El mito de la okupación en la última década: ni explosión de denuncias por el covid ni leyes que permiten el allanamiento

Volver de vacaciones y encontrarse la casa okupada por uno o varios desconocidos. O la otra variante: irse de vacaciones a una segunda residencia y descubrir que no está vacía. Es la advertencia que llevan semanas lanzando desde el PP y Vox, algunos medios de comunicación —sobre todo los matinales televisivos— y empresas de seguridad. Con tanta visibilidad, estos delitos se han posicionado, al menos aparentemente, como uno de los mayores problemas de la gente de a pie de nuestro país. Y tanto es así, que el asunto de la okupación ya ha saltado al plano político. No solo a la derecha, donde siempre ha estado, sino al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, cuyo Ministerio del Interior ya ha aprobado un protocolo para "homogeneizar y mejorar" la respuesta policial ante el fenómeno. Pero, ¿tiene sentido tanta alarma? ¿La okupación está de actualidad o se ha puesto de actualidadse ha puesto? Los datos y también los juristas parece que se inclinan por esta segunda opción.

La historia que muestran distintas cadenas de televisión es siempre la misma: un individuo —o alguno más— se ve desamparado porque han okupado su vivienda. Nadie le ayuda. El espectador, viendo día a día esa problemática, llega a pensar: "¿Podría ser yo el siguiente?". Si no se hace nada para remediarlo, sí. Ese es el mensaje. Pero afortunadamente hay una solución para evitarlo. Esta llega durante la publicidad de ese programa que previamente le mostró el peligro: una empresa de seguridad determinada puede instalar una alarma que disuada a los presuntos delincuentes. Asunto resuelto. Sin embargo, la exposición constante de estas situaciones —ficticias en la publicidad, reales en la televisión—, parece crear —o por lo menos aumentar— un problema que, a la luz de los datos, no parece tan preocupante. Ni siquiera en estos momentos, cuando la crisis económica que ya se ha asomado tras la sanitaria azota con fuerza a nuestro país. 

La realidad de la okupación puede verse reflejada a través de dos fuentes diferentes de datos. Una es la que registra los hechos conocidos de okupación ilegal de inmuebles y la elabora el Ministerio del Interior. Según esa estadística, las denuncias por este tipo de delitos han pasado de 7.093 en el primer semestre de 2019 a 7.450 entre enero y junio de 2020, periodo que recoge los meses más duros de la pandemia y el inicio de las consecuencias económicas que ha tenido la misma. El aumento es del 5,03%. Según explican fuentes del Ministerio del Interior, la tendencia alcista se remonta a años anteriores. Comenzó, concretamente, en 2016. Ese año, el número de denuncias fue de 9.998; en 2018, de 12.214, un 22,16% más. Entonces no se plantearon cambios normativos ni en los protocolos policiales como ahora.

Pero hay más. Si se miran esos mismos datos desgranados por comunidades autónomas, se observa que las denuncias sólo han aumentado en cinco de las 17 autonomías. En las otras 12, o han disminuido o se han mantenido igual que en el mismo semestre de 2019. 

Hay otra estadística que arroja un poco de luz y suaviza lo que parecería una alarma justificada. El Instituto Nacional de Estadística (INE) recoge las cifras de condenados en función de las distintas tipologías penales. Los últimos datos corresponden al año 2018 y revelan que ese año hubo 6.028 condenas judiciales por usurpación y 285 por allanamiento, el delito que castiga los supuestos que más aparecen en medios de comunicación y publicidad de empresas de alarmas. Es decir, aquellos que muestran una okupación de una primera o de una segunda residencia —por ejemplo, esas casas de la playa que parecen estar en peligro en todos y cada uno de los anuncios publicitarios de empresas de seguridad.

Si se analiza la evolución de estas condenas se ve aún más claro. Desde 2013, los delitos de allanamiento no han hecho más que disminuir; los de usurpación, en paralelo, no han hecho más que crecer, excepto en el último año del que hay datos, cuando se experimentó incluso un descenso.

