Contaminación

Europa vuelve a poner el foco sobre el problema de España con los residuos

Vertedero ilegal en Palos de la Frontera (Cádiz).

La enésima reprimenda de la Unión Europea llegó este miércoles, y es sobre residuos: un tema sobre el que las instituciones comunitarias están acostumbradas a aleccionar y que España acostumbra a ignorar. Las recomendaciones y exhortaciones de la Comisión Europea y las sentencias del Tribunal de la Unión Europea sobre nuestra gestión de los vertederos ilegales, descontrolados y sin regular se han sucedido durante los últimos años. La última, otra carta de la Comisión Europea, pone el foco sobre los vertederos de residuos inertes: es decir, los que –en teoría– no contienen materia orgánica, y que conocemos como escombreras: restos de obras, en su mayor parte. La Comisión Europea cifra estas acumulaciones ilegales y dañinas en “al menos” 338 por todo el territorio nacional, y exige medidas inmediatas ya que “estos vertederos representan un peligro para la salud humana y el medio ambiente”. Recuerda el organismo europeo que “la primera carta, que se envió a España en diciembre de 2015, no estuvo seguida de medidas decisivas”.

En esta ocasión la Comisión Europea ha decidido centrarse en las escombreras. Ladrillo, pintura, madera, yeso, hormigón o electrodomésticos que, en vez de llevarse a un centro de tratamiento legal y adecuado, se trasladan a instalaciones que no cumplen con la regulación o, directamente, se tiran en cualquier lado. El problema no solo alcanza al peligro de contaminación por incendio, como comprobamos en Seseña: causa un impacto paisajístico evidente, las sustancias químicas como el barniz o la pintura se filtran al suelo, dejan yerma la tierra y contaminan las aguas, los gases de los electrodomésticos se escapan a la atmósfera.

La Comunidad de Madrid es una de las más afectadas por esta práctica, con más de una docena de puntos donde se acumulan residuos sin control. “Cuando se hacen obras pequeñas, hay que pagar a una empresa que se las lleve a un punto autorizado. Para ahorrar costes, se tiran a cualquier sitio. Eso si hablamos de obras pequeñas. Si hablamos de grandes obras, existe un mercado negro paralelo”, explica la portavoz de Ecologistas Madrid María Ángeles Nieto.

  "Existe un mercado negro paralelo" de vertido de residuos en grandes obras, denuncian ecologistas

Explica la activista que en la Comunidad de Madrid existen empresas pirata que recogen residuos y los depositan en lugares no autorizados, evidentemente sin ningún tipo de control. pirata Funcionan porque cobran un precio mucho menor que el que cobran las compañías que descargan la basura en los vertederos legales y con todo en regla. “La Comunidad de Madrid está haciendo muy poquito, prácticamente nada”, insiste Nieto. En España, el Gobierno central establece las directrices básicas (el plan Pemar) y las Comunidades Autónomas son las encargadas de ejecutar el plan. “Para conceder una licencia de obra, la Administración tiene que exigir el contrato con una empresa que gestione los residuos. Muchas veces no lo pide en obras pequeñas, y en obras grandes no se hace seguimiento”, argumenta Nieto. Apunta también a que el Ayuntamiento (que gestiona los puntos limpios y los Residuos Sólidos Urbanos, RSU) y la Comunidad no trabajan en conjunto, por lo que es difícil mantener la lucha.

