La lucha contra la acuciante crisis del agua exige ya a España una primera factura de 34.000 millones

Un humedal de Doñana.

El Gobierno se prepara para empezar ya una larga batalla contra la crisis del agua. Y "larga" significa sin fecha de finalización conocida, prevista ni posible de pronosticar. El problema abarca pérdida de cantidad disponible y de calidad, así como incremento de sequías e inundaciones. También feroz competencia por el recurso. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) calcula una inversión pública de 34.000 millones de euros en menos de seis años sólo para comenzar a encarar el desafío. "No hacer nada o dejar que las cosas discurran como era usual acarreará no sólo mayores costes, sino que hará inviable un mínimo modelo de desarrollo", advierte la estrategia del agua del Gobierno.

Un modelo "inviable"

La Ley de Cambio Climático establecía que un año después de su publicación, en mayo de 2021, debía aprobarse la Estrategia del Agua. El Gobierno se ha retrasado menos de dos meses. El Consejo de Ministros aprobó el 19 de julio de este año sus "orientaciones estratégicas", que constituyen la respuesta oficial al cada vez más acuciante problema de escasez y pérdida de calidad de agua en España, agravado por el cambio climático como fenómeno general y por la sequía como manifestación concreta.

El plan contra la desertificación presentado en abril por el Miteco, que establece que el 74% del territorio español está amenazado por la desertificación, sirve como prólogo y contexto de la estrategia del agua. Más de 9 millones de hectáreas están catalogadas como "zonas con un riesgo alto o muy alto de desertificación", con la España mediterránea como zona más castigada.

El nuevo documento, el específicamente dedicado al agua, complementa al plan contra la desertificación y combina en su diagnóstico alertas sobre cantidad y calidad. El 48% de las masas subterráneas, señala, se encuentran en "mal estado", con extracciones excesivas o en mal estado químico, principalmente por contaminación difusa causada por nitratos y pesticidas. La "capacidad renovable del agua" ha quedado "perturbada" y en algunos casos "gravemente disminuida", señala el departamento que dirige Teresa Ribera. Al mismo tiempo, las alteraciones en el agua de los ríos han provocado una importante pérdida de biodiversidad. Cerca del 30% de las masas de agua superficial sufre "algún impacto hidromorfológico".

Existe ya en España, añade el informe, un "equilibrio muy frágil entre el agua disponible y el agua que la agricultura, la ganadería, la industria y los hogares consumen". "Equilibrio muy frágil" es una expresión con el punto eufemístico de la literatura gubernamental. Desde los ámbitos científico y ecológico la alerta es mayor: el equilibrio está roto. Sobre todo, porque hay un nuevo –o no tan nuevo ya– factor en juego: el cambio climático, con impactos "evidentes" sobre la gestión del agua, como señala la estrategia.

La tensión en torno al agua irá creciendo y será "más acusada en las zonas áridas y semiáridas de nuestro país", según el documento estratégico. Los diferentes escenarios climáticos futuros coinciden en algo: "alta probabilidad de deterioro de nuestros ecosistemas fluviales", "presumible disminución de la seguridad hídrica de las demandas y usos del agua" e "intensificación de episodios de inundaciones y de sequías". Todo ello, señala el plan del Gobierno, va a "tensionar los problemas ya existentes en relación con la gestión del agua". El plan cita como "espacios emblemáticos" para "recuperar" el Mar Menor, el Delta del Ebro, la Albufera de Valencia, las Tablas de Daimiel y Doñana.

Inversiones de nueve ceros

Al tratarse de un documento oficial, el ministerio no señala responsables, pero sí se muestra crítico con el modo de gestión política realizada. "Las decisiones que se han tomado históricamente en planificación y gestión del agua han dependido muchas veces de otras decisiones 'superiores' sobre usos del suelo y planificación territorial, demografía, producción industrial, energía... Y los principales problemas del agua –desequilibrios hídricos, deterioro del estado de las masas de agua– los han provocado esas otras políticas que han prevalecido", señala. En cuanto a la contaminación por nitratos del agua subterránea, el documento la vincula directamente con la agricultura. Y añade: "La sobreexplotación de los acuíferos es generalmente más acusada en las regiones donde el agua tiene mayor valor económico".

Es urgente abandonar el "concepto reactivo de la política del agua" y tratar "otras políticas" en "conexión, interrelación o incluso dependencia de la política de agua", añade la estrategia del Gobierno, que ante todo este desafío establece una serie de medidas, plazos e inversiones estimadas. Las cifras alcanzan los nueve ceros.

