La 'Kitchen' delata la asignatura pendiente del control de los fondos reservados, que llevan año y medio sin el examen del Congreso

Pocas causas judiciales revelan tantas cosas como la operación Kitchen. Un extesorero imputado por la Justicia y espiado para saber si se había llevado información sensible sobre una supuesta contabilidad opaca del partido del que había sido despedido. Un grupo de comisarios que hicieron de la Policía Nacional su cortijo particular para supuestamente enriquecerse. Una cúpula del Ministerio del Interior imputada, la primera desde la época de los GAL. Y sospechas y más sospechas sobre la utilización de dinero público para presuntos fines personales y, además, ilegales porque habrían estado destinados a ocultar información a los tribunales. Ese dinero público son los fondos reservados que manejan tres departamentos del Gobierno y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y cuyo control, ahora se ha visto, sigue siendo una asignatura pendiente para evitar que se destinen a fines espurios. La inestabilidad política no ayuda: estos gastos llevan año y medio sin ser controlados por el Congreso.

Que se sepa, para la operación Kitchen se destinaron al menos 53.000 euros entre 2013 y 2015 salidos de los fondos reservados destinados a Interior para pagar a Sergio Ríos, antiguo chófer de Luis Bárcenas, fichado como confidente de la Policía para ayudar en la tarea de espionaje. Según la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional desde hace dos años, Ríos habría cobrado 2.000 euros al mes por su trabajo justificados con recibís rellenados y firmados a mano, un modo de hacer no poco sorprendente teniendo en cuenta que hablamos de un ministerio tan sensible, una documentación que la Fiscalía Anticorrupción constata que "no se ajustaba a la normativa legal que regulaba esos fondos desde 1995".

Tirando del hilo, el juez Manuel García Castellón y los fiscales anticorrupción encargados del caso han destapado, según el sumario de la causa, un “clan policial mafioso” y una operación policial "intrínsecamente ilegal" que fue posible gracias "a las disfunciones e irregularidades en la gestión y el control" de los fondos reservados. Los antiguos responsables de la Policía de este dinero público –uno de ellos se autodenominó “cajero”– fueron preguntados en sede judicial por la Kitchen, pero sus respuestas revelaron un modus operandi que han ido heredando unos de otros, por lo que cabe deducir que esta forma de trabajar no se circunscribió a los años de espionaje a Bárcenas, sino que es la habitual desde hace tiempo, tanto con gobiernos del PP como del PSOEmodus operandi.

Los sucesivos escándalos de uso fraudulento de fondos reservados que se hicieron públicos en la primera mitad de los noventa llevó al Gobierno de Felipe González a promulgar en 1995 una nueva Ley reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados, así como una posterior orden ministerial del entonces jefe de Interior, Juan Alberto Belloch, con las normas internas de gestión, documentación que obra en el sumario de la pieza que investiga la operación Kitchen. En esa orden se deja muy claro que “toda la información relativa a los créditos destinados a gastos reservados, así como la correspondiente a su utilización efectiva, tendrán la calificación de secreto”.

Casi 28 millones de euros para 2021

Obviamente, nadie duda de que operaciones como las que se sufragan con gastos reservados no deben ser de dominio público, pues se trata de operativos antiterroristas o relacionados con la seguridad del Estado. Sin embargo, lo que la Kitchen ha revelado es que la orden ministerial no ha servido para evitar que personas concretas manejen irregularmente unos fondos que este año han alcanzado los 27,86 millones de euros, cantidad que prevé mantenerse en 2021, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que se está tramitando en el Congreso.

Reveladoras sobre ese descontrol han sido las declaraciones de los mandos policiales imputados y no imputados que han pasado por la Audiencia Nacional y que se conocieron tras el levantamiento del secreto de la pieza 7 del caso Villarejo que investiga la operación ilegal para espiar a Luis Bárcenas y su entorno familiar. Lo que dijeron José Manuel Benavides, secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) a lo largo de siete años hasta el otoño de 2013, y su sucesor, Enrique Lacasa, revelaron un modo de trabajar y gestionar los fondos reservados nada escrupuloso y sobre el que juez y fiscales no pudieron esconder su sorpresa.

