Memoria histórica

El Gobierno navarro da pasos para recuperar una memoria que lleva ocho décadas desaparecida

El Gobierno navarro da pasos para recuperar una memoria que lleva ocho décadas desaparecida

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra tuvieron claro desde un primer momento que el nuevo Gobierno navarro constituido tras las elecciones autonómicas del 24M tendría un compromiso férreo con la memoria histórica. Tan convencidos estaban de trabajar con seriedad en este asunto que lo convirtieron en uno de los puntos clave del acuerdo programático para el Ejecutivo 2015-2019. "Consideramos imprescindible (...) impulsar un plan concebido desde la perspectiva de la Gestión Integral de la Memoria que abarque, por una parte, la violencia del 36 y del franquismo y por otro, la más reciente en el tiempo, y que esté orientada a favorecer la paz y la convivencia en nuestra sociedad", recogía el texto.

Ya ha pasado algo más de un año desde que el Ejecutivo autonómico giró a la izquierda. Y Navarra, en este tiempo, se ha convertido en una de las comunidades que más pasos decididos está dando para reparar a las víctimas de la dictadura franquista y hacer que se cumpla una ley autonómica aprobada en 2013 con el respaldo de todos los grupos y la abstención del PP. Una normativa que, según denuncian desde la Sección de Memoria Histórica de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, creada por el nuevo Gobierno para coordinar los trabajos en esta materia, se ha ido cumpliendo gracias a las iniciativas que se sacaban adelante a través del Parlamento autonómico.

"Nunca fueron actuaciones impulsadas desde el anterior Ejecutivo", señalan fuentes del departamento en conversación con infoLibre. Ese es, por lo tanto, el principal objetivo que tiene en mente el Gobierno foral: ser parte activa en la recuperación de la memoria de las víctimas del franquismo. Y el plan de actuación más inmediato, en el que lleva meses trabajando la Sección de Memoria Histórica de Navarra, gira en torno a cuatro pilares fundamentales: exhumaciones e identificación; respaldo institucional; retirada de vestigios; y educación de las nuevas generaciones.

Convenio con Aranzadi y banco de ADN

La localización y exhumación de los restos de desaparecidos durante la guerra civil y la posterior dictadura siempre ha sido el principal objetivo de las asociaciones memorialistas. "Para los familiares es lo importante. Poderles dar enterramiento donde ellos decidan y no donde quisieron hacerlo sus asesinos. Tener entre tus manos el cráneo de tu padre o abuelo, poder acariciarlo y 'cerrar' así un duelo que permanece abierto generación tras generación", señala en conversación telefónica con este diario Olga Acelga, de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra (Affna36), que añade a renglón seguido que es algo que la sociedad e instituciones españolas "deben" a los hijos de estos desaparecidos.

En suelo navarro se calcula que hay un total de 118 fosas comunes que podrían albergar más de 1.200 personas, además de otro centenar de lugares en los que se conoce que se produjeron enfrentamientos violentos, según consta en el mapa elaborado en 2013 por el entonces Ejecutivo autonómico, una iniciativa que el capitaneado por Barkos quiere actualizar. Con el objetivo de ir cerrando todos estos duelos que menciona Acelga, el pasado mes de marzo el Gobierno de la comunidad firmó un convenio con el que dotaba a la Sociedad de Ciencias Aranzadi, capitaneada por el especialista en medicina legal y forense Francisco Etxeberria, de 100.000 euros para documentar, investigar y recuperar los restos de desaparecidos.

Este será el plan de exhumaciones para 2016. Desde el giro a la izquierda en Navarra, sostienen desde la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, se han hecho trabajos "en la sima de Otsaportillo (sierra de Urbasa) y en varios pueblos en el camino de la fuga desde el fuerte de San Cristóbal hasta Francia". Aunque desde Affna36 se felicitan por la "buena disposición del actual Ejecutivo", esperan que estas actuaciones se extiendan durante los próximos años  y con una "mayor partida" en los presupuestos autonómicos. "Siempre hemos pedido que las instituciones lideren la búsqueda de los desaparecidos y así lo están haciendo. Pero todavía queda trabajo por hacer", apunta Acelga.

Fosa exhumada a comienzos de septiembre en Usetxi (Navarra). | GOBIERNO DE NAVARRA

Todo ello irá acompañado de otro reclamo de los colectivos memorialistas, cuya creación ya han anunciado comunidades como Cataluña o Andalucía: la puesta en marcha de un banco de ADN. Una iniciativa, cuyo inicio se anunció este mismo viernes, que desarrollará la empresa pública Nasertic y que arrancará con una partida de 8.000 euros para 2016. Algo que celebran desde Affna36: "Es algo necesario por la avanzada edad de los hijos de las víctimas. Muchos de ellos han recurrido para esto a laboratorios privados pagando, en ocasiones, un elevado coste para la prueba y la conservación en laboratorio. Antes de irse, quieren dejar un rastro que permita encontrar a su padre".