Del allanamiento a la usurpación: delitos diferentes, respuestas diferentes

La diferencia entre ambos delitos, el de allanamiento y el de usurpación, es fundamental para comprender, por un lado, la dimensión del fenómeno de la okupación y, por otro, la respuesta legal y el amparo jurídico al que puede sujetarse el individuo. El de allanamiento se produce cuando el inmueble okupado es la morada del titular, ya sea primera o segunda vivienda. El de usurpación, en cambio, cuando no es la de nadie, algo que normalmente ocurre con las propiedades de bancos y entidades.

Lo que ocurre es que, aunque el aumento de las condenas se ha dado por okupaciones de estos últimos, la alarma alimentada por medios y publicidad de empresas de seguridad se basa en que existe un peligro de allanamiento para cualquier persona que tenga una vivienda. En su lugar habitual de residencia o en su destino vacacional. Según el magistrado Joaquim Bosch, esto es una "confusión" que se ha creado con el posible objetivo de "manipular y confundir a la opinión pública", además de "generar cierto clima de ansiedad o miedo social por intereses políticos o económicos". Tal y como asevera, el asunto de los allanamientos no tiene ni que debatirse. En sus 16 años como magistrado, señala, no ha visto un solo caso. "Ni hay ningún dato que justifique el alarmismo, ni se ha producido un incremento de nada ni falta respuesta jurídica en los pocos casos que pueden llegar a suceder", asegura. 

Desmonta, de este modo, las historias que alimentan la alerta. De hecho, desmiente categóricamente la "leyenda urbana" de que pasadas 48 horas de la okupación la policía no pueda intervenir en una vivienda allanada. Tal y como explica también Alejandra Jacinto, abogada especialista en derecho a la vivienda de Caes Cooperativa, el allanamiento es un delito permanente y flagrante porque ataca la intimidad y la inviolabilidad del domicilio. Por eso, aunque no haya una respuesta judicial, la policía puede actuar. Y da igual que hayan pasado 24, 48, 72 horas o diez días. Este delito está castigado con penas de prisión de hasta dos años.

El de usurpación, en cambio, se considera delito leve. Y es que, tal y como explica Bosch, no ataca un derecho tan básico como el de la intimidad y la inviolabilidad, sino el de propiedad. "El delito contra la posesión no va contra un derecho fundamental, así que en estos casos el desalojo sí se torna más complicado", explica. Admite que en esta tipología penal sí que ha aumentado, pero descarta que sea uno de los principales problemas que se encuentran en los juzgados. "Ni de lejos. Tenemos problemas muchísimo más graves", dice tajante. 

Jacinto, por su parte, explica que en estos casos el juez puede ordenar medidas cautelares de desalojo. Así lo recoge, de hecho, la instrucción firmada este pasado martes por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado que, tal y como detalla Jacinto, permite dictar estas órdenes en caso de que la propiedad del inmueble sea de una persona física, de una organización no gubernamental o de una entidad o un banco que quisiera hacer uso de ella en un futuro. Y eso, critica, es "bastante problemático", pues se prejuzga un caso y, además, puede provocar un daño irreparable en la persona desalojada. En caso de que finalmente el juez le dé la razón, es difícil que esa persona regrese a la situación anterior a la toma de la medida cautelar. 

Teniendo en cuenta esto, es importante atender a otros datos. Según los que maneja Interior, parte del incremento en los hechos conocidos de okupación de viviendas se debe a denuncias de personas jurídicas, es decir, bancos o empresas. Entre 2016 y 2019, las denuncias de estas entidades pasaron de representar el 1,2% al 5,3%. Las de personas físicas, aunque siguen suponiendo el grueso, disminuyeron del 98,7% al 94,4%.

Una "cortina de humo" para no atender la emergencia habitacional

Pero lo importante, a juicio de Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, no son tanto las cifras, sino el origen de la okupación como fenómeno. Para él, este está claro. "La alarma no es que haya okupaciones, sino el problema de emergencia habitacional, de especulación inmobiliaria y de falta de derechos fundamentales como la vivienda", asegura. Es decir, el problema es que demasiadas personas tienen problemas para encontrar un lugar en el que vivir. A falta de estadísticas oficiales que detallen el precio de los alquileres en España, el Índice Inmobiliario Fotocasa reveló el pasado mes de agosto que, a pesar del covid-19, el precio de los arrendamientos es un 8% más alto que en 2019. Y la compra tampoco parece la alternativa. Según el Consejo de la Juventud de España, los jóvenes españoles deberían destinar el 60,4% de su sueldo neto para la compra de una vivienda libre, por encima del 30% que las entidades financieras suelen emplear como criterio para determinar la viabilidad de un préstamo hipotecario.

