Movilización para que el nuevo ciclo político "ni bloquee ni ignore" la lucha contra la pobreza energética

Más de una decena de organizaciones se concentrarán este miércoles en Madrid para insistir en la importancia de la lucha contra la pobreza energética. Víctor, con 62 años y una discapacidad del 45%, sale adelante con la Renta Mínima de Inserción de 320 euros y, según contó a Greenpeace, tiene dificultades para poder pagar los recibos de la luz. Su testimonio habla, en realidad, de un problema colectivo. Según los datos de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) —recogidos en su informe Pobreza energética en España 2018—, "un total de 6,8 millones de personas, equivalente al 15% de la población residente en España, estarían sufriendo temperaturas inadecuadas en la vivienda o retraso en el pago de recibos, o ambos". Es un problema que, incluso, ha llegado a ser mortal. Hace poco más de dos años, Rosa Pitarch, una anciana de Reus de 81 años, falleció en un incendio en su vivienda provocado por las velas que usaba para alumbrarse después de que Gas Natural Fenosa le hubiera cortado la luz. 

Su muerte reabrió el debate y las asociaciones ecologistas no quieren que deje de ser así. Por eso este miércoles se concentrarán en la Puerta del Sol a partir de las 19.00 horas en una protesta convocada por Amigos de la Tierra, ATTAC, CECU, Coordinadora de Vivienda Madrid, Cumbre Social, Ecologistas en Acción, Greenpeace, InspirAction, Corriente Cooperativa Eléctrica Madrileña, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Som Energía Madrid y Yayoflautas Madrid. Pero también tendrán el apoyo de otros partidos y organizaciones como Equo, Podemos, CCOO o UGT. No será la primera vez que lo hacen. "Otro invierno más volvemos a concentrarnos en las plazas, arropados con mantas e iluminados con velas, como símbolo de la situación de muchas familias que pasan frío en sus viviendas porque no pueden pagar sus facturas de electricidad o gas", reza el manifiesto de la convocatoria. 

"Desde el año 2012, como mínimo una vez al año nos concentramos en la Puerta del Sol. Se ha conseguido poner encima de la mesa el problema de la pobreza energética, que no solo afecta a cuatro personas en España", detalla Soledad Montero, portavoz de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

Lo que pretenden es, precisamente, que el nuevo ciclo electoral que se abrirá a partir del 5 de marzo —cuando quedarán disueltas las Cortes— y la etapa política que le seguirá no dejen olvidados los compromisos para paliar el problema. Sobre todo, que no se den pasos atrás en los avances que ha dado el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. "Seguimos denunciando la situación de pobreza energética que afecta a la población en situación de mayor vulnerabilidad, y reclamamos una vez más a las administraciones públicas su responsabilidad de dar una solución efectiva a este grave problema social", explica el manifiesto. 

Avances del Gobierno

El Gobierno de Sánchez ha tratado de impulsar medidas destinadas a paliar la pobreza energética. Tanto es así que uno de los objetivos del Ministerio para la Transición Ecológica fue elaborar una Estrategia nacional contra la pobreza energética. Un plan que, con el adelanto electoral, quedará guardado en un cajón. No obstante, a pesar de la paralización de esta estrategia, el Gobierno ya dio algunos pasos contra el problema. 

El Consejo de Ministros celebrado el pasado 5 de octubre aprobó un Real Decreto-ley para afrontar, de manera "urgente", la subida de los precios de la electricidad. Entre las medidas acordadas, se incluyó la ampliación de las coberturas del bono social eléctrico del Partido Popular y se aprobó la creación de un bono social térmico, una ayuda económica directa para que los hogares vulnerables puedan hacer frente a sus gastos de calefacción, agua caliente o cocina con independencia del combustible que utilicen.

Pero la reforma del bono social, tal y como fue planteada, no es suficiente. Así al menos lo entiende Montero. Por un lado, porque el térmico no va a llegar a existir por estar supeditado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Congreso tumbó el pasado miércoles. Por otro, porque los cambios introducidos en el bono eléctrico no permiten que esta ayuda llegue a todas las personas que la necesitan. "Se basa en las rentas económicas, pero las que se han calculado no nos parecen adecuadas", critica. 

"No solo eso. Los que quieran acogerse a él tienen que demostrar que tienen derecho a ello y la burocracia administrativa no permite que puedan hacerlo todas las personas que sufren pobreza energética. Por ejemplo, queda fuera el colectivo de inmigrantes indocumentados y todas aquellas personas que se encuentran ocupando una vivienda porque han sido desahuciadas", detalla. De este modo, y según el informe que presentaron este martes de forma conjunta la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y Ecologistas en Acción, los beneficiarios del bono social se han reducido de los  2,3 millones que había en 2017 a 1,1 millones de personas. 

Frente a ello, ¿qué proponen? Que se crucen los datos de Hacienda con los de la Seguridad Social y los de Servicios Sociales. Así, explica Montero, se evitará toda la burocracia a todas aquellas personas que quieran ser beneficiarias. Y es lo que le pedirán este miércoles al Gobierno. "El bono social tiene que ser un derecho" y no se puede volcar la responsabilidad de recibirlo o no en quien no tiene dinero para pagar la factura de la luz, denuncia Marisa Castro, coordinadora del Área de Energía de Ecologistas en Acción. Todas estas apreciaciones fueron comunicadas al Gobierno en la consulta pública que elaboró en enero para la reforma del bono social, puntualiza Castro.

El Real Decreto de Autoconsumo "puede salir adelante"

Greenpeace, por su parte, va más allá. Además de suscribir las demandas de la Plataforma y Ecologistas en Acción, este miércoles instará al Gobierno a que, antes de las elecciones, apruebe el Real Decreto sobre Autoconsumo. En concreto, la organización considera necesario aprobar medidas urgentes y estructurales en España porque esta es una de las "muchas caras de la pobreza" y supone una disfunción de un sistema energético, que no reconoce el derecho al acceso a la energía limpia, como bien de primera necesidad ni la capacidad de las energías renovables para abaratar el precio de la luz. 

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Greenpeace considera "imprescindible" cambiar el modelo energético hacia un sistema eficiente, inteligente, cien por cien renovable y en manos de la gente para mitigar la contaminación y el cambio climático e insiste en la urgencia de adoptar medidas que fuercen la separación de los grandes empresas eléctricas integradas verticalmente para evitar "abusos y manipulación" de los precios energéticos provocados por la posición dominante de estas empresas.

"La entrada en vigor de ese Real Decreto es esencial para reducir la cantidad de dinero que las personas deben a las eléctricas", afirma Sara Pizzinato, portavoz de Greenpeace. Quieren que se haga, concretamente, incluyendo el mecanismo de "autoconsumo por proximidad". "En Grecia hay un modelo similar", asegura. ¿En qué consiste? "Los ayuntamientos pueden instalar mecanismos para producir energías renovables en sus tejados y regalar los excedentes a familias que sufren pobreza energética", explica.

Asegura que hay tiempo para aprobarlo y cree, de hecho, que así se hará. Pero, en sintonía con los convocantes de la protesta de este miércoles, insta a los partidos a que no olviden la problemática de la pobreza energética de cara a unas nuevas elecciones. "Si entramos en fase electoral, pediremos a los grupos políticos que hagan de la lucha contra la pobreza energética y las desigualdades su gran bandera, que propongan medidas reales y estructurales para paliar este problema y hagan frente al cambio climático, que va muy unido", sentencia.