'Operación Kitchen'

Nadie sabe nada: la cúpula de Interior de Rajoy se lava las manos sobre el espionaje parapolicial a Bárcenas ocurrido durante su mandato

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz (i) acude a declarar como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón

¿Quién miente y quién dice la verdad sobre la operación Kitchen? Las declaraciones de la que era la cúpula del Ministerio del Interior en el primer Gobierno de Mariano Rajoy no han resuelto esta duda ni por asomo. Versiones contradictorias y acusaciones mutuas de mentir han sido la tónica de las comparecencias del exministro Jorge Fernández Díaz y el que fue su mano derecha, Francisco Martínez. La citación de ambos por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón parecía que podrían servir a los investigadores para cercar el origen del operativo sin control judicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas para robarle información comprometedora que se habría llevado del partido tras ser despedido. Sin embargo, siguen quedando más interrogantes que respuestas, salvo que en el departamento del que dependen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado parece que se enteraba de nada relacionado con el trabajo policial y los fondos reservados son un descontrol.

Ni Fernández Díaz ni Martínez han señalado a nadie directamente ni por supuesto han acusado a sus superiores de nada. Tampoco han implicado directa o indirectamente a Mariano Rajoy –y eso que el ex secretario de Estado llegó a decir en un SMS o a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, quienes, según la versión del exministro, ni sabían ni preguntaron nada con respecto a ningún operativo policial dirigido a investigar a Bárcenas, ya fuese legal o ilegal. En la declaración del ex secretario de Estado no le preguntaron por ellos, y en la del que era su jefe, éste ya se ha ocupado de dejar claro varias veces que el expresidente del Gobierno habría sido el único con autoridad para encargarle una operación así, pero que nunca lo hizo porque nadie en el Ejecutivo le había mostrado inquietud sobre el extesorero.

Más allá de eso, lo que han revelado las comparecencias judiciales de Fernández Díaz y Martínez es una estrategia parecida en el sentido de que sólo han contestado a las preguntas del instructor y de sus defensas para no exponerse al interrogatorio de los fiscales anticorrupción que llevan el caso. A partir de sus palabras, se ha revelado un enfrentamiento que lo que viene a poner de manifiesto es que ninguno dice toda la verdad. Ambos se dicen decepcionados con el otro, pero sus versiones no coinciden en ningún punto. El ex número dos de Interior dijo al juez que se enteró por Fernández Díaz de que había alguna operación en marcha porque éste le pidió más información sobre la participación como confidente del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, pero que siempre dio por hecho que se trataba de un operativo legal, aunque no estuvo nunca en los pormenores del mismo. Según afirmó, no supo como el ministro se había enterado, pero apunto que disponía de muchas fuentes de informacíon. Fernández Díaz lo ha negado todo y ha acusado a Martínez de "faltar a la verdad", según han informado fuentes jurídicas presentes en la declaración.

El colmo de la contradicción entre una y otra declaración son los mensajes que ambos supuestamente se cruzaron y en los que se pondría de manifiesto el conocimiento que tenían sobre un operativo que juez y fiscales relacionan con el espionaje a Bárcenas. "La operación se hizo con éxito", escribió en uno de los SMS recibidos entre julio y octubre de 2013 en el móvil de Martínez y que éste registró ante notario en junio de 2019, cuando vio que el exministro defendía en la prensa que no había sabido nada de Kitchen. Ahora, el ex secretario de Estado admite que alguno de estos mensajes le llegaron reenviados; el exministro niega haber enviado o recibido esos mensajes. Por eso, los fiscales le han pedido ver su teléfono móvil, a lo que en un primer momento la defensa de Fernández Díaz se ha negado, aunque después ha accedido, no sin antes advertir de que había cambiado de terminal, que no de número, varias veces desde entonces.

El interés de Anticorrupción estaba en saber si había enviado o recibido alguno de los mensajes y si su forma de escribir coincide con el modo en que fueron redactados los SMS, por ejemplo sustituyendo la letra Q por la K. Según ha explicado después su abogado, los fiscales han comprobado que en el terminal no están esos mensajes y que el estilo de redacción "no coincide".

