El juez estudia reabrir el caso de una segunda estafa al Ayuntamiento de Madrid con material sanitario en pandemia

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, Jorge Israel Bartolomé, estudia reabrir la causa sobre la segunda presunta estafa sufrida por el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida durante los momentos más duros de la pandemia. El caso, referente a la adquisición de medio millón de mascarillas a través de la consultora estadounidense Sinclair & Wilde, fue sobreseído provisionalmente hace algo menos de un año ante la imposibilidad de dar con el paradero del empresario que figuraba como director general de la firma: Philippe Haim Solomon. Sin embargo, según explican fuentes jurídicas consultadas por infoLibre, el asunto ha vuelto a reactivarse de nuevo. El impulso ha llegado tras un escrito policial alertando al juez de que el desaparecido consultor podría estar operando con otra identidad diferente a la que utilizó en sus comunicaciones con el consistorio de la capital.

El 23 de marzo, la delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo, remitió una carta al director general de la consultora Sinclair & Wilde, Philipp Solomon, en la que le comunicaba que el consistorio aceptaba el "precio y las condiciones". "Como agencia gubernamental, necesitamos la aprobación del ministerio para transferir cualquier cantidad por encima de la marca de 1 millón. Nos reuniremos en las próximas horas con el comité de crisis para las firmas. Ya tenemos luz verde para el precio y la cantidad", aseguraba la alto cargo de la corporación local, quien esperaba que a partir de ese momento comenzara una "larga y fructífera colaboración" entre ambas partes. Se compraron, tal y como consta en las facturas incluidas en el sumario del caso mascarillas, 500.000 cubrebocas, a 5 euros la unidad. En total, una operación de 2,5 millones de euros.

Pocas horas después, el consistorio, que por entonces contrataba a través de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios, había abonado la mitad, 1,25 millones, a una cuenta en el Bank of America. Los problemas, sin embargo, no tardaron en aparecer. El 7 de abril, se detectaron "determinadas irregularidades". Y el ayuntamiento se apresuró a ponerse en contacto con la entidad bancaria desde la que pagaron parte del pedido para intentar abortar la operación. "Por medio de la presente solicitamos la retrocesión de la transferencia realizada (...). El motivo de dicha solicitud es el incumplimiento del contrato por parte del proveedor beneficiario de dicha orden de transferencia", consta en un email remitido a Bankinter por parte del entonces director comercial y financiero de la funeraria municipal.

En concreto, el ayuntamiento reclamaba a la compañía, que hizo de intermediaria, que le remitiese "los certificados de conformidad UE de tipo y de producción de las mascarillas FFP2", según figura en un atestado policial incluido en el sumario del caso que afecta a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina. Se pidieron por activa y por pasiva, sin recibir respuesta alguna. Al final, el análisis de la mercancía hizo saltar todas las alarmas. "Las mascarillas de la marca EKO recibidas, si bien con apariencias de veracidad, existen indicios suficientes para presuponer que no se ajustan a los requisitos técnicos de la normativa española ni europea, por lo que resulta imposible dotar al personal de los servicios de emergencia de aquellas", rezaba un escrito del director general de Emergencias.

Un empresario desaparecido

Con estos indicios sobre la mesa, se intentó contactar desde el consistorio durante todo el verano con Philippe Haim Solomon, la persona que "tuvo relación contractual" con el ayuntamiento de la capital. "Llevamos varios días esperando, tal y como estaba comprometido, el certificado de conformidad. Al efecto te he enviado varios mensajes que no has contestado", le recriminaba a comienzos de agosto por correo electrónico la Coordinadora General de Presupuestos, Elena Collado. Incluso dos investigadores de la Policía de Nueva York intentaron dar con el empresario en la dirección de la empresa que constaba en la factura. De nuevo, se encontraron con un muro: la suite la ocupaba otra compañía diferente. "El Sr. Fong declaró que, como un favor a un cliente, permitía que Sinclair & Wilde usara la dirección de su oficina como la dirección postal de su empresa", recoge un documento de los agentes neoyorquinos.

El caso, a diferencia de lo que sucedió con los negocios que dieron lugar a las comisiones millonarias de Medina y Luceño, fue puesto en conocimiento de la justicia. Cayó en manos del juez Jorge Israel Bartolomé, titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid. No obstante, las pesquisas no se prolongaron demasiado tiempo. En julio de 2021, la causa fue sobreseída provisionalmente ante la imposibilidad de echar el guante al tal Solomon. Al empresario que se presentaba bajo dicha identidad se lo había tragado la tierra.

Pero ahora el asunto ha vuelto a reactivarse después de que un escrito policial haya puesto de manifiesto que el consultor puede estar operando con otro nombre. Las fuentes judiciales consultadas por este diario no aportan información sobre esa nueva identidad bajo la lupa. Tampoco, sobre la nacionalidad o el lugar de residencia. En este sentido, el atestado policial elaborado en su momento, que hacía referencia a un delito de estafa y otro contra la propiedad industrial, dejaba caer que podía estar domiciliado en Inglaterra. Una dirección a la que también apuntó el inquilino real de la suite en la que aparecía domiciliada la firma con la que contrató el consistorio. "El Sr. Fong dijo que nunca conoció al Sr. Solomon en persona y cree que vive en algún lugar de Europa", aseguró a la Policía de Nueva York. Con la nueva información sobre la mesa, el juez estudia ahora la posibilidad de reabrir el caso.

Una consultora alejada del material sanitario

Sinclair & Wilde Ltd es una mercantil afincada en Estados Unidos que, a priori, nada tiene que ver con el comercio internacional de material sanitario. Con más de tres décadas de rodaje, según consta en su propia página web, es una "firma global de asesoría estratégica" con oficinas en Londres, Johannesburgo o Doha. Entre sus "industrias clave" destacan el petróleo, gas, minería, relaciones internacionales, ciberseguridad, recogida de información –intelligence gathering–, seguridad y defensa. "S&W ha trabajado con muchos gobiernos y sus ministerios de defensa, agencias militares y de inteligencia en todo el mundo, donde hemos experimentado de primera mano la naturaleza acelerada y de alto riesgo de los desafíos que enfrentan", apuntan públicamente sobre esto último.

La compañía insiste mucho en sus buenas conexiones. Es más, asegura tener una "red inigualable" de "socios" que incluye a "jefes de Estado" y "altos responsables en la toma de decisiones". Entre los clientes de los que presume en su página web, varios países y empresas estatales. Destacan, sobre todo, los africanos: Chad, Sudáfrica, Guinea-Bisáu, Congo o Ghana, donde dice haber trabajado para Presidencia y algunos de sus ministerios. En su portfolio también figuran las carteras de Defensa y Exteriores de Qatar o el Ministerio de Defensa de Indonesia, un país en el que también dice haber desempeñado labores para la Agencia Nacional del Ciberespacio y Encriptación y para Pertamina, la compañía estatal de petróleo y gas.

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