"Pasan meses sin saber qué será de sus vidas": la mayor llegada de refugiados desde la crisis migratoria de 2016

El aumento de la conflictividad en África y Asia, las tragedias climáticas o las graves crisis económicas de la última década han hecho que se disparen las peticiones de protección internacional en toda la Unión Europea y en el resto del mundo. Solamente en la primera mitad del año se han alcanzado las 519.000 solicitudes, a lo que hay que sumarle unas 600.000 que están a la espera de ser tramitadas. Si continúa esta tendencia a finales de año llegaremos al millón de desplazados, la segunda mayor cifra desde la crisis de refugiados de 2015-2016. 

Después de Alemania y con Francia rozando los talones, España ocupa el segundo lugar en número de peticiones de toda la UE+ ( los Veintisiete, junto con Noruega y Suecia). Unos datos que contrastan con el ranking en solicitudes favorables, en el que ocupamos el tercer lugar por la cola, sólo por delante de Malta y Chipre. 

De las 118.842 solicitudes de protección internacional que se realizaron el año pasado en nuestro país,  sólo 14.235 fueron favorables, mientras que 51.838, casi el 60%, se desestimaron. A ello se suma que, desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) alertan de que podría haber otras 80.000 a la espera de una citación, es decir, en total, podría haber unas 250.000 personas sin ser atendidas “por que no hay recursos”. 

Héctor Pérez es responsable de apoyo a la coordinación del Eje de Acogida de ACCEM, una ONG especializada en la ayuda a refugiados, migrantes y personas en riesgo de exclusión. Explica a infoLibre que, en los últimos años, la demanda de asilo ha sufrido un crecimiento muy grande, que ellos mismos han notado, aunque, dice, ahora están “más preparados” que en otras crisis anteriores. 

“El imaginario del refugiado es el que viene de Ucrania, pero huyen de muchas otras situaciones”

Cecilia Estrada, doctora de Migraciones Internacionales y Cooperación de la Universidad Pontificia de Comillas y directora de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos, comenta en conversaciones con este medio que hay varios factores que han influido en el aumento de llegadas al territorio europeo y, más concretamente al español. Para ello hay que tener en cuenta tres perfiles de refugiados: el que huye de una guerra entre dos países (ucranianos), el iberoamericano con similitudes culturales (Colombia, Perú) y los que se ven obligados a moverse por catástrofes climáticas, en este caso, podríamos hablar de Marruecos o Libia, donde cree la doctora que hace falta “poner el foco ahora”. 

“La mayor parte de los solicitantes de asilo en España son de Iberoamérica, especialmente de Venezuela, que sufre una grave crisis por las sanciones internacionales, y de Colombia, donde también han aumentado las víctimas de trata, porque la violencia no ha cesado a pesar de los acuerdos de paz. También hay que tener en cuenta las protestas por la reforma tributaria y el caso de Perú, que sufre una gran inestabilidad política y es el tercer país de origen”, señala la doctora. 

España también ha acogido, aunque en un menor número, a personas provenientes de conflictos armados, como Ucrania o Mali, con prácticamente un 100% de reconocimiento de solicitudes. Los datos contrastan con las respuestas que reciben las nacionalidades de Iberoamérica. A los venezolanos se les suele conceder una “ayuda humanitaria”, que les permite acceder a ciertas ayudas nacionales, pero a los colombianos - que han aumentado este año en un 71% sus solicitudes- se les deniega el refugio en la mayoría de los casos. “El imaginario que existe del refugiado es como el que viene de Ucrania, de una guerra, pero huyen de muchas situaciones y muchos contextos de violencia, que cuesta más reconocer porque hay relaciones diplomáticas con esos países y parece que se está reconociendo que ese país no es suficiente para proteger a sus conciudadanos”, añade Estrada. 

Elena Muñoz, coordinadora del servicio jurídico de CEAR nos recuerda que España “está muy por debajo de la media en solicitudes positivas del estatus de refugiados”, aunque reconoce que se ha avanzado en algunos puntos como la “violencia género” o “la persecución por orientación sexual”, donde no siempre el peligro no está en el Estado, sino en el entorno familiar y la falta de protección nacional: “Sí es importante seguir ampliando la definición de refugiado en España en el caso de persecuciones por grupos armados o por grupo social determinado como marca la convención de Ginebra, por poner algún ejemplo”.

Hasta nueve meses de incertidumbre “en un limbo legal”

España no es el único país que acumula largos retrasos en las resoluciones. A fecha de junio 158.000 personas esperaban obtener una respuesta en nuestro país, 142.000 en Francia y 30.000 en Alemania. El colapso ha sido tal en algunos momentos que, en Bélgica anunciaron que se priorizaría el acceso a una vivienda temporal a las familias, frente a los hombres solteros. Las solicitudes sin tramitar en el territorio europeo han aumentado en un 34%, la cifra más alta desde 2016, según el último informe de la Agencia Europea de Asilo, y eso que sólamente incluye a quienes han realizado este trámite una única vez. 

