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'Caso Nóos'

El fiscal se opone otra vez a imputar a la infanta y deja al juez sin margen de reacción

La Fiscalía Anticorrupción tomó ayer la delantera al juez del caso Urdangarin al presentar un escrito en el que se opone de nuevo a la imputación de la infanta Cristina de Borbón, contra la que –argumenta- no ha aparecido hasta la fecha ningún indicio de que cometiera delito fiscal o de blanqueo de capitales sino meras “conjeturas”.

Fuentes jurídicas aseguran que Horrach ha presentado el escrito antes de que el juez comunique a las partes el resultado de sus últimas investigaciones porque todo está ya claro para la Fiscalía. Otras fuentes interpretan este paso como un cortafuegos ante la aparición constante de noticias que relatan actuaciones de la infanta relacionadas con Aizoon SL; la empresa cuya propiedad comparte con Urdangarin, como la firma del autoalquiler del palacete de Pedralbes o el empleo de fondos societarios para gastos personales como la comunión de dos de sus hijos o la decoración del ya citado palacete, que era su residencia familiar. El denominado sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, aún no se ha pronunciado. Pero se da por hecho que, ahora o más adelante, refutará el escrito del fiscal y pedirá la imputación de la infanta.

La única concesión del escrito a quienes creen que Cristina de Borbón fue copartícipe de los manejos de su marido se localiza en el párrafo final, donde  Horrach advierte de que no incriminar a la infanta no obsta para exigirle responsabilidades civiles como "partícipe a título lucrativo": es decir, que devuelva el dinero que llegó a la empresa cuya propiedad comparte con su marido al 50%, Aizoon SL.

Con su escrito, y aunque todavía no hay una decisión tomada, la Fiscalía abre la puerta a la desimputación de Ana Tejeiro, la mujer de Diego Torres, convencido de que la implicación penal de su esposa constituye un agravio comparativo frente a la exoneración de la infanta. Horrach abre esa puerta al afirmar que ni Cristina de Borbón ni Ana Tejeiro “participaban en la toma de decisiones estratégicas” del entramado Nóos, el grupo que a través de la pretendida ONG del mismo nombre captó seis millones de euros públicos en Baleares y Valencia.

El escrito del fiscal Pedro Horrach deja al juez José Castro en una posición difícil en la recta final de las indagaciones emprendidas antes de decidir, por segunda vez, si imputa o no a la hija del rey después de que, en abril, la Audiencia de Palma anulase la primera citación judicial lanzada por el juez. El magistrado no puede dar traslado a las partes –algo a lo que le obligó la Audiencia- y pedir su opinión sobre la materia antes de pronunciarse sobre la imputación en tanto no tenga todos los informes que ha solicitado. Y todavía falta uno de Hacienda para determinar qué impuestos de sociedades habría tenido que pagar Aizoon SL.

La "rumorología" del blanqueo

Horrach no niega que Aizoon utilizó dinero para gastos personales del matrimonio Urdangarin-Borbón, pero aduce que ya se conocían desde 2011 y que su existencia en nada refuerza la idea de que la infanta participó en el delito de fraude fiscal atribuido a su marido ni en el de blanqueo. Para perpetrar este último, Cristina de Borbón habría tenido que conocer previamente el origen ilícito de los fondos que manejaba Aizoon. Y nada, concluye Horrach, concluye que eso ocurriera. La sospecha de blanqueo, dice el escrito, "vuelve a ser una especulación huérfana de sostén indiciario, que tendría cabida en el ámbito de la rumorología, ajena, claro está, al ámbito penal". 

Redactado en términos muy diferentes a los usuales antes de que el futuro procesal de la infanta abriese una brecha irreparable con el juez Castro, el escrito de Horrach incluye un reto que es al mismo tiempo una vindicación de su modo de actuar en la causa: “Si cualquier ciudadano tuviera indicios o constancia de una actuación ilícita de encubrimiento por parte de este Fiscal, debe acudir a las instancias correspondientes y denunciar dicho hecho [el uso de un doble rasero para exculpar a la infanta]. No hacerlo, y simultáneamente especular o afirmar la existencia de confabulaciones delictivas dirigidas a la protección de determinadas personas en función de su posición, equivale al “humo” que vendían D. Iñaki Urdangarín y D. Diego Torres a los organismos públicos”.

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