Más allá de los residuos inertes, la existencia de vertederos ilegales de todo tipo ha sido motivo de continuas reprimendas comunitarias. Dos sentencias del tribunal de Justicia de la Unión Europea, una en febrero de 2016 y otra en marzo de 2017, condenan a España por el mantenimiento de 61 de estos espacios. La pena no conlleva multa, ya que ese proceso es más largo y complejo, aunque está en marcha. El Ministerio de Medio Ambiente ha asegurado en ambos casos que el retraso en cerrar o regularizar ese vertedero se debe a que las contingencias de la crisis económica lo impedían –un argumento rechazado por el TJUE– y limita la cifra a 38. “El plazo para esta regularización se abrió cuando se creó la Directiva Marco en 1999. Se sobrepasó en muchos casos”, explica Carlos Arribas, responsable de Residuos de Ecologistas en Acción. Explica el activista que los vertederos de residuos urbanos, donde se almacena materia orgánica, tienen que contar con una capa de impermeabilización para que la degradación de los desechos no afecte al entorno. Esa como principal medida de protección básica que no se cumple. Otros vertederos de residuos inertes, al no estar regularizados, permiten la entrada de esta materia cuando la infraestructura no está preparada para recibirlos. Todo vale porque no hay control.

Hay pocos funcionarios. Ni hacen el control los propietarios de las instalaciones, ni las administraciones. Muchas veces el control se reduce a una báscula, y los camiones que llegan esconden materia orgánica bajo una capa de muebles y restos de obra”, señala Arribas. Entre los puntos de acumulación de basura improvisados, los vertederos de residuos orgánicos que no cumplen la regulación y las escombreras que aceptan residuos orgánicos, el cerco de la Unión Europea se estrecha y no hay noticias de una respuesta a corto plazo de España ante este problema medioambiental.

Soluciones

Los ecologistas, más allá de pedir una evidente mejora del control, la persecución y las sanciones a las prácticas ilegales y dañinas por parte de las Administraciones, en especial de las Comunidades Autónomas, apuntan que las plantas de tratamiento de residuos sólidos son “vertederos encubiertos” donde la tasa de reciclaje es demasiado baja y que, por tanto, la basura que acumulamos crece por encima de nuestras posibilidades. La Directiva Marco de Residuos para 2020 nos pone un objetivo del 50% de reciclado de los residuos que se generan en casa, los llamados “domiciliarios”. Estamos en el 33%. Una de nuestras grandes herramientas para alcanzar esas metas, ahora mismo muy lejos, son dichas plantas, donde se hace un separado del material que depositamos en el contenedor gris. Ecologistas en Acción mantiene que estas instalaciones recuperan un 5% del material para su reuso, y el resto se va al vertedero. “El sistema es absolutamente ineficiente, por mucho que mejoremos la tecnología. Las máquinas tienen problemas para identificar los materiales si tienen estampados, si vienen manchados de materia orgánica o si los objetos son muy pequeños. Y del material que se logra reciclar, ni las empresas lo quieren, porque lo generado es muy poca calidad”, explica Arribas.

Para su organización, el cambio pasa por una recogida selectiva de materia orgánica. Ya sea puerta a puerta o con contenedores solo de restos de comida y bebida (no como los grises actuales), tanto abiertos (de uso libre) o cerrados, en los que el usuario debe adquirir una tarjeta magnética para usarlos. Ecologistas en Acción apuesta por esta segunda opción: “Al tener que hacer el trámite, adquieres un compromiso”, afirma Arribas. Los restos de alimentos en el contenedor gris provocan que baje la tasa de reciclaje en las plantas de tratamiento, por lo que su salida del sistema de gestión facilitaría el proceso. Ya hay iniciativas al respecto: los últimos, el Ayuntamiento de Dènia, en la Comunidad Valenciana. 

Arribas, además, opina que el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), en el que el consumidor paga por el envase al hacer la compra y el dinero de más se le devuelve al devolver el brick o la latabrick, reduciría bruscamente el número de desechos en los vertederos, o tirados por las ciudades, o en la naturaleza. Pero el sistema actual mayoritario en España, el Sistema Integrado de Gestión de Residuos, encabezado por Ecoembes en el mundo de los envases y el contenedor amarillo, no venderá barato el monopolio. La sanción económica llegará pronto de Bruselas y, entre la desidia de las administraciones y un modelo ineficiente, como denuncian los activistas, la basura se acumula.

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