Acortar la instrucción sin reforzar los juzgados: un cóctel explosivo para casos de corrupción o narcotráfico
"Sería una reforma absurda por estar alejada de la realidad". Quien se pronuncia en estos términos es un magistrado con una dilatada trayectoria profesional. Y lo hace al ser cuestionado por una posible reducción de los tiempos para llevar a cabo investigaciones judiciales. Se trata de una opción que a comienzos de semana puso sobre la mesa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la vista puesta en Junts y el desbloqueo de la ley de amnistía. Una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, advierten desde la judicatura, puede tener efectos nocivos en la lucha contra la corrupción, el narcotráfico o el crimen organizado. Sobre todo, si se tiene en cuenta la falta de medios en los juzgados.
En la actualidad, la norma establece que la investigación judicial debe desarrollarse en un plazo máximo de un año desde que se incoa la causa. Ahora bien, el juez puede acordar prórrogas sucesivas de hasta seis meses de manera ilimitada, siempre justificando los motivos que le han impedido acabar a tiempo o las diligencias que aún están pendientes y su importancia en el caso. Estos límites no siempre han sido así. De hecho, la redacción actual del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es fruto de una reforma impulsada por el Gobierno de coalición en el verano de 2020. Un cambio normativo que vino a modificar el sistema de plazos introducido cinco años antes por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
El modelo impulsado por el PP fijaba un límite de seis meses para llevar a cabo las pesquisas. Excepto si la instrucción se declaraba compleja porque, entre otros, recayese sobre una organización criminal, involucrase a un gran número de personas o implicase la realización de actuaciones en el extranjero. En ese caso, el máximo era de 18 meses, con otra prórroga por igual plazo o inferior. Una prolongación de las pesquisas que, a diferencia del modelo actual, sólo podía ser acordada por el juez a instancia de la Fiscalía. Es decir, que si el Ministerio Público no lo solicitaba, la instrucción concluía. "Transcurrido el plazo máximo o sus prórrogas, el instructor dictará auto de conclusión de sumario", completaba la Lecrim.
Pero ahora, casi cuatro años después de la reforma, los tiras y aflojas alrededor de la amnistía y el impacto que sobre la negociación de la misma está teniendo el desarrollo de causas judiciales iniciadas hace años han terminado por abrir el debate sobre la duración de las investigaciones. "En ocasiones se alargan mucho", dejaba caer el presidente del Gobierno a comienzos de semana en una entrevista, en la que abría la puerta a una nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que acorte los plazos de instrucción. Esta propuesta, que parece pensada para casos como Tsunami, se ha ido enfriando en las últimas horas ante el rechazo de algunos de los socios parlamentarios. Sin embargo, aún nadie la ha descartado oficialmente.
"Espacios de impunidad"
No han trascendido apenas detalles de qué es lo que tiene en mente el Ejecutivo. Pero los juristas consultados por este infoLibre advierten de que tocar los tiempos de instrucción puede ser peligroso. "Se pueden generar espacios de impunidad", señala al otro lado del teléfono Joaquim Bosch, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Moncada. Sobre todo, continúa, si se tiene en cuenta la falta de medios de la que se lleva quejando la judicatura desde hace muchos años. "Con lo que tenemos, es imposible cerrar asuntos en un año –el máximo que marca la ley sin prórrogas–", continúa el magistrado. Según los últimos datos, España cuenta con 11,2 jueces por cada 100.000 habitantes. La media en Europa es de 17,6.
El mayor riesgo se encuentra, sobre todo, en las causas más complejas. Son, por ejemplo, los grandes casos de la corrupción. "Son asuntos que cuesta mucho investigar, en los que unas diligencias de investigación te llevan a otras y en los que a los jefes de la trama se suele llegar al final, no al principio. Por eso, si se cierran en plazos cortos, las investigaciones no se van a poder acabar y muchos partícipes van a terminar sin ser imputados", trata de resumir Bosch. Seis años se tardó, por ejemplo, en cerrar la primera parte de la investigación sobre Gürtel. O cuatro en concluir las pesquisas del caso Nóos, que terminó con la entrada en prisión del exyerno del rey emérito Iñaki Urdangarín. Y alrededor de un lustro se prolongaron, por ejemplo, las investigaciones alrededor de Malaya.
