Si se escucha el nombre de María José Segarra, lo primero que se recuerda que fue fiscal general del Estado entre julio de 2018 y enero de 2020. Pero esta fiscal con una dilatada carrera de más de treinta años empezó a ejercer en Barcelona, donde se especializó en protección de menores, y después pasó a Sevilla, donde fue fiscal jefe durante catorce años. Después de su paso por el puesto más alto del escalafón, volvió a la capital hispalense, pero a finales del año pasado fue promovida como fiscal de Sala, la primera categoría de la Carrea Fiscal, para encargarse del área de la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores.
En entrevista con infoLibre con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, Segarra reflexiona sobre el drama de las residencias durante la primera ola de la pandemia y lo que desde su competencia se puede hacer para que no vuelva a ocurrir. La fiscal tiene claro que en los meses de la primera ola se vulneraron derechos de los mayores en esos centros, que hay que avanzar hacia un nuevo modelo de residencias que se adapte a las personas, y no al revés, y hacia una sociedad mucho más acorde con las necesidades de la población mayor de 65 años. Asimismo, defiende el papel del Ministerio Público y asegura que todas las denuncias por fallecimientos en residencias se han investigado.
PREGUNTA: ¿A qué se dedica la Fiscalía de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Personas Mayores?
RESPUESTA: La función de los fiscales es siempre tutela de derechos fundamentales y en el área que yo coordino es toda la actividad del fiscal en la atención a las personas con discapacidad y mayores a causa de la vulnerabilidad que se puede tener como consecuencia de alguna discapacidad o como consecuencia de todas las comorbilidades y disfunciones que vas teniendo según cumples una edad, y más en una sociedad como la de hoy día, muy rápida y digitalizada. La tutela de derechos que tenemos todos los fiscales abarca toda esa panoplia de situaciones en que se pueden ver vulnerados los derechos de las personas por estos dos motivos.
P: ¿Cuántas diligencias de investigación se han abierto en Fiscalía por la situación en las residencias durante la pandemia?
R: Nuestra actividad es un mundo más amplio pero entiendo que el interés por esta situación tan apocalíptica que hemos vivido recale en la situación de pandemia. Y sobre todo, más que en personas con discapacidad, en personas mayores porque todos sabemos la letalidad que ha tenido la pandemia para las personas mayores y sobre todo para las de centros residenciales y sociosanitarios por el modelo de vida colectiva. En esas funciones de supervisión de los internamientos, a partir de que una persona se deteriora intelectualmente y no puede renovar el consentimiento diario a vivir en una residencia, aparece la tutela judicial, es decir, tiene que ser un juez el que determine si esa persona tiene que estar ingresada. Ahí los fiscales tenemos una función muy importante de supervisión de las situaciones en que viven las personas en centros sociosanitarios y residenciales. Y por eso focalizamos nuestro trabajo desde que estalla la pandemia en ese seguimiento de esa situación de las personas que vivían en las residencias. Nuestra actividad fundamentalmente es civil; aunque las personas conozcan más a los fiscales por el orden penal, las secciones que yo coordino trabajan en el área civil y de protección. En total, se han incoado 921 diligencias civiles y más de 500 penales (hasta julio de este año).
P: ¿Estas cifras indican que el modelo de residencia tenía graves fallos? ¿Habría que revisar de arriba abajo ese modelo? ¿Cuáles son los puntos más débiles sobre los que habría que prestar más atención?
