Vivienda
De 'mena' a 'inquiokupa', los neologismos ultras de los que se apropia el PP para criminalizar a colectivos vulnerables

La inquiokupación está en todas partes según la derecha. La palabra, que llegó de la mano de Vox, se repite de manera recurrente en el Congreso, en el Senado, en los medios de comunicación conservadores y en las redes sociales, que ayudan a crear alarma social dando a entender que cualquiera se puede encontrar a un desconocido usurpando su sillón o, en este caso concreto, a un inquilino que le hace la vida imposible a su casero por no pagar el alquiler. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vinculó directamente el voto en contra de su partido al decreto ómnibus a las disposiciones anti desahucio que incluía ya que, a su juicio, "daban alas a la inquiokupación" pese a que el PP votó a favor de las mismas en el pasado y lo justificó diciendo que no quería poner en riesgo "algunas medidas positivas".
En su pugna por asumir las principales banderas de Vox, el PP ha comprado el discurso del partido ultra que dibuja España como un paraíso de la okupación por culpa del Gobierno, aunque en realidad con el prefijo añadido nada tiene que ver con el delito de usurpación de vivienda. En este caso el partido de Feijóo —pero también Junts y el PNV, que han pedido que "el Estado asuma las consecuencias de los impagos por la inquiokupación"— busca criminalizar el impago de la renta, motivado en la mayoría de los casos por problemas económicos del inquilino pero que se equipara con la okupación de viviendas para magnificarlo. Un neologismo que ha ganado protagonismo en los últimos meses y que el PP ha institucionalizado en administraciones como el Ayuntamiento de Madrid, que ha utilizado la expresión "inquiokupación cero" en una campaña de Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS).
El hecho de mezclar la okupación y los impagos de alquiler en el mismo paquete forma parte del discurso del miedo alimentado por Vox que consigue imponer su marco al resto de actores políticos. Ya lo hizo con los menores extranjeros no acompañados, a los que denominan menas con el objetivo es deshumanizar a las personas migrantes con discursos plagados de datos falsos y prejuicios para generar una falsa alarma social y sacar rédito político. Ahora vuelven a hacer lo mismo, como si fuera lo mismo un delito tipificado en el Código Penal –el de usurpación o allanamiento de vivienda– que un problema derivado, en la mayoría de las ocasiones, de una situación de precariedad del arrendatario, pero avalados también por el PP y sus satélites mediáticos.
"Se les pone el sufijo okupa para generar una categoría que no existe jurídicamente ni está reconocida en la legislación civil ni penal, que sí que habla de inquilinos arrendatarios o de ocupantes sin título, pero que no de inquilinos que 'okupan'", explica a infoLibre Alejandra Jacinto, abogada especializada en vivienda y socia fundadora del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). "Se crea con el objetivo de criminalizar a esas personas que, como consecuencia de la situación de vulnerabilidad que tienen o ya sea por las prácticas rentistas o los abusos que comete la patronal inmobiliaria, no pueden pagar el alquiler". Jacinto pone el foco en que, en la mayoría de ocasiones, se trata de personas a las que se les ha subido de manera drástica el precio del alquiler aprovechando "la situación de un mercado salvaje y la ausencia de legislación" ya que la mayoría de comunidades autónomas no están aplicando la ley de vivienda.
Un término que, según la abogada, se está institucionalizando hasta el punto de que lo utilizan funcionarios de la Administración de Justicia. "El otro día estaba en un curso del Colegio de Abogados y un secretario judicial de Fuenlabrada hablaba hablaba con total normalidad de situaciones de inquiokupación, cuando no se producen realmente porque, como digo, no tiene anclaje legal ni está tampoco siquiera está en la RAE" añade.
