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El principio del fin de la Fundación Franco, última trinchera de la dictadura tras 47 años de democracia

Francisco Franco junto al general Emilio Mola.

El Gobierno deja claro su compromiso con la memoria en plena ofensiva ultra en distintas comunidades autónomas. Y lo hace poniendo de nuevo el foco sobre la Fundación Franco. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha insistido este viernes en una entrevista en la Cadena Ser en que el plan del Ejecutivo sigue pasando, frente a lo que se sostiene algún medio de la derecha, por la extinción de la entidad: "No tiene ningún sentido dentro de la democracia". "¿Es decir, estamos viendo sus últimos días?", ha preguntado el periodista. "Sí", ha sentenciado el ministro sobre una fundación convertida en la última gran trinchera de la dictadura tras la caída del régimen y principal punta de lanza contra las políticas de memoria desarrolladas en los últimos años.

La Fundación Franco nació cuando ni siquiera se había cumplido un año del fallecimiento del dictador. Se constituyó formalmente el 8 de octubre de 1976. Y se apoyó sobre 226 fundadores, según la información que consta en el Ministerio de Justicia. Entre ellos se encontraba, por supuesto, la hija del caudillo, Carmen Franco Polo, que ejerció como presidenta de honor de la entidad hasta su fallecimiento. O Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de Falange y delegada nacional de la Sección Femenina. Y también un nutrido grupo de empresarios, religiosos, militares, diplomáticos, políticos o ministros del régimen: desde José Utrera Molina o Licinio de la Fuente hasta Antonio María de Oriol y Urquijo o Jaime Miláns del Bosch. Lo más granado de la dictadura.

Entre sus fines estaba entonces el contribuir a la "proyección del ideario" del dictador sobre el futuro de la vida española, la "exaltación" de su vida como "modelo de virtudes" o el enaltecimiento de su "figura" y la preservación de su "legado". Mes y medio después de su constitución ante notario, el rey Juan Carlos I recibió en audiencia a la Fundación Franco, que le entregó su primera medalla de oro. Una reunión en la que, según las crónicas de la época, los representantes de la entidad solicitaron al monarca su intervención para que se pusiera fin "a la campaña de descrédito, insultos y falsedades" contra el fallecido dictador que se estaban "propagando" en "determinados medios de comunicación social".

Ahora, casi medio siglo después, la entidad se enfrenta a su eliminación al calor de la Ley de Memoria Democrática. Una norma que establece como causa de extinción de las fundaciones en su disposición adicional quinta la "apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes" con "menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas". "En una democracia consolidada y europea, como la española, no puede haber una fundación que homenajee a un dictador y a toda la obra de la dictadura", ha dicho el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tras las palabras del titular de Memoria. Unas declaraciones, las de Torres, que desde su departamento han querido matizar: "No ha hecho ningún anuncio nuevo sobre el proceso de extinción".

Al fin y al cabo, a quien realmente compete la puesta en marcha del procedimiento para la eliminación es al Ministerio de Cultura. "Corresponderá al Protectorado de Fundaciones –que depende de la cartera que dirige Ernest Urtasun– instar judicialmente la extinción de la fundación por concurrencia de esta causa, pudiendo en tal caso el órgano judicial [...] acordar la suspensión provisional de las actividades de la fundación hasta que se dicte sentencia, así como adoptar las medidas cautelares que se consideren necesarias para la eficacia de la suspensión de actividades", deja claro la Ley de Memoria Democrática. Fuentes de Cultura confirman que se está "trabajando" de manera "discreta" para "cerrar la fundación" y que darán más detalles cuando todo esté ya atado.

Desde la Fundación Nacional Francisco Franco, cuyo presidente de honor es en la actualidad el bisnieto del dictador –Luis Alfonso de Borbón–, aseguran que darán la batalla. "Que vengan, nos defenderemos legalmente", señala Juan Chicharro, presidente ejecutivo de la entidad. Este general de la Marina retirado, que formó parte del grupo de militares que en 2018 suscribió un manifiesto a favor de Franco, sostiene que lo que pretende el Gobierno es "callar" lo que fue el régimen franquista y sus "logros", donde "prosperidad, orden y estabilidad eran el único objetivo". Una respuesta en la que, por supuesto, no hubo mención alguna a la represión sufrida durante aquellas cuatro décadas negras de la historia reciente de España.

Chicharro reconoce que en algún momento se han planteado la posibilidad de continuar funcionando desde el extranjero si la entidad es finalmente extinguida. Pero ahora es algo que, continúa, no se contempla. En los últimos años, y ante el riesgo de una posible eliminación, la entidad ha retocado sus estatutos en un par de ocasiones. Entre sus fines ya no figura, por ejemplo, ni el "contribuir a la proyección" del ideario del dictador "sobre el futuro de la vida española" ni el "enaltecer" su figura ni el "exaltar su vida" como "modelo de virtudes". Ahora, se limitan a la difusión y promoción del estudio y conocimiento "sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra" de Franco "en su dimensión humana, militar y política" y del Estado "que rigió los destinos de España" entre 1936 y 1977.

Pero no solo eso. Para intentar blindarlos un poco más, Chicharro explica que se ha incluido también en los mismos una referencia resaltando que en el desarrollo de sus actividades la fundación "velará" por el "máximo respeto a las víctimas de cualquier significación" del periodo comprendido entre 1931 y 1977, "evitando siempre el desprecio, descrédito o humillación a ellas o a sus familiares". "Tras la última modificación, nuestros Estatutos se ajustan a la Ley de Memoria Democrática", asegura el presidente de la fundación. "¿La Fundación Francisco Franco va a poder esquivar la norma y ustedes no van a poder ilegalizarla?", se le ha preguntado esta mañana al ministro de Memoria. "Entiendo que no", ha dicho Torres.

