El pasado anticiclón despierta las dudas sobre los protocolos anticontaminación de grandes ciudades españolas

Esta semana estamos saliendo en España de un potente anticiclón, un fenómeno atmosférico caracterizado por la ausencia de precipitaciones, la estabilidad, y en esta ocasión, de una subida de temperaturas con pocos precedentes que podría tener relación con el cambio climático. Los anticiclones traen consigo, además, una consecuencia muy negativa en el corto plazo que incide en la salud de los ciudadanos: disparan los medidores de la contaminación atmosférica, sobre todo en las grandes ciudades. Los principales enemigos de las sustancias nocivas que se acumulan en el cielo de los núcleos urbanos (NOx y partículas en suspensión, principalmente) son la lluvia y el viento, que las dispersa. La polución, sin embargo, ha estado instalada a sus anchas por prácticamente todo el territorio nacional durante más de dos semanas, y ha atizado la polémica en muchas urbes por la ausencia de medidas contundentes para proteger a la población.

La ONG Ecologistas en Acción, gracias a su estructura confederal, tiene núcleos de acción en más de 300 ciudades y pueblos de toda España. Es un modelo perfecto para su cometido de la semana pasada: monitorizar las acciones anticontaminación de muchas de las grandes ciudades de España. Al menos, las que tienen un protocolo ante episodios como este: como denuncia la organización, la Ley de Calidad del Aire, vigente desde 2007, obliga a los municipios de más de 100.000 habitantes a hacer planes así, y la mayoría de estas administraciones locales carecen de ellos. La evaluación de las que sí los tienen ha sido negativa, exceptuando dos honrosos casos: Madrid y Valladolid. "La actuación municipal ha sido deplorable en una gran mayoría de ciudades españolas, que como ya sucediera en el episodio de noviembre de 2017 han optado por esperar al viento y la lluvia y no hacer nada por proteger a su vecindario", sentencia la organización.

Sin embargo, analizando los protocolos anticontaminación de las ciudades señaladas, el problema no está en la inacción puntual de las administraciones ante los episodios, ya que han cumplido los planes que tienen previstos: la inacción se ha debido al propio diseño de dichos planes, ya que la contaminación, aunque duradera en el tiempo, no ha superado los límites que los Consistorios establecen para tomar medidas contundentes.

València y Barcelona, señaladas

Ecologistas en Acción ha señalado con especial énfasis a València y Barcelona. Ambas urbes han sufrido durante varios días consecutivos niveles elevados de contaminación por partículas de gran grosor, abreviadas como PM10, y no se ha procedido a la restricción de la circulación: lo que los activistas consideran la actuación más efectiva para paliar los episodios de aumentos puntuales de polución.

El caso de València ha sido especialmente complejo, porque ha entrado en juego la recalibración de determinados medidores ante circunstancias sin relación con la polución que disparan las cifras, como obras cercanas que levantan polvo, por ejemplo. El pasado 28 de febrero, Ecologistas denunció que la ciudad sumaba el noveno día consecutivo de "niveles altos o muy altos" sin que el Ayuntamiento tomara medidas. La organización señaló que dicho día se superó el límite diario de partículas PM10 (cuyo valor límite es de 50 ug/m3) en tres de las seis las estaciones del área metropolitana.

Sin embargo, el Ayuntamiento, declaraciones del alcalde incluidas, salió al paso para negar que en la ciudad se estuviera registrando una emergencia por la polución. El 22 del mes pasado se decretó el nivel de preaviso, pero para pasar a un episodio declarado se necesitan dos días consecutivos con dichos niveles de 50 ug/m3 en dos o más estaciones: algo que no ocurrió, asegura el Consistorio valenciano, porque las alertas saltaron por un error del sistema. En todo caso, el anticiclón ha desvelado un sistema diseñado para atender una subida dramática y puntual en un corto lapso de tiempo, pero que no actúa cuando niveles medios se mantienen durante días y días: pasa igual en la mayoría de las grandes ciudades.

En Barcelona, las críticas se han sucedido contra un protocolo, afirman sus detractores, demasiado laxo. La gestión de la calidad del aire de la ciudad condal abarca toda su área metropolitana, y se activa en coordinación entre el Ayuntamiento, el organismo de gestión de dicha área (AMB) y la Generalitat de Cataluña. Pese a que el jueves 28 se decretó el episodio de contaminación en la capital, debido a tres días consecutivos sobre el valor límite de partículas, no se tomaron medidas correctoras relevantes.