"Son casos que requieren mucho tiempo", apunta una magistrada familiarizada con este tipo de procedimientos complejos. Ocurre también con la trata de seres humanos con fines de explotación. O con el narcotráfico a gran escala, en el que varias organizaciones criminales de distintos países pueden estar vinculadas a un mismo alijo de droga. Causas que requieren, en muchos casos, el envío de comisiones rogatorias a otros países –con la consiguiente espera de una respuesta que puede tardar meses en llegar– o la práctica de diligencias de investigación complejas. "Por ejemplo, puede haber documentos para los que hay que pedir un peritaje al Banco de España o comunicaciones encriptadas para las que se tiene que solicitar ayuda al Centro Criptológico Nacional", completa la magistrada.
"Meta final" pero con "dotación de medios suficiente"
No ve mal que se pongan límites, sin embargo, el exmagistrado de la Audiencia Nacional y director del despacho de abogados Ilocad, Baltasar Garzón. "Las prórrogas sucesivas permiten extender una investigación hasta el infinito", apunta en conversación con este diario. Por eso, cree que hay que establecer una "meta final", una fecha límite para concluir las investigaciones. "Yo creo que en dos años se puede hacer una investigación exhaustiva", desliza. Ahora bien, continúa el exmagistrado de la Audiencia Nacional, para ello tiene que haber una "dotación de medios suficiente". "No puede ser, por ejemplo, que se pidan unas huellas y que tarden muchos meses porque la Policía no tenga personal suficiente", resalta.
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Otra posibilidad pasaría por reducir los plazos de instrucción y que el reloj no comenzase a correr hasta que no hubiese una concreción de la investigación. Sea como sea, lo que no puede ser, expone el director de Ilocad, es que haya causas que se alarguen porque el instructor de las mismas se dedique a "marear la perdiz". "No se puede prorrogar una instrucción para que luego la causa quede paralizada. No se pueden pedir unas diligencias o una comisión rogatoria y despreocuparse luego de ellas. Si no se te da respuesta, insistes", apunta el exmagistrado al otro lado del teléfono. Unas "dilaciones" a la hora de instruir el caso que, en opinión de Garzón, deberían impedir que se acuerde una prórroga de las pesquisas.
Sánchez no hizo mención en su entrevista a ningún procedimiento concreta. Pero desde hace meses es el caso Tsunami el que ha marcado la agenda política nacional. La causa que instruye el magistrado Manuel García-Castellón arrancó en 2019, se mantuvo secreta hasta la primavera pasada y estalló en noviembre, cuando se puso sobre la mesa el delito de terrorismo y se dirigió la investigación contra el expresident Carles Puigdemont. Un caso, ahora prorrogado seis meses más, que ha provocado no pocos choques entre el magistrado y el fiscal, que le ha llegado incluso a acusar de llevar a cabo "prolongaciones artificiosas" para dilatar la tramitación del recurso que interpuso directamente ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazando que los hechos puedan encajar en los delitos de terrorismo.
Los jueces y magistrados consultados para este artículo, sin embargo, recuerdan que existen ya herramientas para frenar cualquier intento de alargar una investigación de manera artificial. Primero, recuerdan, el juez no puede prorrogarla de forma "caprichosa", tiene que justificar perfectamente los motivos que le han llevado a hacerlo, las diligencias de investigación que quedan pendientes y la importancia que las mismas tienen para el caso. Y si lo hace de manera indebida, las partes cuentan con un sistema de recursos para llevar el asunto a la Sala, que lo estudiará y decidirá si los motivos alegados por el instructor son suficientes para continuar investigando o si, por el contrario, debe cerrar el caso al considerar que la prórroga no está justificada.
