Corrupción

Granados gestionó las ayudas de Caja Madrid a la fundación que financiaba campañas del PP

La entonces presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, escucha un comentario que le hace al oido el consejero de Presidencia, Francisco Granados, en un acto de partido en 2010.

Francisco Granados, en prisión desde octubre de 2014 y una de las figuras centrales en la línea abierta por el juez del caso Púnica sobre la financiación del PP madrileño, gestionó directamente la tramitación de las ayudas que Caja Madrid concedió año tras año a Fundescam durante el mandato de Miguel Blesa. Documentos internos de la extinta entidad de ahorro y facilitados a infoLibre por el buzón de filtraciones contra la corrupción de Xnet indican que Granados firmó al menos tres convenios de Fundescam con Fundación Caja Madrid. Fechados en 2005, 2006 y 2008, esos tres acuerdos reportaron más de 350.000 euros a Fundescam, cuyo papel en la presunta financiación de las campañas electorales de Esperanza Aguirre consideran esencial los investigadores de la Operación Púnica.

Entre 2000 y 2011, Caja Madrid otorgó ayudas año tras año a Fundescam y a otras fundaciones ligadas a partidos. A través de esa vía, la fundación del PP madrileño ingresó 1,3 millones. Se trata de una cifra casi idéntica a la que obtuvo a través de otro tipo de subvenciones igualmente sustanciosas: las arbitradas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que reportaron a Fundescam otros 1,37 millones entre 2004 y 2011.

Como publicó infoLibre este miércoles, el Ejecutivo autonómico siguió subvencionando a Fundescam después de que una investigación periodística destapara en mayo de 2009 que esa fundación había operado como canal opaco para captar donaciones de empresarios y pagar facturas electorales en las campañas de Esperanza Aguirre en las autonómicas de 2003 así como en las generales de 2004.  Tampoco Caja Madrid se cuestionó la pertinencia de mantener el flujo de ayudas. Entre 2009 y 2011, la Comunidad apoyó a Fundescam con 479.000 euros. En ese mismo periodo, la entidad de ahorro precursora de Bankia inyectó a la fundación otros 375.000 euros.

Ahora, los documentos hallados en el domicilio del exgerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, que también lo era de Fundescam, apuntan a que la fundación continuó actuando como canal paralelo de financiación del PP en los comicios de 2007, 2008 y 2011.

El nombre de Beltrán Gutiérrez aparece junto al de Granados en los tres acuerdos reseñados con la Fundación Caja Madrid [pincha aquí para verlos]. A falta solo de rúbrica -todo apunta a que los documentos reflejan la versión electrónica archivada por Caja Madrid-, esos tres convenios identifican a Granados como "vicepresidente de Fundescam" y a Beltrán Gutiérrez como "apoderado" de la fundación. En nombre de Fundación Caja Madrid aparece siempre quien era su director y ahora uno de los condenados por el uso de las llamadas tarjetas black, Rafael Spottorno.

Solo la fecha distingue cada uno de los convenios respecto de los demás. En todos aparece un mismo estribillo: "Que la Fundación Caja Madrid está interesada en colaborar con instituciones sin ánimo de lucro, dedicadas a la atención a los problemas sociales, y esta acción ha merecido en el caso presente y de conformidad con los Estatutos la aprobación del Patronato". Hasta que en mayo de 2009 salió a la luz cómo Fundescam había abonado facturas endosadas por la trama Gürtel y que en realidad escondían trabajos electorales para el PP [pincha aquí para ver el estadillo que elaboró el grupo de Francisco Correa

Vicepresidente de Fundescam desde que Esperanza Aguirre se hizo con la batuta formal de la fundación en febrero de 2005, Granados desapareció de esa escena en 2010. Exactamente igual que su jefa. De hecho, el convenio suscrito ese año con Caja Madrid señala como representantes de Fundescam a Gádor Ongil y Ana Camins. Ambas ocupan esta legislatura un escaño en la Asamblea de Madrid. 

A la directiva de Fundescam pertenecía igualmente la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Su entorno asegura que en realidad Cifuentes era miembro nato de la fundación por su pertenencia a los órganos de dirección del PP madrileño, donde ostentaba la responsabilidad del comité de garantías.

En los últimos meses, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha reclamado al Gobierno regional contratos supuestamente vinculados a la operativa de financiación ilegal del partido. Entre esos contratos figura uno adjudicado n 2011 a una empresa del exjefe de la patronal madrileña, Arturo Fernández tras el dictamen emitido por un "comité de expertos" en el que participaba Cifuentes, que en ese momento era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. El equipo de la jefa del Ejecutivo madrileño y nueva líder regional del PP siempre ha sostenido que Cifuentes se limitó a seguir el criterio dictado por los técnicos.

Considerado uno de los más conspicuos donantes de Fundescam, Arturo Fernández siempre ha negado que los contratos que tras efectuar esas donaciones obtuvo de la Comunidad de Madrid fueran una contrapartida al soporte económico que daba a esa  fundación. 

Hace un mes, el empresario declaró como imputado ante el juez que investiga la financiación del PP dentro del caso Púnica, Eloy Velasco. El empresario, que reconoció una aportación a Fundescam de 60.000 euros en 2007, fue interrogado sobre su relación con Esperanza Aguirre -ambos son amigos de juventud-. Pero, también, por la que mantiene con Cristina Cifuentes.

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