El Gobierno ve de "dudosa constitucionalidad" las inmatriculaciones pero las da por buenas “salvo excepciones”
El Gobierno es consciente de los privilegios que ha tenido la Iglesia católica al inmatricular inmuebles accediendo sin respaldo legal al registro de propiedad y advierte de su “dudosa constitucionalidad”. Pero da por bueno ese respaldo legal a estas propiedades de la Iglesia salvo en un un puñado de bienes inscritos por error. Es lo que sostiene el subsecretario de Presidencia del Gobierno, Alberto Herrera, quien junto con Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española y Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil y portavoz de la coordinadora Recuperando, han participado este lunes en un debate organizado por Redes Cristianas en Madrid.
En todos estos años, ha señalado Alberto Herrera, ningún tribunal había reconocido el respaldo jurídico de las inmatriculaciones debido al vacío de la Ley hipotecaria de 1946, a la cual varios obispos se acogían para poder inscribir bienes con una simple certificación sin aportar títulos de propiedad. Esto permitió la inmatriculación de más 100.000 fincas, edificios, templos, plazas, cementerios, casas y monumentos históricos, aún sabiendo que estas inmatriculaciones tenían visos de inconstitucionalidad.
El tribunal alemán pide que declare Benedicto XVI tras la denuncia de una víctima de abusos por un sacerdote
Ver más
El subsecretario de Presidencia aseguró que el Gobierno socialista ha sido el primero que ha logrado recabar un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia, aunque limitado al periodo correspondiente entre 1998 y 2015, por lo que quedan fuera todos aquellos inscritos desde 1946. “Creemos en la política útil”, afirmó, “y eso no es compatible con resolver de forma rápida grandes problemas”, dijo para salir al paso de las exigencias planteadas reiteradamente pos organizaciones ciudadanas que se han sentido decepcionadas. Herrera también se ha referido al informe pactado con la Iglesia católica, que incluye un millar de bienes inscritos de forma errónea a nombre de los obispos. “¿Esto significa que el asunto esté cerrado? En absoluto. ¿Ese millar de bienes son los únicos con problemas? No. Y esto no es un punto final”. Y anunció que el Gobierno va a “continuar desarrollando actuaciones” que favorezcan que el registro de la propiedad responda a la realidad de los títulos válidos.
Por su parte, el representante de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, argumentó que las inscripciones de la Iglesia “no son un privilegio franquista”, ya que la legislación hipotecaria nació en el siglo XIX. Además aseguró a las organizaciones ciudadanas críticas con las inmatriculaciones que la Iglesia está dispuesta a revisar cada registro para verificar su validez. Barriocanal señaló, en este sentido, que gran parte de los bienes de la Iglesia son destinados a actividades propias o donaciones. Además enfatizó que los bienes pertenecían al "pueblo cristiano" y no a los obispos, puesto que la Iglesia cifró en 2.500 las "incidencias" de bienes que no correspondían a los obispos o estaban duplicados.
Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil y portavoz de la coordinadora Recuperando, argumentó que las inmatriculaciones son nulas de pleno derecho porque han sido practicadas por una norma inconstitucional. E instó al Gobierno para que empleara políticas útiles y justas contra la Iglesia: “Hay que preguntarse por qué no se hace. Y ahí está el inmenso poder fáctico de la Iglesia española”. El representante de la coordinadora Recuperando se quejó por haber estado marginada de las negociaciones que había mantenido la Iglesia durante años con el Gobierno sobre las inmatriculaciones, a lo que Alberto Herrera respondió anunciando que el Ejecutivo estaba dispuesto a convocarles.
