Igualdad

España es el país de la OCDE que más retrocede en la presencia de mujeres directivas en la Administración Central

Imagen de Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La paridad continúa estando a la cola en los países de la OCDE, y el fenómeno conocido como techo de cristal se presenta aún como el principal obstáculo que impide a las mujeres alcanzar puestos directivos, también en la administración pública. Así lo revela el informe Gobierno de un vistazo 2017, que analiza, entre otras cuestiones, la presencia de mujeres en cargos directivos pertenecientes a los gobiernos de los países que conforman la OCDE. Aunque la evolución media es favorable, existen tres países que han involucionado entre el periodo de tiempo que comprende los años 2010 y 2015: Portugal, Dinamarca y España. De ellos, España es el territorio que ha experimentado un descenso más acusado en el porcentaje de participación de mujeres en cargos de alta dirección en la Administración Central: ha pasado del 33% en 2010 al 29% en 2015. Frente a los cuatro puntos de descenso españoles, Portugal ha pasado del 37% al 34% y Dinamarca, aunque con un porcentaje de integración menor, desciende tres puntos al pasar del 25% al 22%.

Por su lado, los países donde la incorporación de mujeres se mantiene inmutable entre 2010 y 2015 son tres: Canadá (40%), Chile (31%) y Turquía (8%). En el otro lado de la balanza, los países que han alcanzado la paridad en el año 2015 son cuatro: Lituania (54%), Eslovenia (54%), Grecia (51%) y Polonia (51%).

El estudio señala que, mientras las mujeres representan el 58% del empleo público, únicamente el 32% ocupan altos cargos en la media de los países de la OCDE. Los autores del informe matizan que "a pesar de la amplia adopción de medidas para superar la subrepresentación política de las mujeres", éstas suponen de media "sólo un tercio de los escaños parlamentarios y los puestos del gabinete".

En cuanto al análisis de los parlamentos nacionales, España ha pasado, según las estadísticas de la OCDE, de una presencia del 36,6% en 2010, al 41,1% en 2015 y finalmente al 39,1% en el año 2016. En este sentido, España se encuentra por detrás de países como Islandia (47,6%), Suecia (43,6%), México (42,4%), Sudáfrica (42%), Finlandia (41,5%), Noruega (39,6%) y Bélgica (39,3%), pero supera con creces la media de la OCDE, que se posiciona en un 28,68%.

Mujeres en la judicatura

Los datos expuestos en el informe evidencian que la situación de las mujeres en otros ámbitos se encuentra un paso por detrás. Es el caso de la judicatura, donde si bien las mujeres representan en promedio el 56% de todos los jueces, la representación de género varía y la participación femenina "cae de forma crítica" en los niveles superiores. Las mujeres ocupan una media del 59% en los juzgados de primera instancia, mientras que la cifra se reduce al 34% en el caso de los altos cargos en los tribunales supremos.

Se trata de un esquema que reproducen tribunales como el de Justicia de la Unión Europea (TJUE), formado por un total de 40 personas. Su estructura se compone por 28 jueces –uno por cada país miembro–, once abogados y un secretario. El número de mujeres se divide en dos abogadas y cinco juezas, es decir, un total de siete mujeres de las cuatro decenas totales, el 17,5%. Los puestos de presidente y vicepresidente, asimismo, están ocupados por hombres.

El Tribunal General, por su parte, se compone de 45 personas –42 jueces, un presidente, un vicepresidente y un secretario–, de los cuales diez son mujeres. Por tanto, la presencia de mujeres en este órgano es del 22,2%.

Respecto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en la actualidad está compuesto por 46 jueces, uno por cada país europeo que lo compone –en este caso los dos secretarios con los que cuenta no son jueces–. En total, 31 de sus miembros son hombres y 15 mujeres, es decir, el 32,6%.

En España, sólo cinco mujeres han llegado a ser magistradas del Tribunal Constitucional desde su creación, y únicamente una, María Emilia Casas, alcanzó la presidencia. Se trata de una tendencia sistemática en el poder judicial a nivel estatal. En España sólo un Tribunal Superior de Justicia está presidido por una mujer, mientras que de las 50 Audiencias Provinciales únicamente ocho cuentan con mujeres a la cabeza. No mandan en ninguna sala del Supremo, y también son minoría en el Consejo General del Poder Judicial.

Brecha salarial

Junto al techo de cristal, las mujeres se enfrentan laboralmente al gran problema que supone la brecha salarial. Este indicador se situó, en el conjunto de la Unión Europea, en una media del 19,1% durante el año 2014. En España, y según un informe de UGT elaborado en febrero de 2017, el salario bruto medio anual de las mujeres fue 19.744,82 euros en 2014, mientras que el de los hombres fue 25.479,74 euros, es decir, la brecha salarial se situó en un 23,25%.

El informe elaborado por el sindicato subraya la falta de políticas de igualdad como principal responsable del incremento de la brecha salarial. En 1995 la cifra se situaba en el 32,88%, en 2002 fue del 28,88% y en 2006 había bajado al 26,33%. En 2010 seguía a la baja, con un 22,55%, y en 2014, tras "los recortes en políticas activas de empleo dirigidas a las mujeres" y la segunda reforma laboral, subió al 23,25% rompiendo esa tendencia.

Las mujeres cobran menos en todos los sectores, en todos los niveles de ocupación, en todos los tipos de contrato y de jornada, en todos los tramos de cualificación y tanto en lo público como en lo privado. Hay una sola excepción y es la industria extractiva, como la minería, donde la brecha salarial se invierte. 

A través de un informe presentado en marzo del pasado año, la OCDE instaba a sus países miembros a garantizar una remuneración justa y oportunidades equitativas para mujeres y hombres en todos los niveles de gobierno, en los poderes judiciales y en otras instituciones públicas, mediante la promulgación de leyes de igualdad en remuneración cuando sea necesario.

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