Cataluña ante el 1-O

El Gobierno asume que los independentistas desobedecerán al TC al menos hasta aprobar en el Parlament la ley del referéndum

El vicepresidente del Govern y Conseller de Economía, Oriol Junqueras, habla con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha intensificado en los últimos días el mensaje de que el referéndum del 1 de octubre en Cataluña no va a celebrarse porque es ilegal. En este sentido, recuerdan que desde la Moncloa se darán todos los pasos necesarios para que el 1-O ni haya urnas ni se vote. Como muestra de que van "en serio" y de que responden a cada nuevo paso de los independentistas con la Constitución y las herramientas del Estado de Derecho en la mano en el Gobierno citan la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de este lunes que deja sin efecto la reforma del Reglamento del Parlament aprobada la semana pasada, que permite la aprobación exprés de la ley del referéndum. El TC actuó a instancias del Consejo de Ministros. A partir de aquí, el Gobierno tiene puesta la mirada en dos acontecimientos anunciados por el bloque soberanista y que construyen el camino de hacia la consulta.

El 16 de agosto se reanuda el periodo de sesiones en el Parlament, según el nuevo Reglamento de la Cámara catalana. En sectores independentistas se considera que esa podría ser la fecha exacta para que la Mesa tramite la ley de referéndum, es decir, la admita y le busque hueco en el orden del día de un pleno para su aprobación definitiva. La segunda fecha va ligada a esta: los días 6 o 7 de septiembre podría debatirse esta ley que, a su vez, permitiría la convocatoria del referéndum. En el Gobierno insisten en que estos pasos tendrán la correspondiente respuesta legal. Pero a medida que pasan los días crece el convencimiento de que los independentistas desobecerán al TC al menos hasta llevar al Parlament y aprobar la ley del referéndum. En otras palabras: en Moncloa se desvanece la idea de que los independentistas "entren en razón" y pongan freno al proceso soberanista.

En el Ejecutivo destacan la importancia de "no caer en las provocaciones" de los independentistas. Consideran clave no alimentar el discurso "victimista" de los partidarios del referéndum y que cada respuesta deber ser proporcionada al hecho al que se reacciona. En este sentido, citan un ejemplo: el pasado viernes, quedó registrada en la Cámara la ley del referéndum. "Seguramente estaban esperando que reaccionáramos con mayor contundencia. Pero no vamos a hacer nada ante un hecho que no tiene ningún valor jurídico", explican desde la Moncloa. "Si la Mesa se decide a darle trámite, ya estamos ante otro escenario porque al hecho de estar planteando una ley ilegal se suma el de que se quiere tramitar en base a un reglamento cuya reforma ya ha sido paralizada por el TC", añaden las mismas fuentes.

"No tenemos que sobreactuar"

En todo caso, aunque lo más probable es que una decisión de la Mesa que dé luz verde a trasladar a pleno la iniciativa no se quedaría sin respuesta de Rajoy, los conservadores tienen la vista puesta en la sesión parlamentaria en la que se daría luz verde al proyecto. Una sesión a la que el líder del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, ya ha anunciado que su grupo no acudirá al considerarla "ilegal".

"El Gobierno no actúa por anuncios, sino por hechos y, llegado el caso, una vez aprobada la ley es cuando estamos ante un acto jurídico en toda regla", mantiene un dirigente conservador en conversación con infoLibre. A día de hoy, pues, el escenario de solicitar la suspensión del pleno es algo remoto. "No tenemos que sobreactuar. Es justamente lo que persiguen los independentistas", señalan las fuentes consultadas preguntadas sobre si se plantean pedir la suspensión de ese pleno. "El Gobierno tiene todos los escenarios previstos y si ese pleno decide seguir adelante con el referéndum –los números sí les salen a los independentistas– se reaccionará en 24 horas, que a nadie le quepa duda", sentencian.

El frente político

El frente político transcurre paralelo al frente jurídico. Y de una forma bastante peculiar: mientras el Gobierno está dispuesto a recurrir ante el TC cualquier actuación jurídicamente relevante, cualquier acto con trascendencia administrativa, algo de lo que ya ha empezado a dar muestras, el Govern insiste en que no se da por aludido por los pronunciamientos del Alto Tribunal.

En este sentido, en la Moncloa recuerdan que más allá del discurso oficial de Puigdemont, dispuesto a seguir con su hoja de ruta aunque el TC le inhabilite, tal y como confesó en una entrevista a Le Figaro, el bloque soberanista no es sólido. Así, recuerdan que la "purga" de altos cargos dudosos del procés o con miedo a ser inhabilitados o a tener que responder con su patrimonio a una condena judicial llega ya a la decena. Creen, además, que la fuerza y unidad del bloque soberanista se pondrá a prueba a medida que se vaya acercando la fecha señalada en el calendario para una cita que, recalcan, no se va a producir.

La herramienta judicial del Gobierno para dar respuesta a cada desobediencia de la ley se llama reforma de la Ley del Tribunal Constitucional y fue aprobada a finales de 2015, cuando el PP tenía mayoría absoluta y con el proceso soberanista como telón de fondo. Entre sus novedades está el hecho de que quienes desobedezcan las decisiones del tribunal se enfrentan a multas de entre 3.000 y 30.000 euros y a la suspensión de funciones.

Posibles respuestas judiciales

Constitucionalistas consultados por este diario recuerdan que si el 16 de agosto la Mesa del Parlament da trámite a la ley del referéndum, con la decisión de este lunes del TC ya se puede actuar contra el órgano de Gobierno de la Cámara catalana.

En principios hay dos órganos que podrían actuar: la Fiscalía y el Tribunal Constitucional. El Ministerio Público podría presentar una querella por desobediencia contra los cuatro miembros de la Mesa que apoyan el proceso independentista. Existen antecedentes de este tipo de actuación: el 19 de octubre de 2016 la Fiscalía se querelló contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, mientras que el 23 de febrero de este año lo hizo contra los miembros de la Mesa de Junts pel Sí.

Por su parte, el Constitucional podría aprobar un incidente de ejecución para que se cumplan sus resoluciones. Y lo podría hacer bien de oficio o a instancias del Gobierno de Rajoy. Entre otras medidas, el TC podría imponer multas coercitivas de 3.000 a 30.000 euros o la suspensión temporal de cargos. Para lograr su aplicación efectiva, el TC podría reclamar la ayuda de la Fiscalía o de cualquier otra autoridad.

Dirigentes del PP consultados por este periódico consideran que la Fiscalía debe asumir un papel relevante en toda esta batalla jurídica, de forma que no recaiga todo el peso del enfrentamiento en el Tribunal Constitucional.

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