Los negocios en paraísos fiscales del empresario que tumbó en los tribunales la transparencia de los registros

El luxemburgués Patrick Hansen era un empresario sin gran proyección pública, conocido eso sí como director general de una empresa de aviación privada que transportó a personalidades como el rey británico Carlos III y miembros de la familia real belga. Hasta el pasado mes de noviembre. Entonces, una demanda que presentó contra el Registro Mercantil de Luxemburgo le catapultó a la escena pública por motivos muy distintos. Hansen se oponía a las nuevas normas de la UE contra el blanqueo de dinero que obligan a todas las empresas a hacer públicos sus propietarios, alegando que su seguridad podía correr peligro si el público se enteraba de qué empresas eran de su propiedad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) le dio la razón, fallando a su favor y declarando que no podían ser de acceso público los datos que figuran en los llamados registros de beneficiarios (o titulares) reales accesibles al público. La consecuencia es que no sólo canceló el acceso público Luxemburgo, sino la mayoría de los países europeos [España era, junto a Italia, el único país de la UE que no había llegado a dar acceso público a dicho registro].

Los defensores de la transparencia condenaron la sentencia, que dificulta mucho más el seguimiento del dinero sucio o dudoso. Los periodistas también se preguntaban por qué Hansen estaba tan preocupado por ocultar sus huellas. Después de todo, su papel en la compañía aérea Luxaviation era público y notorio. ¿Por qué se negaba a declarar su propiedad?

Lo que descubrieron los periodistas no explica con exactitud por qué Hansen presentó su fatídica demanda ni si era consciente de sus trascendentales ramificaciones. Pero sí demuestra por qué él –o sus socios comerciales– podrían tener interés en el secreto empresarial. Y es que Hansen es, o ha sido, director o propietario de al menos 117 empresas durante los últimos 16 años en Luxemburgo, las Islas Vírgenes Británicas, Belice, las Bahamas y otros países de medio mundo. Así lo demuestran las pruebas documentales obtenidas en esta investigación periodística liderada por el consorcio internacional OCCRP y en la que participan en total 15 medios, entre ellos infoLibre, que publica la información en exclusiva en España.

Los cargos directivos de Patrick Hansen le vinculan a dos ricos empresarios rusos que operan en el sector del gas, uno de los cuales desempeñó un papel clave en la construcción del gasoducto Nordstream 2. Uno de estos empresarios y su hijo también inyectaron en Luxaviation cerca de 100 millones de euros, a través de préstamos, líneas de crédito y bonos, impulsando su rápida expansión de pequeña empresa europea a compañía de jets privados de alcance mundial.

Gran parte de este dinero llegó a las cuentas de Luxaviation a través de empresas con sede en las Islas Vírgenes Británicas y Chipre, jurisdicciones en las que la información sobre la propiedad se oculta bajo un velo de opacidad.

En otro caso, empresas dirigidas por Hansen –y propiedad de un antiguo ejecutivo de una filial de Gazprom, el consorcio energético estatal ruso– ayudaron a mover millones entre las Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo y el Reino Unido a través de acuerdos de préstamo opacos, por razones que siguen sin estar claras. Otras empresas dirigidas por Hansen están vinculadas a la familia de un antiguo gobernador regional ruso y a un empresario iraquí implicado en un gran escándalo de corrupción.

Según Graham Barrow, experto en lucha contra el blanqueo de capitales, el gran número de empresas en las que participa Hansen, especialmente las situadas en paraísos fiscales o jurisdicciones no cooperativas, sugiere que puede estar actuando como testaferro en nombre de otras personas y ayudando a ocultar el movimiento de fondos.

"Cuando el nombre de una persona figura como administrador de varias empresas, y más aún cuando se aproxima al centenar, es sencillamente imposible que actúe en calidad de ejecutivo para todas ellas", declaró tras examinar las conclusiones del OCCRP. "Según mi experiencia, este número de cargos directivos se asocia fuertemente con ser un testaferro, mientras que, en realidad, otros operan entre bastidores".

