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EL FUTURO DE CATALUÑA

La línea dura de Junts pone en riesgo la legislatura catalana sin que Aragonès llegue a mitad del mandato

En primer plano, el candidato de Esquerra, Pere Aragonès. Detrás de él, la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

Es presidenta del Parlament y en breve Laura Borràs será oficialmente ratificada como líder de uno de los partidos que gobiernan la Generalitat, pero en la política catalana todo el mundo se refiere a ella como "la líder de la oposición". La referencia, empleada indistintamente por la mayoría de grupos parlamentarios catalanes, es en realidad un retrato ácido de la legislatura en Cataluña y del momento político del independentismo: más que socios de Govern, la relación que de verdad bulle entre ERC y Junts es la de competidores acérrimos y su pacto para gobernar la Generalitat no es más que un nuevo pulso entre ellos.

"Llevan tiempo jugando a aquello de quien rompe, paga. Y solo por eso gobiernan juntos, porque ninguno de los dos quiere ser el que rompa primero", analiza un veterano dirigente del PSC. Una afirmación que ni siquiera se atreven a desmentir en privado ni los republicanos ni los herederos de Puigdemont, que tampoco son capaces de garantizar que la legislatura en Cataluña vaya a transcurrir por los cauces de la estabilidad durante cuatro años.

Esta semana, de hecho, la propia Laura Borràs ha colocado una nueva pica en el mandato de Pere Aragonès. Cara visible de la línea más dura dentro del independentismo y dentro de su propio partido, el proceso orgánico que renovará la cúpula de Junts Per Catalunya en el mes de junio la encumbrará internamente y le otorgará más poder frente al exconseller Jordi Turull, uno de los líderes políticos condenados e indultados por el procès. Confirmada su victoria interna, el primer anuncio de Borràs supone toda una declaración de intenciones respecto a las relaciones con el socio de Govern: planteará una consulta vinculante a la militancia sobre el pacto con ERC.

Todo ello sin que se alcance siquiera el ecuador del mandato de Pere Aragonès, un momento que muchos dirigentes independentistas marcaban en rojo para saber si la legislatura podría recorrerse al completo o no. Para 2023, mitad de ese mandato, había apalabrada una moción de confianza al president de la Generalitat que la CUP exigió a cambio de un pacto de investidura. Tras caerse los anticapitalistas catalanes del acuerdo presupuestario de este año, ERC aseguró que esa cuestión de confianza "dejaba de tener sentido".

Carpetazo a Pegasus

Los republicanos son plenamente conscientes de que en la figura de Borrás, en particular, y del espacio de Junts, en general, no tienen exactamente lo que se dice un aliado. Aunque creen que, de momento, la legislatura no corre peligro por los propios cálculos políticos de sus socios. "Hay mucha gente que viene de Convergencia que no va a permitir que se rompa así como así porque se quedan sin trabajo", sostienen fuentes de ERC, que añaden: "Se lo pueden plantear, claro, y dependerá de cómo vaya todo. Pero jugarán al desgaste. Y por eso es importante que la legislatura vaya bien".

Tanto en ERC como en el PSOE comparten que las tensiones políticas derivadas del espionaje del caso Pegasus, de beneficiar a alguien, solo lo ha hecho a quien tiene interés en que las cosas entre Cataluña y España "se vuelvan a complicar". Es decir, a Junts. Y de ahí que los republicanos hayan acelerado el carpetazo a la crisis tras escenificar "la congelación" de relaciones con el Gobierno. Según interpretan en el PSC, el cese de la directora de CNI ha supuesto "un punto de inflexión" en la actitud de ERC, cimentada en un cambio de discurso claro tanto en Madrid, donde ya no se exige el cese de la ministra de Defensa, como en Cataluña. El líder de los republicanos, Oriol Junqueras, aseguró esta misma semana en una entrevista en El País que “estamos aquí para ayudar si se asumen responsabilidades y no vuelve a ocurrir”, abriendo la puerta a retomar la colaboración con el Gobierno de Pedro Sánchez.

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Desde ERC, de hecho, llevan días metiendo prisa en Moncloa para concretar "cuanto antes" un encuentro entre Pere Aragonès y Pedro Sánchez que sirva para sellar el fin de la crisis del espionaje y que ponga encima de la mesa elementos suficientes que ERC pueda vender en Cataluña como suficientes para pasar página. Desde el Gobierno central insisten en que se esa reunión se celebrará, aunque siguen sin aclarar cuándo ni si Sánchez podrá llegar con el compromiso de desclasificar la documentación del CNI, una de las exigencias de los republicanos.

Tanto ERC como en la Moncloa se da por hecho que, además, la mesa de diálogo se ha de reactivar a corto plazo. Ambas partes reconocen que los equipos llevan meses trabajando en el contenido de la próxima reunión para que puedan concretarse "avances específicos", una de las principales demandas de los republicanos, que acusan al Ejecutivo de no trasladar "propuesta alguna" en la resolución del conflicto más allá de la "declaración de intenciones" de la conocida como Agenda para el Reencuentro.

El horizonte electoral complica, en cualquier caso, el margen de maniobra del PSOE en Cataluña, un terreno político especialmente sensible para los socialistas en otros puntos de España. La mesa de diálogo prevista para principios de año ya se retrasó por la convocatoria en Castilla y León y ahora, en un par de semanas, arranca la campaña en Andalucía. En ERC y en el PSOE son conscientes de que, cuanto más se acerquen las municipales, primero, y las generales, después, "será aún más complicado". Y aunque ambas partes se esfuercen en trasladar la voluntad de avances parecen, en el fondo, querer firmar el empate. Asumiendo que, viniendo de donde vienen, no retroceder ya podría considerarse un buen avance.

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