"Te puedo meter el dinero desde Canarias y nadie se entera": así operaba la rama empresarial de 'Mediador'

El 10 de enero de 2021, un dispositivo de la marca iPhone deja guardada una conversación entre dos personas. El audio en cuestión se almacena con el nombre "Nueva Grabación 23.m4a". En él se puede escuchar a dos varones:

–Mañana le llega un paquete de Canarias, ¿vale? Su regalo de cumpleaños.

–Vale.

–Y el... creo que el... el miércoles en la mañana, una persona afín a usted y a mí, lo va a llamar, se va a tomar un café con usted y le va a decir: mire, esto me lo ha mandado, eh... su hijo de Canarias. Ya está, va en un sobre, no le digo más nada, ¿verdad?

–Sí, vale, vale, venga, vale.

Quien da las indicaciones, según se recoge en el sumario del caso Mediador, es el empresario canario Antonio Navarro Taroconte. Y quien responde a las mismas en la víspera de su 65 cumpleaños es un miembro destacado de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Se trata de Francisco Espinosa, un guardia civil que hacía una década había estado bajo la lupa de Asuntos Internos –el caso se acabó sobreseyendo– y que fue aupado a los puestos altos del escalafón durante la legislatura de Mariano Rajoy. La investigación judicial le sitúa en la cúspide de la trama corrupta. En concreto, en lo que denominan como "vertiente empresarial". Por el momento, es el único de los investigados que se encuentra en prisión provisional.

El general ya retirado, al que apodan Papá, se habría valido, a ojos de la jueza, tanto de su condición como de sus relaciones "para ejercer como mediador a fin de transmitirle a los empresarios altas posibilidades de gestión y éxito en sus proyectos". A cambio, completa, "de las correspondientes e ilegítimas comisiones". Con él tuvieron contacto algunos de los investigados en la trama. Uno de ellos fue Antonio Bautista. Su intención comercial, según la Guardia Civil, pasaba por que el general "lo pusiera en contacto con empresarios insulares de alto nivel". Entre ellos, el presidente del grupo Lopesan o Miguel Ángel Ramírez, presidente del club UD Las Palmas. Y también buscaba establecer en la Zona Especial Canaria (ZEC) la mercantil Cleanergetic Seers Solutions, una firma de energías renovables.

La relación entre ambos habría comenzado, según las pesquisas, a finales del verano de 2020. Y se abrió con un presente supuestamente adquirido por el empresario: una caja de puros. Para los investigadores del Instituto Armado, es uno de los gestos que tuvo en lo que llaman "fase de engrasamiento". No fue el único. A lo largo de los meses, Bautista sufragó vuelos del general a Fuerteventura o su alojamiento en un hotel de la isla. Pero no solo de él, sino que también habría pagado el avión a otra mujer, supuestamente su amante, a la que el guardia civil intentó –sin éxito– que el empresario contratase en una de sus compañías. Un modus operandi que se repite durante toda la investigación.

Una empresa de renovables y un proyecto en Perú

Los investigadores también señalan que Espinosa habría recibido dinero. En sus declaraciones, de hecho, el mediador habla tanto de efectivo como de "comisiones" recibidas a través de tarjetas prepago. Es lo que dejan entrever los audios que sustentan buena parte de la causa. "Acepto, tiene 2000, o sea 1000, veinte billetes", se puede escuchar al general en uno de los audios. Una grabación en la que el mediador también hace referencia a las famosas tarjetas: "Yo te la doy, tú te apuntas el pin aquí, esta no, esta es la mía, yo voy a correos, te compro una igual que esa, que vale diez euros, te doy el pin y yo te puedo meter el dinero desde Canarias y nadie se entera, nadie tiene constancia de eso". En el registro de la casa del general, la Policía encontró 61.110 euros en efectivo.

Raúl Gómez, otro de los empresarios de la trama, también mantuvo contactos con el destacado miembro de la Guardia Civil. Vinculado al sector de las renovables, tenía interés en sacar un proyecto en Latinoamérica. "Comí con el general para un tema del Perú y le pasamos el proyecto de Perú a ver si nos lo saca adelante", señala en una conversación grabada con el mediador. En su declaración ante la jueza, el general, que ha negado tajantemente haber percibido comisiones de ningún tipo, dijo que le pidieron ayuda con ese tema pero que era algo que no estaba en sus manos. Sobre el dinero en efectivo, señaló que era suyo y que lo había ido acumulando en casa. Los investigadores también sospechan que podría tener una cuenta oculta en Bélgica.

Una firma de drones y contratos para el Sahel

A quien el miembro del Instituto Armado conocía de hace más tiempo es a José Suárez, con quien ya había estado en València en julio de 2020. Vinculado a la empresa Asesoramiento y Servicios de Drones SL, los investigadores sospechan que el empresario quería valerse de las relaciones y trayectoria del general tanto para lograr contratos con empresas locales canarias como para hacerse con licitaciones públicas. "Yo en estos últimos quince días he estado comiendo con él porque me presento a...", dice en una conversación con el mediador. "Expresión esta que bien pudiera encontrarse asociada al hecho de que, a través de sus empresas, se presentara a algún concurso público", se completa en uno de los informes del sumario.

En su atestado final, los investigadores del Instituto Armado hacen un repaso de las relaciones de este empresario con la Administración Pública. En 2019, Emcotex Export, de la que era administrador único, facturó a la Dirección General de la Guardia Civil 9.160,36 euros. Entre 2020 y 2022, Asesoramiento y Servicio de Drones SL facturó a la Dirección General de la Guardia Civil 37.751,59 euros.

