Transición energética

El Gobierno y la UE siguen sin actuar ante el trasvase de electricidad 'sucia' de Marruecos a España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reunido con el rey de Marruecos, Mohamed VI.

España está conectada a Marruecos a través de dos grandes cables submarinos que importan o exportan electricidad en caso de necesidad o de que así lo manden las leyes del mercado.importan o exportan electricidad Está proyectado un tercero, que fue firmado en febrero de 2019 y que se prevé operativo en 2026. Las interconexiones, en principio, son positivas: aumentan la resiliencia del sistema ante emergencias, en caso de que la potencia instalada en el país no pueda cubrir la demanda, como puede suceder en un apagón masivo. El problema es que el país está consumiendo una electricidad generada en parte en centrales de carbón del vecino africano. De media, la energía que proviene del otro lado del Estrecho ha generado el doble de CO2 que la española. Es barata porque las instalaciones del reino alauita carecen de las tasas a las emisiones que aplica la Unión Europea, por lo que se cuela con facilidad en el pool peninsular. Este miércoles se ha publicado un informe elaborado por Sandbag, una consultora climática, que asegura que la práctica se ha mantenido durante los últimos meses y es probable que vaya a más… si el Gobierno o la Unión Europea no hacen nada para remediarlo.

Durante años España ha estado exportando, y no importando, electricidad a Marruecos. La tendencia se revirtió a lo largo de 2018 y así ha seguido hasta la actualidad. Varios factores lo explican. Para empezar, las centrales de carbón están cayendo en España una detrás de otra: no por las políticas gubernamentales, sino porque las restricciones medioambientales impuestas por la UE, el precio del CO2 y de la propia materia prima las hacen inviables, así como lo impopular que resulta mantener abierta en 2020 una instalación extremadamente contaminante. Así, en ocasiones contadas, España necesita una fuente de electricidad que no dependa de los caprichos del sol o del viento, como las renovables, ahora mayoritarias en el mixmix. Y debido a su bajísimo precio, la luz marroquí entra en el mercado. Desde enero de 2018 es más sucia porque se inauguró la megacentral de carbón de Safi, que cubre el 25% de la generación del país.

Eso sí, por ahora no lo hace en grandes cantidades: por ejemplo, este 28 de enero se habían generado a las 7:49 de la mañana 747 GW/hora, de los cuales 46 correspondían a las importaciones (no solo las de Marruecos, también las de Francia y Portugal). En diciembre de 2019 se importaron 22 GW/h procedentes del reino alauita, una cifra muy baja en comparación a los 844 GW/h que vinieron del vecino luso, según cifras de Red Eléctrica Española (REE). La diferencia es que la generación de electricidad de Portugal es mucho más limpia. Para Sandbag, lo más preocupante es lo que puede venir en el futuro. "La diferente velocidad de descarbonización en Marruecos en comparación con España y Portugal significa que es probable que la brecha de intensidad de carbono crecerá en la década de 2020", es decir, que la diferencia entre las emisiones de CO2 de los países del sur europeo y el del norte africano aumentará. Los primeros "continuarán importando energía procedente del carbón", pronostica la consultora. "La expansión propuesta de la interconexión pone en riesgo al sistema ibérico, compensando su descarbonización", concluye.

No es un problema, en todo caso, exclusivo de España. La política climática de la Unión Europea corre el riesgo de diluirse en otras fronteras donde la electricidad importada es mucho más sucia que la generada dentro del club comunitario. La consultora explica con detalle los casos de Grecia, conectada con Turquía; Finlandia, dependiente de la energía rusa; Croacia, integrada plenamente en el sistema energético de Bosnia y Herzegovina, y Rumanía y Hungría, penalizadas por Ucrania. "En 2025, otros cinco países fuera de la Unión Europea –Egipto, Túnez, Libia, Israel y Moldovia– podrían estar conectadas con la UE. Ninguno de ellos le pone un precio al carbono", por lo que su descarbonización es mucho más lenta y suponen una competencia desleal para las instalaciones europeas que pagan por cada gramo de CO2 que emiten a la atmósfera.

¿Y qué se puede hacer?

Las posibles soluciones son dos. Una compleja pero de calado y otra rápida y sencilla. La compleja pasa por que la electricidad deje de regirse por las normas del libre mercado, aunque con la coyuntura actual parece difícil que vaya a producirse ningún cambio de manos. Y la sencilla, por la que apuesta el Gobierno español, la Comisión Europea y los autores del informe, es gravar la electricidad con alta huella de carbono que viene de fuera, introduciendo una tasa para el CO2 una vez la energía cruce las fronteras de la Unión Europea. "La introducción de un ajuste de carbono en frontera es esencial para evitar el riesgo de que las emisiones se trasladen en lugar de reducirse realmente. Además, esto promovería aún más el despliegue de alternativas limpias en ambos países", asegura, a cuenta del informe, el ingeniero ambiental del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIdma) Massimiliano Patierno.

Según explica el informe, introducir este impuesto en frontera tendría varias ventajas. La principal: "Defendería la integridad de la política climática de la UE". Además, evitaría la competencia desleal, ya que muchos trabajadores de las minas o centrales de carbón cerradas o próximas a cerrar no entienden que se dejen caer las instalaciones patrias mientras se sustituye la electricidad generada, al menos en parte, por la importada desde Marruecos. Por otro lado, la tasa generaría un beneficio para el club comunitario "que podría ser usado para apoyar proyectos medioambientales", e incentivaría que los países vecinos con energía más sucia también le pusieran un precio al CO2 para acelerar la descarbonización.

No es algo que pueda hacer el Ejecutivo por sí solo, y la ahora vicepresidenta Teresa Ribera ya escribió el pasado año una carta al por entonces comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Ángel Arias Cañete, para que actuara. Sin embargo, no se ha visto ninguna intención por parte del Gobierno, al menos en público, de paralizar el nuevo cable submarino proyectado para 2026. Por su parte, la Comisión Europea liderada por Van der Leyen prometió que para octubre de 2019 presentaría sus planes para este impuesto en frontera dentro de su flamante Green Deal, pero aún no se tienen noticias. Quizá pese que las relaciones con el vecino del sur son siempre muy delicadas.

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