Los niveles máximos con los que trabajan las administraciones en Barcelona son, con ligeras diferencias, similares a los del resto de consistorios que tienen un protocolo anticontaminación. Sin embargo, en Barcelona, la Generalitat, a la que le corresponde poner en marcha las medidas para paliar las crisis, no define claramente cuándo se llevarán a cabo las restricciones a los vehículos más contaminantes en la zona de bajas emisiones que ha diseñado. La declaración de episodio, como pasa en otros núcleos urbanos, no implica automáticamente prohibiciones. Se limita a informar a la ciudadanía y a restringir las obras polvorientas y los servicios de mantenimiento de la ciudad que generan polvo.

El Ayuntamiento, liderado por Ada Colau, ha admitido que las medidas que toma la ciudad ante la contaminación podrían no ser suficientes, y está empezando a barajar el cobro de un peaje para acceder al centro, algo que descartaba el año pasado en conversación con infoLibre. ¿Y una zona de bajas emisiones permanente como la capital española y su Madrid Central? Lleva previsto años en el plan anticontaminación de la ciudad condal, pero se pondrá en marcha en 2020. Hasta entonces, los vehículos más sucios solo tendrán prohibido el paso a determinadas partes de la ciudad en días de emergencia muy concretos que, reconocen las administraciones implicadas, solo se dan en Barcelona escasos días al año.

El caso de Valladolid

Una ciudad le ha quitado el trono a Madrid como la más contundente contra la pérdida de calidad del aire: Valladolid, comandada por el Ayuntamiento socialista de Óscar Puente. El debate se ha disparado también en la capital administrativa castellanoleonesa, pero por motivos bien distintos: por la severidad de sus medidas. Los niveles a partir de los cuales la ciudad declara un episodio de contaminación son, a grandes rasgos, similares a los de otros núcleos urbanos, incluso más elevados: si bien ciudades como Barcelona o Valencia empiezan a movilizarse cuando se alcanzan los 50 ug/m3 de partículas (PM10) en suspensión, Valladolid lo eleva a 80 ug/m3. Algo entendible, debido a que se trata de un municipio interior que no cuenta con el efecto disipador de la costa. Pero cuando Valladolid está en alerta por contaminación, se nota.

El protocolo anticontaminación de los vallisoletanos prohíbe la circulación de la mayoría de vehículos en el centro de la ciudad cuando se superan los 80 microgramos.  Sin matices, con pocas excepciones y sin pasos intermedios. En Pucela, esta restricción se mantuvo la semana pasada durante cuatro días, y provocó la queja de algunos de los comerciantes del centro, que aseguraron notar el descenso en el consumo. Ante las críticas, el alcalde, Óscar Puente, publicó un vídeo en Twitter enseñando cómo los filtros de los medidores colocados en determinados puntos de la urbe aparecían ennegrecidos en episodios de alta polución. "Hay picos absolutamente alarmantes", aseguró el regidor. "Ante esta situación, el Gobierno municipal de Valladolid no puede mirar para otro lado", sentenció. Valladolid ha sido la primera ciudad de España en ofrecer transporte público gratuito ante un pico de contaminación.

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El problema de la calidad del aire, que causa aproximadamente 3.000 muertes prematuras al año en España, no se soluciona actuando solo ante los episodios más graves de contaminación: aunque necesarias, estas actuaciones atajan las emergencias solo en el corto plazo. Así lo piensa Ecologistas en Acción, que llama a que se tomen "medidas permanentes" de transformación de la movilidad: apostando por la peatonalización, fomentando el transporte público y, en definitiva, quitándole espacio al vehículo privado, condenado antes o después al ostracismo. En España hay ya varios ejemplos exitosos.

De entre todas las voces que se han alzado en estas dos semanas de altas temperaturas y aire sucio se ha sumado un actor regional cuyas declaraciones han tenido repercusión nacional: la Asociación Meteorológica del Sureste, radicada en Murcia. Ametse ha explicado que el área metropolitana de Murcia es propensa a contar con episodios de contaminación elevada porque está rodeada de montañas que evitan que se disipen los gases contaminantes. Y aquí viene el dardo: "Y sin embargo nadie culpa a las montañas de este tipo de episodios de contaminación, por lo que no entendemos que otro elemento natural como es un área de altas presiones atmosféricas pueda utilizarse como excusa para tratar de evadir parcialmente de su responsabilidad a los encargados de velar por que el aire que se respira esté en unas condiciones aceptables”.

La organización asegura que, pese a lo intenso de este último fenómeno, los anticiclones son eventos naturales y comunes durante todo el año, por lo que, aunque su presencia aumente los niveles de contaminación, no se puede negar la evidencia: la única salida pasa por cambiar el modo en el que nos movemos en la ciudad.