Memoria histórica

El Gobierno lleva décadas sin atender las exigencias del Congreso sobre el Pazo de Meirás y el archivo de la Fundación Franco

Imagen del Pazo de Meirás.

Cuarenta y tres años después de la muerte del dictador en una cama del madrileño Hospital La Paz, las heridas de la Guerra Civil y la dictadura franquista continúan abiertas. De poco ha servido la vaciada Ley de Memoria Histórica para localizar y exhumar a los cientos de miles de españoles que, a día de hoy, siguen desaparecidos en las más de 2.300 fosas comunes distribuidas por toda la geografía. Y de poco servirá la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, que en los últimos meses se le ha ido complicando al Ejecutivo de Pedro Sánchez por la intención de la familia de trasladar los restos del dictador a la Catedral de La Almudena, si no va acompañada de algunos otros pasos que el Congreso de los Diputados lleva décadas exigiendo, sin éxito, a los sucesivos gobiernos en democracia para intentar cerrar de una vez por todas los diferentes capítulos que componen uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de España.

Desde la llegada de Sánchez a la Presidencia del Gobierno, la memoria histórica ha vuelto a ocupar un papel importante en la agenda política española. Entre otros asuntos, se ha dado luz verde a sacar del Valle de los Caídos los restos de Franco, se ha abierto el debate sobre el futuro de Cuelgamuros o se ha autorizado “con carácter general” la consulta pública de gran parte de la documentación anterior a 1968 que alberga el Archivo General Militar de Ávila. Sin embargo, todavía quedan pendientes por resolver algunas cuestiones relativas a parte del patrimonio público expoliado durante el franquismo que ahora está en manos de la familia del dictador y otras que afectan directamente a la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) y al enorme archivo documental que tiene en su poder. Dos cuestiones que continúan abiertas a pesar de que la Cámara baja lleva décadas instando al Ejecutivo a que les dé una solución definitiva.

El Pazo de Meirás

Uno de los asuntos que más veces se ha colocado sobre la mesa del Congreso de los Diputados tiene que ver con el inmenso patrimonio amasado por la familia Franco durante el franquismo. Desde hace una década, la izquierda parlamentaria lleva pidiendo al Ejecutivo que ponga toda la carne en el asador para que el Pazo de Meirás, residencia de verano del dictador en el municipio coruñés de Sada, pase a ser de dominio público. De estilo romántico, el pazo fue propiedad en su origen de la escritora gallega Emilia Pardo Bazán. Tras su muerte, las propietarias legítimas pasaron a ser su hija y la viuda de su hijo, que lo intentaron donar a la Compañía de Jesús bajo unas condiciones que no fueron aceptadas. Tras esto, las autoridades franquistas decidieron regalárselo al militar golpista. Para lograrlo, se utilizaron expropiaciones forzosas o donativos forzosos.

En 2005, comenzaron las primeras movilizaciones en Galicia para exigir que se recuperara de una vez el edificio. Sin embargo, trece años más tarde, sigue estando en manos de los herederos del dictador, que incluso se han permitido el lujo de intentar ponerlo a la venta por ocho millones de euros. Y han sido varias las iniciativas que se han llevado a la Cámara Baja para recuperar el pazo. En septiembre de 2007, en pleno debate abierto por la Ley de Memoria Histórica, se aprobó en el Pleno del Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) instando al Gobierno a adoptar “las iniciativas o actuaciones necesarias” para colaborar con la Xunta de Galicia en el procedimiento para declarar el pazo “patrimonio cultural” al “servicio y disfrute de los gallegos”. Además, se exigía al Ejecutivo que estudiase “las posibilidades de expropiación como patrimonio público”.

