Operación Lezo

El Gobierno de Cifuentes denunció pagos ocultos en Suiza para la compra de una empresa brasileña

Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, en una imnagen de archivo.

La compra de una empresa brasileña por la que el Canal de Isabel II  pagó 21,5 millones en noviembre de 2013 y cuyo valor se redujo a la mitad en un mes no fue solo una operación ruinosa fruto de impericia o imprudencia. Así se desprende del resumen de hechos contenido en la denuncia que el actual Gobierno de Madrid envió en 2016 a Anticorrupción y a cuyo contenido ha tenido acceso infoLibre.

El escrito, clave por su significado político y por los hechos que desvela, remarca que la mayor parte del precio pagado por la adquisición de esa sociedad, Emissao Engenharia e Construçao, se hizo en cuentas de Suiza "sin que esta circunstancia fuera conocida o se informara de ella al consejo de Canal Extensia", la filial operativa del Canal de Isabel II.  Los 21,5 millones de fondos públicos que costó la compra no fueron producto de ninguna tasación previa externa. Como ya publicó este diario, la denuncia corrobora que el precio satisfecho por Emissao "no aparece justificado por un informe de valoración independiente".

Bajo el argumento de que el caso está bajo secreto, los portavoces de la Comunidad de Madrid han rehusado incluso explicar su versión de qué habrían perseguido los artífices de la compra al ocultar que los pagos iban a hacerse en Suiza. La adquisición de Emissao fue pilotado por Inassa, la principal filial americana del Canal y a cuyo frente se encontraba entonces Edmundo Rodríguez Sobrino, hombre de confianza de Ignacio González.

La operación se articuló a través de una mercantil instrumental uruguaya, Soluciones Andinas de Agua SRL cuyos socios originales eran, a su vez, empresas panameñas. Una de ellas, Yavango Investments, siguió ostentando una posición de control durante el proceso de compra -e incluso después- como "agente residente local". Yavango presentaba "relaciones a través de su accionariado con Edmundo Rodríguez Sobrino".

Ese dato ya era conocido. No había trascendido en cambio que ya en febrero de 2013, diez meses antes de la compra y cuando la auditora KPMG todavía tenía en marcha una due diligence -diligencia debida, una valoración independiente- que nunca llegó a terminar, ya se fijó el precio. Y ese precio "se mantiene casi inalterable hasta el cierre de la operación" pese a que -subraya la denuncia- entraron en escena "cuestiones significativas" sobre las "posibles contingencias que podían existir en la sociedad". El "único documento" referido al valor de la compañía tiene carácter interno y fue elaborado por los servicios corporativos de Inassa.

Cursada a la Fiscalía después de que Podemos diese la voz de alerta en la Asamblea de Madrid, la denuncia del equipo de Cifuentes desvela un segundo hecho crucial relacionado con esas contingencias: Inassa liberó al vendedor, un empresario brasileño, de las cautelas inicialmente establecidas: "Se aceptó -dice el texto- la sustitución del aval bancario que se había constituido por el vendedor para hacer frente al pago de las contingencias que pudiera tener la sociedad por una prenda sobre acciones y, posteriormente, mediante una obligación de cesión de participaciones [por parte del vendedor], con exención absoluta de responsabilidades a partir de ese momento".

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