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Caso ERE

Manuel Chaves acude al Supremo para declarar por los ERE fraudulentos

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El expresidente de Andalucía, Manuel Chaves, acudió este martes, poco después de las diez menos cuarto, al Tribunal Supremo, donde será interrogado por el magistrado de este órgano Alberto Jorge Barreiro sobre su posible responsabilidad en los ERE presuntamente fraudulentos en Andalucía.

Chaves, que ha acudido en coche hasta las puertas del alto tribunal, donde se ha limitado a dar los buenos días a los periodistas que le esperaban, comparece en calidad de "imputado" en relación con los "actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de esa Autonomía, así como las prestadas a personas físicas", según rezaba el auto de citacón.

En su exposición razonada, aceptada por el Supremo, la jueza de Sevilla que investiga la matriz de esta causa, Mercedes Alaya acusa indiciariamente a Chaves y a los otros cuatro aforados nacionales en esta causa de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y sobre estas acusaciones pivota la instrucción en el alto tribunal.

A Chaves se le cita en relación con actos realizados como presidente de la Junta Andaluza y previsiblemente se le preguntará en relación con el informe de peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) que cuestiona el sistema elegido para la otorgar las ayudas socio-laborales cuestionadas a través del instrumento presupuestario denominado "transferencias de financiación".

Fórmula de financiación cuestionada

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En su informe pericial, los peritos consideran "inadecuada e improcedente" la fórmula de las transferencias de financiación y la ausencia de procedimiento legal para la concesión y entrega de las ayudas investigadas.

De estas ayudas se nutrieron expedientes de regulación de empleo con irregularidades como la innecesariedad de una reestructuración laboral como tal o la prejubilación de personas que no formaban parte de las plantillas afectadas, entre otros aspectos.

Señalando el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009, el citado informe reprocha a los consejeros de Economía y Hacienda de esa etapa; la exministra Magdalena Álvarez, el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo, la no adopción de las "medidas necesarias" al respecto.

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