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Corrupción

Estudios y expertos advierten de que la impunidad de la corrupción provoca polarización y debilita la democracia

Pablo Crespo y Francisco Correa, dos de los acusados de la 'trama Gürtel'.

Pensar en el Partido Popular es pensar en la trama Gürtel y en la Púnica. Es recordar el caso de los Papeles de Bárcenas, Imelsa, Acuamed, Taula, Brugal o Palma Arena, por poner algunos ejemplos. Es poner cara a Francisco Granados, Luis Bárcenas, Ana Mato, Álvaro Lapuerta, Pablo Crespo, Pedro Gómez de la Serna, Gustavo de Arístegui, Alberto López Viejo, Jesús Sepúlveda o Alfonso Grau, entre otros muchos. En definitiva, hablar del PP es hacerlo de una formación salpicada día sí y día también por escándalos de corrupción. De un partido que ha sido imputado por la destrucción de los ordenadores del extesorero, definido en la ciudad de Valencia como "organización criminal" por la Guardia Civil y financiado de forma irregular durante casi dos décadas, según consideró en su momento probado el juez Pablo Ruz.

Pero hablar del PP también es hacerlo del futuro Gobierno para los próximos cuatro años. La formación conservadora, salpicada por todos los flancos, logró en las pasadas elecciones casi 8 millones de papeletas en las urnas. Los expertos señalan que la corrupción, aunque afecta a las diferentes formaciones en las urnas, "no provoca cambios de Gobierno, ya que no es el único criterio que valoran los votantes". Sin embargo, este mal endémico en España sí que pasa factura a las cuentas públicas. Las cifras son diversas en este sentido. El profesor alemán Friedrich Schneider ha cifrado su alcance en nuestro país en torno al 1 % del PIB. Un coste que el Banco Mundial, por otro lado, sitúa entre el 0,5% y el 2% en los países de la OCDE.

La corrupción es la segunda mayor preocupación de los españoles. Desde que el Ejecutivo capitaneado por Mariano Rajoy alcanzase La Moncloa, la intranquilidad sobre este asunto ha pasado del 8,6% en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de febrero de 2012 al 43,3% en el de julio de este mismo año. Y quizá la preocupación sería mayor de tenerse en cuenta las consecuencias de mantener durante muchos años un sistema podrido. La pasada semana alertó sobre ello el politólogo Ignacio Sánchez Cuenca en el programa El Intermedio: "Cuando un país combina altos niveles de desigualdad y corrupción se genera una falta de confianza en el sistema, una polarización política. Y se reduce enormemente la posibilidad de redistribución de la riqueza". 

Las raíces (I): educación

En primer lugar cabe preguntarse dónde se encuentran las raíces de la corrupción. Los politólogos Eric M. Uslaner, de la Universidad de Maryland, y Bo Rothstein, de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), trataron de dilucidarlo en su estudio Mass education, state-building and equality. Searching for the roots of corruption. Los dos expertos en ciencias políticas tomaron como punto de partida el año 1870 –el primero sobre el que tenían datos fiables– y encontraron durante la investigación un fuerte vínculo entre la educación y la riqueza de un país a finales del siglo XIX con el nivel de transparencia de ese Estado más de cien años después. "Cuando los estados son comparados, los niveles altos y bajos de corrupción persisten durante largos periodos de tiempo", señalan.

Así, tomando como referencia la media de años de escolarización en los 78 países analizados y el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI, por sus siglas en inglés) de Transparencia Internacional en 2010, los dos politólogos concluyen que "los países con una mayor educación en 1870" son en la actualidad los que tienen un índice menor de corrupción. En este sentido, además, ambos expertos ponen como contrapunto el ejemplo de las colonias: "Las colonias en 1870 sin casi escolarización han sido los Estados más corruptos 140 años después". Uslaner y Rothstein también hacen una diferenciación entre colonias y ponen el foco en los territorios españoles donde, sostienen, "fueron capaces de proporcionar una mejor educación" que en los británicos y franceses.

Ambos expertos concluyen que la educación masiva y pública es un factor "determinante" para combatir la corrupción. "Un estado que establece la educación gratuita libre envía una señal importante de que no es principalmente un aparato del 'bien privado' para la opresión y la extracción en manos de unas élites, sino que puede producir una cierta cantidad de equidad y bienes públicos", sostienen Uslaner y Rothstein. Siguiendo esta línea, no se entiende el recorte en esta materia que se ha hecho en España durante los años de crisis. Según datos del sindicato CCOO, recogidos en su informe Crisis económica y financiación educativa, la inversión en educación se ha desplomado entre 2009 y 2013 en 8.920 millones de euros, un 13% menos. 

Ignacio Sánchez Cuenca, director del Instituto Carlos III-Juan March de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid y profesor de Ciencia Política en la misma universidad, recalca que el estudio no liga la calidad educativa con la transparencia, sino que se basa en la media de años de estudio: "Es difícil encontrar datos de la calidad educativa en los distintos países en 1870". Una vez deja este aspecto claro, el experto señala, en conversación telefónica con infoLibre, que "si la educación" es "de mayor calidad" cabe pensar que "habrá más lectura" y, en consecuencia, "un menor grado de corrupción". En este sentido, Sánchez Cuenca recuerda que la lectura de periódicos es uno de los aspectos "determinantes" para combatir un sistema podrido.