La orden ministerial de 1995 habla de “cajas” en las que se reparten los fondos reservados solicitados por las unidades operativas y cuyo control consiste en comprobar que, “a partir del saldo del mes anterior, más las entradas menos las salidas, la cifra resultante coincide con las existencias”, y que “tanto la entrada está justificada con el recibí del responsable de la caja como las salidas están soportadas con los recibís de las personas receptoras, cuadrando todas las cifras”. Igualmente “se verificará que la justificación del empleo de los fondos está firmada por la persona autorizada”.

Benavides explicó el sistema que él manejó. Según él, “las unidades operativas comunicaban a la secretaría general la cantidad que necesitaban para el mes siguiente” y ese dinero era el que él solicitaba a la Secretaría de Estado de Seguridad. El que entregaba los fondos era el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, cargo que desempeñó el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos durante parte del tiempo en el que se extendió la operación Kitchen. Los fondos se entregaban en metálico y el propio Benavides firmaba el “recibí”, tras lo cual los repartía a las unidades que los habían reclamado para sus operaciones.

Ni preguntaba ni quería saber

De su explicación se desprende que nunca tenía el detalle del destino del dinero. Lo que hacía era justificar lo solicitado en un libro de contabilidad, pero sin especificar para qué. Tanto Benavides como Lacasa subrayaron este detalle: “Ni quería saber ni preguntaba para qué era ese dinero”, dijo el segundo. Lo que se pedía, lo que se recibía de Interior y lo que se gastaba era apuntado en un libro de contabilidad con conceptos genéricos que impiden saber si el dinero reclamado era gastado en el desarrollo de las operaciones para las que en teoría iba destinado.

Miguel Ángel Bayo, asesor jurídico de la DAO durante más de treinta años que declaró como testigo, confirmó este modo de hacer: “Te dan cuarenta y tienes que responder de cuarenta. Y que cada palo aguante su vela”, dijo sobre el funcionamiento de la salida y entrada de fondos reservados, que gestionó durante un tiempo tras la jubilación de Lacasa, en referencia a que no se daban detalles del destino del dinero.

Los recibís son firmados a mano y el dinero entregado se apunta en unos cuadros diseñados y anexos a la orden ministerial de Belloch en los que se indican importes, fechas, conceptos o la unidad receptora. Para solicitar los fondos, hay otro cuadro en el que se deben escribir conceptos como “pagos a colaboradores fijos”, “pagos a colaboradores ocasionales”, “actividades de investigación”, “adquisición de equipos y materiales”, “gastos de exterior”, “gastos por servicios extraordinarios”, “bases operativas en Madrid”, “bases operativas en el resto de España” o “bases operativas en el extranjero”, entre otros. De lo declarado por los secretarios generales del DAO, se deduce que este trabajo no se cumplió, al menos en lo que respecta a Kitchen.

Para empezar, el nombre de la operación no aparece por ninguna parte en la documentación que el magistrado García Castellón solicitó al Ministerio del Interior que ahora dirige Fernando Grande-Marlaska. "Revisada la documentación obrante en este centro gestor de fondos reservados de los servicios centrales, y correspondiente a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional para los años 2013 a 2015, no consta ninguna correspondiente o que haga referencia a una operación policial denominada KITCHEN, COCINERO, COCINA o K", explica el oficio, de fecha 15 de noviembre de 2019.

Pero los investigadores tienen constatado que el operativo para espiar a Bárcenas y su familia se puso en marcha, se desarrolló y tuvo éxito en la medida en que hubo seguimientos, le robaron material como dispositivos electrónicos y disponen de grabaciones incautadas a Villarejo en las que se escucha a los implicados hablar del asunto. Así lo reflejan juez y fiscales en todos sus escritos, en los que remarcan el carácter ilegal y al margen del control judicial del operativo.

Aparte de esa contabilidad tan poco exhaustiva, la investigación de la operación Kitchen ha revelado que el propio DAO en aquellos años, Eugenio Pino, daba sus propias órdenes a sus secretarios generales para que entregaran determinadas cantidades a altos mandos policiales como los comisarios imputados José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, éste último exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), cantidades que también quedaban reflejadas en un recibí, pero ni Benavides ni Lacasa sabían a qué destinaban ese dinero. Al ser preguntado, el segundo destacó que se trataba de “un policía de mucho prestigio” y no tenía por qué dudar de que tuviese una asignación especial.