Konrad Duffy, experto en delitos financieros de la organización alemana sin ánimo de lucro Finanzwende, ofreció una valoración similar: "Difícilmente se pueden dirigir cien empresas al mismo tiempo", destacó, y calificó de "sospechoso" el gran número de cargos directivos de Hansen.

En todos estos casos, Hansen y sus socios parecen haberse aprovechado de jurisdicciones que prometen el secreto sobre la titularidad empresarial, como las Islas Vírgenes Británicas. El propio Luxemburgo era un paraíso de este tipo antes de crear su Registro de titularidades reales en 2019 para cumplir con las nuevas normas de la UE. OCCRP y sus socios solo pudieron saber quién era el propietario de la mayoría de estas empresas recurriendo a la información filtrada de los Pandora Papers.

Los defensores de la transparencia afirman que la corrupción, el blanqueo de capitales y la evasión fiscal pueden florecer en entornos en los que la propiedad de las empresas es secreta.

"No es sólo una cuestión de lucha contra la corrupción", indica Helen Darbishire, activista por la transparencia y fundadora del grupo AccessInfo. "El acceso público a los registros [de propiedad real] tiene muchos más beneficios. Para los empresarios, es importante saber con quién hacen negocios. Un ciudadano tiene derecho a saber quién es el propietario último de los medios de comunicación [que lee] o a saber si un producto que consume lo fabrica una empresa propiedad de un oligarca ruso".

La transparencia es también una cuestión moral, sostiene Duffy. "El acceso público es importante para un cambio cultural, lejos de la creencia de que hay derecho a estructuras corporativas anónimas, hacia un sistema más transparente y honesto".

Un número de empresas "superior a la media"

Patrick Hansen concedió una larga entrevista a uno decena de periodistas que participaron en esta investigación. Además de asegurar que él sólo intentaba proteger su intimidad y que no quería que se cerraran los registros, reiteró que todas las empresas con las que está o ha estado vinculado cumplían plenamente la normativa contra el blanqueo de capitales, y que todos los préstamos que recibía habían pasado por bancos con minuciosos controles de cumplimiento. "No es dinero que venga en maletas", afirmó.

Hansen admitió que dirigía un número de empresas "superior a la media", pero afirmó que contaba con una amplia plantilla para ayudarle. "Uno se pregunta: '¿Cómo puede Patrick hacer eso? Es una buena pregunta. A veces yo también me lo pregunto. Trabajo hasta tarde. Trabajo más de 12 horas al día...", explicó.

Las empresas que encontraron el OCCRP y sus socios, administradas por Hansen, tenían a menudo "beneficiarios reales" rusos.

Hansen, que ahora tiene 50 años, pasó varios años en la década de 2000 trabajando como consultor en Rusia y después cofundó Luxaviation en 2008 junto a Nikolai Bogachev, un antiguo agente del KGB que se convirtió en magnate del petróleo tras la caída de la Unión Soviética. A preguntas de los periodistas, Bogachev negó su participación en este negocio, admitió que no podía explicar por qué su nombre figuraba en los documentos de la empresa y reiteró no estaba implicado en Luxaviation.

Bogachev dejó la empresa al año siguiente, según muestran los documentos, y Hansen se convirtió en consejero delegado en 2010. Bajo su dirección, Luxaviation comenzó a expandirse rápidamente, apoderándose de una serie de competidores europeos, incluida la importante firma suiza de jets privados Execujet. En un perfil publicado en 2019 en el medio luxemburgués Wort sobre su éxito empresarial, Hansen desestimó "los informes que hablan de inversiones de empresas caribeñas". "El 33 por ciento pertenece al grupo chino Minsheng Investment y el 70 por ciento restante pertenece a inversores de Luxemburgo o Bélgica. Extremadamente aleccionador para la gente que busca escándalos", aseguró en dicho reportaje.

Pero el OCCRP ha podido comprobar que las adquisiciones de la compañía se financieron, al menos en parte, con préstamos masivos de empresas offshore propiedad de Alexander Kolikov, el hijo del millonario marítimo, así como de otro inversor ruso.