Víctor Lapuente es miembro del Instituto para la Calidad del Gobierno de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). A modo de anécdota comienza la conversación señalando que Rothstein fue su jefe y que ha conversado sobre estos temas con él en diversas ocasiones. Una vez puestos en materia, el politólogo apunta que el argumento le parece "interesante", pero se muestra un poco "escéptico". "Hay países como Grecia, Italia o Argentina con niveles de educación más o menos altos pero con una enorme tasa de corrupción y desigualdad". Además, considera que las políticas públicas "dependen de no tener corrupción y de un buen gobierno": "La educación también es una consecuencia de las buenas instituciones. Si no las hubiera habido en su momento, no se hubiera fomentado", apunta en conversación con este diario. 

Las raíces (II): riqueza

Pero el estudio de Rothstein y Uslaner también pone el foco en la riqueza como otra de las raíces de los sistemas corruptos. Sin embargo, con los datos en la mano, consideran que el nivel del PIB per cápita de un Estado en 1870 no influye con tanta fuerza como puede hacerlo la media de años de estudio. Mientras que el país más educado a finales del siglo XIX "es ahora (en 2010) 4,5 veces menos corrupto" que el Estado con el menor nivel educativo en 1870, en el caso del PIB per cápita la relación se reduce a 2,5 unidades de diferencia entre el Estado más rico y las colonias con una mayor pobreza.

"Sabemos que los países ricos, los que tienen un mayor PIB per cápita, son también los más trasparentes", apunta Sánchez Cuenca. Sin embargo, el profesor de Ciencia Política explica que no está muy claro cuál de los dos aspectos tiene primacía causal: "No sabemos si la mayor transparencia viene por el efecto directo de la economía o, si por el contrario, es el efecto de la economía lo que influye sobre la educación y, a posteriori, sobre el nivel de transparencia en un país". Pero, a pesar de esto, lo que sí tiene muy claro el politólogo es que la corrupción "tiene un efecto negativo" sobre el sistema económico de los Estados.

En una línea similar se posiciona Lapuente: "Estamos de nuevo ante el problema del huevo y la gallina". Está de acuerdo con que el PIB per cápita "está correlacionado, y altamente" con la transparencia. Pero, en este sentido, se pregunta: "¿Los países ricos tienen buenas instituciones o las buenas instituciones construyen países ricos?". Con esta cuestión en el aire, el politólogo sostiene que "como el PIB de un país no lo podemos cambiar de la noche a la mañana", entonces habrá que "poner un poco el peso" en el cambio "de las instituciones".

Para el profesor del Instituto para la Calidad del Gobierno el antiguo argumento de que un sistema corruptogreasing wheels –engrasaba las ruedas de un país– ha derivado a sanding wheels –arena en las ruedas–. "Antes se decía que la corrupción era uno de los costes del crecimiento económico. Ahora se ha demostrado que es todo lo contrario, que sólo fomenta el desarrollo de determinadas empresas y que mina la capacidad de crecimiento de un país", apunta. Por eso, sostiene, "si cambiamos las instituciones vamos a tener una mayor capacidad de crecimiento"

El factor clave: la confianza social

Pero otro de los elementos interesantes que analizan Uslaner y Rothstein a lo largo de sus estudios es el de la confianza social. Así, según señalan en All for all: equality, corruption and social trustAll for all: equality, corruption and social trust, "la corrupción es un efecto indirecto de la confianza social". Y añaden: "Las ciudades, regiones o países donde la gente tiene una mayor confianza son propensas a tener mejores instituciones democráticas, economías más abiertas, mejor crecimiento económico y menores niveles de crimen y corrupción". Así, se pueden poner en contraposición algunos Estados para encontrar sentido a la explicación. En Holanda y Suecia, con una nota que supera los 80 puntos en la valoración de Transparencia Internacional en 2012, más del 60% de la población creía entre 2010 y 2014 que se puede confiar en la gente. En Turquía y Brasil, donde la confianza cayó en el mismo periodo hasta niveles del 10%, la nota de TI está por debajo de 50.

¿Y de qué factores dependen los niveles de confianza social en un determinado país? Ambos expertos en ciencias políticas lo tienen muy claro: "Del nivel de igualdad en la sociedad". Pero en este sentido hay que tener en cuenta tanto la igualdad económica –distribución de los recursos– como la de oportunidad –la posibilidad que tienen los ciudadanos de prosperar en un futuro–. Y, para dejar bien atado este análisis, Rothstein y Uslaner dan un dato: "Si nos movemos desde el nivel más bajo de desigualdad al más alto, la confianza se desploma un 23%". Una confianza que, según añaden, está fuertemente condicionada, en un segundo plano, por la educación de la sociedad.