Cuestión de confianza

Si los que debían gestionar los fondos no tenían el detalle, los mandos superiores del Ministerio del Interior alegan que ellos, mucho menos. Ni el exministro Jorge Fernández Díaz ni el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, ambos imputados, se hacen responsables: ambos han negado por dos veces al juez que nunca conocían el detalle de lo que se gastaba o dejaba de gastar en las operaciones policiales. Es decir, que una cosa es que el dinero saliese de su departamento y otra cosa que estuvieran en el pormenor de cada desembolso. Ni siquiera el hombre encargado de dar el dinero a las solicitudes que se hacían desde la DAO, el coronel Pérez de los Cobos, estaba al tanto de las particularidades, tal y como dijo en la Audiencia Nacional en su declaración como testigo.

Según el coronel de la Guardia Civil, el sistema funciona de abajo a arriba y si la información que se iba transmitiendo desde las unidades hasta el ministerio contaba con las autorizaciones oportunas, el dinero se entregaba. Lo mismo que declaró Enrique Barón, jefe de la Comisaría General de Información entre 2012 y 2017: “Hay que apelar a la honradez, buena fe y legalidad del funcionario”, explicó, para aclarar también que él nunca supo nada de una operación Kitchen.

En la orden ministerial de Belloch también se establece un control parlamentario de los fondos reservados. “Semestralmente, se informará a la comisión parlamentaria, creada para el control de estos fondos, sobre la aplicación y el uso de los correspondientes fondos presupuestarios. Dicha información se referirá a los gastos efectuados durante el período, clasificados orgánicamente, hasta el nivel de Dirección General”, explica. Son tres departamentos del Gobierno los que gestionan este tipo de dinero público, Interior, Exteriores, Defensa, además del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Desde su creación, la Comisión de control de los Gastos Reservados del Congreso de los Diputados, a la que acude un representante de cada grupo parlamentario, se venía reuniendo cada seis meses y acudían los distintos responsables de los departamentos encargados, siempre a puerta cerrada por la sensibilidad de la información que se transmite. Sin embargo, la última vez que se convocó fue el 3 de marzo de 2019, justo antes de la disolución de las Cortes antes de las elecciones generales de abril.

Ya no ha habido más comparecencias, según informó Europa Press. El Congreso surgido de esos comicios, que dio paso a una legislatura de apenas cinco meses, ni siquiera se llegó a plantear la posibilidad de constituir la citada comisión, pero tampoco en la presente, que arrancó hace diez meses. Así las cosas, ya va para un año y medio que la Cámara no controla la labor de los servicios de inteligencia españoles y los fondos reservados. El problema es que, según el Reglamento de la Cámara Baja, para poder conocer materias clasificadas es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso obteniendo el respaldo de tres quintos, esto es, de 210 votos, algo que resulta muy complicado porque requiere de apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios y el clima político actual no parece muy propicio: los vetos de unos y otros hacen imposibles formar la comisión creada para controlar la labor de los servicios de inteligencia españoles y los fondos reservados.

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La comisión del Congreso, un “paripé”

Controlar o al menos parecer que lo hace. Según un antiguo miembro de la comisión consultado por infoLibre, los comparecientes solían hacer “intervenciones muy genéricas” de los temas sobre los que trabajaban sus respectivos departamentos con cargo a los fondos reservados, la mayoría de los cuales se referían a estrategia antiterrorista o de seguridad nacional. No se entregaba nunca documentación y los portavoces podían preguntar algunos asuntos concretos, pero raramente se daban datos muy específicos. En ningún caso se daban los nombres de las operaciones en marcha ni detalles sobre informantes.

En su opinión, la comisión no sirve para lo que fue creada, es decir, controlar la gestión de los fondos reservados. “Al final, la sensación que nos quedaba es que todo era un paripé. Era algo bastante protocolario y nunca nos quedaba claro a qué se estaba dedicando el dinero”, subraya. Tampoco percibió grandes diferencias entre el funcionamiento y la información que se daba en la comisión con gobiernos del PSOE y del PP.