Respaldo institucional y plan educativo

Otro de los objetivos fundamentales del nuevo Ejecutivo autonómico en materia de memoria histórica es que las víctimas no se sientan solas. "Queremos asegurar la presencia institucional, siempre que sea posible, en los actos de homenaje, de reparación, en la inauguración de monolitos o placas", sostienen fuentes de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos. Un respaldo que se pudo ver durante los actos de homenaje a los 33 empleados de la Diputación Foral asesinados en 1936 y a los maestros represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo. Pero también el pasado miércoles con motivo del Día Internacional de la Paz. Todos ellos, impulsados desde el Ejecutivo y con la participación de la presidenta, Uxue Barkos.

El Gobierno navarro tampoco quiere olvidarse de las nuevas generaciones a la hora de "reforzar los valores de convivencia, tolerancia o resolución pacífica de conflictos". Por ello, desde el nuevo departamento creado señalan que la educación será la tercera viga que sostenga su plan de actuación en materia de memoria histórica. En esta línea, explican en conversación con infoLibre, se ha puesto en marcha un curso de formación para el profesorado –actualmente en fase de inscripción– que permita posteriormente "el desarrollo de proyectos concretos en el aula en torno a la memoria histórica". Algo que irá acompañado, añaden, de una "actualización didáctica y de recursos".

Además de esto, el Ejecutivo navarro presentó el pasado mes de marzo el proyecto MEMSITE 1936-2016, impulsado junto a entidades españolas, alemanas, bosnias y francesas con el objetivo de convertir espacios bélicos o marcados por la violencia en lugares de memoria y convivencia. En el caso de la Comunidad Foral estos espacios son el Parque de la Memoria de Sartaguda, el monumento a Los Caidos en Pamplona y el fuerte del monte Ezkaba. La iniciativa, que aspira a conseguir ayudas europeas, también contempla la celebración de nueve jornadas de reflexión abiertas a universidades, asociaciones memorialistas y público en general, cuatro de ellas en Navarra y el resto en las sedes de los socios del proyecto. 

La retirada de vestigios

Y con todo esto sobre la mesa, el plan se cierra con uno de los aspectos que mayor polémica ha causado en el último año: la retirada de vestigios franquistas de las calles. En este sentido, desde el departamento aseguran que se están ultimando los criterios para la retirada de esta simbología y el censo, que aseguran que se encuentra "muy avanzado". "Estamos por el momento a la espera del informe que está elaborando el Centro Documental de Memoria Histórica de la Universidad de Navarra", señalan las fuentes consultadas por este diario. Sin embargo, esperan tenerlo cerrado para "octubre o noviembre".

Cruz Laureada de San Fernando en el Palacio de Navarra.

En este sentido, desde el departamento aseguran que se remitieron comunicaciones a los diferentes ayuntamientos navarros para que colaborasen a la hora de elaborar el listado de vestigios. "En este sentido, no se ha producido ningún problema importante. Ni siquiera por parte de los consistorios controlados por la derecha", sostienen, añadiendo a renglón seguido que esperan que no se vuelva un "tema incendiario" cuando se presenten las directrices. Aunque todavía no disponen de los datos exactos, calculan que en Navarra quedarían "en torno al medio centenar de laureadas y a un centenar de placas, la gran mayoría relativas al Ministerio de la Vivienda". "Calles podrían quedar en una decena de municipios", culminan.

En el marco de este proceso, el Ejecutivo navarro anunció también el pasado viernes que a partir de este lunes comenzarán los trabajos para la retirada de la Cruz Laureada de San Fernando de la fachada del palacio presidencial. Una condecoración que Franco concedió a Navarra en 1937 por sus "gestas heroicas en el Movimiento Nacional" y como homenaje a "quien tan reciamente atesora las virtudes de la Raza", según se recogía en el Real Decreto 411/1937. La actuación contempla, como primera opción, la retirada del grupo escultórico y, en el caso de que no fuera "técnicamente posible sin dañar de forma importante la escultura", tapar de la misma la cruz laureada. Además, la intervención se acompañará de la instalación de varios paneles para que los ciudadanos puedan conocer en qué consiste la actuación y por qué se realiza.

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