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La Fiscalía respalda el archivo de la investigación de las obras en la sede de Podemos

Una de las intervenciones en la Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre II de Podemos.

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La Fiscalía Provincial de Madrid ha respaldado el archivo de la investigación en relación a las obras en la sede de Podemos al no ver delito de administración desleal. Entiende que los testigos interrogados al respecto han dado "cumplida explicación" del desfase entre el proyecto inicial de reforma y la ejecución, y añade que el hecho de que haya diferencias de ese tipo es "frecuente en la ejecución de obras".

A la par, el Ministerio Fiscal recuerda a Podemos que la principal vía de investigación en estos momentos es determinar si la formación de Pablo Iglesias cometió delito electoral, por lo que indica que es razonable investigar todos los contratos que haya firmado con la consultora Neurona.

En una nota informativa, el Ministerio Fiscal explica su posición sobre diferentes escritos de las partes, y aborda primero la impugnación de los recursos de reforma y subsidiario de apelación interpuestos por acusaciones como Prolege o Vox contra el auto del magistrado de 12 de enero que acordaba el sobreseimiento provisional en relación a las obras de la sede de la formación morada.

"Ningún indicio existe pues, de la existencia de un delito de administración desleal. El tipo penal castiga los excesos en la administración que causen un perjuicio patrimonial sin que resulte de las diligencias practicadas que los gerentes de la sociedad hayan infringido sus facultades o ni siquiera la existencia de un perjuicio patrimonial", abunda el Ministerio Público para apuntalar su decisión de pedir la confirmación del auto del titular del Juzgado de Instrucción Número 42, Juan José Escalonilla.

Recuerda que el propio arquitecto responsable de la reforma declaró en sede judicial que el precio fue ajustado, incluso bajo y que se realizaron pocas mejoras. A Fiscalía le llama la atención sobremanera además que Prolege, quien ejerce la acusación popular, "vele por los intereses" de Podemos al considerarlo como perjudicado en su patrimonio "cuando ni el propio perjudicado se considera como tal".

Al hilo, y puesto que Prolege pedía en su escrito un informe pericial para determinar si el precio de la obra era ajustado a mercado, Fiscalía indica que esa diligencia no tendría otro objeto que la de mantener la investigación abierta bajo la tesis de que hubo una confabulación de Podemos con los contratistas para fijar un precio superior al habitual.

Respecto al recurso de Vox que pedía continuar investigando las obras, el fiscal dice que no existe elemento alguno que corrobore el sobreprecio denunciado inicialmente y hay ausencia de perjuicio acreditado. Le recuerda a los de Abascal que "sostener la administración desleal con sobreprecio llevaría a considerar a todos los testigos como cooperadores necesarios", y le recuerda que eso no lo plantean ni en su recurso porque "no existe indicio alguno de connivencia en establecer precios fuera de mercado".

La licitación y las normas internas

Por otro lado, responde al recurso de apelación de Podemos sobre el auto del magistrado de 12 de enero en el que se indicaba que la resolución debía haber sido de sobreseimiento libre apoyándose en que el incumplimiento de normas internas de licitación del partido no integra hecho delictivo alguno.

El fiscal subraya que la cuestión relativa a la licitación quedaba fuera del ámbito del procedimiento penal porque lo que se investigaba era la diferencia entre el proyecto y el coste real. Por eso, incide en que la alegación de Podemos carece de virtualidad en cuanto al fondo de la resolución recurrida.

Con todo, señala que otra cuestión es que por efectos reputacionales pueda discutirse el hecho de la licitación, y recuerda que las declaraciones de los testigos "ofrecen dudas respecto de cómo se produjo el procedimiento".

Las autonómicas de mayo de 2019

Por otro lado, Fiscalía respalda el auto de 16 de diciembre del magistrado por el que decidía seguir adelante con la providencia en la que ordenaba librar oficio a la Junta Electoral Provincial de Madrid para conocer por un lado la identidad del administrador electoral de Unidas Podemos-Izquierda Unida en las elecciones autonómicas de mayo de 2019, y por otro la cuenta o cuentas electorales designadas para la recaudación de fondos.

El motivo que da la Fiscalía es que puesto que "el principal objeto de este procedimiento es determinar la realidad o no del contrato entre Podemos y Neurona indiciariamente constitutivo de delito electoral", es razonable investigar todos los contratos de esa empresa con Unidas Podemos.

En este sentido, apunta que el hecho de que se hicieran pagos a esa sociedad presuntamente ficticia "obliga a realizar una mínima investigación", y añade que puede darse el caso de que esta indagación puede redundar en interés de Podemos por cuanto podrían extraerse conclusiones en beneficio del mismo tanto en relación a la existencia o no de Neurona como de los contratos firmados.

Y avisa a la formación morada de que los hechos puestos de manifiesto en al denuncia originaria sobre Neurona y la documentación aportada a la causa por el Tribunal de Cuentas "no han sido desvirtuados a día de hoy y tras la práctica de diligencias".

"Todo ello, casi siete meses después de iniciar las investigaciones sin que haya sido posible determinar qué trabajadores tuvo Neurona, cuánto tiempo trabajaron en España, si se desplazaron desde México y cuándo, así como dónde se hospedaron, información de fácil acceso al ahora apelante que no ha sido facilitada", añade el Ministerio Fiscal.

Se liquidó el impuesto según el coste final de la obra

Asimismo, sobre el recurso que presentó el tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, la Fiscalía se adhiere parcialmente al mismo puesto que consta liquidado el impuesto según el coste final de la obra. Así indica que procede estimar el recurso en lo que se refiere "a la cuestión fáctica de la finalidad de la pretendida diferencia dejando sin efecto el traslado al Ayuntamiento de Madrid".

También estima parcialmente el recurso de la gerente de compras y servicios del partido morado, Andrea Deodato, y de la gerente, Rocío Esther de Val, contra el Auto de 12 de enero de 2021 porque consta liquidado el impuesto según el coste final de la obra. "Procede estimar el recurso en lo que se refiere a la cuestión fáctica de la finalidad de la pretendida diferencia", añade.

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