Mazón, López Miras, Prohens y también Page, los más interesados en una quita de la deuda autonómica

O todos o ninguno. La posibilidad de que Cataluña se beneficie de una quita parcial de su deuda o incluso de una condonación total de lo que debe, ha puesto los dientes largos a los presidentes autonómicos del Partido Popular, que exigen los mismos beneficios para sus respectivos territorios que los que puedan derivarse de la negociación del PSOE con Juntas y Esquerra para sacar adelante su investidura.

Cataluña es la comunidad autónoma más endeudada en términos absolutos: 86.800 millones de euros, según los últimos datos publicados por el Banco de España. Pero detrás de ella se sitúan los territorios más importantes gobernados por el Partido Popular: la Comunitat Valenciana, con 57.246 millones, Andalucía, con 38.018, y Madrid, con 37.658.

Las cifras absolutas, sin embargo, no reflejan bien el peso real de la deuda en cada territorio. Para eso hace falta observar la deuda por habitante o la proporción de la deuda sobre el PIB de cada comunidad. En ambos casos, Comunitat Valenciana, Cataluña, Murcia, Castilla-La Mancha e Illes Balears se sitúan a la cabeza.

La comunidad presidida por Carlos Mazón (PP), que en los últimos ocho años estuvo en el bando del PSOE valenciano, es con diferencia la que tiene las peores cifras y, en consecuencia, la que más se puede beneficiar de una quita o de una condonación que se aplique a todos los territorios. Su deuda pública por habitante es en estos momentos de 11.229 euros, más del doble que la mayoría de las comunidades y el triple de Canarias, la que tiene la cifra más reducida (3.236 euros por habitante).

Muy cerca de la Comunitat Valenciana está Cataluña, gobernada por Esquerra, con 11.138 euros por habitante. Murcia (PP), Castilla-La Mancha (PSOE) y Balears (que acaba de pasar de manos del PSOE a las del PP) ocupan los siguientes puestos con cifras similares que de 7.880, 7.713 y 7.632 euros por habitante, respectivamente.

Madrid (PP) está, en este caso, en la zona tibia de la tabla (5.578 euros por habitante) y Andalucía (PP) puede presumir de hallarse entre las comunidades con una proporción más reducida de deuda por habitante (4.472 euros).

Sobre el PIB

Las diferencias entre unos territorios y otros son aún más visibles si se comparan la deuda en proporción al PIB de cada comunidad. La Comunitat Valenciana destaca sobre todos los demás con una deuda que presenta casi el 51% de su PIB, muy por encima del resto. Las siguientes en la tabla son, de nuevo, Cataluña, Murcia y Castilla-La Mancha, con porcentajes muy parecidos (37,8, 37,4 y 37,4, respectivamente). Illes Balears, en quinto lugar, reduce su proporción a un 29,6%. 

Los territorios mejor situados son los que disfrutan de su propio sistema de financiación: el País Vasco, gobernada por el PNV y el PSOE registra un 15,% y Navarra, en manos socialistas, un 15,5%. La comunidad del régimen común mejor situada es Madrid, con un 16%. 

En este caso, a diferencia del anterior, Andalucía está en la zona intermedia del ránking, con un porcentaje de deuda sobre el PIB del 23,6%. 

La evolución de la deuda, además, no está siendo homogénea. Entre el primer y el segundo trimestre de 2023, según datos del Banco de España, la deuda de la Comunitat Valenciana y de Andalucía ha crecido mucho: 1,806 y 1.274 millones, respectivamente. También en Cataluña (1.153) y Murcia (566). En el otro extremo, hay cinco comunidades que han logrado rebajarla: la que más el País Vasco (512), seguida de Galicia (275), Canarias (129), Aragón (170) y Cantabria (17).

La preocupación por una quita o una condonación es mayor entre las comunidades autónomas proporcionalmente menos endeudadas o que están haciendo esfuerzos para reducirla. Algunos de sus presidentes aprovecharon la sesión del Senado celebrada este jueves para dejar constancia de ello. Si el Estado se hace cargo, en todo o en parte, de lo que deben los más endeudados (Comunitat Valenciana, Cataluña, Murcia y Castilla-La Mancha), esa deuda acabará pagándose repartida entre todos los territorios vía presupuestos generales del Estado, razonaron varios barones del PP, los únicos que acudieron al debate en la Cámara Alta. 

Ese es, precisamente, el argumento que siempre utiliza el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, para oponerse: supone premiar a los que, según él, gestionaron mal sus recursos.

El modelo de financiación

Los que acumulan más deuda, sin embargo, no aceptan ese planteamiento. Aseguran que si se han endeudado no es porque lo hagan mal, sino por culpa de un modelo de financiación deficiente que no cubre sus necesidades.

A la cabeza de esa tesis están los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, pero no son los únicos. Murcia y Castilla-La Mancha también se sienten infrafinanciadas. Desde hace años. Entre las dos primeras calculan que están perdiendo anualmente 1.700 millones de euros. No hablan de condonación, pero sí de compensación: quieren que el Estado les aporte dinero extra para financiar los servicios públicos con el argumento de su “singularidad hídrica”, el déficit crónico de agua que padecen y que condiciona el desarrollo de su sector primario.

Pero la deuda financiera no será el único problema que Junts y ERC han puesto encima de la mesa y que ha encendido las alarmas del resto de comunidades. Son muchos los territorios que hablan de “deuda histórica” en referencia, sobre todo, a inversiones en infraestructuras de comunicación y que se plantean reclamarla si el PSOE acepta las demandas de esta naturaleza de los independentistas y que Junts se ha atrevido a valorar con una cifra desorbitada: 450.000 millones de euros repartidos del siguiente modo: 50.900 millones en déficit de infraestructuras, 375.000 millones en partidas sociales y 30.000 millones en pensiones “en los últimos treinta años de infrafinanciación”.

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Ese concepto, la deuda histórica, también la manejan desde hace años comunidades como Murcia, Extremadura, Cantabria, La Rioja o Castilla y León, entre otras, y todas ellas se disponen a movilizarse para el caso de que Cataluña vea reconocida la suya.

Todos, además, estarán pendientes de los Presupuestos del Estado. Especialmente ahora que Bruselas se dispone a estrechar el margen de maniobra de los países miembros.

Para complicar más las cosas, algunas comunidades tienen en sus estatutos cláusulas suelo de disposición de fondos. No sólo Cataluña: también la Comunitat Valenciana, Andalucía o incluso La Rioja. Legalmente no deberían recibir dinero por debajo de determinados porcentajes. Y son numerosas las comunidades con comisiones bilaterales con el Estado, semejantes a la catalana, como es el caso de Galicia o el de Aragón.