Y a esto se suma que, tal y como señala Jorge Moruno, portavoz de la Comisión de Vivienda en la Asamblea de Madrid, hay demasiada vivienda vacía. "Se okupan las casas porque están vacías, no vive nadie ahí", dice, y añade que muchas son de titularidad pública, otras de fondos y otras de bancos. "Mientras nuestro país siga centrado en no garantizar el acceso a la vivienda como un derecho básico van a seguir produciéndose situaciones de desposesión. Tenemos que ir a las causas, no quedarnos en los efectos", indica.

En eso están de acuerdo Bosch y Jacinto que, como juristas, coinciden en que el castigar más duramente estos delitos como solución a un problema que ni siquiera es tan preocupante no solucionada nada. "Si la gente okupa casas vacías, en la mayoría de los casos es porque no tiene dónde vivir. Los jueces los desalojamos, pero okuparán otra vivienda", explica Bosch, que insiste una y otra vez que "la vía penal no puede ser la única solución".

La respuesta política: de la derecha a incluir el asunto en el Gobierno

El caso es que la derecha política, que ha hecho suyo el problema, propone soluciones únicamente en este sentido. Este jueves, sin ir más lejos, el líder del PP, Pablo Casado, visitó un bloque de pisos okupado en el barrio de la Salud de Badalona, en Barcelona, desde donde defendió la Ley Integral de Antiokupación registrada por su formación. Lo que contiene, en líneas generales, es la posibilidad de que la policía desaloje las viviendas okupadas en un máximo de 48 horas y que se recuperen las penas de prisión de uno a tres años, además de facilitar a las personas jurídicas iniciar también los procesos de desalojo. Eso que Jacinto considera "bastante problemático". 

Como telón de fondo a su visita, algunos vecinos protestaban, precisamente, con pancartas en las que se podían leer mensajes como "somos pobres, no delincuentes" o "no a la agresión mediática contra las familias que okupan por necesidad". Y es que Casado no habló ni de allanamientos ni de usurpaciones, pero lo que sí hizo fue limitarse a indicar que las okupaciones son un "problema de las clases medias, las clases trabajadoras y las clases humildes". 

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Ciudadanos va en la misma línea. El pasado mes de julio registró en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de "garantías para la seguridad y la convivencia ciudadanas" frente a la okupación en la que incluían una reforma del Código Penal para endurecer los delitos de usurpación. Concretamente, la formación de Inés Arrimadas pretende castigar con entre uno y dos años de cárcel ese tipo de delitos cuando concurra el uso de la fuerza. Propusieron, también, juicios rápidos para los delitos de allanamiento y usurpación y cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana para permitir a la policía entrar, registrar e identificar a los ocupantes de una vivienda ante "indicios suficientes de la posibilidad de su utilización con fines delictivos". 

Ambas formaciones siempre han catalogado la okupación como un problema. Y ahora que la alarma ha aumentado, han aprovechado para incluirlo en sus actos y discursos. Pero lo cierto es que hasta el Gobierno ha llegado a coger el testigo del asunto. Este jueves, el Ministerio del Interior aprobó el "Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ocupación ilegal de inmuebles", firmado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz. Sin cambiar la norma, pretende "homogeneizar y mejorar la respuesta policial", además de habilitar una pestaña en la aplicación Alertcops para que los vecinos puedan denunciar una posible okupación o un mapeo de las zonas calientes donde se producen, presuntamente, más delitos de este tipo. 

Tan solo dos días antes, la Fiscalía General del Estado aprobaba otra instrucción para también unificar criterios de actuación e instar a los fiscales a facilitar el desalojo de inmuebles okupados. Siempre, eso sí, que la medida cautelar sea "justificada". Y este mismo domingo, en una entrevista con Europa Press, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, afirmó que si las citadas medidas de la Fiscalía no son suficientes "habrá que articular" otros "cambios legales" para favorecer los desalojos, aunque añadió que este tipo de reformas deben ser abordadas con el "sosiego necesario".