En su comparecencia en la comisión en la que se investiga la corrupción en la Comunidad el expresidente Ignacio González aseguró que la venta de 2.935 viviendas de protección pública a una empresa participada por el fondo de inversión Goldman Sachs –efectuada en octubre de 2013 por 201 millones de euros– fue "transparente, pulcra e inmaculada". También Esperanza Aguirre dijo que esa operación se había hecho con "limpieza y honestidad".
Sin embargo, en el curso de la investigación que mantiene abierta sobre esta venta el Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid, se siguen conociendo detalles que ponen en entredicho las afirmaciones formuladas por González y Aguirre. En su declaración como testigo ante el juez, el jefe de Área de Contratación del Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid (Ivima), Fernando Pascual Santodomingo, puso de manifiesto que en el proceso previo a esa venta se pudo incumplir la ley al fraccionar contratos.
El Ivima encargó a una tasadora, Sociedad de Tasación, que determinara el valor de las viviendas. Pues bien, esta sociedad facturó dos veces en 2013 por un valor total de 35.000 euros por la realización de dos informes. Supuestamente el segundo de ellos actualizaba la estimación hecha cinco meses antes.
La cuestión es que el jefe de Área de Contratación aportó al magistrado un correo electrónico –al que ha tenido acceso infoLibre [consultar, aquí]– fechado el 2 de julio de 2013 y en el que él mismo avisaba al secretario general de Ivima, Francisco Javier Carmena Lozano, de que no le parecía apropiado gestionar como menor un segundo contrato de 14.520 euros con Sociedad de Tasación porque tres meses antes había emitido otra factura “por la misma sociedad y mismo concepto” por valor de 19.965 euros.
Pascual Santodomingo avisó de que la suma de ambas cantidades superaba “lo permitido como límite de la contratación menor, pudiéndose incurrir en un fraccionamiento del gasto”. “No me parece apropiado, por tanto, tramitarlo como contrato menor”, escribió.
infoLibre se puso en contacto este viernes con el departamento de prensa de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, de la que depende el Ivima, para preguntar por qué se tramitó como contrato menor a pesar de la advertencia del técnico. La Consejería no ofreció ninguna respuesta.
Cámara de Cuentas
El correo electrónico entregado al juez por Pascual Santodomingo viene a aportar más información a la sospecha recogida por la Cámara de Cuentas, el órgano fiscalizador de la Comunidad de Madrid, en un informe publicado el pasado noviembre en el que analiza esta operación.
Tal y como recoge ese informe de fiscalización, el 4 de enero de 2013 se celebra un contrato con la Sociedad de Tasación cuyo objeto es la tasación de las 32 promociones. El 5 de abril se pagan los honorarios pactados por el informe emitido el 12 de marzo de 2013, que ascienden a 19.659 euros, IVA incluido. Sin embargo, el 12 de junio de 2013 se le hace un nuevo pago de 14.520 euros, por un nuevo informe de actualización de la tasación anterior efectuada cinco meses antes, que –a juicio del organismo fiscalizador– "podría encubrir un fraccionamiento de la contratación".
Pero esto no fue lo único que sorprendió a la Cámara de Cuentas en relación a esta tasación, pues recoge que el primer informe dice al comienzo del mismo que la valoración se hizo entre el 15 de diciembre de 2012 y el 15 de enero de 2013. Eso quiere decir que el encargo y realización de la tasación se hizo con anterioridad a la firma del contrato.
En el curso de su investigación, el juez Ignacio Bigeriego también ha reclamado al Ministerio de Hacienda que designe a un arquitecto público para que realice una nueva tasación de los inmuebles. Los querellantes creen que la venta se produjo a un precio "irrisorio": 68.484 euros de media por inmueble. Consideran además que ha generado un "enorme perjuicio patrimonial" a la Administración pública y se ha hecho con el ánimo de favorecer "intereses privados".
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"Interrelación de empresas"
El magistrado también está investigando "la posible interrelación" entre las empresas que compraron estos pisos. El objetivo del juez es determinar si "los responsables del organismo adjudicador [el Instituto de la Vivienda de Madrid] o de la consejería de la que dependa" se enriquecieron de forma ilícita con esta operación. Con ese objetivo, el juez ha reclamado a la Oficina Nacional de la Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria que designe a dos inspectores que elaboren un informe al respecto.
Por las irregularidades que se pudieron cometer en esta venta están siendo investigados –lo que antes se conocía como imputados–tanto el director general del Ivima cuando comenzó la operación Juan Van-Halen como su sucesora en el cargo, Ana Gomendio. Van-Halen dimitió del cargo de director general de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento que ocupaba cuando fue imputado a principios de este febrero.
En su comparecencia en la comisión en la que se investiga la corrupción en la Comunidad el expresidente Ignacio González aseguró que la venta de 2.935 viviendas de protección pública a una empresa participada por el fondo de inversión Goldman Sachs –efectuada en octubre de 2013 por 201 millones de euros– fue "transparente, pulcra e inmaculada". También Esperanza Aguirre dijo que esa operación se había hecho con "limpieza y honestidad".