

Qué hace España (y qué no) para adaptarse a la subida del nivel del mar

Playa de Benidorm.

El pasado martes, la revista Nature publicó un estudio realizado por Climate Central que actualizaba la predicción de las zonas inundables en un escenario de subida del nivel del mar por el cambio climático. Realizado bajo la premisa de que las emisiones de gases de efecto de invernadero serán altas, el informe asegura que más de 200.000 españoles verán sus casas y su tierra anegadas por la inundación cuando llegue 2050. Utilizando una nueva metodología, el trabajo parte de la predicción del Panel de Expertos de Naciones Unidas (IPCC): casi 1 metro de elevación para finales de siglo. Gran parte de la desembocadura del Guadalquivir, el delta del Ebro, o ciudades como Bilbao, Cádiz o Santander se verían gravemente afectadas. [Consulta el mapa al completo a través de este enlace].

Ante este escenario, la primera medida que viene a la cabeza es la reducción de emisiones. Solo con un descenso muy acentuado en el nivel de gases de efecto invernadero el cambio climático será menos destructivo de lo que apuntan estas proyecciones. Es lo que se conoce como mitigación. Pero los científicos suelen señalar que la gran olvidada es la adaptación. Sabiendo que hay ciertas consecuencias del calentamiento global que son inevitables, es necesario dedicar tiempo, espacio y recursos a efectuar los cambios necesarios para que la subida de las temperaturas, el aumento de la frecuencia de los fenómenos extremos o, también, la subida del nivel del mar no nos afecten tanto. Y ante las inundaciones que la ciencia predice, en el peor de los escenarios, ¿cómo se está adaptando España?

Sobre el papel, España tiene un plan. Como suele pasar, otra cosa es que se cumpla. La Ley de Costas, modificada en 2013, establece la necesidad de contar con una Estrategia de Adaptación de la Costa a los Efectos del Cambio Climático. Dicha estrategia, publicada por el Ejecutivo de Rajoy en 2016, enumera cuáles son las principales medidas a tomar: construcción de elementos de protección y de estructuras para mantener la línea de costa (muros, paseos, diques, espigones…), regeneración de playas y sistemas dunares, abordaje de las construcciones en primera línea de playa… sin descuidar la inversión en I+D, en monitorización, en sistemas de alerta y evacuación o en concienciación, entre otras materias. El reto no es sencillo, por lo que necesita una acción integral.

La Estrategia, a su vez, prevé el llamado Plan PIMA Adapta (Plan de Impulso al Medio Ambiente) que concreta, a través de los Presupuestos, las medidas a adoptar. No solo en las costas: también con respecto a la biodiversidad en los Parques Nacionales, la adaptación de los ecosistemas o los recursos hídricos. Además, señala el Ministerio, aporta recursos para financiar proyectos de adaptación al cambio climático a través de convocatorias públicas. Hasta la fecha se han realizado dos convocatorias de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a través de la Fundación Biodiversidad: en 2016 y en 2017. Hasta ahí.

En los Presupuestos de 2018 elaborados por el Ejecutivo del PP, actualmente en vigor, no se contempla ni un solo euro para el plan PIMA Adapta. Una situación que el Gobierno de Sánchez no ha podido revertir, al ser tumbados sus Presupuestos en el Congreso. Por lo tanto, en la práctica, la adaptación al cambio climático está paralizada. El Ministerio para la Transición Ecológica, consultado por infoLibre, no ha contestado a la pregunta de si se plantean, en la actualidad, otros métodos para seguir avanzando en la adaptación al cambio climático para evitar los efectos más dañinos.

Los ecologistas apuestan, con prioridad, por la recuperación de los ecosistemas costeros. Playas con buena regeneración, a salvo del ladrillo y del cemento, actúan como dique frente a los temporales. Porque no solo se trata de un aumento del nivel del mar lento y silencioso, que va ganando terreno poco a poco: se trata, también, de que cuanto más elevado esté dicho nivel, más avanzará el agua en caso de un fenómeno extremo. Que, además, serán más frecuentes y voraces por el calentamiento global. Es la tormenta perfecta. La responsable de Cambio Climático de Greenpeace, Tatiana Nuño, reconoce que la prioridad de su organización es la “mitigación” pero, aun así, entiende que las costas españolas necesitan “muchísima más planificación, fondos y financiación, para evitar los impactos que ya estamos viendo”.

Las playas con praderas de posidonia, humedales o marismas “frenan la energía del oleaje”, explica Clara Mejías, de Ecologistas en Acción. Además, el aporte natural de arena procedente de los sedimentos que arrastran los ríos genera una barrera natural entre el agua y la civilización. Sin embargo, la realidad de buena parte de la costa española es diferente: playas erosionadas, sin aporte de sedimentos natural, donde la vegetación submarina ha disminuido drásticamente y con edificaciones en primera línea de playa. “La regeneración natural es el primer eslabón, lo más importante. Muchas obras, como los espigones, generan mayor erosión”, explica.

En su último informe de Costas, Greenpeace pone de ejemplo la Comunitat Valenciana: “Casi tres cuartas partes de su línea de playa está urbanizada (74,3%), la primera comunidad autónoma de litoral más urbanizado. La degradación de la cobertura vegetal conlleva la disminución de la capacidad de generación de lluvias y de amortiguación de inundaciones, a la vez que aumenta el riesgo de erosión. Esta situación es especialmente preocupante en esta zona del Mediterráneo caracterizada por lluvias torrenciales e irregulares, y más en un contexto de cambio climático”.

La primera línea de playa

La Ley de Costas, y su modificación en 2013, no fue lo bastante efectiva para prevenir el efecto del cambio climático, consideran muchos activistas y científicos. En determinados supuestos, permite la construcción hasta a 20 metros de la ribera, aunque solo en caso de terrenos clasificados como urbanos con anterioridad a la entrada en vigor de la norma. Además, el PP facilitó que las construcciones que tras la implantación de la Ley se quedaran fuera pudieran pedir prórrogas de hasta 75 años. El pasado 29 de julio de 2018 se cumplieron 30 años desde la aprobación del texto, que es el margen que se daba para esas edificaciones: por lo que poco después de conformarse, el Ministerio para la Transición Ecológica tuvo que abordar miles de solicitudes. Por lógica, cuanta más actividad y presencia humana, más degradadas estarán las playas: y cuanto más cerca del agua se asiente la población, más vulnerable será a las crecidas. En un país que vive del turismo, no es un asunto cómodo.

El Gobierno aseguró entonces que se basarían en criterios técnicos y objetivos para decidir qué casas y edificios podrían continuar cerca de la playa y cuáles no. Las construcciones más sensibles a la subida del nivel del mar, en teoría, no podrían continuar. Ecologistas en Acción lo duda: “Las concesiones para gente que tiene pocos recursos no se suelen ampliar. Sí las de grandes hoteles”, acusa Mejías.

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