El Observatorio de Desigualdad de Andalucía alerta de una brecha creciente con España

Tomando como referencia el conocido como indicador Arope, validado por la Unión Europea y utilizado para definir sus objetivos socioeconómicos, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en Andalucía en el año 2015 era del 43,2%, la mayor de España y 30 puntos por encima de Navarra. Ello supone, desde 2008, una tendencia ascendente del 12%, frente al 5% en el conjunto del país. Este porcentaje se va al 48,1 en la población infantil andaluza. Los datos salen del I Informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía, cuya presentación tiene lugar este jueves en Málaga. El informe no sólo sitúa a Andalucía en posición retrasada con respecto a España en relación a variables clave del comportamiento socioeconómico, sino –más grave– apunta a una clara divergencia. Es decir, no se recortan diferencias. Están ampliándose.

El Observatorio de Desigualdad nació hace algo más de un año con el objetivo de juntar bajo un mismo paraguas a una pléyade de colectivos, entidades, grupos de investigación y ONG centrados en temas sociales. Su objetivo es ganar prestigio, influencia y capacidad de interlocución. Al Observatorio, cofinanciado por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Andalucía, pertenecen Unicef, Intermon Oxfam, Coordinadora Andaluza de ONG, CCOO, Facua, Cáritas, Attac, Economistas sin Fronteras, Gestha, Médicos del Mundo, Ustea y la Oficina de Cooperación de la Universidad de Sevilla, entre otros. También hay investigadores y profesores de las universidades de Almería, Granada, Sevilla, Pablo de Olavide y Loyola (privada). El diagnóstico sobre la realidad de Andalucía no llega desde una esquina del tablero social.

"Como consecuencia del mayor impacto que la crisis ha tenido, la economía andaluza ha sufrido un declive en su proceso de convergencia con respecto a la economía española", señalan Ricardo Molero y María del Carmen López, de la Universidad Loyola, en el capítulo dedicado a Divergencia económica, mercado del trabajo y distribución primaria de la renta, uno de los siete que componen el informe.

Según el estudio, el PIB per cápita andaluz apenas suponía en 2015 un 74,1% del español, en comparación con el nivel de 77,3% que alcanzaba en 2007. Si la comparación del PIB per cápita se realiza respecto a la comunidad que hace de mediana, en este caso Asturias, el mayor impacto de la crisis en Andalucía queda de nuevo en evidencia, al haber pasado su PIB per cápita de suponer un 84,5% del asturiano en 2007 a un 83,8% en 2015. Por lo tanto, la pérdida de posiciones de la economía andaluza no se debe sólo al mejor comportamiento de las más ricas durante el periodo de recesión, sino también de las que a priori se encontraban en una situación relativamente similar.

Molero y López son también responsables del apartado El impacto de la austeridad fiscal sobre las distribución de la renta y las condiciones materiales de vida, que abunda en este proceso de divergencia Andalucía-España. Entre 2007 y 2013, se observa una reducción de la renta per cápita andaluza respecto a la española: del 76,87% de su valor al 73,76%. El informe señala que fenómenos como el paro, que en Andalucía ronda el millón de afectados, y coeficientes como el índice de Gini (que matiza los datos sociales con la acción de los poderes públicos) vienen demostrando la "incapacidad de las políticas públicas para cerrar la brecha abierta en el reparto de la renta [...]". No obstante, el propio informe señala que las desigualdades entre Andalucía y España se atenúan, aunque no significativamente, como consecuencia de la acción redistributiva pública, tanto por los "efectos estabilizadores" de las políticas de la Junta como por las prestaciones y subsidios de desempleo.

"Los indicadores andaluces de condiciones materiales de vida (pobreza relativa, carencia material severa e incapacidad para sumir gastos imprevistos), de empleo (empleo involuntario a tiempo parcial o empleo con salarios bajos) y de acceso a la educación son sistemáticamente peores a los de España y la UE-27", señalan Pedro Caldente y Ana Hernández, de la Universidad Loyola, que dan tregua a la Junta de Andalucía al medir salud, ocio, seguridad física y personal, entorno y medio ambiente. Ahí los indicadores son "mejores", señalan ambos investigadores en el apartado de Medición de la calidad de vida, realizado sobre datos del INE entre 2008 y 2015. El informe señala que España se comporta de forma parecida en estos ocho años y la UE-27 mantiene un comportamiento más estable, aunque también muestra un empeoramiento desde el año 2012. La austeridad, concluye el Observatorio, castiga especialmente a las regiones más atrasadas, pero no perdona a ninguna.

Al margen del indicador Arope, la encuesta de la Fundación Foessa señala que tan sólo el 30,9 de la población andaluza se encuentra en lo que se considera "integración plena". Es decir, sin incumplir ningún indicador de bienestar. Casi la mitad de la población se encuentra en lo que se considera "integración precaria". O sea, no en "exclusión", sino en integración pero –por decirlo coloquialmente– con poco margen para confiarse. En este contexto, se ve afectado el derecho a la vivienda, como señalan en el apartado dedicado a esta materia Pilar Gil, de la Red de Lucha contra la Pobreza, y Francisco Javier Jiménez, de Cáritas. Mientras el problema del encarecimiento del alquiler empieza a dar la cara, Andalucía registró en el tercer trimestre de 2016 el 26,9 % de las ejecuciones hipotecarias a nivel nacional.

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Más del 50% de desempleados sin subsidio

El problema del empleo y la precariedad marca todo el informe. La proporción de desempleados sin prestación o subsidio superó el 50%, más de 600.000 personas en la primera mitad de 2016. La temporalidad es mayor en Andalucía que en España: 35,7% frente a 27%, una brecha que se dispara (40,6% frente a 27,9%) si se mira sólo el sector privado. También han aumentado las diferencias en el porcentaje del empleo a tiempo parcial, que ha pasado de suponer el 10,9% de los contratos laborales en Andalucía y el 11,6% en España durante el tercer trimestre del año 2007, al 16,1% y el 14,6%, respectivamente, en el tercer trimestre de 2016. Andalucía es además la comunidad autónoma con la tasa de paro más alta entre las personas de 16 a 24 años: un 66,0%, según destaca el informe. De los diez municipios españoles mayores de 20.000 habitantes que en el año 2011 contaban con más altas tasas de paro, siete fueron andaluces (cinco de la provincia de Cádiz y dos de la de Sevilla), mientras sólo uno, el jiennense de Alcalá la Real, se incluía entre los diez cuyas tasas de paro eran más bajas.

Las desigualdades se trasladan al ámbito educativo. Es decir, los problemas educativos andaluces son problemas sociales, no del propio sistema educativo, que no hace sino intentar combatir con recursos limitades las desigualdades ya existentes. "La población andaluza avanza en niveles de formación, pero de manera desigual y no de manera suficiente para igualarse con el resto de España. Los hogares andaluces han tenido menor capacidad de respuesta económica y mayores dificultades para neutralizar con su inversión los efectos negativos sobre las oportunidades escolares de la baja inversión educativa pública", señalan Manuel Ángel Río (Universidad de Sevilla) y Rubén Martín (Pablo de Olavide).