Este martes se cumplen 25 años desde que España comenzó a destapar las cunetas del franquismo. El 21 de octubre del año 2000, la excavación de Priaranza del Bierzo, en la que se exhumaron de forma científica los restos de trece desaparecidos republicanos, marcó el inicio de un proceso de recuperación de la memoria que aún no se ha cerrado. Durante décadas, los cuerpos de decenas de miles de personas asesinadas y enterradas en fosas comunes o cunetas tras la Guerra Civil permanecieron relegados al olvido por parte del Estado.
La respuesta a esta desmemoria no llegó hasta 2007 con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, que se reforzó hace tres años con la Ley de Memoria Democrática. Unas normas que han conseguido imponer al Estado la responsabilidad de localizar desaparecidos, identificar restos y generar un "mapa integrado de localización de personas desaparecidas". No obstante, la memoria también ha sido objeto de disputa política durante estos años. En las legislaturas de Mariano Rajoy se vació de presupuesto la aplicación de la norma y, en los últimos años, varios gobiernos autonómicos de PP y Vox han intentado volver a frenar la legislación vigente.
El historiador Gutmaro Gómez Bravo señala que "la memoria no puede depender solo del voluntarismo" y advierte de que "tenemos que conocer el pasado para comprenderlo". "No vamos a poder resarcir a esa generación que se ha quedado sin ver los restos de sus familiares, pero sí podemos denunciar las atrocidades que realizó el régimen franquista", añade.
Las primeras exhumaciones del franquismo
La dictadura de Franco no solo organizó la violencia, sino que también trató de imponer su propio relato realizando las primeras exhumaciones de los fallecidos en la Guerra Civil. A través de la Causa General —una instrucción judicial y militar que arrancó en 1939 con el objetivo de depurar a los "enemigos de la patria"—, el régimen investigó los supuestos delitos del bando republicano y llevó a cabo sus propias exhumaciones, traslados y ceremonias para los muertos de su bando.
Entre 1939 y 1959, miles de cuerpos fueron trasladados a cementerios, parroquias y panteones militares bajo inscripciones conmemorativas con misas y desfiles oficiales. El principal destino de esa movilización masiva de restos fue el Valle de Cuelgamuros. En su basílica reposaron 33.847 cuerpos procedentes de al menos 480 fosas comunes de todas las provincias españolas, trasladados sin consentimiento de las familias y en condiciones de total opacidad. Un tercio de esos cuerpos no fue siquiera identificado y, entre ellos, se incluyen también víctimas republicanas.
La arqueóloga forense Laura Muñoz Encinar explica que estas exhumaciones fueron "una práctica forense negligente y profundamente propagandística", enmarcada dentro de "una operación política y moral para legitimar la victoria franquista". "Las víctimas del otro bando quedaron fuera de toda reparación, y las fosas de los vencidos se convirtieron en una pedagogía del miedo, un recordatorio físico del castigo y de quién tenía el poder", subraya.
La movilización civil y el inicio de la exhumación científica
No será hasta comienzos del siglo XXI cuando se produzca una movilización desde la sociedad civil que permita empezar a reconstruir una memoria que tenga en cuenta a las víctimas de la represión franquista. La intervención en octubre de 2000 en Priaranza del Bierzo (León) inició el proceso para identificar científicamente a los desaparecidos y descubrir la magnitud de los crímenes. Muñoz detalla que en este contexto se produjo un cambio importante, ya que "las familias no solo querían encontrar a sus desaparecidos, sino también saber lo que había pasado". "Las víctimas ya no querían únicamente exhumar los cuerpos para enterrarlos en los cementerios de sus localidades, sino reconstruir los hechos, y para eso se necesitaban datos científicos", detalla la arqueóloga forense.
En ese ambiente surge la primera ley de memoria, aprobada en 2007 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que reconoció por primera vez los derechos de las víctimas de la Guerra Civil. No obstante, según Gómez, "delegaba la responsabilidad en las familias y dejaba muchos vacíos". El avance, sin embargo, se vio abruptamente interrumpido. Con la llegada al Gobierno de Mariano Rajoy en diciembre de 2011, la ley de 2007 no fue derogada, pero la financiación se esfumó al no destinarse ninguna partida presupuestaria para su aplicación.
Muñoz recuerda que "fue un nuevo golpe para las familias por parte del Estado", aunque se realizaron trabajos a nivel autonómico. "Gobiernos como los de Baleares, Extremadura o Andalucía tuvieron que desarrollar sus propias leyes para poder tener líneas de actuación a nivel autonómico y continuar con las excavaciones. Sin embargo, algunos proyectos que ya estaban en marcha se paralizaron en 2012", aclara la arqueóloga.
70 identificados de casi 9.000 cuerpos
El Estado no asumirá la gestión pública hasta la entrada en vigor, en 2022, de la Ley de Memoria Democrática. Por primera vez, el Estado se responsabiliza de la búsqueda de desaparecidos, de crear un mapa estatal de fosas y de establecer mecanismos de financiación plurianuales para exhumaciones, análisis forenses y actuaciones en archivos. Una norma que, según el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha permitido la recuperación de más de 8.941 cuerpos desde 2019.
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Pese al aumento de las intervenciones, uno de los principales problemas radica en la identificación. De los casi 9.000 cuerpos encontrados, solo 70 han sido identificados genéticamente y devueltos a sus familias. Los expertos explican que este proceso depende de la confluencia de varias variables: familiares disponibles para la toma de muestras, material genético conservado y una infraestructura científica coordinada. En cambio, Gómez pone el foco en que "no existe un banco nacional de ADN plenamente operativo, sino registros dispersos en distintas comunidades autónomas y universidades". Además, recuerda que se trata de una iniciativa prevista en la última ley.
No obstante, Muñoz matiza que "poner el foco solo en el ADN es un error", porque "la memoria también necesita documentos, archivos y testimonios que completen la historia de las víctimas". "Es una tarea muy complicada por varios motivos: la conservación del ADN es muy limitada, los familiares han muerto o no son genéticamente viables, y a veces ni siquiera existen registros de las víctimas".
A ello se suma la falta de continuidad presupuestaria, que deja los proyectos a expensas de los ciclos políticos. Gómez advierte que "cada cambio de gobierno significa volver a empezar, y eso genera desánimo, especialmente entre las familias que ya llevan un cuartos de siglo esperando una respuesta". Muñoz concluye que la exhumación es "una herramienta de reparación y de conocimiento", pero también un espejo de nuestra democracia. "Cada fosa que no se abre es un silencio que sigue vigente y mientras eso ocurra, la herida seguirá abierta", añade la arqueóloga forense.
Este martes se cumplen 25 años desde que España comenzó a destapar las cunetas del franquismo. El 21 de octubre del año 2000, la excavación de Priaranza del Bierzo, en la que se exhumaron de forma científica los restos de trece desaparecidos republicanos, marcó el inicio de un proceso de recuperación de la memoria que aún no se ha cerrado. Durante décadas, los cuerpos de decenas de miles de personas asesinadas y enterradas en fosas comunes o cunetas tras la Guerra Civil permanecieron relegados al olvido por parte del Estado.