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La Fiscalía rechaza aclarar si investiga el caso de la fiscal de Delitos Económicos: "Es materia reservada"

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

Silencio sepulcral en el Ministerio Público en relación al caso que afecta a la fiscal de Delitos Económicos de Madrid. Cuatro días después de que infoLibre sacara a la luz que Manuela Fernández Álvarez es, al tiempo que fiscal, administradora única de una empresa cuyo objeto social es la "tenencia de valores (fondos de capital riesgo)", el departamento que dirige Álvaro García Ortiz se niega a aclarar a preguntas de este diario si se han abierto o no diligencias informativas, ya sea sobre una posible incompatibilidad o sobre el considerable incremento del patrimonio que ha experimentado la fiscal durante los últimos años. Para ello, fuentes de la Fiscalía General del Estado se escudan en el carácter "reservado" de todos los procedimientos disciplinarios.

El actual Reglamento del Ministerio Fiscal establece, en sus artículos 163 y 164, que "toda denuncia o queja" relativa a la actuación de sus miembros debe ser "inmediatamente remitida" a la Inspección Fiscal, con los "antecedentes y documentos relacionados con los hechos" que aporte el denunciante o que obren a disposición del órgano que haya recibido la queja. A partir de aquí, si a través de la denuncia o por "cualquier otro medio de conocimiento", como puede ser una publicación periodística, la Inspección Fiscal entendiese que los hechos, de resultar acreditados, pudieran ser constitutivos de una infracción disciplinaria, puede actuar de forma preliminar por dos vías diferentes en función de las circunstancias.

En el caso de que haya "indicios racionales" de la existencia de una o varias faltas y de la identidad de su autor u autores, pidiendo la incoación de un expediente disciplinario al Promotor de la Acción Disciplinaria, que actualmente es Manuel Moix y que tuvo que dimitir como jefe de Anticorrupción tras desvelar este diario su participación en una sociedad en Panamá. Pero si, a pesar de los indicios, "no constan suficientemente los elementos señalados" anteriormente, podrá acordar la apertura de diligencias informativas. Estas actuaciones serán las "exclusivamente imprescindibles" para "comprobar la verosimilitud" de los hechos, determinar autoría y comprobar si encajan en una infracción disciplinaria. Y, para ello, puede reclamar "documentos" u ordenar "la práctica de las diligencias que estime oportunas".

En este caso, la investigación de infoLibre puso de manifiesto dos cuestiones. La primera, el papel de la fiscal de Delitos Económicos como administradora de una sociedad al tiempo que desempeñaba sus funciones en el Ministerio Público. Y la segunda, el considerable aumento de su patrimonio a lo largo de los últimos años. Sin embargo, desde la Fiscalía General del Estado rechazan desvelar si se han movido tras revelarse estos dos aspectos. A preguntas de este diario, fuentes del órgano que dirige García Ortiz no aclaran si la Inspección Fiscal ha abierto diligencias informativas en torno a este caso, ya sea por la posible incompatibilidad, por el incremento del patrimonio o por ambas cuestiones al mismo tiempo. "Es materia reservada y no se puede informar sobre ello", se limitan a decir.

Administradora única

Claudinova SL, cuyo objeto social es "la tenencia de valores (fondos de capital riesgo) y la compraventa y arrendamiento de inmuebles", fue constituida el 2 de marzo de 2021 y tiene su sede en el domicilio particular de la fiscal. Con un capital de 10.000 euros, Manuela Fernández Álvarez es socia y administradora única. En la escritura pública de constitución de la compañía se hace referencia expresa a que la fiscal declaró que no era incompatible para ejercer el puesto de administradora: “La nombrada, presente, acepta su cargo y manifiesta no estar incurso en las incompatibilidades y prohibiciones a que se refieren las leyes relacionadas anteriormente”.

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El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece en su artículo 57.8 que el ejercicio de fiscal es incompatible “con las funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas de cualquier género”. Y en la misma línea se pronunciaba el Reglamento del Ministerio Fiscal que estaba vigente en el momento de los hechos. Un texto que fue reformado este año y que ahora considera compatibles sin necesidad de pedir autorización las actividades "derivadas de la administración del patrimonio personal y familiar".

Incremento de patrimonio

En los últimos años, además, la fiscal ha ido engordando su patrimonio. En enero de 2017, adquirió a medias con su marido un piso de 308 metros cuadrados en el barrio de Recoletos en Madrid, que es el más caro de España. De acuerdo con los mapas de valores publicados por el Ministerio de Hacienda, el precio medio en la zona donde tiene su piso la fiscal es de 8.000 euros el metro cuadrado. El valor de mercado del inmueble sería de 2,46 millones de euros. Cuando lo adquirió, hace casi seis años, el matrimonio recibió un préstamo hipotecario de un millón de euros con un plazo de devolución de veinte años. En aquel momento, el piso fue tasado para subasta en 1,59 millones.

En septiembre de 2021, Manuela Fernández Álvarez y su marido adquirieron una vivienda unifamiliar en Málaga, que tiene una superficie construida de 316 metros cuadrados y cuenta con una parcela de 1.144 metros. En la zona de jardín dispone de una piscina de 34 metros. Está situada en la zona de los Jardines de San Antón. La fiscal adquirió el 80% de la propiedad, mientras que su marido compró el 20% restante. Los compradores recibieron un préstamo por importe de 850.000 euros y un plazo de devolución de 15 años. La vivienda fue tasada para subasta en 1,18 millones.

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