La situación de pandemia nos ha situado ante un nuevo escenario que, como lamentablemente se puede repetir, tenemos que analizar. Todas las administraciones tienen que hacer una especie de memorándum acerca de qué lecciones se han aprendido y qué se debe prevenir para el futuro. Ante posibles situaciones epidémicas en las que las personas más vulnerables, por sus enfermedades y por el hecho de vivir en un entorno comunitario, son más susceptibles al contagio, lleva efectivamente a que todo lo que hemos mejorado en el proceso de la pandemia se estabilice. Tenemos que tener los planes de contingencia actualizados, necesitamos que la vigilancia se mantenga, que la formación continua de los trabajadores se mantenga... Necesitamos que no se olvide la importancia de la coordinación sanitaria: todas las residencias, independientemente de su volumen, tienen que tener una coordinación cercana con atención primaria y con sus recursos hospitalarios para que no haya descoordinación en ningún momento. Las unidades de hospitalización en el domicilio, que nos valen muy bien, sobre todo para personas mayores que viven solas, tienen que extenderse también a las residencias, porque la residencia es el hogar de una persona. Además, los servicios de inspección tienen que mantenerse como están ahora. El control, ya sean centros de gestión pública o privada, lo tienen las comunidades autónoas y se tiene que ejercer de forma que una residencia se vea sometida como mínimo a una inspección al año. Esto no eran objetivos que se cumpliesen con anterioridad y deben conservarse.
Acaba de entrar en vigor la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Es revolucionaria porque lo que dice es que tenemos que atender y salvaguardar no sólo el beneficio de las personas con discapacidad, sino su voluntad, deseos y preferencias. Esto no es un mandato sólo para los jueces y fiscales, sino un mandato que concierne a todos, a la sociedad y a las administraciones en primer lugar. Y así, el modelo residencial tiene que atender a la persona, a la historia de vida de la persona, a cómo es ella y sus gustos y sus preferencias. Y en el caso de que no los pueda expresar, a cómo ella hubiera querido vivir. El modelo residencial tiene que adaptarse y tiene que cambiar. Nos tenemos que adaptar a las personas, eso es lo que tenemos que cambiar. Cuando hablamos de un modelo de cuidados centrado en la persona, las agendas de servicios sociales tienen que pluralizarse porque todos somos muy distintos y tenemos que ofertar fórmulas, hacer una sociedad mucho más acorde con el volumen de población mayor de 65 años que tenemos, que cada vez es mayor.
P: ¿Lo ocurrido en las residencias ha revelado un problema mayor, y es que las personas al llegar a cierta edad ya se consideran prescindibles para la sociedad?
R: Quizá es un poco cierto paternalismo y a veces, cuando tratas a una persona con paternalismo, esa persona quizá acaba aceptando y minimizándose a sí misma. El mismo fenómeno es el que estamos viviendo con la discapacidad: tendemos a proteger tanto a las personas que no les dejamos espacio para la reivindicación de sus derechos. Yo creo que ahora, los mayores de 65 años están diciendo aquí estamos, tenemos formación, tenemos capacidad y estamos llamando a muchas puertas. Es un cuerpo electoral también que va a reivindicar con fuerza un modelo de vida que sea acorde con lo que ellos decidan.
P: Antes ha hablado de las inspecciones en residencias. ¿Antes de la pandemia había pocas inspecciones?
R: Los informes que han facilitado todos los fiscales a lo largo de la pandemia han puesto muy en claro cómo tras la pandemia se han multiplicado los recursos de inspección y han valorado muy positivamente que la inspección se movilizara inmediatamente a un recurso residencial. La inspección tiene que ser reforzada porque esa es la garantía. Tú puedes articular un modelo residencial, pero si no tienes un sistema para revisar, inspeccionar, sugerir protocolos de cómo se debe hacer mejor y para sancionar cuando no se haga, si tú no tienes capacidad para ni siquiera revisar que esa residencia que se acaba de inaugurar es acorde con la licencia que se le ha facilitado, está el campo abonado a que pueda haber conductas no adecuadas o un sistema basado más en el negocio que en la atención a la persona.
Los fiscales están siempre en coordinación con las administraciones competentes. Es más, los fiscales tienen, entre muchas funciones y tareas, visitar las residencias y una de las cosas que está en nuestro protocolo de visitas es solicitar a la administración que nos informe y nos remita el último informe de inspección porque eso te da un parámetro de cómo está esa residencia y qué problemas puede tener. En plena pandemia consulté un informe que había encargado el Ministerio de Derechos Sociales en el que hablaba precisamente de los cambios que había que introducir en el modelo residencial. La propia administración tiene la información y está plenamente concernida con este mandato y en la medida en que la creación de esta unidad coordinadora de la Fiscalía en noviembre del año pasado da un poco la visibilidad y la posibilidad de participar, hemos mantenido ya reuniones de coordinación con el Ministerio, con el que tenemos una fluida comunicación y me he ofrecido a participar para transmitir toda la información de los fiscales a través de su labor de campo en este tiempo. Y los delegados autonómicos y provinciales con las comunidades autónomas. La coordinación es absoluta. Los fiscales que trabajamos en las áreas no penales tenemos mucha costumbre de trabajar y coordinarnos mucho con la administración, que son nuestros ojos, y con las ONG también. Si no tenemos canales de información abiertos, no nos llegan situaciones de vulneración de derechos.