"Parece todo un reino de taifas"

Fueron estos mensajes los que llevaron a la imputación del exministro, que ahora dice que no sabe ni supo nada del operativo de seguimiento a Bárcenas, algo de lo que, según insiste, se enteró por la prensa. "Perdone lo que le voy a decir, pero parece que usted no se enteraba de nada. Parece que todo era un reino de taifas", le ha espetado el juez, a lo que el imputado ha contestado, según las fuentes consultadas, que él fue el décimo y último responsable de Interior bajo el que sirvió el comisario José Manuel Villarejo y que no tenía razones para no confiar en él puesto que había jugado un papel importante en la lucha contra el terrorismo siendo José Luis Corcuera ministro. Tampoco otros dudaban de Villarejo, ha dicho para traer a colación la comida en la que el expolicía grabó a la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el exjuez Baltasar Garzón.

Villarejo y la gran intriga de hasta dónde llegaban sus contactos políticos también ha salido a colación en esta comparecencia; no en vano la pieza Kitchen es parte de la macrocausa que lleva su nombre. En este punto sí ha habido una coincidencia con Martínez, que fue el entonces director de Policía Juan Cotino quien se lo introdujo instándole a reunirse con él porque tenía información de interés, pero a diferencia del ex secretario de Estado, el exministro ha asegurado que su relación no pasó de dos "saludos protocolarios", por lo que ha sostenido que nunca le recibió en su despacho ni habló con él por teléfono. Del marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, que conocía a Villarejo, ha dicho algo parecido.

Tras negar la mayor en todo, Fernández Díaz ha dejado caer las dudas que tiene sobre la actuación de Francisco Martínez: cuando el magistrado le ha preguntado si su número dos pudo obrar en solitario en la operación Kitchen, ha respondido que "todavía" se lo pregunta, sembrando así la duda sobre si el operativo pudo empezar y acabar en el que fue su mano derecha en los años que ambos pasaron en Interior.

En todo caso, Martínez no ha vendido a su jefe como parecía que iba a hacer en un principio. El interés por su declaración creció cuando en unos mensajes encontrados en el teléfono móvil que Asuntos Internos le incautó el pasado marzo los investigadores pudieron leer lo "dolido" que estaba por haber sido "leal" a Rajoy, Cospedal y Fernández Díaz, a los que calificaba de "miserables" y a los que vaticinaba el paseíllo por la Audiencia Nacional para ir a declarar. Mensajes que envió tanto a imputados en este procedimiento como al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. La expectación aumentó aún más después de unas declaraciones al diario El Paísel pasado verano en las que dijo: "Voy a contar todo lo que sé". Se esperaba que el ex número dos de Interior tirara de la manta y se ha quedado a medias.

Seguirán imputados

¿Cuál será el siguiente paso para los investigadores? Está por ver, porque las declaraciones de esta semana no han arrojado mucha luz a la investigación. Tampoco para la pretensión de Anticorrupción de citar como investigada a Cospedal, pues el instructor determinó que quería escuchar primero a Martínez. Pero éste ni la mencionó. De momento, la que fue la cúpula de Interior en el primer Gobierno de Rajoy seguirá imputada, según han confirmado fuentes jurídicas. Una vía de la que tirar en este punto podría ser el teléfono móvil y los pendrives que se le intervinieron al exchófer de Bárcenas hace unas semanas.