"Dinero de muchas fuentes"

Nick Mathiason, director del centro de periodismo de investigación financiera Finance Uncovered, dijo que era inusual que Luxaviation hubiera recibido préstamos tan grandes de empresas offshore propiedad de destacados ciudadanos rusos. "En mi opinión, plantea interrogantes sobre por qué fueron necesarios estos enormes préstamos, a qué se destinaron y qué obtuvieron a cambio los prestamistas", afirmó.

Por su parte, Hansen declaró a los periodistas que, aunque la familia Kolikov había financiado Luxaviation, no había invertido 100 millones de euros en la empresa. Se negó a dar la cifra exacta, pero dijo que ya había devuelto muchos de sus préstamos y que siempre había sido totalmente transparente sobre la financiación de Luxaviation.

"En los últimos 12 años he obtenido dinero de muchas fuentes distintas", aclaró Hansen, quien añadió que no era ningún secreto que había recibido préstamos de empresas de las Islas Vírgenes Británicas y que no había ninguna ley que le obligara a revelar la identidad de los propietarios de esas empresas.

Hansen indicó que ninguno de sus socios comerciales rusos había sido sancionado por la UE, y recordó que las actitudes en Europa hacia la inversión rusa habían sido muy diferentes en los años anteriores a la guerra en Ucrania. "Entiendo que estoy involucrado en todo el mundo con toda una serie de personajes más o menos interesantes. Eso no es ni mucho menos un delito", ironizó.

Valeriy y Alexander Kolikov declinaron hacer comentarios para esta investigación, al igual que Alexei Bazhenov.

En la actualidad, Luxaviation afirma ser la segunda mayor compañía de jets privados del mundo. Según su sitio web, opera más de 260 jets y helicópteros. En España forma parte del grupo la empresa Execujet Spain SL, de la que Hansen es presidente. El empresarios también es cofundador y socio de dos sociedades de inversión con sede en Luxemburgo, Saphir Capital Partners y Edison Capital Partners, según la biografía que figura en una de las páginas web de su empresa.

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La biografía no menciona las docenas de otras empresas en Luxemburgo, Chipre, el Reino Unido, Belice y las Islas Vírgenes Británicas en las que Hansen está involucrado.

Barrow, experto en lucha contra el blanqueo de capitales, dijo que era imposible saber con certeza qué estaba haciendo Hansen, pero que algunas de sus operaciones parecían plantear "señales de alarma" que deberían ser objeto de una investigación más a fondo: "La aparición de una complejidad aparentemente innecesaria dentro de una estructura corporativa, especialmente cuando se trata de numerosas jurisdicciones diferentes, incluidas las etiquetadas como 'offshore', es típica de las estructuras creadas para ofuscar el flujo de dinero, a menudo para ocultar su ilegitimidad".

Tras la sentencia favorable a Hansen, Europa debe revisar sus normas de transparencia empresarial. En su sentencia sobre el caso, el TJUE declaró inválida la última versión de la directiva europea contra el blanqueo de capitales, restableciendo una versión anterior que sólo permitía el acceso en caso de "interés legítimo". Se trata de un concepto indeterminado de forma que muchos registros de titularidades últimas en Estados de la UE podrían permanecer cerrados al público y a los periodistas durante mucho tiempo, teme el eurodiputado Paul Tang, responsable de redactar una propuesta legislativa para la directiva en el Parlamento de la UE. "Necesitamos una solución a corto plazo, pero de momento no veo una buena opción sobre la mesa", declaró el socialdemócrata holandés a los periodistas. "Me preocupa que referirse al "interés legítimo" prácticamente impida el acceso a periodistas y ONG", añadió. Según Tang, podría crear "enormes obstáculos burocráticos", ya que una definición sobre lo que es el "interés legítimo" podría ser legalmente posible pero difícil de aplicar en la práctica. "El trabajo de las organizaciones de lucha contra el blanqueo de capitales y de los periodistas es esencial para que la directiva funcione. Hay que garantizar su acceso a los registros", afirma el eurodiputado. Se espera que el Parlamento Europeo acordará una posición sobre la cuestión en las próximas semanas y negociará después con el Consejo y la Comisión una solución jurídica.