P: ¿Se vulneraron derechos fundamentales de las personas mayores en la pandemia?
R: Por supuesto. Estamos hablando de muchos derechos porque de repente todos nos encerramos en nuestras casas y redobladamente las personas mayores se vieron sometidas a una situación de aislamiento que les produjo notables perjuicios psicológicos, de movilidad, agravamiento de sus enfermedades... La supresión de las visitas con los familiares ha tenido unas consecuencias muy importantes en la salud de las personas. Por ejemplo, los centros sociosanitarios que han apostado por la opción de estar libres de sujeciones químicas y mecánicas, tuvieron que echar marcha atrás en estos planes. Claro que hubo, desde esa perspectiva. La afectación tan grande y la letalidad de esos primeros tiempos, con cifras que nunca vamos a saber exactamente porque no sabíamos diagnosticar… claro que esa es una situación de vulneración de derechos. Radicalmente se vulneraron sus derechos.
P: Los representantes de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias salieron un tanto decepcionados de la reunión que mantuvieron con usted en julio y denuncian los fiscales no están entrando en las residencias...
R: Quizá hubo una ausencia de comprensión de cuál es nuestra función. Los fiscales no somos inspectores, nosotros tutelamos los derechos de las personas, pero no somos los que controlamos ni la adecuación de la comida, ni los requisitos de sanidad… Lo que sí es que, tras ver esa vulneración de derechos que se produjo en pandemia, hemos dado un paso adelante para ver qué han hecho las administraciones para solventar este problema y hemos sugerido la necesidad de intervención. Recuerdo que en la reunión con la Plataforma plantearon su disconformidad con algunos regímenes de visitas. Esto son decisiones que toma cada residencia atendiendo a la situación sanitaria de cada momento en el marco de una normativa.
Hay 6.000 residencias en toda España y nosotros necesitamos que los particulares nos transmitan, que nos llegue la información. No podría ser nuestra competencia determinar cuál es la situación en cada momento. Yo puedo entender que los familiares puedan sentir siempre que la respuesta no es la que quisieran. Lo que hay que hacer es caminar, hay que ver el problema y trabajar. Es lo que emplazo a todas las asociaciones y familiares, que lo pongan en conocimiento de la Fiscalía, que siempre les va a responder. Les gustará o no, pero eso le dará pie a ir a los tribunales, a seguir una batalla que considere que legítimamente es lo que debe hacer.
P: ¿Se ha ido demasiado lejos con las restricciones en las residencias, una vez superado lo peor y con la vacunación ya muy avanzada?
R: Sí, yo creo que ha sido un hecho, pero lo que se ha hecho ha sido primar la protección de las personas. Las cifras han sido tan escalofriantes que yo creo que sí, ha sido la razón del mantenimiento de las limitaciones en residencias. Ha habido unas decisiones de limitación del derecho al contacto con los familiares que siguen manteniéndose en la actualidad. Ha primado más el punto de vista médico, primaron las decisiones médicas y siguen primando.
P: ¿Entiende el miedo de una persona mayor a acudir a una residencia después de todo lo que ha pasado?
Es normal que aparezcan miedos. Nosotros tampoco nos relacionamos igual. Pero si tengo que hablar de profesionales que han dado el do de pecho son los de las residencias. He leído en los informes de los compañeros ejemplos de un nivel profesional y humano apasionante. De alguna forma, han respondido en la medida que estaba en sus manos. Lo que hay que hacer es mejorar el modelo residencial.