 Tras dos años de diligencias, el juez y los fiscales han pasado a tratar de averiguar quién estaba detrás o tenía conocimiento de la operación Kitchen –llamada así por el apodo que Villarejo puso a los confidentes: cocinero– y hasta qué estamento político llegó. De momento, lo que tienen claro es que a partir de 2013, a raíz de que Bárcenas fuera despedido del PP, se puso en marcha un operativo encargado entre otros al comisario ahora encarcelado para fichar a Sergio Ríos, a razón de 2.000 euros al mes procedentes de los fondos reservados durante dos años, para obtener de él "información concreta sobre el lugar" en el que el tesorero y su esposa, Rosalía Iglesias, "ocultarían material documental comprometedor para dicha formación política y para altos dirigentes del mismo, a cambio de una retribución mensual con cargo a gastos reservados y el acceso del chófer a la Policía Nacional a modo de recompensa", tal y como explica Anticorrupción en el escrito que solicitaba la imputación de Fernández Díaz y Cospedal. El objetivo es que esa información espinosa no llegara al juzgado de la Audiencia Nacional que investigaba entonces la causa llamada de los papeles de Bárcenas o de la caja B del PP.

A lo largo de la investigación se ha ido revelando la participación, más o menos extensa, en este operativo de altos mandos policiales. Uno de ellos, el que fuera el superior de todos en 2013, el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, es para los investigadores el responsable de poner en marcha operativamente el plan. El exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativa (UCAO) Enrique García Castaño, el inspector Andrés Gómez Gordo y otros policías como Bonifacio Díaz Sevillano y Miguel Ángel Fuentes Gago, aparte de Villarejo, son los otros señalados por los fiscales.

Uno por uno han ido pasando por la Audiencia Nacional para declarar como imputados todos estos mandos policiales, algunos más de una vez. Este es el caso de García Castaño, apodado El Gordo, quien apuntó a tres líneas de comunicación entre policías y políticos en el marco de la operación Kitchen: por un lado, de él mismo al secretario de Estado de Seguridad; por otra parte, de Villarejo a Rajoy a través de un intermediario, el presidente de La Razón, Mauricio Casals; y en tercer lugar, de Gómez Gordo a Cospedal. De momento, sólo la primera línea se sostiene, dado que Martínez también ha dicho al juez que los datos que conoció del operativo, que él siempre creyó legal, fueron a través del exjefe de la UCAO. A su vez, éste explicó que entregó al ex secretario de Estado un pendrive con informacíon sustraída a Bárcenas.

Falta de control en los fondos reservados

La operación Kitchen fue un operativo de "carácter ilícito al tener como objetivo la sustracción de pruebas de un procedimiento judicial y el empleo durante su desarrollo de fondos reservados de la Secretaría de Estado de Seguridad, que serían de ese modo desviados de los estrictos fines legalmente previstos para su autorización y uso", concluyen los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano. Este es otro de los asuntos por los que han sido preguntados tanto Fernández Díaz como Martínez y que ha revelado una falta de control sobre este dinero. Ni uno ni otro estaban en los pormenores de la administración de los fondos, según han señalado, y el ex secretario de Estado ha mencionado que quien se encargaba de conocer el detalle era el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, entonces responsable del Gabinete de Coordinación del ministerio. Según los fiscales, la documentación que se remitía a la Secretaría de Estado sobre los gastos de Kitchen "no se ajustaba a la normativa legal que regulaba esos fondos desde 1995".

Las pesquisas también revela otro nombre que habría estado al tanto de la operación así como de su carácter ilícito: el comisario José Luis Olivera, exjefe de la UDEF y por tanto máximo responsable de la unidad investigadora encargada del caso Gürtel. No son pocas las grabaciones intervenidas al comisario Villarejo en las que se escucha a Olivera, lo que da muestra de la estrecha relación que ambos mantenían. Él nunca ha sido imputado, pero el juez García Castellón ya ha ordenado indagar en sus cuentas y patrimonio.

El instructor llegó a investigar la posible participación en el operativo de Enrique Olivares, el falso cura que en el otoño de 2013 llegó a entrar a punta de pistola al domicilio de la familia Bárcenas, cuando el extesorero ya estaba en prisión provisional, y mantuvo retenidos a su mujer e hijo. Olivares fue condenado por estos hechos a 22 años de prisión y los informes médicos revelan un precario estado de salud que le impide declarar y contar todo lo que sabe. Nadie se ha responsabilizado de su posible intervención en esta trama.

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