Esta última compañía, además, se hizo en 2020 y 2021 con diferentes contratos de la Secretaría General de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración de Políticas Públicas (FIIAPP), encargada de gestionar el proyecto GAR-SI Sahel, financiado por la Comisión Europea y que busca contribuir a la seguridad de la población y estabilización de los países de esta zona norte de África –Mauritania, Burkina Faso o Mali, entre otros–. En concreto, los investigadores ponen sobre la mesa cuatro adjudicaciones por 232.101,65 euros. El director de ese proyecto GAR-SI Sahel, desde 2017 hasta pasar a situación de retiro, fue el general Espinosa. "Todo lo que hago con África a través del 'Papa", señala en un audio el empresario.

Durante los últimos años, las empresas vinculadas a Suárez han conseguido contratos de todo tipo de administraciones y de todo color político. El Ayuntamiento de Carmona, en manos del PP, adquirió un dron por 6.766 euros. El de Finestrat, también conservador, aeronaves para su Policía Local por casi 50.000 euros. También adquirieron dispositivos de estas características el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla o los Gobiernos de Aragón y Euskadi. En su declaración judicial, el drones, como se le llamaba en la trama, asegura, como otros empresarios implicados, haber sido víctima de una estafa.

Los queseros, una sanción y una licencia

La Policía, en uno de los informes incorporados al sumario, describía cómo se producía el acercamiento a la trama. "El primer paso que los empresarios deben efectuar para acceder a los favores de la organización es el pago mediante transferencia bancaria de 5.000 euros a la Asociación Deportiva Vega Tetir, de la que es presidente el parlamentario –el que fuera diputado socialista Juan Bernardo Fuentes–. Este primer peaje económico sucede en consonancia con diversas reuniones que suelen revestirse de un patrón común", resaltaban los agentes encargados del caso. Según la investigación, al menos tres empresas hacen esos abonos: Quesería Montesdeoca, MEC Suministra y Asesoramiento y Servicios de Drones.

El primer empresario del que se ha evidenciado que efectuó el "pago requerido" fue, según el atestado final de la Guardia Civil, Alberto Montesdeoca. Vinculado al sector de la ganadería y los productos lácteos, su contacto llegó al mediador directamente de Taishet Fuentes, entonces director general de Ganadería del Gobierno de Canarias y sobrino del exdiputado socialista. Fue el 6 de noviembre de 2020. Y el objetivo, según los investigadores, era ofrecer al empresario los servicios de la trama para "rebajar o archivar un expediente" en el que se le obligaba a devolver 74.099 euros de una subvención. A las pocas horas, el mediador manda el expediente al exdiputado. Y lo acompaña de un audio: "Juanito, échale un vistazo a eso y dime si se puede hacer algo realmente con eso".

Al día siguiente, Navarro habla con el director general de Ganadería. "Ya conseguí cinco mil euros para el equipo de fútbol", dice el mediador. "Cinco mil bolígrafos", le corrige Fuentes. Y dos más tarde, Montesdeoca hace llegar al mediador un par de capturas de pantalla con transferencias a favor de la Asociación Deportiva Vega Tetir, una por 1.500 euros y otra por 5.000 euros. Sea como fuere, el ganadero no consiguió, al final, lo que esperaba. "Me has engañado. Tengo que devolverlo todo", escribe a Navarro ya en el verano de 2021. Según la declaración del mediador en sede judicial, entre unas cosas y otras el empresario de los quesos habría desembolsado más de 20.000 euros.

No es el único ganadero bajo la lupa de la justicia. También figura Julián de Santa Bárbara, administrador único solidario de Queso La Madera. "Si bien no hay rastro económico por haber sido un pago en efectivo, sí hay un testigo identificado y un audio que recoge toda una puesta en escena orquestada por Fuentes y Navarro para cobrarle al ganadero 6.000 euros por conseguirle una licencia que nunca llegará, al menos como fruto de esta transacción ilícita", recoge la Policía en uno de sus informes del caso. La quesería, recoge el mismo documento, se encontraba ubicada parcialmente en un espacio protegido. Y lo que quería el empresario, a punto de jubilarse, era "regularizar las instalaciones" bien para "venderlas" o para que continuasen sus hijos con la actividad.

Leche Sandra y ampliación de granja

A mediados de diciembre de 2020, MEC Suministra SL, administrada solidariamente por Inmaculada Roca y Esteban Banús, transfiere a la Asociación Deportiva Vega Tetir su "peaje económico" –como lo llama la Policía– de 5.000 euros. Los contactos con los empresarios comenzaron una semana antes. Por la información obtenida de los teléfonos del mediador, los investigadores consideran que ambos empresarios pretendían que la "trama criminal" les "ayudase" a conseguir una licencia para ampliar su granja, a cobrar una subvención "con inspección negativa", a cobrar una ayuda por la producción de leche "supuestamente conseguida y retenida", a lograr una subvención "para la instalación fotovoltaica en su granja", conseguir otra ayuda para comprar un tractor, conseguir nuevos contratos comerciales o lograr una subvención para lanzar leche Sandra UHT.

Aquel pago de 5.000 euros no fue el único. Según el auto judicial por el que se ordenaba la detención de Mima Roca –así la llamaban en la cúpula de la trama–, también se ha constatado que se han transferido 9.600 euros a otras personas que habrían sido utilizadas por la trama como "mulas financieras". "Sin embargo, las dos facturas realizadas por Robayna Garcia a nombre de MEC Suministra S.L. por valor de 16.050 euros cada una, así como varias conversaciones, revelan otros pagos a la organización", añaden los investigadores.