La mayor inversión corresponde a los planes hidrológicos 2022-2027, los de atención "más extensa y explícita" al cambio climático. Cada plan –sea del Guadalquivir, Tajo, Duero, Ebro o cualquier otro río– detalla los caudales, usos y presiones del cauce y recoge las medidas para "reorientar la gestión del agua, integrándola con el compromiso de transición ecológica" y "adaptación al cambio climático". ¿Por ejemplo? Con depuración de vertidos, lucha contra la contaminación, gestión del riesgo de inundación o control de extracciones. Estos planes pretenden recuperar 1.500 masas de agua superficial y 300 de agua subterránea. La inversión estimada para esta primera generación de planes adaptados al cambio climático es de de 34.000 millones de euros de todas las administraciones públicas hasta 2027, de los que la Administración General del Estado aportaría 10.000 millones.

El plan estima además:

2.500 millones para restauración de ríos hasta 2030.

3.600 millones para gestión de riesgo de inundaciones hasta 2027.

500 millones para planes especiales de aguas subterráneas hasta 2030.

3.000 millones para digitalización de sistemas, sin explicitar fecha.

El grueso de la inversión estimada, no desglosada en el plan, es de las administraciones públicas, aunque hay prevista aportación privada a la digitalización. Consultado por infoLibre, el Miteco no aclara cuántas de las inversiones en restauración, inundaciones, sequías, aguas subterráneas y digitalización entrarían en los planes hidrológicos, de modo que la cifra más conservadora de inversión sería de 34.000 millones hasta 2027.

Sequía e inundaciones

"Hay mucha evidencia científica de que una de las principales victimas del cambio climático es el agua, tanto cuando hablamos de escasez y sequía como cuando hablamos de inundaciones", señala Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), que ve la estrategia ministerial como un avance que necesita ahora el compromiso de las administraciones para no quedarse en el papel, que –como es sabido– lo aguanta todo. Debe ser, recalca, "una herramienta consensuada" para hacer frente a retos acuciantes. "Los operadores públicos debemos hacer una apuesta decidida por todo lo relacionado con los ejes de la sostenibilidad, como innovación tecnológica y eficiencia, y sobre todo ayudar a replantear el modelo de ciudad que se adapte al cambio climático. No podemos seguir teniendo pueblos y ciudades que no dispongan de zonas de parques suficientes, de zonas verdes, de fuentes de agua pública en las plazas", señala.

"Ratonera hídrica"

Más escéptico sobre la estrategia se muestra Joan Buades, investigador especialista en turismo y cambio climático y colaborador de Alba Sud. Su mensaje se resume así: cuando vea verdaderas medidas en marcha, las creerá. Hasta entonces, ceja enarcada. "El ministerio hace simposios, reuniones, informes, planes, estrategias y tuits, pero, ¿qué tipo de medidas reales se han puesto en marcha? Que yo sepa, ninguna. Ni ahora ni antes hemos tenido una política pública de protección del bien común del agua, ni siquiera con la desertificación y el cambio climático. La idea de techo de consumo de agua debería manejarse ya como algo normal políticamente, pero no ocurre. En tiempo de descuento hídrico en el mundo entero, con España especialmente afectada, llega el boom turístico veraniego y no hacemos nada, dejamos que todo siga igual", expone. ¿Por qué? "Para las autoridades –responde– es demasiado costoso hablar de restricciones, de prioridades de uso". Claro, ello supondría un choque con las formas de turismo y agricultura más intensivas en uso de agua, explica. El investigador cree que la confianza en el recurso de las desaladoras ignora el inasumible coste energético de la utilización de esta fórmula a gran escala. Es decir, sirve para no mirar de frente el problema.

Con todo ello España está en una "ratonera hídrica", afirma Buades. Al problema de la desertificación se suman la agricultura intensiva y la urbanización masiva de litoral mediterráneo, que empujan a usos del agua insostenibles, dice. "Se habla mucho de la España vaciada, pero también hay una España cada vez más llena, la litoral sobre todo mediterráneo, donde el crecimiento demográfico es enorme y la turistización provoca un "cambio radical de usos de agua" en suelos ya degradados. Con ese panorama, ve inevitables los cortes de agua. Y pone como ejemplo Vacarisses, el pueblo barcelonés de las 2.000 piscinas donde pasan 16 horas al día sin agua.

Juanjo Carmona, coordinador de WWF en Doñana, un enclave donde se combinan crisis hídrica y presión agrícola, deja margen a la estrategia para desplegarse, pero sí apunta a que hasta la fecha "la problemática del agua no está siendo asumida con el rigor y la seriedad política oportuna". "Es un recurso finito, sobre el que hay que trabajar con el punto de partida de reducir la presión. La política trabaja mucho en crear más y más oferta, con el invento que sea. No es sólo que faltan actuaciones políticas concertadas entra administraciones asumiendo la gravedad de la situación, es que hay ejemplos, como Doñana, de ocurre todo lo contrario, con el Gobierno andaluz "intentando reconocer regantes y prometiendo un agua que no hay", afirma Carmona.

La tensión en torno al agua se recrudece en Doñana

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