El Gobierno decreta, el juez ejecuta (y el Constitucional advierte)
Lo cierto es que el foco de la polémica, que es el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, tiene mucha letra pequeña. Ya que aunque pone freno a los procedimientos de desahucio y de lanzamiento para hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2025, los supuestos son muy concretos: víctimas de violencia de género, personas en situación de dependencia o que cuenten con dependientes o menores a su cargo, y también aquellas en situación de vulnerabilidad marcado por la ley de vivienda como aquellos que cobran menos de 1.800 brutos mensuales. Pero todo esto siempre que el inmueble pertenezca a personas físicas o jurídicas titulares de más de diez viviendas. Es decir, sean lo que se denominan grandes tenedores.
"En la práctica, para que un juez entienda que hay vulnerabilidad y pueda suspender un desahucio un año o más, tiene que haber una vulnerabilidad económica probada y justificada y tiene que estar colaborando con servicios sociales para intentar que le provean una alternativa de vivienda", explica Jacinto, que califica de "problemática" esa disposición. "Al final, si no hay una pérdida sustancial de ingresos más o menos repentina, muchos jueces entienden que no hay esa vulnerabilidad económica y dan vía libre al desahucio", explica. En todos los desahucios la decisión final depende de un juez, pero no siempre hay consenso en la materia hasta el punto de que en octubre de 2024 el Tribunal Constitucional recordó la obligación legal de dar máxima protección a inquilinos vulnerables a raíz de un caso en el que el juzgado de primera instancia no había suspendido el desahucio de una familia que cumplía los requisitos de vulnerabilidad.
Desde la derecha se recurre, de manera habitual, a la inseguridad jurídica que se generan este tipo de decretos para los propietarios, pero Jacinto considera que la "inseguridad que debería preocupar a las instituciones" es la "residencial que es la que padece la gente que no sabe si va a poder pagar al mes que viene la vivienda en la que reside". La abogada cree que, en el fondo, sigue "imperando la misma lógica en que en el año 2008" cuando "la gente no podía pagar las hipotecas y se decía que es que la gente había vivido por encima de sus posibilidades": "Se responsabilizaba al que se metía en la hipoteca en vez de a los bancos por haber concedido hipotecas tóxicas sobre endeudando a gente que no tenía esa capacidad de pago", señala.
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Sin embargo, esa 'inseguridad jurídica' parece haber calado hasta el punto de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes una medida adicional al las del escudo social tras llegar a un acuerdo con Junts: la creación de un sistema público de avales para propietarios e inquilinos. Una propuesta que el Ejecutivo no ha desgranado al detalle pero que parece ir en la misma dirección que la que propuso recientemente Feijóo de crear "un seguro de impagos a cargo del Estado" para "ofrecer tranquilidad a los propietarios y oportunidades a los inquilinos".
La falta de opciones para los más vulnerables
La abogada considera que la legislación favorece a los propietarios mientras deja sin opciones a las familias más vulnerables. "El problema es lo de siempre, que no hay alternativas de vivienda adecuadas, ni los servicios sociales tienen la capacidad de gestión ni económica, ni bolsas de vivienda para ofrecer alternativas habitacionales. Quien tiene esa obligación realmente, según la propia ley de vivienda, es la comunidad autónoma, y no están haciendo nada", reflexiona Jacinto. Un trabajador de un centro de Cáritas lo expone así en conversación con este periódico: "Ir a un albergue es el último paso para ellos. Son personas que no han podido comprarse una vivienda y que, llegado el momento, los echan a la calle porque no pueden pagar el mes. Tenemos muchos casos en esta situación".
Este trabajador asegura desde el centro se han puesto en marcha programas y proyectos para tratar de dar alternativas en materia de vivienda y, según su experiencia, la mayoría de las okupaciones las protagonizan personas que han ido a descampados o "chabolas abandonadas" donde "no vive nadie porque se están cayendo" y otros casos, más minoritarios, en los que hay un acuerdo de por medio con el propietario para que se queden en su vivienda "a cambio de cuidarles el césped y hacer el mantenimiento de la casa": "Están en una situación de vulnerabilidad absoluta y no tienen una red familiar de apoyo", resume.