Opacidad y batalla contra la memoria

La entidad siempre ha sido punta de lanza contra las políticas de memoria impulsadas en las dos últimas décadas. No dudó en acudir a los tribunales en 2005 para impugnar el desmontaje de la estatua ecuestre del dictador en Nuevos Ministerios. Una retirada que, sin embargo, el Supremo acabó avalando. Lo hizo en 2012, el mismo año en el que la entidad presentó una denuncia contra el artista Eugenio Merino por su escultura Always Franco, exhibida en la feria barcelonesa ARCO y en la que el dictador aparecía en forma de guiñol en el interior de una máquina de refrescos. Una demanda por "intromisión ilegítima en el honor" que la justicia acabó desestimando al entender que dicha obra no implicaba daño alguno en la reputación de la fundación.

Tras la primera ley de memoria histórica, la que aprobó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, la entidad se embarcó en una ofensiva para frenar la retirada del callejero de nombres vinculados con la Guerra Civil o la dictadura. Una ofensiva que llegó a tal punto que el Tribunal Supremo se vio obligado a poner coto a sus recursos indiscriminados. En una sentencia, los jueces señalaron que la capacidad de la entidad para recurrir solo se limita a aquellos actos que afecten de manera directa al nombre de Franco. Un dictador cuya salida del Valle de los Caídos también trató de parar, sin éxito, la fundación que lleva su nombre, que también maniobró en los tribunales para tratar de detener las exhumaciones de víctimas de las criptas de Cuelgamuros.

De hecho, la entidad sitúa la "lucha" contra la "mal llamada Ley de Memoria Histórica" como una de sus principales actividades. Y presume de ello en su propia página web: "Las actuaciones de la fundación en este terreno han cosechado numerosos éxitos, y han paralizado las actuaciones arbitrarias de las diversas Administraciones en todos aquellos casos en los que la Fundación se ha personado judicialmente, y en particular el callejero de Madrid". "Nadie podrá borrar la enorme trascendencia de Francisco Franco y su época [...]. El aquelarre antifranquista instalado en España, odia cuanto ignora", respondieron en su día a la nueva Ley de Memoria.

La fundación ha estado funcionando durante años al margen de la legalidad. Aunque la ley que regula el funcionamiento de este tipo de entidades obliga a depositar en el registro correspondiente su contabilidad anual, lo cierto es que algunas de esas cuentas no fueron entregadas en tiempo y forma. Chicharro, a preguntas de este diario, lo achaca a "errores administrativos". Sin embargo, asegura que ya han sido "corregidos": "Se han entregado todas".

El archivo, su principal activo

De entre todos los bienes de los que dispone, el principal activo de la entidad es el archivo del dictador. Cerca de 30.000 documentos que incluyen correspondencia con otros jefes de Estado, ministros y personalidades tanto de España como del extranjero; informes confidenciales del Estado Mayor, ministerios o embajadas; o borradores de leyes con anotaciones manuscritas del dictador. En 2001, con José María Aznar al frente del Gobierno, la Fundación Franco suscribió un convenio de colaboración con el Ministerio de Cultura para inventariar y digitalizar toda esa documentación. Para ello, se concedió una subvención a la entidad de 150.843,82 euros. A cambio, se tenía que facilitar el acceso público a dichos fondos.

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En 2009, según el Portal de Archivos Españoles del Ministerio de Cultura, el Centro Documental de la Memoria Histórica, ubicado en Salamanca, recibió copia en microfilm del fondo. En total, 27.357 documentos de 27.490 que, en teoría, están en poder de la fundación. Chicharro explica que esos 133 documentos faltan porque el dinero de la subvención no dio para todo. No obstante, sostiene que la entidad los digitalizó por su cuenta y que los mismos "están a disposición de todos", ya sea solicitándolos por Internet o en la Fundación. En resumen, que la documentación original de quien fuera jefe del Estado continúa, a día de hoy, en el depósito de la entidad privada.

La Ley de Memoria Democrática, no obstante, incluye un artículo relativo a la adquisición de aquellos papeles con información sobre el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura. Es el 26. Y, entre otras cosas, establece lo siguiente: "Los archivos y documentación del gobierno de la Dictadura, en particular del Jefe del Estado, que se encuentren en poder de entidades privadas o personas físicas, se incorporarán, una vez superados los trámites legales, al Centro Documental de la Memoria Histórica o al archivo del organismo público que se determine de manera motivada". Es decir, pasaría a formar parte del Patrimonio Documental.

"Nuestro archivo es privado", dice el presidente de la FNFF, que también asegura que se defenderán si se quisiera llegar a la "incautación" de todos esos documentos. Pero mientras tanto, el que fuera último reducto de la dictadura en democracia, una fundación que se apoya en la actualidad en unos 2.000 afiliados –la cifra se incrementó, aseguran, tras la exhumación de los restos del dictador de Cuelgamuros–, se mantiene a la espera. Sobre todo, de que el Gobierno mueva ficha para activar la extinción de una fundación a la que, sin embargo, siempre han acompañado otras muchas: desde la Pro Infancia Queipo de Llano hasta la Serrano Súñer o la Blas Piñar.

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