El Gobierno confía en mandar los Presupuestos al Congreso en abril y descarta un pacto fiscal para Cataluña

Las negociaciones no cesan a pesar de la discreción que domina el debate público. El Gobierno pisa el acelerador para lograr un pacto interno entre el ala socialista y Sumar y con los socios de investidura para que el Consejo de Ministros dé el visto bueno a las nuevas cuentas públicas. No hay fecha concreta, pero el Ejecutivo se ha puesto un tope: antes de que acabe el mes de abril.

Así lo deslizan varias fuentes del núcleo duro del Gobierno, que descartan en todo momento que el pacto con Esquerra y con Junts pueda pasar por la autonomía fiscal de Cataluña. De hecho, en el Palacio de La Moncloa afirman que basan las negociaciones con estos dos partidos principalmente en partidas de inversiones. Y se pone el foco, por ejemplo, en asuntos como dotaciones para Rodalies (cuyo traspaso se acordó con los de Pere Aragonés para el ‘sí’ a la investidura).

En el Ejecutivo dan por hecho que habrá acuerdo de los presupuestos y repiten que lo quieren cerrar “cuanto antes”. Pero faltan flecos para finiquitar el pacto. Lo que sí explican las fuentes es que, después de una negociación “tan dura” como ha sido la de la proposición de ley de amnistía, esperan que esta se encarrile más fácilmente y creen que en ERC y Junts también se van a centrar en la parte de las inversiones".

"Habrá cuatro años más"

Los presupuestos son la clave para que aguante la legislatura. Según fuentes del Gobierno, los socios han dado señales de que quieren que el Ejecutivo siga adelante y pueda apurar el mandato a pesar de las semanas de incertidumbre que ha vivido por la ley de amnistía y por la aparición del caso Koldo. El mensaje que está trasladando Pedro Sánchez es que hay estabilidad y que va a aguantar. “Habrá cuatro años más”, remachan desde el círculo más cercano del presidente.

Sánchez no quiso entrar este miércoles de lleno en la sesión de control en el Senado en el tema del caso de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha sido denunciado por la Fiscalía Provincial de Madrid por un presunto fraude fiscal. A pesar de que la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, le acusó de “tapar” la corrupción del caso Koldo, el jefe del Ejecutivo no hizo ninguna alusión al asunto de Madrid porque, como indican fuentes próximas, su objetivo en estos momentos es dar garantías de que hay legislatura estable y no quiere opinar sobre otros asuntos.

Lo que sí quiso dejar claro, en relación a los presupuestos generales, es que no habrá una financiación singular para Cataluña: “Siempre hemos sido claros con todas las comunidades autónomas. Queremos poner encima de la mesa un nuevo sistema de financiación autonómica, así la ley lo indica”. Poniendo sobre la mesa en una contestación a ERC en la Cámara Alta: “La respuesta tiene que ser multilateral, porque las distintas comunidades autónomas tienen sus propias realidades".

El factor de los presupuestos catalanes

Estas negociaciones de los presupuestos se dan de manera paralela a las cuentas públicas en Cataluña, que están en un precipicio en estos momentos. El PSC y ERC han llegado a un acuerdo para ir de la mano en los presupuestos autonómicos, pero el factor discordante en estos momentos son los comunes. Este partido se opone al proyecto del complejo turístico del Hard Rock. 

La intriga está asegurada hasta la votación de este miércoles en el Parlament después de que el presidente catalán, Pere Aragonès, no desencallara la negociación con Jessica Albiach, de los comunes, en el Palau de la Generalitat. Si no logran pasar el trámite de las enmiendas a la totalidad y caen las cuentas, la situación del Gobierno autonómico será muy débil (actualmente está en minoría tras la salida de Junts). Y esto podría poner sobre la pista un escenario diferente al esperado con la posibilidad de una convocatoria electoral adelantada en la comunidad, a pesar de que los republicanos han asegurado alto y claro que querían agotar el mandato hasta febrero del año que viene.

Los vasos comunicantes en estos momentos entre Madrid y Barcelona son muy fuertes. A la vez, la ley de amnistía saldrá el jueves aprobada con mayoría absoluta en el Congreso. Pero le toca enfrentarse al trámite en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y quiere alargar durante dos meses la tramitación para desgastar al Gobierno con la medida de gracia.

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A pesar de ello, el Gobierno da por amortizado ya el desgaste que le ha podido suponer la amnistía y se centra en la labor de explicación. Pero su vista está puesta principalmente en esos presupuestos porque servirán para vehicular la política social que prometió durante la campaña del 23 de julio. Al retrasarse su aprobación por los problemas que hubo con la amnistía, el Ejecutivo ha tomado alguna decisión como acelerar la aprobación de la subida del dos por ciento del sueldo de los funcionarios. Está vez no se hará mediante el proyecto de las cuentas públicas, sino que se ha optado por agilizar el proceso a través de una enmienda del PSOE y de Sumar al decreto anticrisis.

Tampoco está listo el acuerdo interno dentro del propio Gobierno de coalición. Sumar está apretando al PSOE para poner su sello en las futuras cuentas públicas. Por eso, los de Yolanda Díaz presionan para hacer permanente el impuesto a la banca y a las energéticas y regular los alquileres turísticos. Además, en materia de vivienda, aspiran a mejorar el índice de precios de referencia de alquiler, aprobado hace apenas unos días en el Consejo de Ministros. 

En las dos partes se confían en que se alcanzará un acuerdo. El Gobierno, después de unas semanas muy complicadas, ve con mucho más optimismo durante esas horas su futuro. La ley de amnistía ya está encarrilada y la música de los presupuestos suena bien en estos momentos, además confiesan que el caso de la pareja de Díaz Ayuso también les ha dado oxígeno. No obstante, creen que el Partido Popular no va a ser duro con la presidenta de Madrid por la propia “debilidad interna” de Alberto Núñez Feijóo. Los socialistas presentarán una ofensiva en la Asamblea de Madrid para pedir más información y pondrán en el foco los contratos con el grupo Quirón, además de que no se descarta por parte de Ferraz llamar a la presidenta regional a la comisión de investigación en el Congreso. Los socialistas quieren marcar las diferencias con el PP y votaron sí a la otra comisión impulsada por mayoría absoluta de los populares. Y en La Moncloa, ante la pregunta de que se diferencia este caso con las informaciones periodísticas sobre reuniones de la mujer del presidente del Gobierno, indican: “Una cosa son los bulos y otra una denuncia de la Fiscalía”.