Para acabar con estas esperas innecesarias, los tres expertos apuntan a la necesidad de aumentar el número de recursos económicos, logísticos y humanos. “En prácticamente todo el territorio español es imposible, directamente, iniciar los trámites porque no hay citas disponibles, y las directivas europeas son muchas respecto a los plazos, debería de poner hacerse en menos de diez días”, explica Muñoz que recuerda que es “posible hacerlo con rapidez como lo hemos visto con Mali o Afganistán”.

En ACCEM lidian con situaciones de este tipo todos los días y conocen de cerca cuáles son las consecuencias de pasar masas meses “en un limbo legal”. “La incertidumbre es generalizada. No saben qué va a ser de su vida y tienen toda sus expectativas puestas en conseguir ser ciudadanos de pleno derecho”, comenta Pérez: “Necesitan renovar sus papeles y, como el sistema está saturado, tanto para solicitudes nuevas como viejas, no lo consiguen a tiempo y corren el riesgo de perder el empleo, tener problemas con el banco o para acceder a otra serie de servicios”. 

Además de colaborar con ACCEM, Pérez es trabajador social. Pone el foco en los problemas emocionales y psicológicos con los que llegan a nuestro país todas estas familias, sobre todo cuando provienen de lugares en conflicto o han tenido una ruta migratoria traumática: “Tienen que pasar un duelo por la situación que están dejando atrás y una de nuestras funciones en brindarles asistencia psicológica. En los casos más graves han sido víctimas de trata, abusos o persecuciones, incluso de tortura”. Por todo esto, insiste, es importante poder brindar una atención individualizada a cada caso desde las instituciones y entidades responsables. 

Tampoco se olvida de esas miles de personas, la mayoría, que no consiguen ser reconocidas como refugiadas: “En casos como el de los venezolanos, pueden buscar otras vías, como la residencia por motivos humanitarios, pero en la mayoría de ocasiones acabarán en una situación vulnerable, desamparados y abocados, incluso, a la economía sumergida”. 

Un problema europeo de primer orden: las cifras se acercan a las de la crisis de refugiados de 2015

Si se continúa con la tendencia actual de llegadas de refugiados, a finales de año se rozará la cifra más elevada desde que hay datos, la de 2016, con la crisis provocada por la Guerra en Siria. Ya entre enero y junio el incremento ha sido del 28% respecto al mismo periodo del año anterior. El 30% de ellas se han registrado en Alemania, por detrás, España y Francia, con un 17% y 16% respectivamente. 

Aún así, es importante señalar que, si en la UE viven 750 millones de personas, no se llega a acoger ni a un millón: un 0,12%. Desde CEAR lamentan que “se puede cuando se quiere”, como se ha demostrado con Ucrania, o con otros conflictos como el de Mali y Afganistán. 

Estos datos llegan en un momento político en el que la inmigración ha vuelto a ser uno de los temas de debates entre los socios del club de los Veintisiete. A unos pocos meses de las elecciones europeas, con España en la presidencia rotativa, el consejo sigue tratando de sacar adelante un acuerdo de reparto de cuotas de migrantes que permita aliviar la presión de los países del sur. Esta misma semana Italia se ha distanciado del acuerdo apostando por un cierre de fronteras más estricto y ya en junio, con el primer borrador, se eliminó la obligatoriedad de cumplir las cuotas por una sanción de 20 mil euros anuales por persona no acogida.

Polonia y Hungría están liderando el rechazo a la medida.. Precisamente el gobierno polaco va el mes que viene a las urnas para votar un polémico referéndum en el que se preguntará por las políticas de acogida. Igual de polémicas han sido las negociaciones de la Unión Europea con países como Túnez o Turquía para evitar las llegadas a las costas, que ahora quiere seguir impulsando el ejecutivo de Meloni. “Hacen falta acuerdos diplomáticos, más allá de estas y otras medidas para agilizar los trámites, que estén ligados a conseguir que los países de tránsito sean un lugar seguro, como es el caso de Turquía, o de México y Guatemala con Estados Unidos”, explica Estrada. Además, lamenta que se acabe ideologizando las vidas de estas personas. 

Desde CEAR ven la Presidencia del Consejo de la UE como “una oportunidad histórica” para impulsar un nuevo pacto sobre migraciones y asilo. Muñoz apunta a que el liderazgo español va a ser  “fundamental”, pero que los plazos “son los que son” y debería estar en febrero para llegar antes de las próximas elecciones europeas: “Tiene que convencer, primero al Consejo, que será difícil, y luego al Parlamento”, y resalta que, a parte de esto, hay algunos puntos que siguen preocupando a la asociación, como la no obligatoriedad de los mecanismos de solidaridad y la importancia de poner en el foco a las personas refugiadas, “en vez de tratarlas como cifras a repartir”.