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El juez envía al banquillo al acusado de acosar a Montero e Iglesias en su domicilio

El exvicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, hablan en sus escaños en el Congreso de los Diputados.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba (Madrid) ha abierto juicio oral contra Miguel Ángel Frontera por acosar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias en su domicilio de la localidad de Galapagar durante más de seis meses de 2020. La Fiscalía pide tres años de cárcel, mientras que el matrimonio solicita año y medio de prisión por delitos que van desde revelación de secretos por grabar el interior de la vivienda hasta acoso e injurias graves con publicidad a la autoridad.

Según el auto de apertura de juicio, al que ha tenido acceso infoLibre, el juez mantiene asimismo la orden de alejamiento de 500 metros respecto al domicilio y el lugar de trabajo del exvicepresidente y la ministra, así como la prohibición de comunicarse con ellos a través de cualquier vía. También le impone una fianza de 52.266 euros "para cubrir las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse procedentes, decretándose el embargo de sus bienes en cantidad suficiente para asegurar dichas responsabilidades" si no abona el dinero exigido.

La resolución del juzgado reproduce la petición de cárcel de las acusaciones, que son el Ministerio Público y el matrimonio Iglesias-Montero como acusación particular. Por su lado, la Fiscalía pide un año de cárcel por un delito de acoso, dos más por uno de descubrimiento y revelación de secretos y más de 8.000 euros en multas por injurias. La ministra y el exvicepresidente segundo del Gobierno reclama un año y medio por acoso y revelación de secretos y multas por coacciones e injurias contra las instituciones del Estado.

En el escrito de acusación de Montero e Iglesias se relata que Frontera "se personó, a diario, desde al menos el 15 de mayo de 2020 hasta el 12 de diciembre de 2020 en el domicilio particular, hostigando y profiriendo términos injuriosos como garrapatachepas o términos de índole similar", y que "desde el 5 de junio de 2020 se autoproclama como instigador de las protestas ante el domicilio particular a través de su cuenta de Twitter".

A partir de julio, explica, el acusado comenzó a "adquirir una repercusión y reconocimiento notable a raíz de erigirse como impulsor y protagonista de caceroladas junto a la vivienda, utilizando altavoces y música y propinando consignas como no nos vamos a parar hasta que os vayáis a Venezuela y haciendo sonar el himno de España con los altavoces a todo volumen y tratando de impedir el normal desenvolvimiento de la vida del vecindario". Montero e Iglesias denuncian el "daño moral" infligido por estos mensajes y el "impacto" no sólo para ellos, "sino para sus tres hijos de corta edad".

Grabó el interior del recinto

Según el escrito de acusación, Frontera alardeaba en las redes sociales de "ir en bicicleta a diferentes partes de los alrededores de la vivienda de las víctimas con la única finalidad de acosar a la familia" y se jactaba de "huir de la Guardia Civil y eludir y traspasar el perímetro de seguridad". En cierto momento, llegó a subirse a una piedra para "grabar el interior de la vivienda, invadiendo la intimidad" de la ministra y el exvicepresidente. Cuando fue descubierto, comenzó "una nueva estrategia de acoso consistente en desplazar cada día su vehículo con el que ha estado montando la megafonía con generador portátil a lo alto de un cerro situado a unos 400 metros, aumentando los vatios de sonido, el impacto acústico sobre toda la zona del parque natural y sobre la propia vivienda y sus ocupantes".

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Entre los episodios protagonizados por Frontera, Iglesias y Montero destacan que un día se presentó en las inmediaciones de la casa, "saltando el perímetro de seguridad, esta vez emitiendo en directo con colaboración del programa de entrevistas actualidad de extrema derecha Estado de Alarma, grabando un video donde se jactaba de haber sobrepasado el perímetro de seguridad y nuevamente con un megáfono gritando términos ofensivos".

"La presencia y actividad diaria de Miguel Frontera en las inmediaciones de la vivienda impuso a la ministra y en aquel momento vicepresidente del Gobierno una alteración de su vida familiar y sus compromisos laborales, derivada de la limitación de movimiento de los querellantes y sus familiares, los ruidos y sin dudarlo la incertidumbre y la intromisión en el normal desenvolvimiento familiar y de su intimidad", remarca el escrito, que añade que el acusado "ha creado una plataforma de crowdfunding de la que pretende obtener ingresos económicoscrowdfunding para seguir dando soporte del acoso diario y continuado respecto de mis representados".

Para Montero e Iglesias, la actividad desplegada por Frontera, consistente en "el mero insulto, el hostigamiento con términos insultantes y el continuo acoso ajeno a protesta y reclamación" en los alrededores de su casa, va mucho más allá de la "legítima protesta y de la libertad de expresión".

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