"Esto es muy interesante y no se tiene en cuenta. Cuando hay desigualdad, la gente tiende a pensar que hay una parte de la sociedad que está siendo favorecida por el sistema y otra que no", dice Lapuente. Es, en su opinión y tirando de ejemplos actuales, "lo que lleva" a algunos estadounidenses "a votar a Donald Trump". "Un aumento de la desigualdad genera una mayor desconfianza ciudadana, lo que a su vez lleva a una peor intervención del Gobierno y a un aumento, de nuevo, de la corrupción. Se entra en una especie de círculo vicioso y la sociedad queda atrapada en eso, que es realmente peligroso", añade el profesor de la Universidad de Gotemburgo. Por este motivo, añade, el problema de un sistema corrupto no está sólo en el dinero que se pierde por el camino.

Consecuencias sobre las políticas públicas

Y esto mismo recuerdan los autores en All for all: equality, corruption and social trust. De entre todas las consecuencias que trae consigo un sistema podrido, la que más preocupa a Uslaner y Rothstein es la que planea sobre las políticas públicas. "Un Gobierno honesto es esencial para el impulso de programas universales de bienestar social. La corrupción se basa en la lealtad al grupo, y no en la sociedad en general, por lo que este tipo de políticas son el anatema para un Gobierno deshonesto", sostienen ambos politólogos en su estudio. 

Por eso, asevera Sánchez Cuenca, "la peor combinación es cuando hay a la vez desigualdad económica o social por un lado y corrupción por el otro". Porque se genera ese círculo vicioso del que es complicado salir. Con esta combinación, añaden Uslaner y Rothstein, incluso con un Gobierno deshonesto que apueste por el impulso de políticas sociales, "en sociedades con baja confianza y altos grados de desigualdad hay una posibilidad grande" de que fracasen porque "fallen en el proceso de implementación". "Educación o sanidad pueden convertirse en productos a la venta", concluyen.

Lapuente, por su parte, quiere romper el mantra de que el impulso de políticas del bienestar dependa "sólo de que haya gobiernos de izquierda". Lo importante, añade en conversación con infoLibre, "es que no sean corruptos", porque si lo son los ciudadanos "no van a querer pagar impuestos". Un aspecto en el que también se pone el foco a lo largo del estudio: "La corrupción transfiere recursos de las masas a las élites, de los pobres a los ricos. Es, por lo tanto, un impuesto adicional para los ciudadanos". En esta línea, los dos autores añaden que "la gente va a pagar altos impuestos sólo si creen que obtendrán un valor razonable de vuelta en forma de servicios".

En el caso de España, el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) calculó el pasado mes de mayo que cada español paga casi 1.000 euros de más en impuestos por culpa de la corrupción y el fraude fiscal. Por eso, no es de extrañar la opinión que los españoles tienen del sistema tributario de nuestro país. Según el barómetro del CIS del mes de julio, un 29% de los consultados señalaban que los impuestos son "algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué". En este sentido, preguntados por si la sociedad se beneficia de ellos, un 54,9% respondieron que "poco".

Genera polarización

Los exalcaldes del PP de Alicante Alperi y Castedo, al banquillo por corrupción

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Pero, además, la corrupción polariza a la sociedad. La divide. Y así lo recuerdan los dos politólogos en su investigación: "Cuando la gente piensa que el único camino hacia la prosperidad es a través de la falta de honradez, las tensiones sociales entre los de arriba y los de abajo se acentúan". Por eso, añaden, en aquellos países donde los niveles de corrupción son elevados, los ciudadanos se vuelven "más hostiles" con aquellos que más tienen y los votantes son propensos a creer "que los pobres son tratados injustamente por la sociedad en general y por las instituciones de gobierno en particular". En este sentido, Eric M. Uslaner y Bo Rothstein agregan que entonces "algunos grupos" son "propensos" a optar por "partidos del ala izquierda" con el objetivo de lograr una mayor redistribución de la riqueza.

"Si tienes entonces esa combinación de desconfianza y radicalización política, al final es imposible cambiar nada porque no se dan las condiciones para encontrar pactos que sumen a la mayor parte de una sociedad que queda completamente vertebrada", sostiene Sánchez Cuenca. Entonces, cuando más necesario resulta el cambio, más difícil es que se produzca. En este sentido, el profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid sostiene que España, "con el incremento de la desigualdad y con una corrupción que queda impune políticamente", se dirige hacia "la dirección mala" de la que luego es tan difícil salir. Por eso, a Lapuente le sorprende que no se estén abordando con seriedad ambos problemas en nuestro país.

Siguiendo esta línea, el profesor de la Universidad de Gotemburgo apostilla que un Gobierno honesto "es muy importante para evitar el conflicto social". Y pone "en el extremo" el caso de Jamaica, "un régimen que colapsó por la corrupción y que terminó en polarización y violencia". Sin embargo, preguntado por la posibilidad de un estallido social en España, el director del Instituto Carlos III-Juan March la rechaza: "Los países que han alcanzado un cierto nivel de desarrollo nunca sufren estas explosiones. Y España está dentro de esa categoría", sostiene, y pone a renglón seguido el ejemplo de Grecia para explicarse: "Ni siquiera allí, en su situación, se ha producido una verdadera revuelta social. Hemos visto muchas protestas, algunas más o menos violentas, pero todavía no hemos sido testigos de un estallido", concluye.

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