En la proposición, presentada por el grupo de IU-ICV, se denunciaba “una apropiación indebida de bienes públicos” por parte del dictador. “Se da el agravante de que algunos de estos bienes, de indudable valor económico, pueden ser, además, de interés cultural, histórico o artístico. Este hecho convierte en ineludible la responsabilidad del Estado en la recuperación, con el mínimo coste económico posible, de estos bienes que nunca deberían haber dejado de ser de titularidad estatal”, señalaba el texto. Algo más de un año después de que el asunto llegara a la Cámara Baja, el Gobierno gallego dio luz verde al decreto por el que el Pazo de Meirás, donado al dictador de “forma irregular, injusta y antidemocrática” –en palabras de IU-ICV–, pasaba a incluirse en la lista de Bienes de Interés Cultural (BIC), lo que obligaba a la familia del dictador a abrirlo al público cuatro veces al mes de forma gratuita.

Pero el debate sobre el inmueble volvió a abrirse de nuevo en el verano de 2017, cuando trascendió que la Fundación Franco (FNFF) asumía el control de las visitas a petición de la familia del dictador. El revuelo fue notable. Y el asunto, de nuevo, llegó al Congreso. En noviembre, la Comisión de Cultura aprobó una proposición no de ley de En Marea en la que se requería al Gobierno para que instara a la Xunta a rechazar la gestión de las visitas por parte de la FNFF y a iniciar “los trámites pertinentes” para “recuperar el Bien de Interés Cultural e incorporarlo al patrimonio público”. “Una vez recuperada la titularidad pública, promover su conversión en un Centro de Divulgación de la Memoria Histórica democrática gallega y de la lucha antifranquista”, añadía el texto. De poco ha servido. A día de hoy, la fundación que exalta al dictador sigue organizando las visitas y el pazo continúa en manos de los Franco.

El archivo de la Fundación Franco

Otra de las cuestiones que lleva décadas sin resolverse tiene que ver con el enorme archivo documental en poder de la FNFF: casi 27.500 documentos, la gran mayoría de carácter público, donados por Carmen Polo a la fundación privada que desde 1976 glorifica sin descanso la figura del militar golpista. Una anomalía que el Congreso ya pidió enmendar en 1992. En diciembre de ese año, la Comisión de Educación y Cultura aprobó una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno –entonces presidido por Felipe González– a reiterar “la reclamación del inventario de los bienes” de la Fundación Franco a fin de “identificar todos aquellos bienes muebles, especialmente los documentales, que merezcan la consideración de bienes de interés cultural”. El objetivo de la iniciativa era que estos documentos estuvieran sujetos a la Ley del Patrimonio Histórico Español y al uso general que la norma prevé.

Entre 2000 y 2003, el Gobierno de José María Aznar concedió subvenciones a la Fundación Nacional Francisco Franco por valor de 150.000 euros para el desarrollo de proyectos archivísticos y difusión de su patrimonio cultural, una fuente de más de 100.000 páginas – recogidas en 338 carpetas y 230 rollos microfilmados– con información muy valiosa sobre la dictadura franquista. Sin embargo, hasta la fecha, el archivo sigue sin haber sido declarado Bien de Interés Cultural, algo que a comienzos de siglo reclamaron por activa y por pasiva algunos historiadores. “Es hora de arreglarlo. Primero, que declaren bien de interés cultural todo lo que tienen. Así, si tocan algo será delito”, aseveró en el año 2002 Javier Tusell, entonces Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en un reportaje en el diario El País.

El debate sobre el archivo en poder del organismo privado volvió a abrirse en abril de 2017, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy reconoció que la Fundación Franco disponía de documentos clasificados como secretos. En este sentido, aseguró, en una respuesta parlamentaria a Unidos Podemos, que ya se habían adoptado “las medidas oportunas encaminadas a retirar de la consulta pública todos aquellos materiales que se consideran afectados por la normativa sobre secretos oficiales” y que la Secretaría de Estado de Cultura había solicitado toda la información sobre estos documentos a efectos de protegerlos y evitar la “eventual divulgación de su contenido”. El caso lo terminó llevando la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que exige una devolución al Estado de estos documentos públicos, ante la Fiscalía, que pidió a Cultura que tomara cartas en el asunto.

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