P: ¿No debía la Fiscalía haber actuado de oficio tras tener conocimiento de protocolos como el de la Comunidad de Madrid que sirvió para impedir el traslado al hospital de miles de mayores enfermos que vivían en residencias?
R: Me consta que se abrieron diligencias en el ámbito penal. La de la Comunidad de Madrid es una de las fiscalías que abrió más diligencias de investigación penal, yo creo que haciendo una labor de estudio y contextualizando cada decisión en cada momento. Una cosa es el protocolo existente y otra la aplicación práctica y las decisiones casi como de campaña que se vieron obligados muchos médicos a adoptar. Pero en todo caso, insisto, eso tiene su cauce en la vía penal. Nos pilló una imprevisión y posiblemente hubo protocolos que inmediatamente fueron revisados. Hubo una sucesión de protocolos en Madrid casi cada día y sobre su adecuación se pronunciarán los tribunales cuando termine la investigación.
En todas las denuncias que se han interpuesto por personas que fallecieron en una residencia y en los casos en que los familiares nos han transmitido que no tienen una explicación a lo sucedido se han abierto diligencias de investigación. En todas. En algunos casos, se han archivado; en otros, se sigue investigando; y en otros, se ha puesto denuncia en el juzgado. No ha habido ni un solo caso que no se haya investigado.
P: De lo que los familiares también se quejan es que ha habido denuncias que se han archivado sólo habiéndose recabado la versión de la residencia...
R: No se puede generalizar. Nuestros decretos son motivados. Quien no esté de acuerdo, puede ir al juzgado competente y poner la denuncia. Cada fiscal que pone un decreto (de archivo) es el que responde y el fiscal superior es el que supervisa.
P: ¿Ha detectado la Fiscalía casos residentes que no han querido vacunarse o de familiares que no estaban de acuerdo?
R: Sí, pero no han sido muchos. La persona mayor que no desea vacunarse, no se ha vacunado. Sin ningún problema. Tiene la misma autonomía de voluntad que cualquiera. Lo que sí nos llegó son supuestos de familiares que se negaban a dar su autorización para vacunar a una persona que no tenía capacidad para expresarse o para tomar decisiones y el médico del centro consideraba que, atendidas las características de esa persona, sí era tributaria de beneficiarse de una vacuna. Esos casos son los que nos han llegado a nosotros. Esperábamos más, pero sólo hemos abierto en España 33 diligencias por eso. Ha habido casos en los que se ha observado la experiencia de vida de ese mayor, cuyos familiares nos decían que nunca había estado conforme a vacunarse, ni de la gripe. Esos casos se han archivado. En otros casos, los familiares han sido informados y ante la posible denuncia que pudiera presentar fiscalía y los consejos médicos, han aceptado la vacunación. Hemos judicializado 33 casos, se puede decir que la cifra es irrelevante.
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P: ¿La Fiscalía de Protección de Personas con Discapacidad y Personas Mayores también se está interesando por casos de abusos a mayores por parte de entidades bancarias?
Dio origen en muchos momentos a casos de investigación y también diligencias civiles de los fiscales en el ámbito de consumo. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Es el ámbito de la vulnerabilidad de las personas, sobre todo cuando ellas mismas no son muy conscientes de su deterioro intelectual y un empleado de un banco que a lo mejor quiere hacer muchos méritos te coloca productos para los que tú no estás capacitado para tomar esas decisiones que son de mucho riesgo. Esto entra dentro de sus cauces de actuación de la Fiscalía. Puede ser por vía de consumo, pues tenemos legitimación para interponer acciones colectivas, y en el ámbito penal.
También nos preocupa mucho el cierre de entidades bancarias. Las entidades prestan un servicio muy importante a las personas mayores, ayudándoles a la gestión de su pensión, y por la relación de confianza con los empleados del banco, que da tranquilidad en la gestión de las pequeñas cosas. Y eso son pequeños apoyos que pierden las personas mayores con la digitalización y el cierre de sucursales. Es un tema que nos preocupa mucho y voy a dirigirme a las entidades bancarias para ver qué programas ponemos en marcha para dar cobertura a un sector que se sitúa muy vulnerable. Se pueden hacer programas y horarios para dar un giro.